Autor: Cavero Lataillade, Íñigo. 
   Una nueva ley electoral, ¿para qué?     
 
 Informaciones.    06/12/1975.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 24. 

Una nueva ley Electoral: ¿Para qué?

Por Iñigo CAVERO

EN varios artículos y declaraciones se viene últimamente postulando la

conveniencia de tina nueva ley Electoral, cuya normativa te aplicara a la

renovación de las Cortea, al concluir, en el próximo mes de marzo, la

legislatura prorrogada.

Me cansa cierta extrañeza esta reiterada alusión a la normativa electoral como

mecanismo democratizador de las Cortes, pues de inmediato habría que oponer como

pregunta; ¿a qué normas electorales nos referimos?

Uno de los temas de mayor dificultad docente, en Derecho constitucional español,

surge cuando se «.borda la explicación de la composición de las Cortes y se

pretenda concretar la pluralidad de normas electorales aplicables como

consecuencia da la variedad de procedencias representativas de los procuradores.

Una breve referencia, a esa Jungla dispositiva parece conveniente para apoyar

nuestra interior aseveración.

Entre los procuradores electivos destacan por tu entidad los «150 representantes

de la Organización Sindical», que en la legislatura anterior a la ley Orgánica

pasaban de 190.

En el decreto 2.023/1971 y orden d« 24 de septiembre de 1971 fijaron las normas

básicas electorales y las zonas de procedencia de los procuradores: Conseja

Sindical, Comité Ejecutivo Sindical y los propios Sindicatos. Siguiendo un

proceso largo y de varios escalones te termina por elegir a un procurador,

obrero, técnico y empresario por Sindicato, proceso que en la actualidad ce

encuentra precisamente pasando del nivel provincial al nacional. A estos

procuradores habría, qua añadir los 12 procedentes de las Hermandades de

Labradores y Ganaderos, los dos de cooperativas, los tres de la Federación

Sindical de Comercio y los otros tres de las cofradías de pescadores, artesanos,

pequeña y mediana empresa y los cargos sindicales (Secretariado General y

Vicesecretarlado, presidentes y secretarios de los Consejos Nacionales de

Trabajadores y Empresarios, presidente de Sindicatos, etc.).

Por alguna experiencia personal tengo la Impresión de que son bien escasas las

personas, no burocratitadas en la Organización Sindical, que conozcan

suficientemente él entramado de Instrucciones y órdenes relativas a este proceso

electoral.

El llamado Grupo de Administración Local Integra, desde la ley Orgánica, en cada

provincia un procurador que representa a los municipios, salvo el supuesto de

que concurra una población de roas de 300.000 habitantes, en cuyo caso se

aumenta con un procurador mis. El otro procurador representa a la Diputación

Provincial.

Para la normativa electoral de estos procuradores hay que acudir a otras dos

disposiciones basicas: el decreto 1.486/1867 y la orden.ministerial de 6 de

septiembre de 1967.

Las modificaciones que Introduce la recientemente promulgada ley de Bases de

Régimen Local, que tendrá que ser objeto de un texto articulado, sospecho que no

llegue a tiempo como para que se aplique a la próxima renovación de las Cortes.

En todo caso, hay que señalar que el procedimiento electoral para la elección de

los procuradores municipales es, asimismo, «mediato» por un sistema de

compromisarios. En la práctica, salvo alguna excepción muy explicable o que la

capital de la- provincia tenga ya tu procurador municipal .por sobrepasar de los

300.000 habitantes;, no es necesario preguntar quién es el procurador elegido,

Basta con conocer el nombre del alcalde da la capital Algo parecido ocurra con

la respresentacion de las Diputaciones La elección viene recayendo sobre los

presidentes de las mismas.

Por si alguien objeta que esta práctica tiene cierta lógica, convendría

recordarle que hasta ahora los alcaldes y presidente de las Diputaciones

proceden, en cuanto a su nombramiento, de la vía «dedocrática».

El grupo de procuradores que, con un limite máximo de 30, representan a Colegios

Profesionales, Corporaciones, Cámaras, etc., previsto en el apartado I) del

articulo 2 de la ley de Cortes, tiene, como no, su propio procedimiento

electoral en el decreto 1.494/1967, que se aplica, cuando menos á otro grupo, el

de los representantes de las Reales Academias y Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, apartado h) del articulo 2." de la ley de Cortes.

También predominan los mecanismos de mediatividad y fases electorales.

