Discurso de Arias en las Cortes     
 
 La Región.    29/01/1976.  Página: 22-26. Páginas: 5. Párrafos: 142. 

España

22 La Región

29 DE ENERO DE 1976

DISCURSO DE ARIAS EN LAS CORTES

MADRID, 28— Discurso del presidente del Gobierno, don Carlos Arias

Navarro, ante el pleno de las Cortes Españolas en su sesión del día 28 de enero

de 1976. Señores procuradores: Ocupo esta tribuna de nuevo y en un momento

político que, sin duda, será calificado como excepcional en la historia de

nuestra Patria. Quiero, por esta razón, que mis palabras respondan no tanto a la

expectación que el anuncio de este discurso haya podido suscitar, como

al deseo de que expresen con claridad y fidelidad mis inquietudes de

presidente, los propósitos que el Gobierno trata de servir y el programa que,

contemplando las actuales circunstancias, intenta articular coherentemente

nuestros proyectos.

ELOGIO DE RODRÍGUEZ DE VALCARCEL

Me importa afirmar que, si las declaraciones hechas hasta el momento pueden y

deben interpretarse en su propio contexto o como simples piezas de un conjunto

que solo examinado en su totalidad cobra sentido, es aquí en este foro de

profundas resonancias y ante los legítimos representantes del pueblo español,

donde el Gobierno ha de anunciar los rumbos del futuro acontecer político, para

haceros partícipes de nuestras preocupaciones y unirnos en una tarea que, cada

vez más, requerirá el concurso de todos. Sé muy bien que bajo la experta gufa de

Torcuato Fernández Miranda, nombre curtido en el servicio a España, el acierto

acompañará constantemente a vuestra entrega en el trabajo; como sabemos que

seguiréis contando con el ejemplo y la dedicación de Alejandro Rodríguez de

Valcárcel, quien durante seis años presidió las deliberaciones de esta Cámara y

se hizo merecedor de la admiración y respeto que yo hoy le testimonio

publicamente.

No es bueno sellar con el silencio los umbrales de una nueva etapa que, como la

presente, marca el transito entre dos tiempos, claramente diferenciados;

distintos, pero no distantes. Y el Gobierno, que es consciente de las

dificultades de la época en que vive, lo es igualmente de la necesidad de

ofrecer al país explicaciones y esclarecimientos. Tampoco conviene que el

silencio alimente artificiales climas de opinión, propiciados muchas veces desde

áreas excesivamente interesadas; es importante evitar, por el contrario, que

puedan confundirse las necesarias tomas de posición ante los nuevos problemas

con cualquier injustificada sensación de incertidumbre.

Por ello y porque los propósitos del Gobierno precisan del calor de vuestra

confianza y del contraste de vuestra autorizada opinión, he resuelto exponer

ante vosotros nuestras preocupaciones, como en una reflexión pronunciada en alta

voz y bajo la grave responsabilidad depositada sobre mis hombros.

Desde esta perspectiva voy a hablaros del legado que hemos recibido y que

tenemos que acrecentar ; de los datos objetivos sobre los que se asienta nuestra

confianza en el futuro; de la justicia y la libertad en un orden democrático;

del desarrollo Social y económico; de las fronteras entre lo licito y lo ilícito

en política; de la función reservada al Movimiento en esta hora y de otros

grandes temas que reclaman prioridad en su tratamiento.

FRANCO NOS LEGO UNA ESPAÑA DISTINTA

Podemos entregarnos hoy al ilusionado empeño de dibujar la imagen de nuestro

inmediato futuro, porque partimos de unos elevados niveles, alcanzados por

sacrificadas generaciones, bajo la larga rectoría de Francisco Franco, Caudillo

indiscutido e indiscutible de nuestro pueblo. El ejemplo de su figura

excepcional, que ha entrado en uno de los capítulos más brillantes de la

historia de España, y el legado d« su obra gigantesca, constituyen una exigencia

de Comportamiento en la lealtad y un condicionante para cualquier planteamiento,

con el que, quiérase o no, forzosa y venturosamente, habrá que contar. Su

mensaje final, de amor apasionado a España nos obliga a la reflexión, porque a

todos nos estrechaba Franco en un solo abrazo, convocándonos a perseverar en la

unidad y en la paz, premisa y consecuencia de los logros obtenidos y que ahora

nos corresponde conservar y mejorar.

Durante su mandato, el pais experimentó enormes transformaciones. Cambió de

estructura socioeconómica, al dar pasos irreversibles necia la industrialización

y el desarrollo Je los servicios; dej6 de ser una sociedad, mayoritariamente

rural, para convertirse en un país de predominio urbano; fueron liquidados la

subalimentación y e1 analfabetismo; quedó roto, en ambas direcciones nuestro

aislamiento con el exterior; Pero, sobre todo, fue recobrado el sentido de la

dignidad; quedaron sentadas las bases de una pacífica convivencia; y se cimentó

en la Monarquia, coronada en la persona de Su Majestad Don Juan Carlos I, nq ya

la esperanza sino la certeza de estar en el camino más seguro para recorrer esta

nueva etapa histórica.

ACERTADA Y EFICAZ SOLUCIÓN INSTITUCIONAL

Un largo proceso previsoramente establecido, preparado minuciosamente y

refrendado en dos ocasiones por el abrumador consenso de la opinión nacional, ha

dado una solución institucional a la irrepetible magistratura de Franco; Esta

solución, que enlaza con una tradición efímeramente interrumpida, es la de una

monarquía arbitral, sustancialmente análoga en su configuración la de algunos

países europeos que se distinguen por su alta cultura cívica y sosegado

desenvolvimientp político.

Conviene señalar, y ello es importante, que la triple legitimidad dé la Corona,

a la que el Rey aludía expresamente en su mensaje dirigido al pueblo español

desde esta Cámara en la ocasión reciente de su solemne proclamación, se sitúa

por encima de las contingencias de lo opinable, como base indestructible sobre

la que se asienta la arquitectura de nuestro orden constitucional. Una Monarquía

puramente plebiscitaria es la negación misma de la institución monárquica.

Del mismo modo hemos de advertir que el Rey, que actúa ejerciendo una función

moderadora como promotor de la justicia en su más amplia dimensión y como

servidor del pueblo, no es responsable de la acción específica de gobierno. Por

ello, no es lícito, descargar las obligaciones que libre y conscientemente hemos

asumido, ni llevar más allá de sus límites naturales la confianza de que hemos

sido investidos, evitando cualquier peligrosa confusión en el acierto o

desacierto de la propia gestión. La institución monárquica no se identifica con

los grupos políticos ni con los hombres que los representan, ni está sujeta a

sus vaivenes, pues, como fiel guardián de un depósito inalienable, personifica e

integra a todos los españoles en un consenso de concordia nacional.

Nuestras Leyes Fundamentales han regulado de forma plenamente satisfactoria la

institución, al conjugar acertada, mente la tradición con las experiencias

recientes. Quedó acreditada totalmente su eficacia para resolver los problemas

sucesorios al fallecer el Generalisimo. Todo ello no impide, sino más bien

postula, la necesidad de introducir algunas modificaciones, muy limitadas, pero

de indudable interés.

