A la rebatiña con el patrimonio sindical     
 
 El Alcázar.    27/08/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

A LA REBATIÑA CON EL PATRIMONIO SINDICAL

SE discute, en estos días, el apasionante tema del patrimonio de la Organización Sindical con

tal cúmulo de errores de concepto que tal vez la única propuesta razonable haya sido la de un

peón de albañil, quien, no hace mucho, me decía: "¿No hablan de que todo eso pertenece a los

trabajadores? Pues que valoren el capital, lo dividan por el número de la población activa por

cuenta ajena, y ¡a repartir! Porque si se lo dan a las Centrales es como si se lo quedara la

A.I.S.S. ¡A mí ya ve Vd. en qué me iba a beneficiar!" He repasado la idea de mi amigo el peón y

hasta en ella —sin mala intención, por supuesto— he visto egoísmo. Repartir el patrimonio

entre la población activa puede significar que quien empezó a trabajar, cuando ya la cuota

sindical estaba suprimida, obtenga algo en la rebatiña, en tanto que no le alcance al jubilado —

ya, no activo— que cotizó buen número de años. Y es que, en definitiva, el tema es complejo y

está equivocado quien supone que únicamente afecta a los trabajadores por cuenta ajena y

mucho más errado el que piensa que es un asunto exclusivo de las Centrales Sindicales.

Durante muchos años esas Centrales, entonces en la clandestinidad o en el limbo, desde su

desaparición al final de la guerra, han acusado a la Organización Sindical de ser un organismo

estatal. Desde los mítines amparados por los templos y las sacristías hasta las intervenciones y

quejas en los salones de la O.I.T., los dirigentes del sindicalismo, ahora reclamante,

pontificaron sobre la estatalidad de la Organización Sindical, que, además, fue durante muchos

años Delegación del Movimiento. Pues bien, si "Sindicatos" era una entidad estatal con su

Delegado o su Ministro nombrados por Decreto y éste era uno de los puntos más censurados

por quienes solicitaban la implantación de un sindicalismo auténtico, ¿a que´ vienen ahora las

reclamaciones sobre ese patrimonio de un organismo estatal, muchos de cuyos bienes

proceden además directamente del Estado y las corporaciones públicas a través de donaciones

y subvenciones? Dos puntos hay, no obstante, que parecen entorpecer la solución rectilínea de

automático pase al Estado, de los bienes sindicales: La cuota pagada por trabajadores y

empresarios y las incautaciones. Respecto de la cuota, tanto en un caso como en otro, la

A.I.S.S. debería ocupar su tiempo de agonía en realizar un servicio a la historia: Debería

trabajar intensamente en sacar a la luz el rendimiento de esas cuotas en favor de trabajadores

y empresarios, porque, si el sindicalismo español del inmediato pasado, de sindicalismo no tuvo

.gran cosa, como servicio asistencia! difícilmente tenga posibilidad de crítica. Y si no es así que

lo digan esos trabajadores que, sin pagar un céntimo, disponían de Letrados competentes —

ahí está la jurisprudencia provocada por sus intervenciones en el ámbito del derecho laboral;

tarea que también debía recopilar la A.I.S.S., en lugar de desesperar a sus funcionarios con el

desconcierto de no saber dónde van a ir a parar—, que, ahora, echarán en falta quienes se ven

obligados a dejar el diez por ciento de lo obtenido mediante la intervención de quienes no

vacilan en vulnerar la prohibición de quota litis. Y eso que se trata de correligionarios/a

diferencia de lo sucedido en la Organización Sindical, donde, tanto en asesorías como en

cualquier otra actividad, jamás se preguntó la ideología a nadie y Camacho, entre otros muchos

—alumno de la Escuela Sindical— no me dejará mentir. Tampoco a los empresarios la cuota

sindical se les ha ¡do de rositas: El ahorro conseguido, para ellos, frente al Fisco, por los

asesores fiscales sindicales o la tarea de promoción de productos en Ferias y Mercados

Internacionales también debería se historiada. En cuanto a las incautaciones, ¿fueron los que

las decretaron los responsables o los únicos responsables del caos español? ¿Deberían o no

contribuir los Partidos o Sindicatos incautados a la reconstrucción española que se inició a

partir del año 40? ¿Cabría compensar con esos bienes el daño causado en otros, los expolios y

los traslados de fondos al extranjero, donde se perdieron en el más incierto destino? ¿De lo

que ocurrió en España, sólo fueron culpables los que ganaron? Son preguntas que asaltan la

conciencia y avergonzarían a quienes se engolfan en revanchas a cuarenta años vista. Y

todavía quedan muchas más en el tintero, del que sólo sacamos, para abreviar, esta última:

¿Son las Centrales Sindicales actuales, herederas de sus homónimas del 36? Porque con eso

de históricos y auténticos, renovados y legítimos, quiénes jurídicamente pueden aceptar la

herencia no es cuestión fácil de dilucidar. Por otra parte, si de incautaciones tratamos, habrían

de desempolvarse muchas más, de una y otra parte, y éste sería el cuento de nunca acabar.

Los sindicalistas y los políticos tienen una tarea más noble que volver cuarenta años atrás: Su

deber es mirar cuarenta años adelante y construir la justicia social sin visión de enanos

obsesionados por un pasado que consideran malo, sino con mirada de gigantes ante la tarea

de demostrar que saben hacer bueno el futuro. Que el patrimonio sindical vaya al Estado del

que todos formamos parte y que el control parlamentario del presupuesto consiga encaminar

los bienes hacia una redistribución justa de las rentas. Lo demás son bizantinismos, a no ser

que se trate de algo peor: Egoísmo, ambición y dictadura encubierta.

Miguel Ángel GARCÍA BRERA

27 — AGOSTO — 1977

 

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