El discurso de investidura. 
 Ley y orden     
 
 Diario 16.    02/12/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

E1 discurso de investidura (II)

Ley y orden

«Ley y orden» son términos bajo los que tradicionalmente gusta abanderarse la

derecha conservadora. Sin embargo, no hay que considerar la frase de Goethe:

«Prefiero la injusticia al desorden», como un mero reflejo autoritario.

Cualquier Gobierno tiene obligatoriamente que asumir la garantía de la seguridad

ciudadana. Y el PSOE no puede ser una excepción.

La seguridad ciudadana, en un Estado de derecho, es la condición del ejercicio

de los derechos ciudadanos. El ejercicio de la libertad en España debe estar

amparado y regulado por las leyes, y hay aspectos en nuestro horizonte legal que

reclaman una decidida reforma del Código vigente.

En el debate de investidura, Felipe González ha acogido con todo el respeto que

merece su interés en asegurar el derecho de asistencia letrada al detenido, el

«habeas corpus» y cuantas medidas legales impidan la existencia de hechos como

los que recientemente han denunciado diversas publicaciones, con fotografías

inhumanas de interrogatorios policiales, en las que algunos representantes de la

ley quedaban a parecida altura moral que los pistoleros.

Para acabar con la tortura, que convierte al Estado de derecho en un grupo de

autodefensa criminal, la única medida seria es el refuerzo no sólo de la ley,

sino de la administración de justicia, sin cuya reforma resultará imposible

hacerse cargo de las indudables deficiencias que el tratamiento legal de los

detenidos acusa hoy en España.

No se trata sólo de reformular algunos extremos de la ley Antiterrorista, sino

de posibilitar que un detenido a la espera de juicio no se convierta en un rehén

al arbitrio de algunos funcionarios muy relativamente controlados. Esta

seguridad del detenido a merced de la ley es uno de los grandes retos del

Ejecutivo.

Algunos interpelantes se han referido en términos elegiacos al tratamiento del

fenómeno golpista. En rigor, del nuevo Ejecutivo sólo cabe esperar una política

que limite radicalmente las «jurisdicciones especiales» y que no prosiga la

política de avestruz de anteriores ministros de Defensa.

Si la política contra el terrorismo del nuevo Gobierno prosigue y mejora la del

ministro Rosón, no cabe duda de que el refuerzo de los principios de

constitucionalidad y obediencia al poder legal se acentuarán todavía más en

nuestros Ejércitos.

Para ello no cabe duda de que el nuevo Gobierno tendrá que jugar a fondo la baza

de la colaboración francesa y el respaldo «fáctico» de la Internacional

Socialista. En lo que hace a los golpistas civiles o terroristas sin uniforme,

no hay que pedir sino la implacable aplicación de la ley sin complicidades de

ningún tipo.

Dentro del espíritu del slogan socialista «que España funcione» cabe incluir

toda una serie de medidas poco espectaculares, pero que acerquen al ciudadano a

la colaboración con las diversas Policías.

Para ello hace falta la conciencia de que en España hay orden, de que en el País

Vasco y Cataluña se va a renegociar un ámbito de compromiso legal —Loapas

aparte— y de que el imperio de la ley no va a ser «imperial», sino rigurosamente

legal.

 

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