Los treinta años. en que está hoy establecida la mayoría de edad del Rey

comportan una exigencia excesiva que parece aconsejable reducir, siguiendo el

precedente déla costumbre tradicional. Si antaño, para evitar dilatados periodos

de interregno o de regencia, se estableció la mayoría de edad del Rey en los 16,

los 14 e incluso los 12 años, en una época en que la norma común, con arreglo a

la tradición romana, eran los veinticinco años, no cabe duda de que hoy debe ser

lijada por debajo de la señalada con carácter general en el Código Civil, sobre

todo teniendo en cuenta Tas numerosas asistencias de consejo y otras ayudas de

que el Rey disfruta en el ejercicio de su función.

Una monarquía puramente plebiscitaria es la negación misma de la institución

monárquica

Algo parecido cabe decir en relación con los sistemas de regencia y tutela de

las personas reales. Pasado el momento en el cual no estaba decidida

concretamente la sucesión de Franco, ni señaladas las circunstancias en que

habría de producirse, todo aconseja volver a un sistema más normal de atender a

estas cuestiones trascendentales, para la plena regulación de la institución

monárquica.

La regencia se concibe como una institución no supletoria de la

Corona, sino como guardián de los derechos sucesorios y símbolo de la

continuidad en la Jefatura del Estado. Por ello parece oportuno volver a la

tradición de que recaiga en el ascendiente o pariente mas próximo sin perjuicio

de que, en su defecto, las Cortes puedan decidir lo más conveniente a propuesta

del Gobierno y con intervención del Consejo del Reino.

Con mayor razón la tutela se concibe como una institución familiar que faculta

especialmente al Rey para designar testamentariamente a la persona más adecuada,

sin perjuicio de que, en defecto de las normas usuales, puedan proveerlas

Cortes. A propuesta del Consejo del Reino, o en caso de incapacidad, la tutela

cambia de signo y se orienta a preparar del modo más eficaz y correcto la

sucesión.

Finalmente habría de reconsiderarse en la misma Ley de Sucesión algún otro

precepto que tieae su filiación en la Ley Sálica y carece de clara justificación

en el país de Isabel la Católica y de Blanca de Navarra, y en un tiempo de plena

incorporación de la mujer a todas las actividades de la vida social.

Con estas disposiciones quedaría completa, homogénea y definitivamente regulada

la institución monárquica, que tan acertadamente encarna y conduce en los

primeros pasos de su reinstauración, Don Juan Carlos de Borbón. El ha sabido

ganar, en torno a su persona, la confianza de un pueblo, con el que se encuentra

identificado.

CLARIDAD EN LOS PROPÓSITOS

La determinación de la política nacional es función primordial y exclusiva del

Gobierno, reconocida en nuestras Leyes Fundamentales como uno de esos derechos-

deberes que no son compartibles ni delegables. Si la claridad ha sido, en todo

momento, una de las constantes de mi actuación política, creo que, en las

actuales circunstancias, estoy especialmente obligado a ella, tanto más cuanto

que nos encontramos, de lleno, insertos, en ese gran episodio histórico, al que

aludía el doce de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, y que consiste en

desplazar la responsabilidad de Franco a toda la nación, a sus políticos, a sus

gobernantes, a sus instituciones y a sus ciudadanos. Por ello, no debe quedar

ninguna duda acerca de nuestro punto de partida, ni de la meta a la que nos

dirigimos, ni de los senderos que hemos de transitar.

No quiero ni debo pasar por alto un estado de opinión que, con algunos juicios

tan ligeros como osados, se ha pretendido inventar en torno a nuestro ultimo

pasado político. Es evidente que se intenta borrarlo; que se trata de hacer

olvidar nuestra más reciente historia; y que, para ello, se ha creado un

ambiente de confusión y desorientación más aparente y ruidoso que real y

profundo, ofreciendo, paradójicamente y con el señuelo de la novedad, volver a

un imposible e indeseable punto cero.

EL MOVIMIENTO NACIONAL, PACTO SOCIAL BÁSICO

En los orígenes del sistema español que nacía indudablemente can afán de futuro

y no como mera solución transitoria, se pusieron ¡as bases para que el quehacer

político consistiese siempre en una torea perfectiva, abierta al horizonte que

cada tiempo fuera descubriendo, dispuesta a incorporar las voces plurales de la

patria, a la construcción de la convivencia nacional.

Ese quehacer colectivo, ese afán renovador, tomó el nombre de Movimiento

nacional, entendido, desde su propia fundación, como cauce patrticipativo en el

proyecto común y como pacto social básico. Tal concepción fue incorporada a la

legalidad constitucional que, cabalmente, interpreta el Movimiento Nacional como

la comunión de los españoles en los principios sancionados por la Ley de 17 dé

mayo de 1958. Esta es, desprovista de todo subjetivismo, la verdadera

significación del Movimiento: empresa y resultado del esfuerzo común.

Al servicio de esta concepción, progresivamente lograda y progresivamente

enriquecida por la aportación de sucesivas generaciones de españoles, el

Movimiento dispone de unos órganos institucionales que solo justificarán su

existencia en cuanto supongan un conjunto funcional que obre desde la sociedad y

para la sociedad, en favor de una mejor integración de las particulares

corrientes políticas para el logro de un proyecto sugestivo de convivencia

patria.

En este orden de cosas, el conjunto organizativo del Movimiento está

radicalmente obligado a buscar el modo más racional de servir las necesidades y

los anhelos de cuantos están en la esfera de sus competencias delegadas y a

presentar a los órganos del Estado, por medio de sús vías representativas, las

aspiraciones del pueblo español. En este sentido ni será ahorrado ningún

esfuerzo, ni ninguna restricción, puede ser admitida.

HACIA UNA PLENITUD DEMOCRÁTICA

Ante nosotros, como gobernantes, está muy presente la firme voluntad de un

pueblo, que no teleraría ni la estéril contemplación de lo conseguido, en una

sociedad dinámica integrada en un mundo fundamentalmente cambiante, ni menos aún

la aventura suicida de dinamitar los cimientos de un orden tan dolorosamente

alcanzado. Por esta, precisamente por esto, tenemos que acertar con ese punto

medio que nos permita sintonizar can las aspiraciones del momento sin poner en

riesgo los valores fundamentales.

Nuestra actitud, firmemente determinada, es la de consolidar todo lo bueno que

tenemos; de no rechazar nada que pueda perfecccionarío o mejorarlo; de abrirse a

toda dase de iniciativas y sugestiones; de promover una serie de reformas en el

sentido de un avance controlado y no de un cambio improvisado e irresponsable;

de moverse, en definitiva, sin prisa y sin pausa, hacia lo que es el destino

indudable de nuestro gran país: una sociedad más homogénea, con menos

diferencias en sus grupos sociales, cada vez más próxima a los países más

prósperos y educados del mundo occidental cada vez más rica, libre y tolerante

y, en definitiva, más democrática.

Legítimas y conocidas razones históricas, apoyadas por concretas circunstancias,

sociales, aconsejaron en los últimos años una prudente administración de la

plenitud democrática. Hoy en día, se habla insistentemente de la necesidad de

poner a disposición del país fórmulas de limpia y clara participación.

