Se acepta la dimisión     
 
 El País.    18/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

OPINIÓN

EL PAÍS, miércoles 18 de febrero de 1981

Se acepta la dimisión

LAS DIMISIONES en cadena de varios altos cargos de la Seguridad del Estado,

presuntamente motivadas por la prisión preventiva dictada contra cinco policías

implicados en las diligencias por las torturas a José Arregui, tienen una

lectura política que arroja desoladoras conclusiones.

Las claves de ese plante se hallan inscritas en la línea de sombra que comienza

con Manuel Fraga, prosigue con Ibáñez Freire, Rodolfo Martín Villa y concluye —

por ahora— con Juan José Rosón. Porque en esa zona oscura se ocultan las razones

y los intereses que" impidieron, cuando todavía era tiempo, adecuar el aparato

de seguridad del Estado heredado del franquismo a las necesidades,´ los valores

y los principios de la Monarquía parlamentaria y del sistema de gobierno

constitucional. La experiencia de los últimos años ha demostrado que en el

escalafón del Cuerpo General de Policía hay numerosos funcionarios demócratas y

respetuosas con la legalidad constitucional que hubieran podido relevara

aquellos de sus colegas de carrera, aun respetando sus derechos económicos y

administrativos, que se habían distinguido en la represión política contra los

adversarios del anterior régimen (algunos de los cuales son hoy diputados,

senadores y alcaldes) o que se mostraban incapaces de aceptar el nuevo marco

político y jurídico al que deben servir como funcionarios públicos. Esta

sociedad todavía espera una explicación satisfactoria del ex ministro del

Interior Rodolfo Martín Villa, aunque sea en un artículo de memorias, por sus

nupcias político-administrativas con el comisario Conesa y por su sostenida

decisión de encomendar los puestos claves del aparato de seguridad del Estado a

personas de las que resultaba razonable presumir convicciones antidemocráticas,

cuando no conexiones con bandas ultraderechistas.

´Pero esa catarata de dimisiones tiene, además de una lectura política, un

diagnóstico juridico-penal, que debería ser contemplado. El artículo 199 del

Código Penal sanciona con la inhabilitación a los funcionarios públicos que

atenten contra la independencia de los jueces y magistrados, y las dimisiones

parecen una presumible respuesta a la medida judicial de la prisión preventiva

de los cinco funcionarios que participaron en el interrogatorio de Arregui.

También el articulo 222 del Código Penal considera como reos de sedición a «los

funcionarios encargados de la prestación de todo género cíe servicios públicos o

de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen

trastornos a los mismos o, de cualquier forma, alteren su regularidad». Y

creemos que la legalidad vigente debe ser contemplada con especial atención por

las autoridades en momentos tan delicados como este.

Recordemos, finalmente, que el artículo 9 de nuestra norma fundamental establece

que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al

resto del ordenamiento jurídico» y que el articulo 104 asigna a los cuerpos de

seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de «proteger el libre

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

Para conseguir que los ciudadanos acaten las leyes, lo primero que tiene que

hacer el Gobierno es cumplir a rajatabla con la letra y con el espíritu de la

Constitución. Lo cual significa, entre otras, que los funcionarios públicos, y

especialmente aquellos a quienes la sociedad encomienda el monopolio de la

violencia y la vigilancia del orden, deben predicar con el ejemplo y, en su

defecto, ser criticados o sancionados de manera especialmente severa. No es

aceptable qué, cuando unos custodios de las leyes las infringen, sus compañeros

de escalafón, en un acto de solidaridad gremialista, antepongan el más estrecho

espíritu de cuerpo al respeto a las leyes que custodian y a la sociedad que les

ha encomendado esa privilegiada y delicada misión.

Otras lecturas tiene también esta postura de algunos destacados mandos

policiales, próxima al «chantaje de Estado». Acaso la más elemental es que un

cuerpo de seguridad del Estado corno es el policial no puede convertirse en

permanente elemento de inseguridad e inestabilidad. Es inadmisible en una

sociedad occidental que un cuadro de jerarcas policiales —sumidos algunos de

ellos en el descrédito por su protagonismo represivo en el régimen anterior,

cuando no por su ineficacia en éste— alimenten con sus gestos el fuego de una

crisis política.

Para dimitir tan espectacularmente es preciso, en conciencia, estar cargados de

razones políticas y profesionales. No es precisamente este el caso.

En agosto de 1978, la junta nacional de la Asociación Profesional de

Funcionarios del Cuerpo General de Policías daba a la opinión pública una nota

en la que manifestaban reiteradamente que estaban «dolorosamente hartos» de

huecas declaraciones públicas sobre la muerte de funcionarios del orden público

o del desprecio de la ley que —según ellos— se advertía en este país. Cabría

ahora aducir a estos funcionarios que la sociedad española está dolorosamente

harta de la falta de profesionalidad de algunos mandos policiales, que todavía

no han descubierto —pese a los medios económicos puestos a su disposición— la

cibernética y que garantizan sus puestos jerárquicos privatizando informaciones

que sólo pueden ser propiedad del Estado. Esta sociedad puede estar

dolorosamente harta de que algunos policías utilicen los malos tratos como fácil

recurso sustitutorio de métodos investigativos profesionalizados. Y muchos

españoles pueden estar hartos de. tanto crimen común sin resolver —o falsamente

resuelto— por la Impericia de estos funcionarios. Cuándo, mientras tanto, son

sus subordinados los que caen bajo el fuego terrorista.

La hora de las dimisiones bien puede ser la hora de las aceptaciones. Entregúese

la dirección de los aparatos policiales a los miles de profesionales de la

policía que desean labrarse un porvenir sirviendo a un Estado moderno y

democrático, persiguiendo profesionalmente a los delincuentes e investigando

menos la vida privada de ciertos políticos. Lo que no puede tolerarse es la

soberbia gremial de un reducto de cargos prestos a convertir la salvaguardia de

sus intereses personales en problema de Estado.

 

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