Los primeros cien días de     
 
 Diario 16.    11/03/1983.  Página: 2-3. Páginas: 2. Párrafos: 37. 

EDITORIAL LOS PRIMEROS UN GOBIERNO.

Los cien primeros días de gobierno socialista no resultan difíciles de evaluar

por el corto espacio de tiempo que la nueva Administración lleva en funciones,

sino más bien por lo contrario: por la gran cantidad de iniciativas y acciones

de gobierno emprendidas en estos tres meses, por lo controvertido de algunas

decisiones y por la muy diversa fortuna que el Gobierno ha tenido en uno u otro

campo de su actividad. Pero, a fuer de sinceros, hay que empezar admitiendo que

el Gobierno no lo ha hecho tan mal, ni mucho menos, como su bisoñez política,

inexperiencia administrativa y doctrinarismo juvenil podían hacernos temer.

Ha habido, desde luego, pruebas elocuentes de que la inexperiencia y hasta una

cierta arrogancia fuera de lugar ´pueden estropear interesantes proyectos

ministeriales, de que la rapidez y la improvisación no pueden suplir con

voluntarismo la reflexión y de que el buen gobierno requiere tanta voluntad como

paciencia. No todos los responsables ministeriales parecen haber entendido esta

lección, aunque ya se advierten rectificaciones razonables en algunos proyectos

más fáciles de redactar que de hacer cumplir.

Hay Gobierno

Sin embargo, los socialistas han evitado el peligro de atiborrarnos de leyes,

decretos-leves, proyectos de leyes y demás artillería jurídica que pudiera

sustituir la acción de Gobierno, directa y decisoria. Y si hubiera que señalar

un factor positivo entre otros, sería precisamente éste: el pueblo español

después de estos cien días está de acuerdo o en desacuerdo con el Gobierno,

pero, desde luego, no duda que en España hay Gobierno. Y después del aguachirle

ejecutivo de la extinta UCD, sentirse gobernado en España, comprobar que hay

ministros que no se limitan a proyectar, sino que actúan, comprobar que los

resortes del poder político legítimo funcionan o se intenta que funcionen,

constituye una reconfortante novedad.

Para valorar su actuación en los diversos ámbitos ministeriales, es menester

poner en relación las propuestas de su programa con sus iniciativas legales y

con el ámbito nacional e internacional en que éstas deben desarrollarse. En ese

sentido el PSOE está siendo moderadamente honesto con sus votantes y haciendo

honor a los compromisos electorales.

No está siendo, en cambio, generoso para con otras fuerzas políticas, y el

sectarismo, el partidismo y, a veces, el amiguismo descarado, se están

imponiendo, marginando de puestos importantes de la Administración a

funcionarios de acreditada capacidad y trayectoria democrática, que no

simpatizan con el PSOE como partido, pero que pueden servir al gobierno de la

nación bastante mejor que algunos socialistas sin más mérito que el de su

carnet. Creemos que éste es un punto primordial que debe rectificar de inmediato

el Ejecutivo presidido por Felipe González, personalidad que sigue siendo, como

hace cien días, el activo mayor del partido del Gobierno.

Reforma administrativa.

La reforma de la Administración a que se lanzó con ímpetu el Gobierno, abusando

retóricamente de la palabra «ética», ha tenido una gran aceptación popular, por

la mala imagen de los funcionarios públicos.

Pero si las incompatibilidades referidas, por ejemplo, a los médicos, resultan

difícilmente criticables, es evidente que ciertos maximalismos en su aplicación

a otros sectores de la Administración resultan irracionales, lesivos para el

funcionario y nada favorables para los ciudadanos. Parece que ya se ha

emprendido un cierto movimiento de rectificación que, sin detrimento de la

exigencia, evite la arbitrariedad. Y de la misma forma que los funcionarios han

aceptado sin chistar cuanto se les ha ordenado, creemos justo que ahora los

ministros rectifiquen todas aquellas rigideces que no conduzcan a una eficacia

real en el servicio público y que simplemente mortifiquen, con horarios fuera de

lugar o dedicaciones desmesuradas, el quehacer cotidiano del servidor del

Estado.