La determinación de la política nacional es función primordial y exclusiva del

Gobierno

Pues bien, quiero decir que el Gobierno siente también esos anhelos hasta el

punto que ninguna preocupación anima con más intensidad sus afanes. Son otras

ciertamente las circunstancias sociales del pais, que pueden parangonarse con

las de cualquier otra, nación industrial del mundo occidental. Con tal

convencimiento caminamos hada una alternativa democrática con serena decisión, y

no permitiremos que la impaciencia de unos o el recelo de otros, precipiten o

retarden —en definitiva, frustren— su lógico curso.

UNA "DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

El Gobierno habló, en su declaración de intenciones, de una "democracia

española". Ponemos énfasis en ambas palabras. Demacrada, sin paliativos ni

restricciones; pero española, no copiada, desarrollada por nosotros mismos, a

partir de nuestras necesidades, experiencias y modo de ser. Así ocurre en

nuestro mundo más próximo, pues siendo auténticas democracias fas de Europa

occidental, ninguna es copia de otra y todas tienen singularidades nacionales.

Democracia coronada, en el sentido que acabamos de exponer, al diferimos a la

institución monárquica.

Democracia representativa, combinando todas las formas de representacion, la

territorial y las de carácter corporativo para lograr la ordenación más perfecta

de nuestra varía y rica realidad social

Democracia social, en fin, y no puramente formal, sino integrada en los

verdaderos problemas del hombre, en su vida real, en su casa y en su familia; en

su barriada y en su lugar de trabajo; en su municipio, su provincia y su región;

en sus necesidades auténticas. Queremos que su vida esté protegida por la ley y

por un sistema económico y social eficiente y justo, para que esté libre, no

solo de abusos, sino también de la miseria, del paro y déla orfandad social.

DEMOCRACIA BAJO EL IMPERIO DE LA LEY

Democracia, sí; pero, democracia ¿para quién y pata qué? Esta es la pregunta que

se hace el país, un poco receloso de los términos grandilocuentes y de loS

conceptos que pueden encerrar segundas intenciones.

Por ello, es necesario no formular afirmaciones generalizantes, propiciats para

la discusión interpretativa, sino alcanzar los mayores grados de explicitación.

Digámoslo claro. Cuando, desde el instante mismo de la proclamación del Rey, se

ha forzado un clima de opinión proclive a la concesión de un nuevo indulto o

incluso de una amnistía, se han presentado indiscriminados en un mismo paquete,

sentimientos generosos de clemencia, con otros que, amparados con la etiqueta de

la reconciliación, pretendían forzar, por vía de hecho, la frontera entre lo

lícito y lo ilícito en política. Vana pretensión la de querer resolver de forma

coactiva, indirecta y contemplando casos particulares, lo que requiere una

afirmación categórica, directa y generalizada.

Sepan todos que, con anterioridad al indulto concedido a finales del pasado año,

el número de reclusos en las cárceles españolas representaba la mitad del que

había en mjunio de mil novecientos treinta y seis, un mes antes de nuestra

guerra, cuando el censo de la población total era inferior en un quinto al

actual.

Sepan igualmente que tras el decreto de indulto, ese número ha disminuido de

forma notable, y que, no obstante, el Gobierno continua el estudia de medidas

complementarias que permitan una reducción, aun mayor, de una población penal

que es la más baja de nuestra historia.

Pero que nadie se engañe, al respecto, a pesar de cierta propaganda intencionada

que pretende explotar la generosidad de las gentes de buena voluntad: h ay cosas

que ninguna sociedad que quiera subsistir, en Orden y en paz, puede aceptar,

olvidar o tolerar. Ni los que usan la violencia terrorista para defender sus

causas; ni los que promueven la disolución social, en todas las formas del

anarquismo; ni los que atentan a la sagrada unidad de la patria, en una u otra

forma de separatismo; ni aquellos que aspiran, con la ayuda exterior y con

métodos sin escrúpulos a establecer el comunismo tbtalitario y la dictadura de

un partido —cualquiera que sea la careta con que se presenten— pueden esperar

que se les deje usar de las mismas libertades que ellos desean destruir para

siempre Apropiándome una expresión de fortuna, hoy en boga, no hay que confundir

el respeto al adversario con el desarme ante el enemigo.

Dicho esto, os anuncio que será objeto de acción inmediata por el gobierno, para

su envió a estas cortes, un proyecto de Ley que modifique los artículos 172 a

174 y concordantes del Código Penal, en el que se revisará, asimismo, la materia

circunstancialmente afectada por la publicación del decreto-ley sobre prevención

del terrorismo.

Asi pues, democracia para todos los españoles, para todos cuantos quieran

aceptar unas reglas de convivencia, elementales pero necesarias y democracia

para vivir bajo el imperio de la Ley en una exacta correlación de derechos y

deberes; en un orden que aspiramos que sea más justo cada dfa; en una sociedad

que sea, cada vez, más acosadora, sin esperar milagros, con conciencia de las

limitaciones, pero con las garantías que ofrece un Estado de derecho y, por ello

precisamente, con una autoridad, reforzada hasta donde sea preciso y

ejemplarmente actuada por las fuerzas de orden público y de seguridad, que haga

imposible todos los factores de disolución.

DEFENSA DEL ESTADO

Quiero dejar bien claro, ante el clima de agitación que viene padeciendo el país

en los últimos días, que el Gobierno no se ha visto sorprendido. Conocía

perfectamente los psopósitos, los planes, las consignas y baste el origen de los

recursos arbitrados, en los angustiosos días de la última enfermedad del

Caudillo, para una maniobra, tan torpe como Inútil, que no ha servido más que

para desacreditar a, quienes desde el despecho y la revancha, no encuentran en

nuestro pueblo otro eco que el desprecio. Pero la tolerancia tiene un límite y

la generosidad una medida. Que nadie lo olvide; el Gobierno, que ha seguido en

una tensa expectativa el curso de los acontecimientos, no va a perder los

nervios, pero tampoco va a dejar jirones de_ su autoridad ante un reto tan

ridiculamente desproporcionado. Y no vacilará en aplicar las medidas, todas las

medidas de que dispone, con la firmeza que sea necesaria para mantener el orden

y la tranquilidad ciudadana bajo el único imperio que reconoce, el imperio de la

ley.

Sin otro afán que el de consolidar las nuevas fronteras de libertad y de

justicia en el ámbito de la autoridad del Estado, absolutamente imprescindible

en un orden social democrático, digno de tal nombre, el Gobierno reforzara los

medios de defensa del Estado, legales y de toda índoles, en la línea en que se

mueven los países democráticos más serios, sancionando con todo rigor, las

conductas antisociales y violentas, dentro del más escrupuloso respeto a la

independencia de la función judicial y a los derechos individuales.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS REGIONES

Uno de los párrafos más significativos del testamento político de Franco y una

de las alusiones más sugestivas del primer mensaje de la Corona han coincidido

en señalarnos el hecho regional. Nuestro propósito es que todas las regiones de

España dispongan de una organización institucional que les permita atender mejor

a sus necesidades específicas, conservar sus tradiciones y peculiaridades que

enriquecen el conjunto nacional y así servir mejor a la unidad y grandeza de la

patria.

