El cambio que se espera. 
 Que el Estado funcione     
 
 El País.    23/11/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

EL CAMBIO QUE SE ESPERA

Que el Estado funcione.

ENTRE LAS expectativas de cambio suscitadas por la oferta electoral de Felipe

González figura, en lugar destacado, el compromiso socialista de luchar para que

las cosas funcionen en nuestro país, objetivo compartido por la totalidad de los

españoles siempre y cuando sean los demás quienes corran con las cargas

necesarias para poner en práctica ese llamamiento a la eficacia, a la

responsabilidad y al trabajo bien hecho. Por esa razón, el futuro Gobierno

socialista tiene el deber inexcusable de ocupar el primer puesto en esa empresa

colectiva de moralización de la convivencia social, a fin de lograr que las

exhortaciones retóricas terminen materializándose, por la vía del ejemplo, en

hábitos de conducta. Los representantes electos de la nueva mayoría y los cargos

públicos de libre designación por el poder ejecutivo socialista estarán

obligados al escrupuloso cumplimiento de sus funciones y a la completa

transparencia de sus actuaciones.

La anunciada ley de Incompatibilidades permitirá comprobar la firmeza de las

promesas socialistas en lo que se refiere al definitivo abandono de esas

prácticas viciosas con los fondos públicos, a caballo entre la corrupción y la

indelicadeza, que tanto han prodigado en nuestro país los ocupantes de los

puestos políticos. La pluralidad de ingresos pagados por el presupuesto —

acumulando el beneficiario remuneraciones como representante electo en el

Parlamento y la Administración local, cargo del poder ejecutivo, funcionario de

carrera, asesor ministerial, consejero de empresas públicas, etcétera— ha sido

el caso más estridente de apropiación privada, sin infracción formal de la

legalidad, de los recursos públicos.

Pero los futuros gobernantes, además de aplicarse a sí mismos el régimen de

incompatibilidades por el que habían luchado mientras permanecían en la

oposición, deberían prohibirse también la utilización de los gastos estatales

para fabricarse economías externas, buscar gratificaciones simbólicas o colocar

a sus clientelas, rehuyendo el peligroso camino iniciado en alguna comunidad

autónoma. La pedrea de los centenares de cargos de libre designación en las

administraciones públicas y en las empresas estatales —hasta ahora confortable

asilo para políticos en vez de incómodos embolados para gerentes—servirá como

piedra de toque de la sinceridad de esos propósitos. Seguramente el monto total

de esos ahorros será, dentro de las cifras billonarias del gasto público, el

equivalente del chocolate del loro. Sin embargo, no se trata de cuestiones de

intendencia, sino de ética política. Y tampoco se trata de moralinas para

puritanos, sino de obvias exigencias para los administradores de bienes ajenos.

Porque resultaría difícil que los ciudadanos respondieran con convicción a los

llamamientos de solidaridad ante la crisis si descubrieran que los nuevos

gobernantes se disponían a manejar los dineros públicos con el mismo desenfado

que algunos de sus predecesores.

Pero los parlamentarios, los gobernantes y los cargos políticos, aunque ocupan

el vértice jerárquico de la organización estatal, constituyen una ínfima minoría

de las personas que trabajan para la Administración pública y obtienen sus

ingresos de esa fuente. Su honestidad y dedicación serán una condición

necesaria, pero no suficiente, para conseguir que la función pública de verdad

funcione y se convierta en motor de arranque del resto del país. La

Administración es todavía para muchos españoles, dignos herederos de los

personajes galdosianos, ún cobijo vitalicio que protege contra las inclemencias

del despido, se comporta como patrón benevolente con sus empleados y equilibra

la mediocridad de las remuneraciones con la tolerancia para los bajos

rendimientos, el incumplimiento de los horarios o el absentismo. Sería injusto,

sin embargo, ignorar la otra cara de la moneda y olvidar que un sector cada vez

mayor del funcionariado cumple ejemplarmente con su trabajo, defiende la idea de

servicio público y tiene la voluntad —para expresarlo con palabras de Ortega— de

"hacer eficaz la máquina del Estado". En definitiva, una Administración,

comparable a la de los países industriales, que huya del doble riesgo de asumir

el protagonismo de la entera vida social y de sumirse en la rutina y en la

ineficiencia.

