Arias Salgado, durante el pleno del Congreso que debate la moción decensura socialista. 
 El acuerdo PSOE-PCE acelera la unidad de la izquierda     
 
 El Alcázar.    29/05/1980.  Página: 6-8. Páginas: 3. Párrafos: 41. 

6 nacional

2 9 mayo 1980 / EL ALCÁZAR

Arias Salgado, durante el Pleno del Congreso que debate la moción de censura

socialista

«El acuerdo PSOE-PCE acelera la unidad de la izquierda»

Durante cinco horas se prolongó el debate previo a la votación de la moción de

censura propuesta en el Congreso de los Diputados por el Grupo parlamentario

Socialista. Cinco horas que, al oteo de la votación que ha de producirse con

toda seguridad durante la noche de mañana, fueron testigos privilegiados de una

discusión agresiva y dura, en la que los reproches, acusaciones e insultos

hubieron de oirse desde las dos partes de la Cámara. Alfonso Guerra, Rafael

Arias Salgado, Abril Martorell, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez fueron el

prólogo a un discurso de Felipe González largo y tedioso (él mismo calificaría

de «pesado»), en el que el secretario general del PSOE pasó revista a los temas

fundamentales de la actualidad nacional, desde él orden público hasta la

política exterior.

•O Carrillo: «Suárez estuvo dispuesto a gobernar con el PCE»

•• Suárez: «Rechazamos colaborar en el Parlamento con los comunistas» González:

«Los tribunales de Justicia, bajo la vigilancia de la soberanía popular»

Pero, tal vez, y contrariamente a lo que pudiera pensarse en un primer momento,

el punto más interesante de la tarde estuviera en la pugna dialéctica mantenida,

a raíz de una afirmación de Rafael Arias Salgado poniendo en duda, la

legitimidad democrática del Partido Comunista, entre Santiago Carrillo y Adolfo

Suárez. El líder comunista descubrió un intento de negociación, en octubre de

1978, por parte del Gobierno, con el PCE, al objeto de formar una mayoría de

Gobierno. La verosimilitud de estas afirmaciones dio lugar a una viva polémica

en la que llegó a implicarse a. los norteamericanos. Otro tema destacable en

importancia fue el tratado sobre Televisión Española, sobre algunos de cuyos

mandos el socialista Alfonso Guerra dijo tener abundante documentación de los

fraudes cometidos, «incluso por algún miembro del banco azul». El debate, que

fue cortado a las nueve treinta de la noche de ayer, tendrá su continuación a

partir de las tres de la tarde de hoy, y se espera se prolongue hasta altas

horas de la madrugada.

Duras acusaciones de Alfonso Guerra

«Suárez no soporta más democracia y la democracia no soporta más a Suárez»,

afirmó Alfonso Guerra,

Guerra comenzó afirmando que Suárez era un líder carismático que en su anterior

intervención ante el Congreso «se cayó de la vitrina y se hizo pedazos». Le

acusó de considerar la democracia como un mal a soportar y que los socialistas

no habían buscado apoyos en UCD, por lo que «si ésta se rompe será gracias a los

esfuerzos de Adolfo Suárez»; añadió que la mitad de la UCD está con Fraga y la

otra mitad con Felipe González.

El número dos del PSOE reprochó también a Suárez haber hecho gala de desprecio

de la democracia y de fracasar en todos, sus objetivos. Afirmó que en el pasado

Pleno el PSOE esperaba escuchar de Suárez una explicación, cuando en realidad

tan sólo recibió una pura teoría de literatura política. Luego señaló las

carencias del Gobierno: muestra de desprecio a las instituciones democráticas,

violencia de la extrema derecha, delincuencia callejera, ausencia de cambios en

los puestos de la cúspide policíaca porque «aquellos que ocuparon puestos de

responsabilidad los siguen ocupando».

Calificó de tibias las condenas de la llamada «Operación Galaxia» y la

absolución de un miembro, que no mencionó, de la familia del Generalísimo

Franco, y citó el caso de la corrupción en televisión, a los defectos e

irregularidades del Consejo Superior de Deportes. Criticando la gestión en el

sector público, la de la Seguridad Social y la carencia del Gobierno con

respecto a los problemas del medio ambiente. También denunció un bandazo en el

planteamiento autonómico del Gobierno. Para terminar, afirmó que el hecho de que

Suárez se olvidase de las relaciones internacionales durante su discurso «lo

dice todo».