Estimamos que la Idealización geográfica y la naturaleza de las comunicaciones o

el carácter insular del territorio deben tener la consideración más adecuada;

que el gran crecimiento de la Administración, en todos sus niveles, aconseja

recurrir a fórmulas de descentralización y desconcentración; reconocemos, en

fin, que el cultivo y defensa de la tradición y patrimonio cultural y específico

de cada región histórica, constituyen un deber del Gobierno. Pero, al mismo

tiempo, estamos Convencidos de la necesidad de un Estado unitario y fuerte. No

debemos engañarnos: en la competencia universal solo se salvan los fuertes.

La defensa, la seguridad interior, el mantenimiento de un alto nivel económico,

la creación de un entorno de ciencia e investigación, y muchas otras funciones,

solo pueden cumplirse en grandes unidades con

«levadas inversiones y a partir de ingentes esfuerzos colectivos.

España, heredera de Una gran tradición militar y política, realizadora de una

gran obra en todos los continentes y madre de una lengua universal en la que se

expresaron hombres de todas las regiones, desde Boscán a Unamuno, ha conservado

y estimulado instituciones tan originales como nuestros derechos forales,hoy en

pleno florecimiento, o el régimen paccionado del antiguo Reino dé Navarra, o la

fórmula especial que desde hace más de un siglo funciona en el archipiélago

canario.

Precisamente porque respeta profundamente la personalidad varia de las regiones

de España, el Gobierno no quiere proponer aquí unas estructuras organizativas

determinadas y uniformes. Entiende que deben tener la iniciativa las propias

regiones, comenzando a utilizarse las vias de las mancomunidades recientemente

incorporadas a nuestra legislación. Solo si estas estructuras regionales surgen

así, en función de necesidades concretas y con carácter voluntario, tendremos la

seguridad de que el regionalismo, dentro del Estado español, será algo serio y

enraizado en el pueblo.

Por último, sabido es que está trabajando seriamente la comisión que estudia un

régimen especial para Viczcaya y Guipúzcoa y que acaba de ser nombrada otra para

la provincia de Barcelona. Esperemos que surjan fórmulas y experiencias

practicas que luego sirvan de modelo. Esperemos también que quede perfectamente

claro este principio: regionalismo y autonomía, no son pasos hacia ninguna forma

de nacionalismo ni menos de separatismos. Son, al contrario, medios realistas,

para que todos participemos, desde nuestras propias peculiaridades, en la

suprema unidad de España. Debemos unir y sumar, no restar o destruir. Perderán,

pues, el .tiempo quienes propugnen la desunión y los que quieran mirar hacia

atrás, cuando es en un futuro fecundo donde podremos encontrarnos.

UNA CONSTITUCIÓN ABIERTA Y DINÁMICA

El marco democrático de nuestra convivencia está definido de un modo a la vez

firme y flexible, en nuestras Leyes Fundamentales. Con previsora prudencia, el

Genexalfsimo Franco comprendió que

el sistema seguido a lo largo del siglo XIX y al final del primer tercio del

actual, con no menos de catorce procesos constituyentes, no había dado

resultados positivos. De 1808 a 1931 una larga serie de constituciones y otros

imnumerables intentos de fijar definitivamente el orden institucional, dieron

por fruto mucha retórica, pero muy escasos resultados. prácticos.

Por eso, estamos operando ahora con. arreglo a un principio diferente, el de una

constitución abierta y dinámica, sólida en sus fundamentos y capaz de constante

adaptación a las nuevas circunstancias y a las aspiraciones del pueblo español.

Entendemos que este sistema ha hecho ya sus pruebas, frente a los difíciles

desafíos del mundo en que vivimos. Si se considera que la primera de nuestras

Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, se aprobó en mil novecientos treinta

y ocho —modificándose parcialmente treinta años más tarde— se

comprenderá lo fácil que hubiera sido cometer errores, si se hubiera dado una

orientación general y definitiva a nuestras formas políticas, tanto en los años

cuarenta como en las décadas posteriores.

En este importante aspecto de la vida politica, el Gobierno huirá del

inmovilismo y de la frivolidad; de la

rigidez y de la aventura. Intentará mejoras, pero no aceptará el desbordamiento

3e nuestro orden de convivencia. Procederá con decisión y tacto, estableciendo

un diálogo permanente con el pueblo y actuando ae modo que las instituciones

dispongan de los medios necesarios para su constante perfeccionamiento.

Vivimos Un tiempo de cambios acelerados en todos los órdenes, que nos aconseja

proseguir, con prudencia, la adaptación de lo que tenemos, a nuestra cqncreta

situación histórica, demostrando a la vez continuidad y espíritu de reforma,

NUEVAS FRONTERAS DE LIBERTAD Y JUSTICIA

El Gobierno, en su declaración de intenciones, del pasado quince de diciembre,

señaló que consideraría, con especial prioridad, !a ampliación de las libertades

y derechos ciudadanos. Fijó su atención, de modo particular, en el derecho de

libre asociación y en la reforma délas instituciones representativas. Creo

obligadas, por consiguiente, algunas reflexiones sobre temas, de tan evidente

trascendencia.

Cuando en diciembre de mil novecientos setenta y cuatro y desde las cámaras de

Televisión Española presenté al país el proyecto del estatuto del derecho de

asociación política, advertí que el paso que se iba a dar parecería a algunos

excesivamente corto y a otros se les antojaría demasiado largo. Estábamos

tratando de vertebrar y hacer solidarios a los españoles en torno a los

problemas colectivos y, por ello, subrayaba que la experiencia nos iría

aconsejando las correcciones o modificaciones que habrían de realizarse con el

futuro.

Con la sinceridad que os debo y que es absolutamente necesaria para enfocar un

problema que se pretende resolver, hay que convenir que hasta ahora la respuesta

a la oferta asociativa ha resultado limitadamente satisfactoria. Distanciados ya

que la promulgación del estatuto, y disponiendo por tanto, de una perspectiva

suficiente, podemos señalar, a parte de insuficiencias y excesivos

condicionamientos del propio texto, esa confiada aceptación de la gran mayoría

del pueblo español, acostumbrado a una larga experiencia política bajo fórmulas

de adhesión, aunque bien es notorio que en ocasiones de excepcional

trascendencia, requerido para que manifestara su voluntad, respondió

plebiscitariamente. Por esta razón, merecen especial reconocimiento quienes,

rechazada la tentación de la pereza, se han situado exclusivamente por su propia

iniciativa y su intuición de futuro, en una posición má ventajosa para canalizar

las aspiraciones del pueblo español.

Se bien que, en este momento de mi discurso, la expectación de algunos estará

alcanzando su máximo nivel. Esperan, sin duda, comprobar si con un más o menos

hábil juego dialéctico, eludo el término de los partidos políticos, o si, por el

contrario, al utilizarlo, pongo en sus manos un arma con capacidad para sembrar

discordia y desunión. No seré tan ingenuo de tenderme a mí mismo una trampa en

la que

Consolidar todo lo bueno que tenemos; no rechazar nada que pueda perfeccionarlo

o mejorarlo

"Democracia española", democracia sin paliativos ni restricciones; pero

española, no copiada

El Gobierno reforzará los medios de defensa del Estado, legales y de toda índole

Estamos convencidos de la necesidad de un estado unitario y fuerte forzosamente

habría de caer. No temo tanto a las palabras sinceras como a su fácil

traducción, o a su irresponsable interpretación. Tampoco me importa anticipar,

sino que quiero hacerlo especialmente, que persuadidos de la insuficiencia de

las normas asociativas, por su escaso arraigo en la realidad en que deben

insertarse, no tendremos ningún escrúpulo en reconsiderarlas.