Prescindiendo del grupo de los procuradores rectores de Universidad, que Implica

por su procedimiento do designación automática, que el estamento universitario

es el única que no elige, aunque fuera mediatamente, a su representación en

Cortes, nos queda entre los grupos de procuradores «electivos» a la

«representación familiar».

Esta novedad representativa a nivel de Cortes, que se Introduce simultaneamente

a la aprobación de la ley Orgánica, supone una cauta aproximación hacia la

elección directa por sufragio universal, que desde una perspectiva de

distribución de población arrastra un factor de desequilibrio representativo.

Dos procuradores eligen los cabezas de familia y las mujeres casadas de las

provincias de Teruel, Guadalajara y Lugo, y dos eligen los de las provincias de

Barcelona, Madrid 7 Valencia. Como si ce trataran de territorios federales en

lugar de provincias.

La legislación electoral aplicable también tiene su ámbito especial para este

grupo de procuradores: la ley 26/1967 7 los decretos 1.796/67 y el de 13 de

agosto de 1971.

En el marco de la normativa electoral de este grupo familiar se podría,

Iniciando una tímida estrategia democratizadora, que adelantamos que nos parece

muy Insuficiente Introducir alguna reforma electoral a nivel de legislación no

sujeta a la rigidez característica da la normativa fundamental.

La ley Orgánica, en cuanto «1 derecho pasivo electoral del ámbito «familiar»,

señala únicamente que se trata de «dos representantes da la familia por cada

provincia». Mis concreción se da en lo que se refiere al derecho activo, pues se

establece que son electores «quienes figuren en, el censo electoral de cabezas

de familia y por las mujeres casadas, en la forma que se establezca por la ley».

Si se modifica la ley 26/1967 y los decretos qua lo desarrollan, normas

políticas de categoría ordinaria, utilizando, anta la premura da tiempo la vía

del decreto-ley (articulo 13 da la ley de Cortes), estimamos qua bastarla, para

ensanchar el numero .de electores, proceder a dar nueva definición mas amplia

del concepto de cabeza da familia».

UNA NUEVA LEY ELECTORAL, ¿PARA QUE?

Seria suficiente, a tal fin, añadir a la redaccion del articulo 4º de la ley

26/1967, que concreta quiénes son cabezas de familia, un nuera epígrafe,

redactada, tal vez en los siguientes términos: co) que no obstante convivir bajo

la dependencia de otras personas por alguna de las causas que señala el apartado

a), de este mismo articulo, soliciten su Inscripción en el censo electoral de

cabezas de familia sin que se produzca la oposición de la persona, bajo cuya

dependencia convivan, la cual deberá ser expresa y motivada, resolviendo en tal

caso la Junta Provincial del Censo Electoral."

Si a esta modesta reforma se añadiera una suavizado» de los requisitos para ser

proclamado candidato, se habría conseguido un avance en la repressentatividad de

un grupo de procuradores que supone escasamente un 20 per 100 del total de

procuradores. Podriamos resumir, que al contemplamos ademas la regulación

Jurídica de la selección de los consejeros nacionales procedentes de las

provincias en cuanto son procuradores, la normativa electoral especifica

relativa • los procuradores en Cortes esté Integrada por una ley, seis decretos

y seis órdenes ministeriales.

En presencia de tantas normas (24 disposiciones de rango diverso), de nuevo cabe

reiterar las preguntas que hacíamos al principio al referimos a los que postulan

reformas electorales: ¿De qué ley electoral estamos hablando} ¿Para la elección

de qué procuradores?

No parecería congruente en 1a presente situación constitucional y resultarla

notoriamente prematuro detenerse a examinar si seria mas conveniente, un tipo de

sufragio mayoritario o proporcional en su» diversas variantes. Pero si es

oportuno, como deber cívico, ante la apertura de una nueva perspectiva

historica, inserta en el Incuestionable proceso de la profunda reforma

democratizadora que ha de tildarse, para llegar a una Constitución homologable

con nuestro marco europeo occidental, postular que se lleve a cabo una

modificación sustancial de la composición de las Cortes, orientandola hada una

representación de la pluralidad de nuestra sociedad, por la vía del sufragio

universal, tímidamente apuntado en la futura elección de concejales.

En tal caso, si que hará, falta una ley Electoral, confiamos, al respecto, en la

trascendental mision que tendría que asumir si Rey para Impulsar este proceso,

en el que no le faltaran asistencias para superar obstáculos y dificultades y

asimilar a nuestras instituciones políticas a los modelos de constitucion que

tienen Vigenca en las otras siete Monarquias europeas.

6 de diciembre de 1975

 

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