La tarea de reforma con la que se enfrentará el futuro. Gobierno socialista es

complicada y difícil, ya que nuestra Administración pública, engrosada y

deformada bajo el franquismo, ha hecho suyas, sin plena conciencia, aquellas

terribles palabras de Sancho: "Yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un

hato de ganado". Los tiempos de Larra se hallan separados de los nuestros por el

enorme crecimiento de los aparatos administrativos y el aumento de sus

competencias. Por esa razón, el vuelva usted mañana del siglo XIX agrava ahora

su intrínseca desconsideración con las multiplicadas repercusiones negativas

sobre una sociedad a la que el intervencionismo estatal abruma con permisos

previos, licencias de apertura, papeleos infinitos y trámites interminables.

Según la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año,

1.600.000 personas están empleadas en el sector público, sobre un total de

10.900.000 españoles ocupados. Mientras nuestra población activa ha descendido,

a lo largo de los últimos cinco años, en millón y medio de personas, el sector

público ha engendrado 260.000 nuevos puestos. Las remuneraciones de personal de

las distintas administraciones públicas rebasan el billón y medio de pesetas y

aproximadamente un tercio de las personas que trabajan por cuenta ajena viven de

los aparatos estatales. A estas impresionantes cifras hay que añadir los

asalariados de las empresas públicas, carentes de derechos vitalicios, pero

beneficiarios en muchos casos de la irresponsable prodigalidad de unos

ineficientes gestores que, protegidos de la quiebra por el pozo sin fondo del

presupuesto nacional, aplican el dinero de los contribuyentes a la fabricación

de números rojos.

El futuro Gobierno socialista heredará, así, una Administración elefantasiaca,

cara, ineficiente, torpemente intervencionista, mal preparada para dirigir una

sociedad industrial en tiempos de crisis y atrincherada tras gruesos muros de

piedra insolidaria que la aislan de unos administrados a los que ignora.

Los elevados costes de personal, de añadidura, no le dejan al Presupuesto

renglones disponibles para sufragar servicios públicos, prestaciones sociales e

inversiones de infraestructura. Ahora bien, la Administración pública no es un

cuerpo extraño superpuesto a la sociedad, sino la organización de centenares de

miles de personas, que también ejercen sus derechos ciudadanos, integradas en

una estructura jerarquizada sometida a normas. Dentro de ese gigantesco

colectivo hay, sin duda, un gran número de hombres y mujeres que han votado a

Felipe González y que son los primeros interesados en que el Estado funcione. El

futuro Gobierno socialista no querrá, lógicamente, enajenarse las simpatías de

ese sector del funcionariado y tendrá que escuchar sus opiniones y satisfacer

parte de sus aplazadas demandas. Pero la aceptación de esas reivindicaciones

debiera tener como contrapartida la buena disposición de los afectados para

colaborar en las tareas de moralización referentes al cumplimiento de los

horarios, el absentismo, el pluriempleo, etc. El sentido común puede ser un útil

consejero para facilitar el entendimiento e impedir una manipulación

corporativista de los sentimientos de solidaridad orientada a hacer inviable

cualquier reforma; por ejemplo, la jornada a tiempo parcial, con la

correspondiente congelación de sueldos, puede ser más rentable para la

Administración y más beneficioso para los funcionarios que obligar a estos a

estirar un horario que no justifica el trabajo pendiente.

No cabe olvidar, en cualquier caso, que la Administración pública también cobija

en su seno mafias dedicadas a la colusión con intereses particulares y altos

cuerpos que han patrimonializado como bienes privados la función pública. Del

futuro Gobierno socialista, esperan los ciudadanos, incluido buen número de

funcionarios, una verdadera reforma de la Administración, que aumente sus

rendimientos, racionalice su organigrama, simplifique su diseño, abarate su

mantenimiento, disminuya la separación entre administradores y administrados,

persiga las corrupciones y acabe con la altanería de los cuerpos privilegiados,

que han terminado por creerse que son ¡os dueños y no los servidores del Estado.

 

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