E! Gobierno desea abrir los cauces de la participación a todas las tendencias de

la sociedad española, que sintonicen con los principios fundamentales de nuestro

. ordenamiento, constitucional, colocando

altas barreras tan solo para aquellas iniciativas, que, en si mismas, lleven los

gérmenes de su autoexclusión.

Pretendemos llegar hasta las más avanzadas metas en la conquista de la justicia

y la libertad. Ahora bien, la libertad puede convertirse en anarquía y conducir

a la desintegración de la comunidad, si el sistema social, que pretende ser

solidario, no se institucionaliza por la via plural de un fecundo asociacionismo

político.

Para el desarrollo de la libertad, incluidas las libertades formales, es preciso

recorrer el camino del asociacionismo. Las libertades ciudadanas encuentran en

él su apoyo más firme y su abrigo más eficaz, porque al impedirla concentración

de poder en el Estado y ¡a hegemonía de los grupos de presión evita la

desesperacion que el sentimiento de aislamiento personal engendra en la

sociedad. Por el contrarío, gracias al asociacionismo es posible conseguir que

todos dispongan del máximo de oportunidades. En política, tan peligroso y

esterilizador como el aislamiento es la división y atomización de los grupos

implicados seriamente en el juego democrático, y la imposición de aquellos

sectores que, amparándose en el derecho asociativo, persiguen abierta o

solapadamente objetivos disgregadores déla patria, o, totalitariamente de la

sociedad.

Esos peligros pueden ser oviados con una renovada ley electoral que será objeto

de nuestra inmediata y preferente atención.

DOS CÁMARAS ESPECIALIZADAS Y COLEGISLADORAS

Voy a referirme ahora a las instituciones representativas. Las Cortes Españolas,

creadas en mil novecientos cuarenta y dos, y cuya Ley constitutiva y reglamento

han sido varías veces modificados, han superado, con creces, un cuarto de siglo

de ejemplar desarrollo, funcionamiento eficaz y muy importantes servicios a la

nación. Enriquecidas; en el transcurso del tiempo, las diversas representaciones

que confluyen en ellas, están hoy, realmente presentes, todos los elementos

necesarios, lo mismo de representación territorial que de base orgánica o

corporativa. Creemos que ha llegado el momento de intentar una mayor

homogeneidad con la organización mas frecuente de los cuerpos legisladores en la

mayoría de los países, singularmente europeos.

Por otra parte, el Consejo Nacional, como representación colegiada del

Movimiento, custodio y promotor de la vida pública desde la lealtad a unos

ideales imperecederos que ha servido en todo momento, ha cubierto, con dignidad

y eficacia, una de las más fecundas etapas de nuestra historia, marcando rumbos

al pensamiento político. Su composición escogida y su elevada misión tal vez

aconsejen, inte el reto de un tiempo que se presenta con caracteres diversos al

que hemos vivido, descansando en el hombro seguro de quien fue creador del

Movimiento, ampliar su base y remodelar sus funciones, implicándole de un modo

operativo, en la grave y suprema responsabilidad de participar en la elaboración

de nuestro ordenamiento normativo de rango superior.

De este u otro modo, e introduciendo las necesarias reformas, debe irse a la

configuración de dos Cámaras

especializadas y colegisladoras.. Así, nos conformaríamos al criterio seguido

por la mayoría de los países que tienen legislaturas de carácter bicameral, y

también a la tradición de la Monarquía constitucional en España, que siempre

funcionó con una Cámara de Diputados y un Senado. Recordemos que aquella

tradición fue rota por las dos Repúblicas, con los resultados que se conocen.

El sistema bicameral es particularmente útil en períodos de reformas, justamente

porque permite un análisis más profundo, una reflexión garantizada y un

complemento de puntos de vista, conjugando todas las representaciones previstas

en las leyes.

Ambas Cámaras serían iguales en derechos, sin perjuicio de que, según una vieja

tradición parlamentaria, los temas económicos y presupuestarios debieran

iniciarse previamente en la Cámara Baja. Una Ley Orgánica, finalmente, regularía

los relaciones entre los cuerpos colegisladores, para su mejor cooperación,

estableciendo los trámites oportunos para resolver las eventuales diferencias de

criterio.

PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

Reconocemos que están insuficientemente regulados los derechos de reunión y

manifestación, piedra angular del edificio de libertades concretas en que ha de

asentarse todo sistema jurídico-político constituido democráticamente. Este

hecho, por implicar un infusto pesimismo sobre la madurez y preparación de

nuestro pueblo, puede entorpecer la constitución de una paz social y armónica.

La mesura y la prudencia deben orientar el proceso de innovación y adecuación

que pretendemos y que no será posible, si no se afronta con sinceridad y sano

talante democrático el necesario desarrollo normativo del artículo dieciseis del

Fu ero de los Españoles. Parece preciso derogar la orden de veinte de julio de

mil novecientos treinta y nueve, adaptar a las nuevas realidades nacionales la

Ley de 1880 y concordar, con esta regulación, aquellas otras disposiciones que

puedan verse afectadas, por este nuevo marco normativo.

Con este fin, el Gobierno se ha propuesto remitir a las Cortes un proyecto de

ley sobre la materia.

UNIDAD JURISDICCIONAL

Quedaría incompleto cuanto llevamos dicho sin una especifica alusión a la

función jurisdiccional.

La Ley Orgánica del Estado consagra la completa independencia de la justicia y_

le atribuye, en exclusiva, ¡a función jurisdiccional, estableciendo solamente

dos jurisdicciones especiales, la militar y la eclesiástica. Pues bien,

considero que una y otra, por convicción, y por exigencia de las instituciones

respectivas, aspiran a enmarcarse en los necesarios y estrictos límites que la

peculiaridad de su objeto demanda, lo cual supone que, en lo demás, debe

respetarse el fecundo principio de la unidad jurisdiccional.

LA HORA DE LA REFORMA

Creemos que en la virtualidad y conveniencia de la reforma. Entendemos que

existen motivos suficientes para abordarla y deseamos realizarla en el más breve

plazo, de acuerdo con un calendario de prioridades y según criterios, de

racionalidad política, dentro del plazo de la prorroga de la legislatura, que se

estima suficiente aplicándonos todos con calor a la tarea. Razones formales,

pero sobre todo como habéis visto, razones de fondo obligan a dar respuesta a

una necesidad de acomodación y perfeccionamiento, generalmente sentida y

distante de cualquier afán injustificadamente constituyente. El país posee una

legalidad constitucional que contiene los mecanismos necesarios para acometer

cualquier re forma que la prudencia aconseje y que el pueblo español demande.