Arias Salgado: «Existe la unidad de la izquierda»

En nombre del Gobierno le respondió el ministro Arias Salgado, que comenzó

diciendo: «La única realidad es que la moción de censura es un acto político de

primera magnitud que se inserta siempre en una estrategia de lucha por el poder

entre ideologías y partidos. No hay, pues, en esta operación de censura, gesto

moral que valga, ni conducta testimonial que valga, ni actitud desinteresada que

valga.»

Añadió que no es serio acusar al Gobierno de incumplimiento de su programa a tan

sólo trece meses de su toma de posesión, ni afirmar que el Gobierno ha

incumplido sus acuerdos con otras fuerzas políticas cuando UCD ha hecho gala

constantemente de su capacidad de compromiso, ni es serio —prosiguió— afirmar

que el Gobierno ha hecho gala de desprecio de las reglas de juego democráticas,

cuando la ejecutiva del PSOE ha vulnerado regularmente el Reglamento de la

Cámara que recoge esas reglas.

El ministro afirmó que «violar el Reglamento de la Cámara sí constituye

desprecio de las reglas de la democracia parlamentaria porque el respeto al

Parlamento es la primera regla de esa democracia». Como no es serio asegurar que

el Gobierno ha producido grave deterioro en el prestigio de las instituciones

parlamentarias por acordar con el PSOE ciertas enmiendas a la Ley de Autonomía

Universitaria. No es serio afirmar, como hace la moción, que al Gobierno le

falta voluntad para enfrentarse con lo que se califica de corrupción en TVE,

cuando «el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de ordenación administrativa y

financiera hasta conseguir un superávit. Y quiero avanzar desde aquí -

puntualizó Arias Salgado— que el Gobierno no permitirá ninguna clase de

sustituciones en base a una supuesta corrupción porque en una democracia todo el

mundo es inocente hasta que por los tribunales de Justicia y no por la directiva

del PSOE se sentencie su culpabilidad».

Luego, Arias Salgado subrayó que «esta Cámara no ignora y la opinión pública

española debe saber que en todas las democracias europeas la presencia o no del

PCE en el Gobierno o el acuerdo entre socialistas y comunistas en un frente de

unidad de izquierdas constituye una cuestión política de primera magnitud por

las repercusiones internas e internacionales que tienen. Yen España —continuó—

no cabe infravalorar esta cuestión afirmando que dada la composición de esta

Cámara, es inevitable o resulta obvio el apoyo comunista a la moción de la

directiva socialista. No puede, en efecto, infravalorarse, no ya por los

problemas entre socialistas y comunistas, el acuerdo en esta Cámara contribuye a

acelerarla dinámica de unidad de la izquierda con el riesgo de dividir el país

en dos´ frentes irreconciliables».

Para terminar, Arias "aseguró que la moción, caso de prosperar, «conduce

necesariamente a la formación de una coalición, parlamentaria o gubernamental

entre socialistas y comunistas que se añade al pacto municipal», recordando que

el propio González admitió que la posibilidad de gobernar pasa por el país, de

una forma u otra, con el PCE. «Y esto debe saberlo la opinión pública porque es

realmente serio, como lo es en cualquier democracia occidental.»

Polémica sobre corrupción

A continuación hizo uso de la palabra, para replicar a la intervención del señor

Arias Salgado, el portavoz del Grupo Socialista, Alfonso Guerra, quien dijo que

el ministro de la Presidencia estaba en baja, «y por eso ha aceptado venir aquí,

a ver si se recupera». Calificó el papel del ministro como de «peón de brega», y

dijo que estaba bien capacitado para desempeñarlo «a juzgar por la capacidad de

cinismo que demuestra». Pasó luego a preguntarse quién representaba a quién en

la Cámara, señalando que él no hablaba, como había dicho Arias Salgado, en

nombre de ciento, treinta y un diputados, sino sólo en el de los que habían

firmado la moción de censura. Afirmó que no había un solo diputado en la Cámara

que no hiciera, fuera de la ideología que fuera, una censura dura a Suárez.