La economía, con horizonte.

En materia económica es quizá donde la voluntad gubernativa se ha hecho más

evidente. El ministro Boyer no ha perdido del todo el reto más difícil de su

programa: contener la inflación y no disparar el gasto público. Si el ministro

de Industria, Carlos Solchaga, se atreve a cumplir sus promesas de sanear de una

vez las ruinosas empresas del INI, tendremos, por fin, una política racional

frente a la inhibición que arrastra nuestra economía desde hace muchos años.

La prueba más evidente de que el sector económico parece bien gobernado y de que

en España podremos seguramente evitar la demagogia económica ruinosa cuya

factura empieza ya a pagar en Francia Mitterrand es la buena relación del

Gobierno con el mundo de la Banca y las finanzas. Y ello después de la rebaja en

dos puntos del coeficiente de caja a los bancos, de la firma del acuerdo

interconfederal de empleo, en el que los empresarios cedieron más que los

trabajadores y, finalmente, de la expropiación de Rumasa, que, aunque legalmente

deja mucho que desear, y debemos creer en una estricta excepcionalidad, no ha

provocado ninguna reacción solidaria con el holding expropiado o de boicot al

Gobierno por parte de los poderes económicos.

La inverosímil cifra de nuevos empleos pregonada por los socialistas durante las

elecciones está demostrándose falsa. Sin embargo, la baja del petróleo y la

subida de las monedas europeas frente al dólar, tras la hecatombe de la

izquierda en las elecciones alemanas y francesas, permiten avistar un futuro

esperanzador para nuestra economía, todavía a largo plazo, pero que hace unos

meses ni siquiera se podía sospechar.

La justicia, por reformar.

Distinto es el caso de la reforma pendiente en la Administración de Justicia,

algo que, por encima del presupuesto, requiere una voluntad política que, hasta

ahora, se ha quedado en meras palabras. La cuestión es muy grave, porque si no

se mejora la justicia española, no es posible asegurar la protección de las

libertades. La reforma penitenciaria no puede esperar por más tiempo. Las

cárceles son inhumanas. Y, en los últimos días, se han sucedido sentencias

demasiado elocuentes de que libertades públicas tan fundamentales como las de

expresión e información están sometidas a un rigor inaceptable.

El Gobierno debía haber intervenido ineludiblemente ante la escandalosa

sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenando al periodista

Vinader a siete años de cárcel. Y estaba en sus atribuciones, y, desde luego, en

sus obligaciones éticas, proceder al indulto. No lo ha hecho y ahora estamos

padeciendo —en Diario 16 muy particularmente— una suerte de acoso a los

periodistas sin que el Gobierno, poco afortunado en su política informativa,

mueva un solo dedo. En este aspecto sí que los socialistas traicionan su

programa, su ideología y los principios de libertad exigidos o asumidos por los

votantes del cambio.

El tele-desastre

En lo que se refiere a radio y televisión, la tozudez doctrinal y la alegal

prohibición de la televisión privada se han visto acompañadas del cotidiano

espectáculo de ineficacia, torpeza y caradura de los Calviño, Balbín y compañía.

La arbitrariedad, la incompetencia, el nepotismo y otras cualidades propias del

cesante «in pectore», adornan con tanta prodigalidad al director general del

ente RTVE que resulta incomprensible que todavía no hayan recibido el premio que

merecen: la puerta.

Mientras TVE y los medios de comunicación estatales sigan sujetos a los

criterios gremialistas y gironianos, el cambio será la única cosa concedida a la

imaginación del ciudadano, porque pruebas no ha visto ni podrá ver en el futuro.

En este aspecto particular han sido cien días lamentables.

Política militar poco definida

La política militar, al lado del ambicioso plan de reforma presentado al

Parlamento por el ministro Serra, ha manifestado titubeos que en algunas

ocasiones recordaban peligrosamente la política paralítica de Alberto Oliart,

modelo imperecedero de lo que no debe hacer un ministro de Defensa. La imagen de

Serra parece buena en las FAS, pero tras sus tímidos intentos de solventar de

una buena vez la cuestión de la UMD, ha decidido, según parece, archivar un

asunto del que el PSOE había hecho bandera en la anterior legislatura.

