El Rey presidió la apertura del año judicial. 
 El ministro de Justicia anuncia la unidad jurisdiccional  :   
 Una futura ley regulará la potestad sancionadora de la Administración. 
 ABC.    16/09/1976.  Página: 1. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

A B C 16 DE SEPTIEMBRE DE 1976

EL REY PRESIDIO LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

EL MINISTRO DE JUSTICIA ANUNCIA LA UNIDAD JURISDICCIONAL

Una futura ley regulará la potestad sancionadora de la Administración

Madrid. (De nuestra Sección Política.) El Rey Don Juan Carlos ha presidido, por

primera vez, la solemne apertura del año judicial. En el curso del acto oficial

el ministro de Justicia, don Landelino Lavilla, pronunció un importante discurso

en el que, entre otras cosas, anunció la consecución de la unidad

jurisdiccional, principio complementario de la independencia judicial.

Es indispensable —señaló el ministro— Que la organización judicial sea única y

revierta a sus órganos todo lo que entrañe desempeño de funciones judiciales.

El señor Lavilla Alsina se refirió en su intervención a la consolidación de un

Estado de Derecho que ofrezca adecuada respuesta a esas exigencias que deben ser

satisfechas para garantizar la libertad jurídica y política de los ciudadanos.

El ministro de Justicia trató ampliamente la potestad sancionadora de la

Administración. La Administración pública —dijo— debe ejercer su poder de

sancionar en el círculo de los servicios públicos y para la satisfacción del

ínteres general. Todo lo «ue sea salirse de esa esfera, particularmente cuando

se llega a la privación de la libertad, resulta exorbitante en un estado de

Derecho.

Don Landelino Lavilla anunció a continuación una ley reguladora.de la potestad

sancionadora de la Administración que defina e] concepto de sanción y ordene el

ejercicio de la potestad sancionadora.

A continuación recogemos un amplio resumen del discurso pronunciado por el

ministro de Justicia:

«Han de ser mis primeras palabras de referencia a las efemérides judiciales del

año anterior y, entre ellas, es obligado destacar, en primer término, el paso

por el Ministerio de Justicia de don José Mana Sánchez Ventura y de don Antonio

Garrigues Díaz-Cañábate, cuya valiosa aportación a las tareas del Departamento

ha sido un hito más en su larga trayectoria al servicio de la Justicia

española.»

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

«En una situación de cambio, como es la que hoy vivimos, me ha parecido

especialmente oportuno que el discurso de apertura de Tribunales, en el nuevo

año judicial, estuviera dedicado a analizar con atención las condiciones

precisas para consolidar el Estado de Derecho.

Al llevar a cabo este análisis, no es mi ánimo ceder ante el atractivo de

formulaciones abstractas alcanzadas desde el rigor metodológico y conceptual de

toda construcción científica. Quiero, por eí contrario, ceñir mis reflexiones a

nuestras concretas circunstancias de hoy, con el convencimiento de que sólo el

afán sincero de conformar en la Justicia la realidad circundante justifica la

labor de los hombres de Derecho y les convierte en verdaderos servidores de la

Justicia. Y esta misión conformadora se revela singularmente importante en

momentos de transición, cuando los pueblos caminan hacia nuevas fórmulas de

convivencia social y política.

Estamos, sin duda, en uno de esos momentos. Ha concluido, en verdad y con to

das sus consecuencias, una etapa histórica excepcional, y es imprescindible

responder a las necesidades sociales de un presente

transformado y de un futuro intuido entre riesgos y esperanzas.»

LIBERTAD JURÍDICA Y POLÍTICA

«No es hora de debilidades ni de Inhibiciones, sino, como nos demanda el primer

mensaje de la Corona, de encarar valientemente el futuro de nuestro pueblo y de

las Instituciones del Estado. Serviremos lealmente á ambos esforzándonos en

realizar un Estado de Derecho que ofrezca adecuada respuesta, desde la

perspectiva de la Justicia, a sus exigencias institucionales, a esas exigencias

que, filosóficamente enraizadas en la persona, deben ser satisfechas para

garantizar, en la medida de lo humano, la libertad jurídica y política de los

ciudadanos.»

UNIDAD JURISDICCIONAL

«El principio de la independencia judicial tiene como complemento necesario el

de la unidad jurisdiccional, es decir, la exigencia de que los Tribunales

ordinarios ostenten con plenitud la administración de justicia. Si la máxima

garantía´ de la libertad de los ciudadanos radica en la posibilidad de acudir a

órganos judiciales independientes que puedan satisfacer sus legítimas

pretensiones, esa posibilidad no puede ser recortada ni bajo pretexto de

deficiencias de cualquier índole o de imposiciones circunstanciales.

Los órganos parajudiciales, excluidos del ámbito de la organización de la

Justicia y » cuyos titulares se asignan funciones que deben corresponder

únicamente a los jueces ordinarios, están proscritos en casi todas las

Constituciones del mundo. Y la nuestra no es una excepción al proclamar de

manera inequívoca que la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar

lo-juzgado, incumbe exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en

la Ley Orgánica de la Justicia. Esta actividad de juzgar y hacer ejecutar lo

juzgado se extiende a todos los órdenes de la vida jurídica, y, para su adecuada

realización en el marco de un Estado de Derecho, es indispensable que la

organización judicial sea única —excepción hecha de las jurisdicciones militar y

eclesiástica en las esferas que le son propias, rigurosa y estrictamente

delimitadas— y revierta a sus órganos todo lo que entrañe desempeño de funciones

judiciales. Y es que para aue la Justicia pueda ser realmente exclusiva y

excluyen te ha de ser integral. Todo cuanto implique aplicación de la Ley o, más

estrictamente, todo cuanto signifique enjuiciamiento y declaración del Derecho

ha de corresponder A los jueces, cualquiera que sea el sector de .Ordenamiento

jurídico afectado.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

La cuestión tiene una versión concreta de singular importancia en relación con

la potestad sancionadora de la Administración. La sanción administrativa, como

manifestación de su capacidad de autotutela de las propias situaciones, halla

adecuada aplicación cuando se produce el incumplimiento de obligaciones

especiales respecto a la Administración. Pero cuando ésta extiende su potestad

sancionadora a las infracciones cometidas contra el Ordenamiento en general y,

al servicio de una mal entendida eficacia, hace objeto de sanciones

administrativas, los bienes más sagrados de la vida civil, como la libertad o el

ejercicio profesional, «trastorna las bases de la vida social y en particular la

posición central que en ella tiene el juez penal», porque en esta actividad

sancionatoria la Administración viene a sustituir indebidamente al juez penal y

a infringir el principio constitucional de nulla poena sine juditio.

HOY, CONSEJO DE MINISTROS

En el Consejo de Ministros que tendrá lugar hoy en Castellana, 3, presidido por

don Adolfo Suárez, se espera, entre otros temas, la creación de un registro de

asociación política, reestructuración de la Dirección General de Política

Interior y la adopción de diversas medidas tendentes a reducir el consumo

energético.

 

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