Después de subrayar que era antidemocrático calificar al grupo comunista antes

de que éste emitiera su voto, exigió que terminara la corrupción y el robo en

TVE y en el deporte español, citando, en este sentido, un documento —que dijo

tener en su poder— de escritura de compra de un miembro del Gobierno en el que

se defrauda al

fisco en miles de millones de pesetas. Ironizó sobre el hecho de que el ministro

calificara de anécdotas los miles de millones que él había mentado, y dijo que

el señor Arias Salgado era el menos indicado para hablar sobre estos temas, ya

que era hermano del director general de RTVE. Señaló que era mentir y utilizar

un estilo sucio decir que los socialistas quieren el control de RTVE, ya que

éste es un organismo dependiente del Gobierno, «y, por tanto, jamás nosotros

propondremos un solo nombre para su cargo de director general». Pasó a

continuación a considerar el .hecho de que Suárez había conseguido en la fecha

de su investidura ciento ochenta y cuatro votos favorables, «y a ver cuántos

consigue ahora. No hablo —añadió— de cuántos diputados se le puedan ir, que eso

ya sucederá en su día». Apuntó el hecho de que UCD fuera «una mayoría contra

natura, como se puede comprobar si se vuelve la vista hasta 1977», y dijo que en

el partido gubernamental se unían los miembros del franquismo. Se refirió al

Estatuto de Autonomía para Galicia, y dijo que el pacto realizado sobre él había

sido criticado por la propia UCD gallega, y afirmó que los ministros habían

tenido que ser presionados por el PSOE

para que acudieran a la Cámara. Sobre la cuestión municipal expresó que muchos

de los candidatos a alcalde en pueblos españoles eran los mismos presidentes de

Fuerza Nueva en la localidad correspondiente, y señaló que los socialistas se

habían opuesto a la concesión de determinadas licencias para evitar la

especulación del suelo, y que la de los ayuntamientos había sido la única

inversión pública que había aumentado en el año 79. En materia de orden público,

terminó mostrándose en contra del uso de la informática «para controlar los

abrigos de visón de un senador de UCD», y destacando que, según un titular de

Prensa, la UCD vasca no descartaba una amnistía, al tiempo que culpaba al

Gobierno del hecho de que en Andalucía estuvieran apareciendo algunos aparatos

explosivos.

Arias Salgado reclamó el uso de la palabra a continuación para responder a las

acusaciones del líder socialista, cosa que le fue concedida por el presidente de

la Cámara, el ucedista Landelino Lavilla. El ministro dé la ´Presidencia comenzó

lamentando que Alfonso Guerra «haya acudido a argumentos personales, cuestión

esta que demuestra su propia incapacidad. Yo no he descalificado al Partido

Comunista —añadió—, pero sí digo que su presencia en el Gobierno plantea

problemas de primera magnitud, como es evidente al contemplar el panorama

europeo». Señaló que «al señor Guerra le encanta hablar de corrupción. Pero la

corrupción hay que probarla, y si no callarse. Para eso están los Tribunales, y

hay que esperar a que éstos se pronuncien antes de hablar. No se puede amparar

uno eternamente en la inmunidad parlamentaria para insultar». Después de apuntar

que «en este país el franquismo ya no existe», y que «esta Cámara es democrática

y este Gobierno también», se refirió al planeamiento urbanístico, que dijo «está

siendo retrasado por la negligencia de los ayuntamientos socialistas». «El señor

Guerra —añadió— ha tenido la osadía de llamarme mentiroso. UCD del País Vasco ha

dicho que podría considerarse una am-(TEXTO INCOMPLETO) cación de Euzkadi.»

Terminó refiriéndose al Estatuto de Autonomía de Galicia, del que dijo que

«tuvimos allí una indisciplina de voto, pero luego nuestros parlamentarios

terminaron aceptando la disciplina y votando lo que se les había pedido y en lo

que se había logrado gracias a su propio trabajo».

Querella criminal

Nuevamente, Alfonso Guerra subió a la tribuna de oradores para, en turno de

réplica, decir que la querella criminal contra TVE ya había sido presentada, y

que el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, había dicho que o

retiraban la querella o no se llegaría a un acuerdo sobre el Estatuto de RTVE.

