El Proyecto de Ley de Asociaciones Políticas. 
 Invitación al pluralismo     
 
 ABC.    24/03/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

EL PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES POLITICAS

INVITACION AL PLURALISMO

El proyecto de ley sobre el derecho de asociación política significa muy claro avance sobre las anteriores

normas estatutarias, que deroga en la primera de sus disposiciones finales. Resulta texto suficientemente

abierto para que las asociaciones o partidos políticos —¿por qué no, definitivamente, partidos?— puedan

aceptar su cauce, bien pormenorizado y explícito en todo cuanto atañe al funcionamiento y mecánica

asociativos.

Los criterios establecidos para determinar la licitud o ilicitud de las asociaciones o partidos son, al

tiempo, amplios y precisos. Para la licitud se demanda conformidad al espíritu de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, a las Leyes Fundamentales del Reino y a la propia Ley reguladora del

derecho de asociación. En la ilicitud incurren las asociaciones que se propongan la implantación de un

régimen totalitario; las que pretendan constituirse o actuar al margen de la ley asociativa; las que

encubran asociaciones disueltas o suspendidas; las que atenten a la soberanía, unidad, integridad,

independencia y seguridad nacionales o admitan la violencia o la subversión como medios de acción

política o social; y, por último, las tipificadas como ilícitas en el Código Penal.

Aunque algunos aspectos de las exigencias de licitud puedan ser materia de próximo comentario en estas

columnas, debemos subrayar hoy su adecuación a la finalidad sinceramente democrática que el proyecto

de ley persigue. La libertad del juego democrático de los partidos no puede confundirse, y menos aún

desde la autoridad del poder, con la impunidad o la disgregación social o el caos público. A tal confusión

equivaldría no incluir en el texto legal las definiciones de ilicitud asociativa.

La competencia atribuida al Ministerio de la Gobernación, la instancia de recurso creada arte un Tribunal

de Garantías, como Sala en el Tribunal Supremo, y la actuación de los Tribunales de Justicia ordinarios

para entender de las responsabilidades civil y penal de las asociaciones y de sus miembros, componen un

sistema de seguridad jurídica firme y normal para las asociaciones. Una anterior tendencia errónea, que

defendía el encuadramiento asociativo en otras áreas de menor objetividad, se corrige acertadamente en la

nueva regulación. La tramitación de una asociación o partido y su control legal no exigen de los

promotores, ni de los miembros, el paso por puertas que pudieran resultarles ingratas, indebidas o de

rechazada sumisión.

Destacadas estas normas como particularmente sustantivas, del proyecto de ley,

como definitorias de su inspiración anchamente democrática, se puede reiterar un juicio genérico

favorable. Favorable y positivo, sin duda, aunque en algún punto quizá requiera el proyecto retoques o

matizaciones para una máxima objetividad. ¿Acertarán las Cortes a hacerlos, sin desvirtuar en ningún

punto todo lo demás del texto legal, que es auténticamente democrático y conveniente al tiempo histórico

del país?

 

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