Autor: González Seara, Luis. 
   Después de la crisis     
 
 Cambio 16.    11/11/1974.  Página: 19. Páginas: 1. Párrafos: 3. 

Después de la crisis

A juzgar por la rapidez de las crisis ministeriales, este país empieza a parecer

una nación occidental. En medio de una cacería puede enterarse del cese

cualquier ministro, y a la vuelta de cualquier viaje le pueden dar a uno

vacaciones políticas prolongadas. Marchamos, sin duda alguna, por la senda del

movimiento y del relevo, que contradice a quienes nos tildan de inmovilistas y

retardatarios. Sin embargo, convendría interpretar correctamente los últimos

relevos, porque se están produciendo, con tal motivo, explosiones de júbilo y

cantos triunfales en algunos medios y entre algunos personajes que deberían

refrenar un poco sus entusiasmos. El cese de Pío Cabanillas como ministro de

Información, y la dimisión de Antonio Barrera como ministro de Hacienda, son dos

hechos muy significativos que, en vez de entusiasmo, obligan a reflexión. Todos

los personajes y grupos retardatarios y cavernícolas que se habían empeñado en

descomunal batalla contra la política de apertura que preconizaban ambos

ministros, en vez de frotarse las manos de satisfacción por la victoria

conseguida, deberían ponerse en oración para evitar lo que se puede venir

encima. En primer lugar, porque el propio Presidente del Gobierno ha reafirmado

que seguirá la política de "apertura", tan bien servida por los ministros

desaparecidos, que son casi insustituibles, según sus propias palabras. Y, en

segundo, porque si eso no fuera así, es decir, si ahora volviéramos a la

política del cerrojazo y censura a ultranza, el conflicto que se generaría con

las actuales fuerzas dinámicas de la sociedad española podría conducir a

resultados imprevisibles y, tal vez, muy poco satisfactorios para quienes hoy se

muestran tan alegres. Ni las palabras del Presidente, ni la personalidad de los

nuevos ministros nombrados permiten tal victoriosa interpretación. Que los

ministros desaparecidos han sido sacrificados por el ataque de fuerzas ultras y

reaccionarias, parece evidente. Y ello debe quedar claro. Este país necesita que

se hagan diáfanas las cosas. Y lo mismo que se debe indicar que quienes forman

parte de un nuevo capitalismo generador de pingües beneficios, mediante públicos

y notorios negocios, no pueden andar por ahí hablando de revolución social, a

menos que su propósito sea el de provocar carcajadas, tampoco se debe andar

diciendo que Pío Cabanillas y Antonio Barrera se han ido "por conveniencias del

servicio". El país requiere que se cuenten los negocios de los revolucionarios

sociales, y que se señalen las razones del cese de los ministros. Y el país

necesita, igualmente, que individuos llamados a recibir en cualquier momento la

visita del juez de guardia no puedan andar por ahí impunemente con bravuconadas,

amenazas y descalificaciones. Ha llegado el momento de acabar con monsergas y

confusionismos y de poner a cada uno en su sitio.

Por supuesto, a quienes pueda afectar una información desenmascaradota les

vendría muy bien una censura informativa que dejara en la penumbra sus andanzas,

y es lógico que procuren presionar por todos los medios a su alcance para que se

silencien las noticias. Pero sería un despropósito que cualquier gobierno les

hiciera caso. Aparte del necesario compromiso moral que todo gobierno contrae

con sus administrados para que las cosas se clarifiquen, prestar oídos a quienes

aspiran a manipular la información y a coartar las libertades públicas para

poder medrar mejor en terrenos acotados, sería un error político gravé. Cuando,

al acusar a Luis XVI ante la Convención, Saint-Just decía que no se puede reinar

inocentemente, estaba enunciando un decisivo supuesto político. En política no

hay inocencia.

Puede haber estupidez, pero ésta no exime de culpas, y este hecho no conviene

olvidarlo nunca.

La política de apertura es lo que el país necesita y lo que el país quiere. Ya

es hora de acabar con los intentos de arrogarse la interpretación de la voluntad

popular, y toda clase de discursos y de arengas en ese sentido, por

troglodíticos que sean, no merecen el menor crédito. La voluntad popular se

expresa a través de los procedimientos democráticos y no necesita las

interpretaciones de nadie. En el caso de España, a juzgar por el sondeo de

opinión publicado en esta regísta, la mayoría de las respuestas (un 49 por 100 a

favor, frente a un 14 por 100 en contra) era partidaria de la política

aperturista del Presidente Arias. Y un porcentaje aún superior estimaba que esa

"apertura" debiera ampliarse. Ya sé que los sondeos de opinión no son la última

palabra para el conocimiento y la expresión de la voluntad popular, y en todos

los países democráticos después de los sondeos vienen las elecciones, que

indican la aceptación y la confianza que los distintos grupos políticos, o los

distintos programas de gobierno, tienen en la opinión pública. Aquí no hemos

tenido todavía ese contraste electoral, posterior al sondeo. Pero, mientras no

se realice, los resultados del sondeo ofrecen una´ confianza muy superior acerca

de lo que el país quiere que las proclamas vociferantes de quienes se erigen en

intérpretes de la voluntad popular sin avales de ningún tipo. Vamos, pues, a

dejar que el pueblo exprese su opinión y vamos a procurar que ejerza su

inalienable soberanía. Para lo cual no puede pararse el proceso de

democratización y de apertura que el programa del Gobierno tiene planteado. Y,

sobre todo, vamos ya a dejar de hablar de la guerra. Lo que necesitamos los

españoles es organizar una futura convivencia democrática, sin revanchismos ni

derechos de pernada, donde podamos caber todos y donde no vuelva a ser posible

una guerra civil. Los que se sientan con muchos impulsos bélicos pueden

alistarse como voluntarios para la colonización de Marte. Así, a lo mejor,

fundan allí un nuevo imperio y dan días de gloria al mundo.

LUIS GONZÁLEZ SEARA

 

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