Señaló que el plan urbanístico estaba paralizado en muchos lugares porque para

aprobarlo se necesitaba una mayoría de dos tercios en los ayuntamientos, y UCD

se negaba a votarlo. En cuanto a la petición del ministro, en el sentido de que

el señor Guerra le citara un solo caso de abuso legislativo, éste le dijo que

«las personas detenidas siguen si gozar en muchas zonas del derecho de

asistencia de letrado, reconocido en la Constitución».´«Y en cuanto al hecho de

romper el secreto parlamentario, añadió, he de decir que en la sesión en que se

concedieron los suplicatorios a Herri Batasuna fue el propio portavoz de UCD

quien rompió el secreto.» Una breve respuesta de Arias Salgado, en el sentido de

afirmar que el portavoz socia lista no había dicho nada nueve y que en ese

momento se podía dar por concluido el debate, una petición de palabra por parte

de Alfonso Guerra, que no fu concedida, dieron paso a la tribuna de oradores al

líder del partido comunista, Santiago Carrillo.

Revelaciones de Carrillo

Carrillo dijo que el PC consideraba en la Cámara los mismos derechos y del (

TEXTO INCOMPLETO)

el Gobierno no había mostrado tantos reparos hacia el PCE cuando tuvo la

necesidad de discutir los Pactos de la Moncloa. «En otoño del 78 —subrayó

Santiago Carrillo— el Gobierno de UCD solicitó al PCE para hacer un acuerdo de

mayoría. Esto nos fue propuesto en una cena celebrada en Castellana, 3, y en la

que participamos los señores Abril, Calvo, Pérez Llorca, Solé Tura, Eugenio

Triana y yo mismo. La cosa me pareció tan extraordinaria que incluso le dije a

Fernando Abril que se lo pensara bien. Pero él me llamó a los dos días para

decirme que ya lo había pensado y que me lo volvía a proponer. Extrañado, me fui

a ver a Suárez, que me dijo que lo habían pensado así porque, y son sus palabras

exactas, el PCE era un partido nacional y democrático. Recuerdo que yo le

contesté al presidente que aceptaba comenzar esas negociaciones porque no

descartaba el que con el correr del tiempo algún partido pusiera en duda nuestra

legitimidad y porque propondríamos programa que bien podría ser un programa

electoral, y porque estábamos dispuestos a que a ese acuerdo se asociara el

PSOE. El señor Suárez estuvo dispuesto a gobernar con el PCE.»

Felipe González presentó el programa socialista

Le contestó el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, quien señaló

que «el señor Carrillo confunde los deseos con la realidad. En aquel tiempo era

imposible un acuerdo porque CC.OO. lo quería, al igual que UGT, a tres bandas y

con participación de los partidos políticos, para darle al PCE una base de la

que carecía. En cuanto comenzamos a hablar de la OTAN quedaron canceladas las

negociaciones».

Después de una breve matización de Adolfo Suárez, volvió a hacer uso de la

palabra Santiago Carrillo, quien dijo que el vicepresidente había dicho algo de

verdad, «que buscaba un acuerdo con nosotros que sacase al Gobierno de sus

dificultades en materia política, económica y social. Probablemente, lo que

quería era complicarnos, con su habitual astucia, en la política del Gobierno.

Fui a ver a Suárez y el habló de un acuerdo de mayoría de Gobierno.Cuando le

pregunté sobre lo que pensarían los americanos me dijo algo que hoy no repito

para no hacerle daño».

Suárez le contestó que «en toda aquella etapa de construcción del Estado y de

elaboración de la Constitución se necesitó la colaboración de todos los

partidos. Pero nuestras diferencias ideológicas con respecto al PCE son

evidentes, y mostramos nuestro rechazo más absoluto a a colaboración

parlamentaria con él». Afirmación esta que fue esmentida por el señor Carrillo,

lando dijo, a continuación, que el presidente del Gobierno ha hecho acuerdos con

el PCE, y no diga de este agua no beberé, porque tal vez necesite de nuevo

nuestra ayuda para defender a la (TEXTO INCOMPLETO)

Tras un descanso de 10 minutos subió a la tribuna de oradores el secretario

general del PSOE, Felipe González, con el fin de presentar el programa que su

partido prevé en el caso de resultar aprobada la moción de censura.

Empezó señalando el líder socialista las lineas generales de lo que, según él,

«debe ser un programa de gobierno». Y en este sentido se refirió a la necesidad

de que el mismo sea debatido por las fuerzas políticas del Congreso, «lo que se

nos hurtó —añadió— con motivo del voto de investidura». Además es preciso que el

programa constituya un cauce para la formación de.un camino que cuando menos

exprese la línea a seguir por la sociedad y, por último, que lleve a la

conciencia de los más que los problemas han de resolverse en los momentos

cruciales.