Esta es la hora.

Señores procuradores: como integrantes de la última legislatura de Franco,

habéis recibido el alto honor de ser los albaceas de su memoria y el excepcional

privilegio de hacer operativo el mandato expresado en su último mensaje de forma

que no pueda perderse en el recuerdo, sino que permanezca vivo en nuestro

pueblo.

Rechazado el riesgo de una interpretación revisionista de la reforma, os

corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco

hubiera deseado, sincronizándolas con las exigencias de esta etapa histórica.

Tan importante tarea significa un gran honor, pero también una gran

responsabilidad.

Estoy seguro de que estas razones han influido poderosamente en la decisión del

Rey, cuando resolvió

prorrogar esta legislatura y estoy absolutamente convencido de que todos

vosotros, que no ignoráis que los enemigos de España están alertas, sabréis

deponer, en este empeño, toda mira personal ante ¡os supremos intereses de la

patria.

CUMPLIMOS CON HONOR NUESTRA MISIÓN EN EL SAHARA

La reciente ley sobre descolonización del Sahara, establece que el Gobierno

rendirá a las Cortes un informe específico, lógicamente cuando el proceso haya

sido concluido. Sin embargo, es mi propósito adelantaros las grandes líneas de

la política seguida en aquel territorio, en el fiel del doble compromiso de

satisfacer las aspiraciones de la población autóctona y cumplir las resoluciones

de las Naciones Unidas.

Hasta mil novecientos setenta y cuatro, nuestras acciones se encaminaban

claramente a favor de la, autodeterminación, mediante un referendum auspiciado

por la ONU. Agudizadas las tensiones, la solución final quedó demorada, al

instar la ONU a España a que aplazase el referendum hasta que el Tribunal

Internacional de Justicia emitiera el dictamen, solicitado por Marruecos, sobre

la condición jurídica del territorio en el momento de la colonización.

El riesgo que entrañaban estas circunstancias para una pacífica conclusión de

nuestro mandato, justificó la declaración del Gobierno, de mayo de mil

novecientos setenta y cinco. Entonces se manifestó el firme propósito de

transferir la Administración en el menor plazo posible. Se advirtió también que

la transmisión sería adelantada, previa advertencia a las Naciones Unidas, sí,

por causas ajenas a nuestra voluntad se veía comprometida la presencia española.

La precipitada evolución de los acontecimientos en el interior del territorio,

aconsejó al Gobierno intentar, siguiendo la recomendación de la ONU eun

entendimiento con Jas partes interesadas. Después de largas conversaciones, fue

logrado el acuerdo de Madrid, de catorce de noviembre pasado, del que la propia

organización mundial tomó nota en una de sus resoluciones. En el texto del

acuerdo, reafirmamos la decisión de respetar los deseos del pueblo saharaui, a

través de la Yemaa y descolonizar el territorio, poniendo fin a nuestra

presencia y responsabilidades, antes del próximo veintiocho de febrero, mediante

la constitución de una administración interina a la que se transmitirían los

poderes y en la que participarían Marruecos y Mauritania con la colaboración de

la asamblea dsaharaui. Asf se ha efectuado, y el pasado día doce salió del

Sahara, el último soldado español, arriándose con honor nuestra bandera. Estos

son datos ciertos; no verdades a medias o especulaciones.

Es obligado destacar que este difícil proceso ha sido posible por la eficaz

actuación- de nuestras fuerzas armadas que han cumplido su trascendental misión

con ejemplar sentido de responsabiljdad y el más elevado grado de disciplina,

preparación y patriotismo, vibrantemente reafirmados con ocasión de la histórica

jomada compartida allí con ellas por quien hoy es nuestro primer soldado.

Pero, cumplidos todos nuestros compromisos y agotadas todas nuestras,

responsabilidades en el Sahra, no podemos olvidar que los vínculos espirituales

contraidos con aquel territorio y con su población obligan a mucho. Es- nuestra

información, una vez superada la crisis, procurar, por vias diplomáticas, y de

cooperación, soluciones que favorezcan Ja paz, la estabilidad y el equilibrio en

una región que para España no puede ser indiferente.

EL EJEMPLO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Al hilo de la exposición anterior hemos hecho una referencia obligada a las

fuerzas,armadas, ejemplo de patriotismo y de virtudes, salvaguardia de la

independencia y de la unidad de la patria y del respeto al orden institucional.

Es consciente el Gobierno de la necesaria renovación de su potencia] operativo,

demorada hasta ahora en beneficio de otros sectores nacionales, paras alcanzar

en la medida que nos permita nuestra situación económica, los medios y eficacia

proporcionados a la presencia que a España corresponde, por imperativo de la

historia y de su presente, en el mundo de hoy.

A este propósito han de responder la actualización orgánica y el planteamiento

de la política de defensa nacional, afectada por los cambios geoestratégicos

producidos y por las circunstancias geopolíticas del futuro previsible.

Y ello, incorporando plenamente al personal militar a los avances sociales

alcanzados, en condiciones adaptadas a las exigencias de la vida castrense, de

plena e ilusionada dedicación que no tiene otro norte que los supremos intereses

de la patria.

PROPÓSITOS DE ACTIVACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR

La política, exterior de una nación no puede ser disociada dq la interior y

nuestra voluntad es la de acomodar una y otra, en un conjunto armónico,

integrado y realista. Dentro de las coordenadas de defensa de nuestra soberania

nacional que representan los intereses nacionales permanentes, nos hallamos

situados en un contexto internacional en el que están produciéndose profundas

transformaciones. La interdependencia y la-cooperación internacional son.

realidades indiscutibles que alcanzan y determinan la política de las naciones

más poderosas. El aislamiento es una auténtica amenaza para la supervivencia.

Por ello, la plena normalización de relaciones es algo menos que un desiderátum,

pero también algo mas que una simple cuestión de oportunismo.

En el plano regional de nuestro continente, el Gobierno reconociendo que el

proceso de integración europea constituye un hecho fundamental, buscará con

ritmo firme y gradual soluciones mutuas y aceptables que faciliten la plena

integración de .España en esa realidad.

En el momento actual no tenemos situaciones conflictivas que hicieran pensar en

la necesidad de la utilización de la fuerzza bélica; pero en el contexto de la

civilización occidental, amenazada, se están considerando las alternativas

posibles con la Organización de] Tratado del Atlántico Norte, con el

convencimiento de que la decisión que adopte deberá contar con un análisis

previo de los compromisos que nuestra eventual participacin en los esquemas de

dicha Alianza traeria consigo.— Por otra parte, queremos que la realidad

doméstica y la acción exterior de nuestro país vayan progresivamente confirmando

nuestra pertenencia a] mundo de ideas que encierra el adjetivo "occidental".

Durante mas de veinte años, a través de nuestros acuerdos bilaterales con

Estados Unidos, hemos participado en esquemas defensivos y militares de ese

mundo occidental, en condiciones que no han reflejado debidamente una adecuada

reciprocidad de derechos y obligaciones de las respectivas entidades soberanas.

El gobierno, de común acuerdo con los Estados Unidos de América, ha obtenido una

más satisfactoria definición para tales realizaciones de manera que nuestra

aportación se ve acompañada por el debido respeto a los intereses nacionales.

