Autor: González Díaz, José María. 
   ¿Qué es justicia democrática?  :   
 Carta abierta de "Justicia Democrática". 
 El Alcázar.    21/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

¿QUE ES JUSTICIA DEMOCRÁTICA?

I Carta abierta a un compañero de «Justicia Democrática»

QUERIDO compañero y amigo: Esta era del «destape» en que vivimos, además de poner de relieve

detritus sociales que siempre debieron quedar ocultos, me ha permitido a mí, conocer la existencia de esa

agrupación, o lo que sea, de «Justicia Democrática» a la que tú también perteneces, aunque no haya

aparecido tu fotografía en revista más erótica que jurídica; y como yo, al cabo de cincuenta años —medio

siglo— dedicados a administrar Justicia sin adjetivos de ninguna clase, no acierto a comprender lo que

sea eso de Justicia Democrática, me dirijo a ti para que, sin elucubraciones retóricas ni filosóficas, sino en

romance paladino, como corresponde a mi supina ignorancia, me digas lo que entendéis vosotros con esas

palabras. Porque yo aprendí, como tú, en las aulas universitarias, que JUSTICIA es dar a cada uno lo que

es suyo, sin distinguir entre blancos y negros, ricos ni pobres, creyentes y no creyentes; por eso no se nos

dijo que hubiese varias Justicias. Y esa JUSTICIA igual para todos, es la que yo he administrado en la

Monarquía, en la Dictadura, en la República y en el régimen de Franco, sin preguntar a ninguno de los

enjuiciados sus opiniones y antecedentes políticos o religiosos, porque yo enjuiciaba conductas, hechos,

no ideas; y sin recibir tampoco órdenes ni sugerencias de nadie para fallar en uno u otro sentido, cosa que

por mi formación y temperamento tampoco hubiera tolerado. Y de aquí, que no comprenda lo que queréis

decir con la palabra «democrática»; porque si os referís a que el pueblo participe en la Administración de

Justicia, habrá que admitir que los que hoy integran los Tribunales —y, por lo tanto, vosotros también—

no son representantes del pueblo, a pesar de estar nombrados por quien legítimamente puede hacerlo con

arreglo a las leyes; a no ser que por «pueblo» se entienda al populacho que ante Pilatos, que proclamaba

la inocencia de Jesús, gritaba «crucifícale» «crucifícale» a modo de Tribunal Popular. Leí en la prensa

vuestra visita al presidente de las Cortes, y me alegró mucho, porque podría redundar en bien de la

Justicia, dada la triple condición del visitado: eminente jurista, relevante personalidad política en la actual

situación y amante de la función judicial como buen hijo el inolvidable fiscal Romualdo Hernández

Serrano. Y como vuestro amor a una recta Administración de Justicia, no lo sitúo en un plano inferior,

supongo no dejaríais de exponer en esa visita dos cosas importantes: la situación en que han quedado los

magistrados del Tribunal Supremo, y los antecedentes legislativos que sobre la independencia judicial

tenemos en España. Respecto a lo primero, ya sabrás, que a dichos magistrados no se les permitió

reunirse dentro de su propia casa para deliberar sobre el ataque tan directo que se prepara contra la

independencia de la Justicia en el proyecto de la Constitución del Estado, al atribuirse a su Gobierno a un

organismo político. Cuando a todos los grupos de ciudadanos sin distinción. Cuerpos y Organismos, y a

vosotros mismos, se les permite reunirse, opinar y pedir, hasta tumultuariamente, todo lo divino y

humano, el no permitir que esos magistrados se reúnan, no en beneficio de ellos, puesto que nada iban a

pedir para sí, sino de la Justicia independiente a que tiene derecho el pueblo, como acertadamente acaba

de decir con toda valentía un presidente de Sala, no es sólo marginarlos, sino privárseles de un derecho de

que gozan los demás; y si se añade que no se quiere oír a los que administran Justicia en el más alto

grado, en materia que atañe a la esencia misma de su función, y esto se hace en un régimen que se llama

democrático, no me negarás amigo mío, que habrá que darle la razón al periódico neoyorquino que dijo

que la democracia de España es de risa. Los antecedentes legislativos sobre independencia judicial

causarán sorpresa a los no versados en el estudio de nuestras leyes, porque se refieren, nada más y nada

menos que al Real Decreto de 20 de octubre de 1923 de la Presidencia del Directorio Militar del General

Primo de Rivera, que consagró esa independencia como no lo ha hecho ninguna otra legislación, ni aún

las más avanzadas, que yo sepa, de país extranjero. Dice en su preámbulo que «se confía a la propia

Magistratura su depuración, su reforma y su régimen propio, porque se está segura de ella misma, pero

alejándola de toda intervención política". De acuerdo con este principio, crea la «JUNTA

ORGANIZADORA DEL PODER JUDICIAL» —obsérvese que hablado «PODER JUDICIAL» —

compuesta por dos magistrados del Tribunal Supremo, un magistrado de Audiencia Territorial, otro de

Audiencia Provincial y un juez de Primera Instancia; o sea, todas las categorías entonces existentes,

elegidos por votación mediante papeletas firmadas por jueces y magistrados dentro de sus respectivas

categorías, haciéndose el escrutinio por el presidente del Tribunal Supremo en presencia de los electores

que quisieran presenciarlo. (¿Cabe mayor democracia en la composición y designación de los miembros

de esa Junta?) Sus funciones son soberanas: hace las propuestas de nombramientos, ascensos y traslados

desde Juez de Entrada a Presidente de Sala del Tribunal Supremo inclusive, al ministro de Gracia y

Justicia —como antes se llamaba— en propuestas unipersonales —excepto para los fiscales que se hacía

en terna— y que el ministro podía rechazar por una sola vez, teniendo que aceptar la segunda que se

formulara. (¿Podrían los jueces y magistrados sentirse cohibidos frente a ministros y jefes políticos con

esta garantía?) Agregúese por último, que la Junta tenía que ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la

Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Adicional a la misma y disposiciones complementarias —siempre

el imperio de la Ley— «usando ampliamente de las facultades discrecionales que ellas autorizan, con

arreglo a Fecta conciencia y sano juicio, sin justificación de las resoluciones que dicte, y sin otra mira que

e! propio bien de la justicia misma ». No he podido resistir la tentación de copiar este párrafo que invita a

serias reflexiones y excusa todo comentario. Y tú, querido amigo, jurista ecuánime y sensato, ¿qué dices?

Si vosotros conseguís un régimen parecido para la Justicia, mereceréis un monumento; si no lo conseguís,

o no lo intentáis por lo menos a banderas desplegadas con toda energía y perseverancia, como podéis

hacerlo, os podremos decir, parodiando a «Washington Post» que la Justicia Democrática que propugnáis

es una Justicia de risa.

Un cordial abrazo.

José María GONZÁLEZ DÍAZ

Magistrado jubilado del Tribunal Supremo

 

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