Acto • seguido, Felipe González pasó a enumerar los grandes problemas de España,

como el paro y la desigualdad, entre otros, para concluir en la existencia de

una desconfianza en el pueblo español acerca del actual sistema político: «No

hay construcción autonómica, ni se puede resolver la crisis, ni se garantizan

las liberades, ni hay una posición determinada del país en el concierto

internacional.»

Pasó a referirse a la Administración del Estado y aludió a los manidos problemas

heredados: «Hay que construir un Estado nuevo —dijo— con un esquema opuesto al

anterior.» Señaló la urgencia de un control del horario de los funcionarios,

frenar la expansión de plantillas, encarar el paso de la

Administración central a la autonómica, reducir el número de cuerpos, eliminar

cotos cerrados y, en definitiva, agilizar, en general, el sistema administrativo

burocrático español. «El.principio básico para

todo esto consiste en que la Administración está al servicio del pueblo», y los

esfuerzos, según Felipe González, han de concretarse en la exigencia de trabajo

y rendimiento a.la Administración, recuperar la moral perdida, así como la

eficacia, potenciación y el neutralismo administrativo.

Las autonomías

Tras este análisis general, el discurso del dirigente socialista se centró en el

capítulo autonómico que ha de estar basado «en el respeto a la idea de que el

Estado de autonomías emana de la Constitución de 1978, el res-peto también a la

voluntad popular, la consecución de un mapa autonómico indiscriminado y

generalizado y permitir el funcionamiento de los estatutos respectivos».

De esta forma, el programa de acción inmediata que propugna el PSOE se centra en

el logro de una serie de medidas que liberen el proceso autonómico actual y,

dentro de esta línea, Felipe González subrayó una serié de casos concretos como

el relativo al estatuto gallego, del que dijo que «hay que garantizar su

equivalencia con los ya aprobados»; el referente a Andalucía, «al que hay que

ofrecer una resolución distinta a la que ya ha rechazado el pueblo andaluz», y,

a fin de cuentas, se sustrajo al conjunto de las comunidades autonómicas,

urgiendo en el compromiso de desbloquear todos estos procesos, aplicando también

medidas políticas que eviten nuevos conflictos o estancamientos. A su vez

concretó su intervención en la cuestión de Navarra y manifestó que es

imprescindible un mapa autonómico que comprenda comunidades y regímenes

especiales, por lo que Navarra debe instrumentarse como una de

Debate sobre la moción de censura al Gobierno

días, salvo que quiera integrarse en Euzkadi. En cuanto a las comunidades

autonómicas provinciales se refirió al caso concreto de Madrid, declarando que

el PSOE potenciará su autonomía, pero sin interferir en el estatuto de Castilla

y León.

A renglón seguido, el secretario general del PSOE estableció a exigencia de su

programa autonómico en concretar un calendario electoral que impida la

permanente situación de comicios. En este aspecto se ciñó a una serie de

actuaciones políticas que el PSOE llevará a cabo de aprobarse la moción de

censura, tales como simultanear a partir de 1983 las elecciones a las

comunidades autonómicas con as de las corporaciones municipales, realizar un

calendario de utonomías antes de 1982 y mantener un calendario de transferencias

que sea un mode-o institucional generalizado para todas las comunidades en

igualdad. «El PSOE -concretó— defenderá las comisiones mixtas y la política de

participación de las comunidades autónomas en labores administrativas ordinarias

y constituirá un Consejo Fiscal de Política Financiera para conseguir una España

solidaría.»

En definitiva, dijo Felipe González que su modelo autonómico se concreta en un

Estado general constituido por uniroceso de síntesis y no de disgregación que

facilite la unidad le España.

En un último apartado de este tema de autonomías se refirió a las corporaciones

locales, «a las que es preciso fortalecer». Tras citar la desproporción

autonómica existente en las corporaciones locales españolas en relación de las

que rigen en los países de la CEE, Felipe González mantuvo que «hay que dar una

homogeneidad superior a España y que su Gobierno aportará una política activa y

urgente de apoyo a la más integra autonomía municipal».

