Autor: Pablo, F. L. De. 
 La semana política. 
 Sería conveniente una tregua en la problemática regional     
 
 Ya.    16/01/1977.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

16-1-77

INFORMACIÓN NACIONAL

LA SEMANA POLÍTICA

Pag. 13- ya

Sería conveniente una tregua en la problemática regional

Partidos políticos y Gobierno deberían llegar a un acuerdo para aplazar

soluciones hasta después de la consulta electoral

Grupos extraparlamentarios creen que el Gobierno debería retirar de las Cortes

el proyecto de ley del Consejo de Economía Nacional

Estiman más prudente que fas nuevas Cámaras articulen la creación de los órganos

de encuentro de las fuerzas sindicales y económicas

Urge definir incompatibilidades e inelegibilidades electorales

MADRID. (Crónica política de Logos, por F. L. de Pablo.)

Sobre el vidrioso y delicado tema regional convendría que los grupos político» y

el Gobierno llegaran a un acuerdo para demostrar una resolución hasta después

de. las elecciones. Empeñarse en utilizar las situaciones conflictivas

regionales para provocar, como ha dicho el señor Martin Villa, la

desestabilización del proceso democrático a nadie puede beneficiar. Los grupos

políticos deberían procurar que en las normas electorales se fijen las

condiciones objetivas para que la voz de las reglones pueda oírse en las futuras

Cortes, a fin de que sean ellas las qué aborden el problema.

Al clima de tensión que ahora existe en el País Vasco, a la´ sensación de

secular abandono que Bufre Galicia, a la inevitable lejanía que difumina a los

graves perfiles de la problemática • canaria, al despego de Cataluña hacia el

resto de la nación, al subdesarrollo que retrasa el despertar de Andalucía, se

quiere unir ahora la toma de conciencia sobre la desertización de Castilla y

Extremadura, la sed de algunas zonas del Sureste o el choque entre la huerta

levantina y la industrialización creciente en la cornisa mediterránea.

No puede pretenderse que, todos los problemas de crecimiento que la Corona ha

heredado, agravados por la crisis económica y la inestabilidad política de los

últimos años, se puedan resolver en este tiempo de búsqueda de una nueva

legitimidad representativa. Habrá que" establecer un orden de prioridades, al

menos hasta que el Gobierno que surja de las elecciones tenga un apoyo

mayoritario para abordar un programa de realizaciones libremente pactado.

Entretanto, a las soluciones de Gobierno que se van adoptando no se les puede

exigir sino que estén en linea con el objetivo básico de devolver la soberanía

al pueblo, armonizar y no antagonizar la convivencia democrática.

La reforma sindical

En esta línea "creo que se inscribe el proyecto de libertad de asociación

sindical, que tantos debates ha

suscitado en las Cortes. Muchos creen que esa reforma sindical debía haberse

aplazado también hasta después de las elecciones, pero aceptada la reforma

política y proclamado que los derechos de la persona son Inviolables y vinculan

a todos los órganos del Estado, el reconocimiento de la libertad de asociación

era necesario para abordar el pacto social que todos reclaman.

El Gobierno quizá pudo, en base al mayoritario apoyo a la reforma política, no

tener en cuenta la .vigente ley de Cortes y regular este derecho fundamental, al

menos provisionalmente, a través de un decreto-ley.

Pero la necesidad de evitar tensiones y de contar con la colaboración en la

reforma política de las instituciones que podían asegurar un tránsito pacífico y

civilizado, anticipó a la celebración del referéndum el envío a las Cortes de

los proyectos que tratan de articular al nuevo sindicalismo. Tanto el proyecto

de libertad de asociación sindical como el del Consejo de Economía Nacional

fueron redactados en un tiempo en que se temía un bloqueo legislativo a la

reforma por parte del grueso de procuradores sindicales. Luego se vio que la

mayoría de estos procuradores habían intuido que el país iba a apostar

mayoritariamente por el cambio político. Después del referéndum, el Gobierno

pudo retirar los dos proyectos, pero optó por seguir la vía de la legalidad,

para ser consecuente con sus planteamientos. La ponencia mejoró el proyecto en

base a las enmiendas de muchos procuradores, y asi saldrá, sin duda, del pleno

que se convocará inmediatamente que la comisión concluya el dictamen.

