Los auxiliares administrativos de ayuntamientos rurales     
 
 ABC.    24/02/1960.  Páginas: 1. Párrafos: 2. 

LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE AYUNTAMIENTOS RURALES

Entre los numerosos funcionarios que integran los distintos cuadros de la Administración Local, hay un grupo muy amplio, precisamente el más humilde, que ve transcurrir su vida entre dificultades y sacrificios, poco menos que olvidado de todos y, desde luego, preterido. Son los llamados "auxiliares administrativos de los Ayuntamientos rurales", es decir, de aqüeyos cuyo censo no excede los 8.000 habitantes, y que, diseminados por toda España,, constituyen un vasto sector, mucho más considerable de lo que a primera vista puede parecer, sobre cuyas espaldas gravita una labor nada liviana y sí muy trascendente para la vida nacional. En efecto, bajo la jefatura técnica del secretario municipal, a ellos compete la confección de toda clase de estadísticas—censo, demografía, escolaridad, viviendas; sanidad, etc.—con sus respectivos ficheros; la formación de padrones contributivos de la propiedad—rústica, urbana e industrial—; la conservación de caminos vecinales, la inspección agrícola, la lucha contra las plagas del campo; los libros-registro de especialidades diversas, la correspondencia con los organismos centrales y provinciales, y, en fin, la evacuación de informes de toda índole que las inquietudes o la simple curiosidad del vecindario suscitan sin cesar. Por otra parte, para obtener un empleo que tanto esfuerzo comporta, no sirve la influencia, sino la superación de unas pruebas mediante una oposición o un concurso de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de funcionarios de Administración Local.

Pues bien, la retribución que reciben, hoy por hoy, estos humildes empleados municipales, apenas alcanza el jornal medio de un bracero: 11.000 pesetas anuales, que se convierten en 12.100 cuando se han cumplido cinco años de servicio, más las mensualidades extraordinarias del 18 de julio y de Navidad. O> sea, 30,13 ó 33,15 pesetas diarias, a lo sumo, a todas luces insuficientes para cubrir las mínimas necesidades, no ya de una familia, sino de una persona sola. Y no se alegue que el coste de la vida en los pueblos es mucho más reducido que en las ciudades, pues si exceptuamos el capítulo de la vivienda —y las relativamente decorosas rentan entre doscientas y trescientas pesetas mensuales—, los artículos alimenticios, el vestido y el calzado tienen precios muy semejantes a los que rigen en las grandes urbes.

Otro dato significativo de lo que es la vida de tan olvidados funcionarios es el de que para sus atenciones médico-farmacéuticas sólo disponen, según el artículo 97 de su Reglamento, de los servicios que se otorgan a las personas incluidas en los padrones, de beneficencia.

No creemos necesario recargar más las tintas de este cuadro someramente expuesto. Lo dicho basta para comprender cuál es la situación real de estos abnegados españoles, y por ello hacemos punto, convencidos de que la Dirección General de Administración Local, debidamente informada de los hechos y con los asesoramientos que juzgue necesarios, tendrá ya en estudio este problema y tratará de resolverlo en la medida y con la premura que las circunstancias consientan.

 

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