Diagnóstico pesimista

Haciendo un análisis de la situación económica actual, Felipe González manifestó

que «existe un crecimiento nulo, el paro aumenta, la industria es vieja y no

ofrece posibilidades de competitividad; la inversión es decreciente; hemos

llegado a una elevada tasa de inflación y continúan existiendo desigualdades

tanto entre las personas como entre los territorios». «Por lo tanto —siguió

diciendo Felipe González— hay que fijarse unos objetivos prioritarios. Para

superar la crisis "tiene que darse un esfuerzo de comprensión y solidaridad. La

economía debe estar al servicio de los hombres y no al revés.» «Hay que destacar

—siguió diciendo— dos objetivos básicos: aumentar el empleo, luchar contra el

paro y redistribuir la riqueza nacional. La gran interrogante está en cómo

conseguir esos objetivos a la vez que se lucha contra la crisis.»

«Volviendo al primer punto, aumento del empleo, deben conjugarse todos los

instrumentos necesarios. Se requiere un enorme esfuerzo de solidaridad. Está

claro que la sociedad española está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario.

La economía debe dirigirse en estos momentos hacia la inversión y la

exportación. La clave está en aumentar la productividad.»

Como elemento fundamental para solventarla crisis económica actual, el orador

señaló la ne-

incremento masivo(TEXTO INCOMPLETO)

de la productividad para frenar los índices inflacionistas. «La productividad

sólo afecta al mundo del trabajo y la empresa, sólo con ella se logra la tasa de

crecimiento necesario que permita un mayor empleo.»

El procedimiento de aumento de la productividad que se impone en todos los

países democráticos, explicaría el señor González, debe basarse en la

concertación de programas entre el Estado y las empresas. Para estas relaciones

es necesario, según el PSOE, un Estatuto de la Empresa Pública, así como un

sistema práctico de relaciones industriales, la regulación efectiva de la huelga

y la devolución del patrimonio sindical.

«La superación de la crisis —según añadiría el dirigente socialista— debe

basarse en un acuerdo interfederal de todos las fuerzas nacionales (SIC), que

permita, ante todo, un incremento de los salarios conforme el aumento del costo

de la vida.»

Posteriormente, González se refirió al paro, señalando la imposibilidad de

mantener el incremento de los mil nuevos parados diarios. «Hay, contra esto, que

llevar la lucha para eliminar el pluriempleo y la realización desmesurada de

horas extra.» «También en la misma linea es necesario una rejuvenización de la

población agrícola», añadiría.

Todo ello se debe lograr, según los socialistas, con un plan cuatrienal de

inversión pública y en sectores privados de especial interés. Es necesario para

que ello sea eficaz una ampliación de la colectivización de los servicios

públicos.

Más adelante, el señor González insistió en la necesidad del desarrollo de la

investigación científica y tecnológica en los campos productivos, y en el lapso

de una igualdad real de los ciudadanos en el campo económico, para lo cual deben

ser reducidos los gastos públicos e incrementadas las inversiones de forma que

se reparta riqueza.

Otros puntos contemplados por el líder socialista fueron la reforma total de la

Administración para la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos; la

posibilidad real en materia de educación para todos los niños españoles, aun

cuando sean de medios agrarios, mediante la ampliación al máximo de la educación

básica y un cambio del sistema de fomento de viviendas, de forma que se alcancen

las 300.000 anuales.

Propuso el líder socialista un plan anual económico que acompañe a los

presupuestos generales del Estado en que se atiendan todos los aspectos del

gasto público y las inversiones, y que esté sometido a un control parlamentario.

Refiriéndose al aspecto fiscal Felipe González señaló la necesidad de transferir

recursos a los entes autonómicos y descentralizar los impuestos. Anunció que los

socialistas no pensaban crear nuevas leyes fiscales, aunque sí actualizar los

tipos y reducciones vigentes desde 1977 en el impuesto sobre la renta.

Refiriéndose al programa energético que según el señor González «frena y

condiciona la evolución económica», señaló la importancia de adoptar medidas

como otros países para lograr la menor dependencia posible del petróleo.

Es difícil, según los socialistas, reducir el gasto doméstico, pero sí el

consumo en materia de transportes, siendo necesaria una modificación de los

modos de vida, y especialmente un incremento de la utilización de transportes

colectivos.

Respecto a la .política económica en torno a la energía señaló la necesidad de

estudiar . los precios, eliminando las subvenciones y mantener precios reales

como incentivos al ahorro. Señaló la necesidad de disminuir la dependencia del

petróleo, alternando otras fuentes, especialmente gas y carbón, y utilizando

sólo la energía nuclear como sustituto de último recurso.

Respecto al tema nuclear, insistió en la necesidad de crear un Consejo de

Seguridad Nuclear, ajeno totalmente al Gobierno.