Algunos elementos dentro del nuevo sistema de promoción arrojan sombras

preocupantes sobre la permanencia de un cierto control ideológico «ultra» en la

formación y promoción de oficiales.

Por otra parte, las enormes inversiones del programa FACA y otros no han tenido

las contrapartidas políticas que cabía exigir de nuestros afortunados

proveedores, aunque, lógicamente, mientras mantengamos la postura actual del

«sí, pero no» a la OTAN, será difícil definir una política de armamento

coherente y a largo plazo. La OTAN era uno de los pocos horizontes claros de la

modernización de nuestro Ejército, y es lamentable el frenazo en ese sentido.

Tampoco parece ponerse demasiada atención en la vigilancia de los núcleos

golpistas que, al revés que los de la UMD, se reincorporan activamente al

Ejército tras las mimosas condenas del 23-F a la gran mayoría de los implicados.

El resumen es, por tanto, difícil: voluntad de reforma clara, pero con

demasiados compromisos aceptados que algunas veces son inaceptables. Habrá que

seguir con el máximo cuidado la trayectoria de Serra en el inmediato futuro a la

espera de que el cambio llegue profunda y verdaderamente a la milicia.

Antiterrorismo, a medio gas

La política del Ministerio de Interior, en el que sobresale el «destape» del

ministro Barrionuevo, tampoco puede considerarse negativa, aunque algunas

acciones policiales o de la Guardia Civil hayan saltado a las páginas de sucesos

de los periódicos con las negras tintas de la represión más arcaica. La pasión

por la arenga nacional-corporativa le ha proporcionado también una buena imagen

al ministro entre sus subordinados, cosa fundamental en ese puesto, pero hay que

recordar que la lucha contra el terrorismo, a pesar de la firmeza y claridad

exhibidas, no ha alcanzado todavía los niveles de eficacia del Ministerio Rosón.

Y que la opinión pública es consciente de ello. Hay que esperar que, una vez

reorganizados los servicios de información, pueda pasarse a la ofensiva contra

el que sigue siendo el enemigo número uno de nuestra democracia: el terrorismo

etarra y sus secuaces callejeros.

Mala política internacional

Uno de los puntos más preocupantes y delicados de la actual coyuntura política

es el de nuestra acción internacional. El ministro Moran tiene, sin duda, planes

madurados y ambiciosos que intentan hacer de España un país con una autonomía

importante dentro del sistema occidental. La opinión pública está, por otra

parte, en sintonía con el semitercermundismo del Gobierno.

Pero las seguramente bienintencionadas y loables proezas soñadas por el ministro

chocan con una realidad exterior bastante peor que la de hace tres meses y que

obligarán, ineludiblemente, al PSOE a abandonar ciertos puntos electoralistas de

su programa si quiere, como no dudamos, defender los intereses nacionales por

encima de sus simpatías o ensoñaciones ideológicas.

El reforzamiento de la OTAN y del pacto militar de Europa con los U.S.A. coloca

al PSOE en una posición delicadísima con respecto a nuestros vecinos del norte.

El entendimiento entre Marruecos y Argelia rompe con el esquema tradicional

magrebí, al cambiar Argelia su alineamiento pro soviético por una postura

receptiva ante Washington.

Aunque España mantenga la política franquista tradicional de enfeudamiento único

con las bases estadounidenses, la situación militar en el Mediterráneo y la

política de firmeza en Occidente hacen muy difícil una «tercera vía» para países

en nuestra delicada situación estratégica. Desgraciadamente, al doctrinarismo

del ministro hay que añadir la cosecha de opinión sembrada de forma harto

irresponsable por el PSOE cuando España ingresó en la OTAN y ahora resulta muy

difícil dar marcha atrás.

