El precio de la democracia     
 
 El Alcázar.    19/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL PRECIO DE LA «DEMOCRACIA»

EL proceso de desmantelamiento del régimen político que, en cuarenta años, llevó a España a su más alto

nivel de progreso, fue recibido con expresiones de alegría por quienes durante ese tiempo habían

incubado un revanchismo feroz y por quienes, tras disfrutar de los beneficios del franquismo, querían

asegurarse una posición privilegiada en la nueva situación. « Por fin somos libres», gritaron los dirigentes

políticos y sindicales que se habían encaramado en el carro del triunfo. «Libres para morimos de

hambre», comienza a pensar el pueblo, sobre cuyas espaldas se construye la gran carnavalada de la

ruptura. El evidente disgusto del pueblo («Con Franco vivíamos mejor») se ha intentado calmar mediante

el arbitrario lema de que «la democracia tiene un precio». Pero que, naturalmente, no pagan los que han

mejorado su situación personal con ella, sino los que la ven deteriorada. El precio lo pagan los votantes,

no los elegidos. Para calcular ese precio en cifras, vamos a emplear unos datos de fuentes no dudosas: los

que publicaron las organizaciones sindicales de Vizcaya (desde Comisiones Obreras a Trabajadores

Vascos) en el llamamiento a la huelga, dirigido hace unas semanas a «toda dase obrera y pueblo de

Vizcaya ». Los datos, curiosamente, no se refieren al tiempo de la «oprobiosa dictadura franquista», lo

que índica que, en este terreno, nada tienen contra ella como no sea tomarla de referencia para valorar el

estropicio producido por la «democracia». La evolución del empleo en Vizcaya ha sido la siguiente,

según los sindicatos marxístas:

Expedientes de regulación de empleo presentados: en 1976, 444; en 1977, 624. Total en 22 meses: 1.068.

Número de trabajadores afectados: en 1976, 6.393; en 1977,13.677.Tota»: 20.070 (los datos sólo

comprenden hasta mediados de noviembre).

El número de parados desde enero hasta junio de 1977 ha crecido en un 23 por ciento. El total de parados

en Vizcaya era en noviembre de 1977 de 30.000, de los cuales el 32,41 por ciento correspondía a jóvenes

con menos de 20 años. En estos datos no se computan los despidos improcedentes, los abandonos

voluntarios ni los despidos procedentes, así como tampoco los despidos en período de prueba ni los que

afectan a empresas cuyos expedientes de crisis no se habían resuelto. El manifiesto señala «el ritmo

acelerado de la crisis que abarca progresivamente a todos los sectores, así como a los diferentes tamaños

de empresa». Ese es el dato objetivo. El subjetivo es que las centrales sindicales que lo publican achacan

la responsabilidad, como es lógico en organizaciones marxistes dependientes de partidos políticos del

mismo signo, a los empresarios i al Gobierno. Culpar a los empresarios de una crisis en la que están

viendo hundirse el fruto de muchos años de esfuerzos e ilusiones, es tan burdamente demagógico que no

merece la pena comentarlo. En cuanto a la responsabilidad que le corresponde al Gobierno, nadie mejor

puede saberlo que las organizaciones marxistes que han negociado los pactos de la Moncloa, bien en

forma directa o a través de los partidos políticos a que están vinculadas. Pero algo hay evidente: en

tiempos de Franco también había Gobierno, también había empresarios y también había sindicatos. Si la

situación entonces se caracterizó por un progreso constante del bienestar del pueblo y, de manera

concreta, de la clase trabajadora, no hay más remedio que concluir que es el cambio de sistema el

determinante de la crisis. El famoso «precio de la democracia». Lo que no comprendemos es por qué

protestan quienes con tanta alegría la han recibido.

19-DICIEMBRE- 1977

 

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