Autor: Tadeo, Teresa F.. 
 Con el Expurgo de los archivos de las Direcciones de Seguridad y Guardia Civil. 
 "Se pretende destruir parte de nuestra historia"     
 
 El Alcázar.    21/12/1977.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

«SE PRETENDE DESTRUIR PARTE DE NUESTRA HISTORIA »

«Los autores del decreto demuestran muy poca confianza en el valor de la verdad.» (Luis Sánchez Belda,

director del Archivo Histórico.)

Según fuentes bien informadas, en Murcia han quemado ya documentos que podrían, al parecer, ser

comprometedores para encumbrados personajes. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir estas medidas ideológicas

que están privando al país de una parte importante de su patrimonio? «Los expedientes que se pretenden

destruy- son un testimonio veraz y objetivo de las corrientes, tensiones y luchas ideológicas, políticas y

sociales de la sociedad actual. Los historiadores del futuro pueden encontrar en ellos una fuente

irremplazable de conocimientos para la interpretación de la historia de nuestro tiempo, y bajo ningún

concepto se les puede privar de estas fuentes de información.» De esta forma ha manifestado su protesta

la Comisión Gestora de la Asociación Sindical de Archiveros y Bibliotecarios, una vez conocido el

proyecto del Ministerio del Interior de destruir los antecedentes políticos que guardan los archivos de las

Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil. Don Luis Sánchez Belda, director del Archivo

Histórico Nacional, que encabeza la lista de firmantes del escrito, ha declarado a este periódico que

«según el Ministerio, ahora, como los partidos políticos son legales, ya no interesa lo que anteriormente

se dijera sobre ellos, pero ése no es motivo suficiente para que se destruyan. La conservación de tales

archivos en su integridad es la única garantía de poder conocer en el futuro la extensión y profundidad de

los movimientos político-sociales de estos últimos años. Son historia de España, que no se borra con una

acción de esta naturaleza, y muy poca confianza en el valor de la verdad demuestran quienes pretenden

realizarla.»

«ESTÁN OCULTANDO NUESTRA HISTORIA»

—¿Y qué se pretende con ello? ¿No se prestará este expurgo a la eliminación de algunos expedientes por

motivaciones políticas y a la conservación de otros de la misma naturaleza por idénticas motivaciones,

pero de sentido opuesto?

—Desde el punto de vista político, se quiere hacer un favor a muchas personas implicadas, personas de

nuestro Gobierno actual y que están en la mente de todos. De Felipe González, Carrillo, Camacho,

Redondo, todo el mundo sabe su.pasado, pero hay otras personas con cargos muy importantes, a los que

les interesa que sean destruidos. Lo que en realidad están haciendo es ocultar nuestra historia, porque

queramos o no, los antecedentes políticos de todos ellos formarán, en el futuro, parte de ella. Hay que

darse cuenta que de estos papeles salen a relucir ideas y hechos políticos de un período tan decisivo como

los últimos años de la vida de Franco. Por otra parte, los archivos aludidos forman parte del «Tesoro

Documental y Bibliográfico de la Nación» (artículo 1.°, punto uno, párrafo c y d de la ley 2671972 de 21

de junio), cuyo cuidado, defensa e incremento, «es deber de todos los españoles» como establece

literalmente la citada ley, en su artículo 2.a, Pero no sólo son estos documentos -continúa el señor

Sánchez Belda— los que sufrirán expurgo por parte de la Administración, que claramente se quiere

deshacer de ellos, y que posiblemente se haya ya desprendido de muchos, sino que, según fuentes bien

informadas, en Murcia ya han quemado, ante notario, documentos que podrían revelar, al parecer, hechos

comprometedores para personajes políticos muy encumbrados. «¿Qué se pretende con ello? ¿No será que

entre esos papeles se guarda una documentación que no interesa a determinados políticos que se sepa

nunca?» «A lo largo de nuestra historia, se ha repetido este procedimiento de expurgo por parte de los

partidos vencedores. Pero piénsese, por ejemplo, dónde se hubiera podido consultar sobre la Inquisición,

si cuando acabaron los procesos se hubieran eliminado los archivos. ¿Dónde investigaría el historiador?,

¿hasta cuándo vamos a estar sufriendo en España de estas medidas de carácter ideológico que están

privando al país de una parte importante de su patrimonio documental? —se pregunta el señor Sánchez

Belda.»

¿QUIEN HARA LA SELECCIÓN?

- Se ha hablado de hacer una previa selección de los expedientes de interés histórico, pero ¿con qué crite-

rio se va a hacer tal selección?

- La selección tendría que ser aséptica y objetiva, no hecha por el guardia civil que ha realizado toda la

vida las fichas. Se podría seguir el sistema que se llevó a cabo en Portugal, por ejemplo. Allí se

conservaron los archivos de la PIDE, y el expurgo fue encomendado a los archiveros y delegados de los

distintos partidos políticos.

«Si es por problemas de espacio, se podrían incorporar todos estos documentos al Archivo General de la

Administración en Alcalá de Henares, encargado de recoger todos los datos que pierden vigencia

administrativa. Si el Gobierno considerase que son confidenciales, puede ordenarlo al archivo,

especificando el período de tiempo que estime prudencial para estar ocultos. Lo que se está haciendo

ahora es un síntoma y precedente para hacer lo mismo con otros muchos informes. Si siempre se hubiese

realizado esto, no existirían ni el Archivo Histórico, ni el de Simancas, ni el de Indias.» El escrito que

denuncia el hecho, recoge asimismo la preocupación profesional de todos los archiveros: «Incurriríamos

en grave responsabilidad si no denunciáramos a las autoridades competentes y a la opinión pública la

existencia de este proyecto, que privará al pueblo español de una parte de su patrimonio histórico, que

tiene el mismo valor y la misma consideración que el de otras épocas de la historia.» Los miembros de la

Comisión Gestora declaran finalmente que «de llevarse a la práctica este proyecto, supondría, por parte de

los responsables, una muestra de incultura inconcebible en los tiempos en que vivimos, y supondría, en

efecto, la repetición de actos inquisitoriales de quema de libros y documentos por razones ideológicas,

que creemos felizmente superada en nuestros gobernantes». Aparte del señor Sánchez Belda, firman el

escrito Justo García Morales, David Torra Ferrer, Carmen Crespo Nogueira, José Antonio Pérez Rioja,

Francisca Aleixandre, Olga Gallego y Manuel Vaquerizo, directores, todos ellos, de distintas bibliotecas y

archivos de nuestro país.

Teresa F. TADEO

 

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