Aplazar el Consejo de Economía

Más dificultades van a existir para tener a punto el Consejo de Economía

Nacional a tiempo de que sirva de marco al compromiso social que muchos, como el

profesor Tierno Galvan, e n t i e n den que no puede demorarse más. Será difícil

que antes de las elecciones puedan estar en pleno funcionamiento las

organizaciones profesionales de empresarios, trabajadores, agrarias,

cooperativas y de consumidores que conforman la mayoría representativa de dicho

Consejo y que han de constituirse al amparo de la nueva ley de Libertad de

Asociación Sindical. El problema de hacer compatible la presencia de las

actuales estructuras organizativas sindicales con las nuevas, en la

representación que deban tener en dicho Consejo, llevará meses. Entre tanto, la

economía puede deteriorarse mucho más, mientras llegan las elecciones.

Muchos grupos políticos extraparlamentarios creen que sería más prudente que el

Gobierno retirara ese proyecto del trámite de las Cortes y dejase que fueran las

nuevas Cámaras las que decidieran crear el organismo que estimen conventente

para que las fuerzas económicas y sociales encuentren el marco adecuado para el

diálogo y la participación. Entre tanto se habrían constituido las nuevas

centrales sindicales que reclamarán su derecho a estar representadas en aquel

organismo. Lograr este objetivo justificarla de sobra la gestión del actual

equipo sindical.

Igual que el Gobierno ha decidido que sean las nuevas Cortes las que resuelvan

el. tema regional, parece más prudente que corresponda también a ellas articular

la creación de esos órganos de encuentro de las fuerzas sindicales y de

asesoramiento al Gobierno para la planificación económica. Entre otros motivos,

porque las recomendaciones que surgirán de los organismos que nazcan de la

iniciativa de las nuevas Cámaras, vincularán más a las fuerzas y grupos sociales

en ellas representados.

Incompatibilidades e ineligibilidades

El tema electoral, que tanto el Gobierno como los grupos de oposición han

estudiado a fondo esta semana, parece que puede estar a punto antes de fin de

mes. Los próximos días se avanzará en la delimitación de las cuestiones básicas

a negociar, y sobre cuya solución definitiva sería gratuito especular. Uno de

los temas que más urgente clarificación necesita es el de las incompatibilidades

e Inelegibilidades.

La decisión sobre estos temas puede provocar una remede, lación ministerial si

alguno de loa componentes del actual equipo opta por acudir a las elecciones. El

presidente se mantiene al margen y continuará su misión de ser el gestor de la

democracia. Algunos ministros no tienen siquiera que hacer manifestación al

respecto. Pero otros pueden legítimamente pensar en concurrir a ios comicios,

así como otros políticos de la ao» tual Admlnstración que se encuentran

afectados por la ley de Incompatibilidades subsecretaríos, vicesecretarios,

delegados nacionales del Movimiento, directores generales, secretarlos generales

técnicos, gobernadores . civiles y de. más cargos políticos de libre designación

y remoción por el Consejo de Ministros, asi como los de libre designación de la

Administración Local.

Sin embargo, hay quien interpreta que, como dicha ley no entra en vigor hasta

"quedar constituida la próxima legislatura", quienes están afectados por ella

pueden presentarse a las elecciones, y, si saleu elegidos, renunciar a su cargo

político en favor del escaño. Esta actitud, aparte de ser poco política, es

rechazada en las propuestas electorales que los grupos políticos están elevando

al presidenta del Gobierno. En definitiva, la suspensión de la ley 30, de 31 de

julio de 1975, viene imperada por el propio contexto constitucional, al que

pretendía dar respuesta: el orgánico. Si bien todavía no se puede decir que

estamos bajo el principio de la división de poderes, al menos funcionalmente ése

parece ser el objetivo.

Porque, de momento, siguen bastante, confundídos el ejecutivo y el legislativo.

 

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