Aunque el horizonte «no alineado» de Nueva Delhi no resulta particularmente

esperanzador sobre "nuestro papel en la escena internacional. En un país con

tendencia secular, si no a la xenofobia, sí, por lo menos, al aislacionismo

cerril, es muy peligroso, muy poco modernizador, muy poco regeneracionista y

reformista, y bastante poco ético, además de inútil, predicar la buena nueva de

nuestra misión universal de pacificación de Centroamérica cuando todavía no lo

hemos conseguido en Guipúzcoa.

Veremos si el Gobierno tiene el valor de rectificar en asuntos que se prestan

mucho a la homilía y muy poco a los juegos malabares. España es una pequeña

potencia que aún no está plenamente integrada en el conjunto de las democracias

occidentales europeas, ni en lo político ni en lo económico ni en lo militar.

Mientras no aprobemos esas asignaturas pendientes en los Pirineos, vale más que

no emprendamos nuevas y exóticas carreras de dudoso porvenir.

España no puede permitirse una tenaza Washington-París o Washington-Rabat-Argel.

Los Estados Unidos son nuestro principal aliado estratégico y la U.R.S.S., el

enemigo estratégico de las democracias occidentales. Estas evidencias resultarán

vulgarísimas para la sofisticada tercería universal del señor Moran, pero no se

puede saltar impunemente sobre ellas, a riesgo de quedarse a merced de cualquier

operación desestabilizadora, al alcance de casi todos nuestros vecinos.

Los franceses dejan el folklorismo antiyanqui para su ministro de Cultura y

Espectáculos, pero en la política de Defensa son atlantistas por algo más que

pragmatismo: por convencimiento de que las libertades de Occidente están bajo un

chantaje nuclear soviético, ante el que no se puede ni se debe adoptar la

postura del avestruz. No sería mala cosa que el Gabinete socialista español

tomase esta lección —y sólo ésta— de sus compañeros franceses.

Cultura, política de gestos

En el terreno cultural, salvo algún detalle interesante en materia de promoción

de la industria del cine —compensado con una arcaica, mojigata y discriminatoria

legislación para las películas pornográficas, y la indudablemente popular,

aunque técnicamente discutible, decisión de hacer gratis los museos, no hemos

visto nada, aunque sí veamos continuamente fotos del ministro.

Los acuerdos de coproducción entre TVE y las productoras de cine privadas llevan

ya dos años de estancamiento presupuestario. Tal vez fuera bueno que el señor

Solana —cuyo raudal de simpatía

desborda su indudable inteligencia— dejara descansar a los poetas octogenarios

esta primavera y se consagrara a ese tipo de iniciativas a largo plazo.

Sigue por concluir la ley de Propiedad Intelectual, siguen mandando las editoras

sobre los creadores en términos bajomedievales, sigue sin haber una política del

libro español de cara a la exportación a Hispanoamérica, pero el señor Solana se

conocerá pronto el aeropuerto de Barajas como la palma de la mano, algo

desgastada por el continuo roce con los genios viajeros.

La promoción cultural auspiciada por Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos sigue

bajo el signo de la verbena, lo que no parece el mejor medio de elevar realmente

el nivel cultural español, aunque las definiciones de «cultura popular» que

suelen hacer algunos responsables socialistas casi hacen preferible la mera

promoción del folklore local y de los fuegos artificiales.

El reto educativo

Recientemente ha hecho público el ministro de Educación un soberbio presupuesto

que viene a remediar las deficiencias retributivas del profesorado no

universitario y a facilitar la dedicación a la investigación en las

desguarnecidas Facultades universitarias. Bienvenido sea. Falta concretar, sin

embargo, junto a esa política presupuestaria, un programa serio de reforma

educativa, porque tenemos una EGB desnivelada, una Formación Profesional

inexistente, un Bachillerato, punto esencial, que no ha levantado cabeza desde

que lo triturara Villar Palasí y unas Universidades rutinarias y amontonadas que

desembocan en la oficina de desempleo. Malo sería que el señor Maravall no

hubiese aprendido la lección de las incompatibilidades y se empeñara en hacer

vivir a los profesores de la mañana a la noche en su centro de trabajo, buena

parte de los cuales no tienen más lugar social para actividades-y preparación de

clases que el bar de alumnos.

