Autor: Medina Cruz, Ismael. 
   En la generalidad, un gravísimo riesgo para la monarquía     
 
 El Alcázar.    27/08/1977.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

CRÓNICA DE ESPAÑA

EN LA GENERALIDAD, UN GRAVÍSIMO RIESGO PARA LA MONARQUÍA

JÓSE María Ruiz Gallardón ha planteado una cuestión de extrema delicadeza. Lo ha hecho

con su habitual corrección y serenidad, en un compacto "apunte político" sobre el eventual

reconocimiento de la Generalidad (me agrada que ambos coincidamos en llamarla asi)

mediante el expediente directo del decreto. Lo que el Gobierno puede hacer en el marco del

Estado da Derecho, no lo quieren los parlamentarios catalanistas comprometidos en la

disparatada operación. Ni tampoco esa absurdo personaje que atiende por el nombre de

Tarradellas y que no se apea de unos pretendidos derechos, provenientes de la hace casi

medio siglo extinguida legitimidad republicana. Y más concretamente aún, de aquella

circunstancia, fuera de toda presunta legalidad, que se instauró en Barcelona bajo el mando de

ocupación enviado por la URSS. Ante esa situación sin posible salida razonable, el Gobierno

parece dispuesto a utilizar la via, tan frecuentada ya, del arbitrismo decretador. El

representante personal del señor Suárez parece haber dado toda clase de fraternales

facilidades y seguridades al ensoberbecido señor Tarradellas, en el curso final de unas

negociaciones que se configuran como una de las más grandes bufonadas de la historia

nacional. Incluidas las felonías de Fernando Vil y sus validos. Así pues, existe el compromiso

proclamado de que el 11 de septiembre la Generalidad será restablecida en Barcelona, con

toda pompa y descaro. No se trata de instaurar una nueva Generalidad, consecuencia de la

legitimidad de la Monarquía, resultante a su vez de la legitimidad franquista y única posible en

estos momentos, puesto que carecemos de una Constitución generadora de una España

parcelada, y por tanto, de la nacionalidad catalana. Se pretende por Tarradellas y los

parlamentarios catalanistas (y parece aceptado por Suárez) el restablecimiento de la

Generalidad en el mismo punto que dejó de existir cuando las Fuerzas Armadas de España

irrumpieron en la Barcelona dominada por los delegados de Stalin y sus sicarios del entonces

minoritario PSUC, entre cuyos timbres de gloria figura el genocidio da 25.000 trotskystas del

POUM. Con estos antecedentes, adquiere un enorme dramatismo la cuestión que se plantea

José María Ruiz Gallardón: "¿O es que se pretende la firma regia para conseguir deprisa,

deprisa, casi a hurtadillas esa instauración?". Acababa de leer las declaraciones de Areilza a

"Gaceta Ilustrada" cuando me he enfrentado al "apunte político" de Ruiz Gallardón. Y me

quedaba amargor de boca por varios de los pasajes, en los cuales el conde de Motrico juega

con descaro a la verdad engañosa e Incluso al falseamiento histórico (por ejemplo, existe un

cierto punto crítico de su relato que resulla inexplicable sin una referencia explícita, que él

silencia, al asunto de la Barcelona Traction). También Areilza es proclive a la desviación

política del señor Suárez de implicar al Rey en cuestiones fuertemente polémicas, susceptibles

algunas de ellas, por su propia naturaleza, de enajenar anchos frentes de fidelidad y de poner

en entredicho el buen crédito político de la Corona. Carezco de emoción monárquica. No la he

sentido nunca y difícilmente podría improvisarla ahora. Sería indigno, además, que la simulara.

Pero he aprendido a ser leal con las instituciones legítimas en su origen y legitimadas en su

ejercicio. En ningún caso osaría comprometer a la Corona en aquello que le es ajeno o en lo

que pudiera situarla en precario, aún en el caso de que por imprudencia o lo que fuera se la

hubiera enredado en ello. Y no lo haría tampoco, debido a mi convinción, nacida de la

observación histórica de que en España constituye un tremendo disparate copiar un sistema de

gobierno que convierta al Jefe del Estado en un monarca o un presidente constitucional. En

España ha de mandar aquel que encarne la más arta magistratura, pues el pueblo se lo exigiría

siempre. Y si no acepta la demanda del pueblo, no solo se autodestruirá sino que arrastrará

consigo la entera estructura del. Estado. El presidente del Gobierno habrá de asumir la

responsabilidad de las decisiones desagradables o erróneas. Es decir, deberá ser con

humildad franciscana, la percha de las iras populares, para salvar el prestigio que es

indispensable a la Jefatura del Estado en un pueblo esencialmente personalista y, ¿por qué no

decirlo?, caudillista, aconstitucionalista y anticlerical. Él presidente del Gobierno, en definitiva,

ha da asumir en Esparta el papel contrario ai que gusta el señor Suárez, una de cuyas

características más destacadas te constituye la caza desaforada de méritos y la descarga

sobre otros hombros de los fracasos, los errores o las decisiones erosionadoras. Además de

Jefe del Estado, el Rey don Juan Carlos es Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Desde

ambos datos de situación debe contemplarse la eventualidad de que el Gobierno trate de

cubrirse, mediante el despropósito de hacer firmar al Rey la disposición legal de

establecimiento de la Generalidad republicana en la persona, además, de quien mantuvo su

presidencia en el exilio incluso de manera ilegitima. De llevarse adelante la pretensión de

Tarradellas y de los parlamentarios catalanistas, la restauración de la Generalidad republicana,

pues ese es su carácter irreversible, supondría una vulneración frontal de las Leyes

Constitucionales. Incluso tendría la mayoría de los elementos que caracterizan teóricamente un

golpe de Estado. ¿Es posible que a nadie con una clara concepción del Estado da Derecho y

de la fidelidad a la Monarquía se le haya pasado por la imaginación tal desafuero?

Pero, insisto, hay en este tema otro aspecto igualmente delicado y de máxima gravedad. Ya he

aludido al hecho de que la Generalidad murió con la entrada victoriosa en Barcelona de las

Fuerzas Armadas y la huida vergonzante de sus miembros, que antes ya habían dimitido de

toda pretensión de soberanía y dignidad con el acto continuado de sumisión al procónsul

soviético. La legitimidad del Estado da Derecho hoy existente, proviene de la victoria total de

las Fuerzas Armadas en la lucha revolucionarla contra el marxismo. E incluso cuando se

apruebe la nueva Constitución, ésta será hija de la legitimidad del Estado creado por la Victoria

de las Fuerzas Armadas, pues en su marco constitucional se elabora y deberá ser promulgada.

Yo me pregunto si además de los aspectos anteriormente subrayados de naturaleza

constitucional y política, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas puede firmar, y ni tan

siquiera admitir, la restauración de la Generalidad en una forma que no solo sería hoy

constitucionalmente subvertido» para la institución creadora del Estado, a la que, además, las

normas constitucionales exigen la defensa de su legitimidad y de la unidad nacional.

Ismael Medina

 

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