España, vinculada con la gran comunidad de naciones que comparten nuestra lengua

y nuestra cultura y en cuyo torrente demográfico late el pulso de nuestra sangre

desarrollara hacia ellas, relaciones afectivas y profundas, sin innecesarios

excesos verbales, en un clima de cooperación fructífero y prometedor.

Como país mediterráneo no puede olvidar sus largas y estrechas relaciones con

los paises árabes, con quienes desea mantener y reforzar un intercambio

económico y técnico, que sea beneficioso para todos.

Antes de concluir en este orden de ideas, quisiera reiterar aquí, la voluntad

decidida del Gobierno, de restaurar la integridad del suelo dé la patria,

amparando bajo nuestra bandera, esa parte entrañable de nuestro territorio:

Gibraltar. Nuestro firme deseo es que la culminación de ese propósito se

produzca por vaias de negociación y con satisfaccion mutua.

El logro del pleno empleo, una meta primordial

LOS VALORES DEL ESPÍRITU

Queda aquí cerrado el gran capítulo de las nociones fundamentales, de las

relativas a nuestro perfeccionamiento constitucional y desarrollo de

determinados derechos básicos, reconocidos en el Fuero de los Españoles, Vamos

entrar en la consideración de una serie de valores, libertades y derechos

algunos, de los cuales carecen de significación política en su acepción usúal,

pero que han de ser preservadas en todo caso y estimulados, en la mayor parte de

las ocasiones. Me referiré, en primer término, a los valores del espíritu, para

aludir seguidamente a los que contribuyen al bienestar material y hacen mas

fácil la convivencia.

El cultivo de los valores morales y religiosos es algo Que no se agota en el

plano individual de la conciencia sino que trasciende asía sociedad toda que

acusa, por igual, tanto los períodos de crisis como, de exaltación. Por estas

consideraciones, es lógico que el Estado español otorgue la más positiva

vloración al hecho religioso, reafirmando la mejor voluntad y sinceridad en las

relaciones con la Iglesia, dentro de un marco de reciproca independencia y mutuo

respeto.

El enfoque de las relaciones con la Iglesias, igualmente, con las confesiones no

católicas, ha de instrumentarse en el contexto deja libertad religiosa,

reconocida como derecho fundamental de los españoles.

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CULTURA

En el campo de la educación ningún esfuerzo sera regateado, tratando de implicar

en el a la sociedad entera, pues no hay tarea mássgenerósa, ni de mayor

rendimiento social, que la dirigida a la formación de la juventud. No

pretendemos alterar los grandes esquemas-establecidos por la Ley General de

Educación, porque ello produciría, sin duda, sacudidas en una materia tan

delicada, Pero, desde luego, nos proponemos,.además de aplicarla y

desarrollarla, efectuar una seria evaluación de la misma y de sus resultados,,

antes de finalizar el curso académico, que permita obtener conclusiones fundadas

en un análisis riguroso.

Junto a la política educativa, reconocemos la importancia particular´ de un

vasto plan de investigación científica, básica y aplicada, que nos irá librando

de los riesgos de alienación intelectual, de subordinación industrial- y

económica y hasta de debilitación de la capacidad defensiva. Habremos de

fortalecer, igualmente, nuestra vida cultural, aplicándonos, en la medida

medios, a la conservación de un .patrimonio inigualable y a la exaltación de

todos los valores en los que brilla el genio de la creación artística e

intelectual.

LA PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La importancia adquirida por los medios de comunicación social en nuestras

época,» obliga a una sería reflexión, porque el Estado, que no debe ser

beligerante, tampoco puede ser indiferente en esta materia.

Afirmamos y defendemos los derechos que asisten a los profesionales para el

ejercicio responsable de su función; afirmamos también el derecho de los

ciudadanos a recibir una información y una orientación honestas y veraces.

Para nadie es un secreto que la Ley de Prensa, e Imprenta de mil novecientos

sesenta y seis, supuso un gran paso en la consolidación de las bases de nuestra

convivencia civil y política. Sin embargo, la experiencia de su aplicación,

durante una década, será tenida en cuenta por el Gobierno, que buscará su

perfeccionamiento en armonía con el grado de madurez y el deseo de colaboración

leal y crítica de nuestros medios de comunicación social, lo que,

indudablemente, enriquecerá el paisaje comunitario de opiniones, ideas y

creencias.

Pero no cabe olvidar que no hay democracia posible si la libertad de expresión

se convierte en licencia para ¡a difamación o para las agrias actitudes a través

del torpe y lamentable juego de los maliciosos ataques al honor y la dignidad de

las instituciones, los grupos o las personas. Sabemos —y lo proclamamos con

satisfacción y con orgullo— que tales conductas son totalmente ajenas a la

inmensa, mayoría de los profesionales españoles, que tantas y tan meritorias

pruebas nos han dado y nos darán de patriotismo sincero y operante, preparación,

intelectual, sentido político y honestidad. Tenemos también la evidencia de que

no siempre son los verdaderos profesionales quienes informan y orientan los

medios de comuniicación social, reflejo en algunos casos, de torpes-apetencias

política!. Lamentablemente y aunque sean casos verdaderamente excepcionales,

vemos como la insidia y el insulto afloran en alguna publicación y se realizan

inaceptables campañas contra el Estado, la sociedad, la familia, la moral

pública o el honor del respetables ciudadanos. Pora evitar o corregir estas

actitudes y por el propio prestigio de la Prensa, el Gobierno adoptará, con

energía, las medidas que procedan, inspirándose, a tal efecto en, ¡as de

aquellos países de más limpia tradición democrática.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA REALISTA

Tan incorrecto sería el enjuiciamiento de los problemas económicos que

tiene planteados país, marginando la función social inherente a todo proceso de

creación y distribución de riqueza, como demagógica la formulación de un

programa social que no tuviera en cuenta, seriamente la realidad de nuestra

situación económica. Por ello, sin confundir ambos campos, que tienen caracteres

bien definidos y específicos tratamientos, me ha parecido oportuno abordarlos

conjuntamente.

Uno de los temas que preocupa al Gobierno es la situación fde nuestra economía

y, por ello, está decidido a abordar su política económica con un gran realismo,

dispuesto a poner en ejecución las medidas adecuadas para corregir nuestros

defectos y para alcanzar prioritariamente los objetivos necesarios de justicia

social. Y los dos primeros criterios de esta política han de ser el más justo

reparto de las carias y sacrificios y el pleno empleo.

Una política de rentas de auténtica justicia ha de distribuir con equidad y

rigor las cargas y sacrificios, y debe garantizar que la sociedad española en

general, y muy especialmente los trabajadores, no vean mermado su poder

adquisitivo por la erosión monetaria; y habremos de conseguir con la

colaboración y el esfuerzo de todos, elevar en los próximos años el bienestar de

ios españoles, sobre todo de los que no hayan alcanzado los mínimos necesarios

para una subsistencia digna.