Es preciso encontrar un régimen flexible de dedicación que permita a la

enseñanza española disponer, siquiera como colaboradores, del mayor número

posible de intelectuales y profesionales de valía. La experiencia demuestra que

el funcionario trotón no ha superado la pedagogía socrática. Esperemos que el

doctrinarismo teórico que se atribuye a Maravall no desemboque en una pedagogía

hecha de horario largo, escalafón rígido, profesores ojerosos y alumnos

trasegando sin provecho los más arduos saberes desde antes de salir el sol hasta

el último telediario.

Aborto y reforma sanitaria

Una de las batallas públicas de opinión que ha tenido que afrontar el Gobierno

ha sido la despenalización del aborto.

Aunque en estas páginas se han criticado ya lo que nos parecen medrosidades

innecesarias o insuficiencias claras, hay que elogiar al ministro Lluch por

haber hecho honor a las promesas electorales del PSOE y aguantar a pie firme las

campañas ultramontanas y oscurantistas de esas muchedumbres, partidarias de la

pena de muerte para los terroristas y otros delincuentes, que se echan con

fervor a la calle escoltadas por oscuras batas blancas y pálidas sotanas negras.

La sanidad pública es un objetivo al que no se puede renunciar. Y el hecho de

poder escoger médico en la Seguridad Social es, sin duda, el primer paso de la

reforma.

Conseguir que los médicos cumplan sus horarios y que los enfermos dejen de ser

rehenes de una Seguridad Social cuya financiación corre a cuenta de sus

impuestos es el gran reto de uno de los Ministerios con más trabajo y, todo hay

que decirlo, con más dinamismo demostrado.

Las autonomías inacabables

Los socialistas han demostrado en el País Vasco que están a la altura de su

responsabilidad nacional como partido y no sólo como Gobierno. El elogio a su

valor es obligado. Pero hay que ver si el espíritu de la LOAPA, que parece el

más racionalmente asumido por el PSOE y por el Ejecutivo, encuentra en el pacto

con las minorías nacionalistas vasca y catalana un terreno verdaderamente

practicable.

Tiene razón el ex presidente de la Generalidad, Tarradellas, cuando advierte

sobre los peligros de ingobernabilidad que entrañan 17 Parlamentos autónomos. La

actual parálisis de la autonomía castellana es bien significativa de los magros

resultados obtenidos por la doctrina ucedea del «café para todos» y la demagogia

ocasional de los socialistas.

Sería muy conveniente dejar la puerta abierta a una cierta simplificación del

mapa autonómico, perfectamente posible ya hoy en la meseta y que se

correspondiera de forma eficaz con el ideal federal del PSOE. Con el poder

municipal y gubernativo en sus manos, Alfonso Guerra puede aproximarse a esa

cuadratura del círculo estatal que presenta hoy un panorama menos crispado.

El patrimonio del cambio

En suma, podemos valorar esta trascendental experiencia histórica de forma

moderadamente positiva, si atentemos a la gran cantidad de factores que

concurren en ella. El deseo de cambio y de dinamización de la sociedad española

llevó al PSOE al poder, y ahora su Gobierno está haciendo frente, con

deficiencias pero con buen ánimo, a ese reto.

-Es posible que el Gobierno y el partido que lo sustenta sigan manteniendo una

concepción patrimonial y sectaria del «cambio», pero es imposible que la

sociedad española permanezca indiferente ante los planes del Gobierno.

La oposición parlamentaria tiene ahora que esforzarse para organizar una

alternativa democrática eficaz, los empresarios deben acostumbrarse a un

razonable rigor en su actividad, los trabajadores no deben esperar que un

Gobierno de izquierdas les regale el salario, los funcionarios deben cumplir a

rajatabla con su obligación.

En resumen, la ciudadanía española no puede hoy permitirse el pecado capital

contra la democracia: la indiferencia. España, con el cambio o contra el cambio,

está tensa, preocupada o ilusionada, pero viva. Y esa vitalidad nacional sigue

siendo el auténtico patrimonio del cambio, de una dignificación de la condición

de ciudadano a la que el Gobierno debe servir más y mejor por todos los medios

legales a su alcance.

 

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