Autor: Gil, Francisco Javier . 
 100 días. Mediante la exigencia del cumplimiento de horarios. 
 La moralización de la función pública     
 
 Diario 16.    11/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

Tal vez los primeros pasos por la reforma de la Administración Pública han sido

los más sonoros LOMEJOR Que ha dado el Gobierno socialista en sus primeros

cien días de gestión, si

exceptuamos la expropiación de Rumasa. El Gabinete de Felipe González ha

pretendido sanear las estructuras de la función pública inyectando una buena

dosis de moralidad, y exigiendo el cumplimiento estricto del horaria.

Mediante la exigencia del cumplimiento de horarios.

LA MORALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Francisco Javier Gil.

Han sido cien días —los primeros del Gobierno socialista—, a la caza y captura

de incompatibilidades en la Administración.

El Gabinete de Felipe González entró pisando fuerte en las arenas movedizas de

la función pública, ese «triángulo de las Bermudas» donde antes desaparecieron

algún que otro ministro y no menos de cuatro o cinco secretarios de Estado

ucederos para la reforma de la Administración con sus planes y organigramas

inéditos bajo el brazo.

Y en menos de cien días cerca de dos millones de funcionarios han notado el

cambio.

El objetivo socialista era muy claro: sanear la estructura de la función pública

inyectando una enorme dosis de moralidad. Lo cual no prejuzgaba negativamente —

al menos en la cúpula gubernamental— el comportamiento de la mayoría de los

funcionarios.

El criterio obsesivamente reiterado por la nueva Administración es impedir que

alguien cobre dos sueldos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Y

junto a esta incompatibilidad de remuneraciones, el Gobierno ha puesto en marcha

la eliminación práctica del imposible metafísico que implica el pluriempleo

simultáneo, es decir, el ejercicio de más de un trabajo durante un mismo

horario.

Muy posiblemente estos primeros pasos, en la reforma de la Administración han

sido los más sonoros del cambio antes de la expropiación de Rumasa. Y lo más

sorprendente es que se hayan dado con una herramienta legal antigua, pero

vigente, como ha sido la aplicada por el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest

Lluch, para evitar la «compatibilidad horaria» de algunos médicos que, al mismo

tiempo, «atendían» su consulta particular y la de la Seguridad Social.

Con este procedimiento el ministro asegura haber conseguido hasta el pasado 15

de febrero que 915 médicos hayan tenido que pedir excedencia, con lo que calcula

que automáticamente se reduce en cerca de un 50 por 100 la cifra de médicos en

paro absoluto, estimado en unos dos mil en nuestro país.

Al mismo tiempo, las nuevas autoridades han empezado a exigir el cumplimiento de

horarios en la jornada laboral de los funcionarios. En muchos centros estatales

el reloj de fichas ha venido a desterrar la tradicional hoja de firmas y se ha

extremado la inspección.

Ciertamente, la crítica surgida en algunos sectores de la Administración contra

estas primeras medidas del Gobierno podían estar no exentas de razón.

En primer lugar, tal vez diera la impresión de que las nuevas autoridades habían

escogido al funcionariado como víctima y objetivo. Y dentro del colectivo

funcionarial parecía como si las ¡ras socialistas se hubieran centrado en los

sectores menos privilegiados, mostrando cierto respeto por los llamados «Cuerpos

de élite» de la Administración.

Pronto el Gobierno dejó bien claro que no tenía miedo a las presiones de los

grupos de funcionarios más cualificados, y así, por vez primera en la

Administración española se vio ir a la huelga en reivindicación de sus derechos

sindicales y laborales a abogados del Estado, técnicos de Hacienda y otros

colectivos funcionariales de alto rango.

Otra de las críticas que se han podido hacer a los primeros pasos del Gobierno

socialista por ta Administración del Estado es haber urgido un horario más largo

para el funcionario y la privación de sus vacaciones navideñas sin haber

planificado previamente el trabajo a realizar, llenando de «tiempos muertos» una

jornada más prolongada.

Posiblemente sea verdad. Tal vez la reforma se ha iniciado por la forma y no por

el fondo. Pero es que quizá aquí la forma era el fondo y por algún lado había

que empezar.

Se ha hecho madrugar a algunos funcionarios —otros, muchísimos, ya lo hacían—,

se han abierto las ventanillas de los centros oficiales por la tarde y, aunque

aún no se haya conseguido, se aspira a dar un buen servicio al público que en

muchos casos haga olvidar el «vuelva usted mañana» de Larra.

A todo esto hay que sumar la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la ley de

Incompatibilidades, aprobada en la pasada legislatura sin los votos del partido

ahora en el Gobierno por considerarla poco exigente.

La iniciativa legislativa de! nuevo Gabinete en esta materia ha cristalizado en

sendos proyectos de leyes orgánicas, por los que se regularán las

incompatibilidades de parlamentarios y altos cargos de la Administración.

Hay que dejar constancia de que en estos cien días de Gobierno socialista, éste

ha aplicado en cierta medida la marcha atrás en su inicial propósito

incompatibilizador.

De lo contrario, y a juzgar por lo relativamente tacaña que suele ser la

Habilitación de la Administración, se podría dar en ésta una auténtica fuga

masiva de cerebros.

 

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