Igualmente, defendió el incremento masivo de la participación de la empresa

pública en el sector eléctrico, promoviendo nacionalizaciones y la creación de

un grupo reducido de grandes empresas estatales.

Las dos últimas partes de la intervención de Felipe González estuvieron

dedicadas al desarrollo del binomio situación internacional y seguridad-

libertad. Apurado por el tiempo, que no cesó de recordarle la presidencia,

Felipe González recordó que el mundo está hoy soportando una situación de

tensión creciente entre Este y Oeste. Señaló el hecho de que está próxima la

celebración en Madrid de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.

«Los ciudadanos de este país —dijo el líder socialista—, en el noventa por

ciento de los casos, no conocen este hecho. La política internacional debe

entenderse analizada en un doble plano. Las relaciones Norte Sur expresan más

bien un deseo de cooperación. Las relaciones Este-Oeste representan una relación

hegemónica. Las tensiones entre las grandes potencias impiden el desarrollo

normal y rápido de nuestro país. Y España es un país de tipo medio, en todos tos

sentidos, un país occidental e indiscutiblemente adscrito a la órbita

occidental, y ha de estar, por tanto, al servicio de los grandes objetivos de la

paz internacional. Hay que renegociar la situación bilateral. Soncadavez más los

líderes de la CEE que piensan que España puede jugar un importante papel de no

integrada en las líneas en presencia.» Apuntó la necesidad de fortalecer la

política de integración en la CEE, de desarrollar sistemáticamente nuestro

potencial de relaciones con América Latina y con el mundo árabe, de contribuir a

la pacificación del Sahara, de preparar activamente la Conferencia de Seguridad

y Cooperación Europea, con la suficiente información pública al respecto.

A continuación, Felipe González centró su discurso en los temas de seguridad y

libertad.

«Frente a los timoratos de la libertad —dijo—, el proyecto de gobierno

socialista encierra un afán firme: la libertad como seguridad, la promoción de

las condiciones de igualdad. Esa libertad y esa seguridad que hoy los ciudadanos

de España echan en fal El acierto del tratamiento de este problema está ligado a

la salvaguardia del sistema democrático. La tensión o el equilibrio entre

libertad y seguridad no se resuelve entre nosotros por la simple ley de los

vasos comunicantes. Por el contrario, pensamos que a menor libertad, menor

seguridad Un poder arbitrario nunca es neutral. Hay que defender las seguridades

de la libertad.» Señaló que el proyecto socialista valoraba «la alta y destacada

misión de las fuerzas de s eguridad y de orden público», y señaló la necesidad

de reformar y actualizar sus planes de estudio, dotarlas de medios materiales,

«y no sólo de medidas legislativas». «Este tratamiento de las fuerzas de

seguridad -añadió— no puede amparar supuestos de irregularidad y conductas de

ilegalidad.» Después de subrayar como necesaria «la suspensión de los derechos

individuales de determinadas personas», destacó que «el terrorismo implica un

proceso frontal de los cauces democráticos, y no puede ser contemplado con

indiferencia e ingenuidad. Hay problemas que laten en la raíz del terrorismo.

Sin perjuicio de darle la respuesta penal que se merece, es necesario analizar

las raíces políticas, económicas y sociales del mismo». Propuso el acceso de los

ciudadanos a la participación a través del compromiso de garantizar las

libertades, matizando que consideran derogadas todas las normas que se opongan a

la Constitución, la presentación de un proyecto de ley de tutela de las

libertades, de otro que delimite el uso de la informática, de un proyecto de ley

orgánica de defensor del pueblo, de otro que regule el derecho de asilo, y de

una ley de divorcio, que contemple las causas de mutuo acuerdo de los cónyuges.

Terminó su discurso señalando que hay que hacer llegar los príncipios

constitucionales a todos los ciudadanos, pidiendo para el Jefe del Estado la

moderación y para el jefe del Gobierno la ejecución. Expresó la permanencia de

los Tribunales de Justicia bajo la vigilancia de la soberanía popular y finalizó

con estas palabras: «La votación que resulte debe representar a la opinión de la

Cámara y de la sociedad, ésas son mis intenciones, y no ninguna otra que se me

achaca desde las tribunas.» Alas nueve treinta de la noche, el presidente de la

Cámara, Landelino Lavilla, levantó la sesión, que se reanudará a las tres de la

tarde de hoy.

 

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