El logro del pleno empleo debe ser considerado una meta primordial. Y por pleno

empleo entiendo que todos los españoles tengan un puesto donde poder trabajar a

pleno rendimiento; que se creen nuevos puestos de trabajo para que accedan o

ellos, tanto un mayor porcentaje de la población adulta, como las nuevas

generaciones que alcancen edad laboral, así como nuestros trabajadores que

regresen del extranjero. El empleo sigue inevitablemente las vicisitudes de las

estructuras productivas, pero asentado siempre sobre el principio de satisfacer

el derecho a un trabajo digno y adecuadamente remunerado obliga inexcusablemente

a toda sociedad respecto a sus miembros.

La iniciativa privada, cuyo formidable empuje contribuyó en forma decisiva, a

ganar la batalla contra el subaesarrollo, tiene asignado en esta hora un puesto

insustituible, al que se ha hecho acreedora con su esfuerzo.

LA JUSTICIA SOCIAL, ASPIRACIÓN SUPREMA DEL GOBIERNO

Solo en una sociedad equilibrada puede lograrse plenamente la suprema aspiración

del Gobierno: la justicia social. Justicia social que desde la vertiente de la

acción económica, ha de basarse, además de en la política de rentas y pleno

empleo, en una ordenacin fiscal que logre la justa contribución, proporcionada a

la real y verdadera capacidad de cada sujeto y el cumplimiento, con seriedad, de

la función redistributiva que un sistema tributario debe jugar en una sociedad

moderna.

Deseo recordar a las Cortes que en el pleno celebrado el pasado veintidós de

junio anuncie la presentación, ert el plazo de un año, de un libro blanco sobre

la reforma fiscal. El empeño está en pie.

Más aun. Como la conversión de un libro blanco en disposiciones legales requiere

elaboraciones y un detallado estudio, debo anunciaros que, sin esperar a ello,

el gobierno tiene intención de presentar a esta Cámara, a lo largo del año,

diferentes proyectos de ley que, en las líneas que el libro blanco marcará,

introduzcan las reformas mas urgentes, en el indicado sentido de una justicia

social y tributaria cada´ vez más exigentes. Concretamente; me complace,

anunciar a las Cortes que el Gobierno, antes de tres meses, remitirá dos

proyectos de ley, uno sobre reforma del impuesto general sobre la reñía de las

personas físicas, y, otro, sobre disciplina contable y represión del fraude

fiscal. Por tanto, la reforma del sistema tributario va a ser abordada, en esta

nueva etapa, con decisión y rigor, mediante sucesivas disposiciones.

Y estos dos importantes proyectos de la ley se orientarán a mejorar el reparto

de las cargas públicas, haciendo que cada uno tribute según su efectiva

capacidad y que los que incumplan estos deberes hallen ¡a sanción que su

conducta antisocial merece.

El cuadro de nuestra política económica no puede limitarse a un repertorio de

soluciones técnicas, La respuesta debe ser global y política y debe ofrecer, en

un lenguaje claro, un nuevo modelo de crecimiento hacia una sociedad también

renovada.

El pacto social en que deberá sustentarse esa política habrá de tener muy

presente la base sindical.

Confiamos en que el Congreso Sindical promoverá las medidas y adoptará las

determinaciones precisas para facilitar la acomodación del sistema a los cambios

operados, en los últimos tiempos, en la sociedad española. Pero esa vía ha de

iniciarse, ya, creando, en trabajadores y empresarios, la conciencia de las

destructoras consecuencias que trae consigo la inflación, señalando que tanto

los´salarios, como las rentas, deben ser tratados por una política firme y

justa, en la que la inversión como remedio del paro y la mejora del subsidio

correspondiente .ocupen en lugar principal.

La creación de infraestructuras básicas es objetivo prioritario para afianzar y

elevar los niveles de bienestar y de calidad de vida a que el Gobierno se

comprometió en su primera declaración.

La ordenación del territorio y la política del suelo y de la vivienda,

especialmente de la vivienda social, constituyen uno de los retos más

apasionantes, juntamente con la conservación del medio ambiente y del equilibrio

ecológico, problemas que requieren la definición de directrices con horizontes

válidos hasta el próximo decenio.

El Gobierno robustecerá el protagonismo de agricultores y ganaderos en la

modernización de su medio y procurará unas mejores condiciones de vida en las

áreas rurales. Se corregirá, en lo posible, nuestra balanza comercial agraria y

se potenciará el aprovechamiento armónico del medio natural.

Sin entrar en su detalle, nos proponemos conseguir unas estructuras industriales

verdaderamente competitivas, atendiendo, también, con carácter inmediato, a los

sectores que atraviesan mayores dificultades, como los de construcción naval y

pesca marítima. En el perfeccionamiento de los circuitos comerciales, han de

hacerse más eficaces sus mecanismos, rompiendo, cuando sea necesario, aquellas

situaciones monopolistas, más o menos encubiertas, que es el pueblo español el

verdadero protagonista de su presente y el último responsable de su futuro

elevan abusivamente los costos de comercialización. Entro otras armas se

utilizará, para este fin, el apoyo que pueden prestar los movimientos

organizados de consumidores que serán y no solo por este motivo, fomentados al

máximo.

En este decidido propósito de mejora, que nos anima, queremos hacer una especial

referencia a la Administración publica, concebida, no solo como instrumento del

Estado para el cumplimiento de sus fines, sino como institución al servicio de

los ciudadanos. De ahí, la inesquivable necesidad de hacer frente al desajuste

entre las actuales estructuras administrativas y las nuevas realidades sociales.

Las metas a alcanzar son: la remodelación de las normas que rigen la función

administrativa; el logro de la adecuada coordinación y distribución de los

distintos órganos de la Administración, en aras de una mayor eficacia; el

perfeccionamiento de las garantfas ciudadanas de los particulares en sus

relaciones con el poder público; y la dedicación de una atención preferente a

los funcionarios y servidores del Estado, elemento indispenable y frecuentemente

marginado, para el buen funcionamiento de este.

EL PUEBLO, VERDADERO PROTAGONISTA

Señores procuradores: Temo haber abrumado vuestra atención con este

parlamento que ha querido situarse i;on fidelidad, realismo y esperanza, en la

encrucijada de un tiempo difícil, pero iluminado dichosamente por las postreras

palabras del Caudillo y el primer mensaje de la Corona. El Gobierno, consciente

de la significación histórica del momento, no va a regatear esfuerzos para

encontrar la respuesta adecuada. Pero sabe, igualmente, que es el pueblo

español, al que vosotros representáis, el verdadero protagonista de su presente

y el ultimo responsable de su futuro.

Ese magnifico pueblo que tantas pruebas de solidez moral, de buen sentido y de

lealtad profunda, na sabido dar en los últimos decisivos meses, merece no ser

jamás defraudado.

Yo le pido, una vez más, su presencia, la suya y no la de intérpretes

interesados, en todas las áreas de decisión política; para que impida que nadie

falsee su imagen laboriosa, ordenada y pacífica y rechace cualquier receta que

conduzca a su disgregación, para que la nostalgia no sea freno sino estímulo;

para que se vertebre definitivamente con sentido y dimensión nacionales, en la

tarea de hacer un mañana, cada vez mejor.

Porque creamos en este pueblo, estamos orgullosos de servirle con la ilusión, la

responsabilidad y la entrega que merece esa empresa común que llamamos España.

 

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