Un debate incompleto y desordenado     
 
 ABC.    02/12/1982.  Página: 14-15. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

OPINION

Se espera la respuesta.

A las repetidas demandas de completa y clara explicación de las cuentas del

Ayuntamiento de Madrid, puestas en tela de juicio por una cuidadosa auditoría

realizada por expertos del Ministerio de Hacienda, no ha contestado aún la

corporación municipal ni el alcalde presidente, cuyas cuentas, por cierto, han

merecido destacado renglón en el documento de los auditores.

Decimos que todavía no hay respuesta porque no es posible aceptar como tal una

fragmentaria explicación sobre la gestión recaudatoria de algunos impuestos. Y

menos admisible resulta que se intente desautorizar la auditoría con una tópica

acusación de manipulación política. Ambas reacciones del Ayuntamiento de Madrid

equivalen a proyectar una barrera de humo que impida ver la realidad de las

cuentas. No son la explicación a que tiene derecho el pueblo madrileño, ni

tampoco la explicación que convenza a nadie de la corrección con la que se ha

llevado la gestión económica municipal.

Acontecimientos políticos de mucha mayor magnitud —comienzo de la nueva

legislatura, investidura presidencial, formación del nuevo Gobierno— han

apartado naturalmente la atención de la opinión pública de este asunto. Pero por

tratarse de materia tan grave y delicada como lo es siempre la administración de

fondos públicos, el asunto no se puede olvidar, no se puede marginar, no admite

que se le eche tierra encima y quede archivado en remotas estanterías

burocráticas. Y resulta irritante el anuncio de un acto público, de reducido

ámbito vecinal, donde el delegado municipal de Hacienda responderá, por lo

visto, a las preguntas que le planteen sobre la situación de las finanzas

municipales y los distintos gastos de la Corporación. ¿Cómo admitir, sin

protesta, que asunto semejante sólo sea materia que deba explicarse a una

federación de vecinos? ¿Para qué existen, además, los periódicos y medios de

comunicación social, otras ágores más amplias y más idóneas donde dar cuenta

cumplida de una gestión económica que ha sido públicamente censurada?

Reiteramos la demanda: sobre las cuentas del Ayuntamiento, luz; y para su

explicación, taquígrafos.

Cuanto antes, urgentemente.

Hubo tres errores formales en el decisivo debate parlamentario para la

investidura de don Felipe González. Errores formales, pero graves en tanto que

vician el desarrollo de esta decisiva ocasión parlamentaria. En primer término

hay que detectar la anomalía de un candidato obligado a exponer, según la

Constitución, su programa de Gobierno frente a la realidad de un programa que no

se ofreció a la Cámara en la sesión de anteayer, sino que fue explicado ayer, en

el curso del debate y sólo parcialmente.

Resulta, por ello, segundo error, que los portavoces de los distintos partidos

se han visto obligados a un juicio de intenciones sobre el futuro presidente del

Gobierno hecho sobre su programa electoral y no sobre el discurso de

investidura: así, no se ha discutido el programa todavía incógnito del señor

González, sino una declaración genérica del socialismo español de 1982. Hay que

señalar, por último —tercer error— la impropiedad de un reglamento que concede

la palabra a los portavoces de minorías exiguas para dársela, en un final de

sesión maratoniana, a la única oposición consistente que el vencedor tiene en la

Cámara.

Estos vicios de origen han privado al Congreso y a la opinión pública del

cumplimiento suficiente de un mandato constitucional: si el programa de gobierno

se hubiera conocido en la sesión de anteayer, hubiera existido la posibilidad de

clarificar las grandes líneas de la política nacional de los próximos años. Hay

que temer, por el contrario, que los españoles amanezcan hoy con la misma

incertidumbre que esperaban despejar con los debates de la investidura. Por eso

este primer paso del Partido ocialista y constituye un pobre servicio al sistema

democrático. El mal funcionamiento de la técnica parlamentaria descubre defectos

fácilmente corregibles: sobre ellos conviene llamar la atencin de quienes tienen

facultades para modificar el Reglamento de la Cámara y de quien puede aplicarlo

mejor.

¿Cómo negar al debate, a pesar de esas graves imperfecciones, un grado de

utilidad? Es preciso reconocer que la tediosa, farragosa y difusa sesión

parlamentaria cambió de signo con las intervenciones del jefe de la oposición,

señor Fraga, y del líder de la Minoría Catalana, señor Roca. Porque ha sido al

final del debate —en la franca y democrática confrontación entre don Felipe

González y don Manuel Fraga, y en la previa discusión económica con don Miguel

Roca— cuando han surgido los grandes temas que van a determinar el decurso de

estos años: situación de España en el mundo, lucha contra la crisis económica,

defensa de la democracia y garantías sobre la información. No se trata de que

estos capítulos transformen directamente la vida de los españoles: las

prioridades educativas y culturales tienen, por ejemplo, un calado muy superior

en la vida colectiva. Pero sí es cierto que de esos cuatro capítulos va a

depender la viabilidad del sistema que haga posible una verdadera política

nacional.

El partido vencedor en las elecciones ha dedicado una atención mínima a la

política exterior y se ha limitado, en una evolución cada vez más ambigua de su

posición sobre la OTAN, a prome-

ter un referéndum sin fecha y a congelar el efectivo ingreso de España en la

organización militar de la Alianza. La ignorancia dramática que se mantiene, y

quizá se fomenta, en torno a datos fundamentales de la interdependencia y a los

condicionamientos externos de los que depende nuestra vida diaria como nación,

han impedido a los españoles, a lo largo de la campaña electoral y también

durante el debate de ayer, tener una idea clara referente a las decisiones que

se toman sobre España fuera de sus fronteras:

desde las que afectan a una deuda de 29.000 millones de dólares, hasta los

puntos más críticos de nuestra defensa, pasando por el empleo, los precios, el

comercio exterior y la competítividad. De ahí la utilidad del enfrentamiento

producido entre el señor Fraga y el nuevo presidente del Gobierno sobre la

posición atlantista de los socialismos europeos y sobre el giro determinante que

acaba de producirse en la URSS. La vaguedad, la oscuridad y las contradicciones

en que se ha movido el PSOE en el frente de la política exterior van a

constituir, junto a los retos económicos, las claves de la etapa que ahora

comienza. En este sentido es alarmante pensar, por ejemplo, cómo toda la defensa

aérea, española puede quedar en inmediata situación de ceguera si nuestra

ruptura con la Alianza nos privara de los sistemas de detección que operan sobre

cielo europeo. Se trata, insistimos, de un mero ejemplo. Si la vida

parlamentaria es útil, lo es también por su capacidad para poner luz en los

asuntos peor conocidos del interés nacional.

En el capítulo de la economía, el debate, dentro de las respuestas en réplica a

los turnos —intuitivas e instintivamente críticas— de la oposición, no aportó la

luz esperada y necesaria. Las intervenciones de don Felipe González, que en su

discurso rozaron lo tautológico, vinieron a componer para la óptica liberal de

la economía algo así como el entero glosario de la cuadratura del círculo. Es

decir, con las propuestas consecutivas de un aumento del ahorro y de incremento

de la presión impositiva a través de la culminación de la reforma fiscal, tanto

por la vía de una presión mayor acentuando la progresividad, o por medio de una

nueva normativa para las sucesiones y las donaciones..., se mantuvo un objetivo

y se sostuvo su contrario.

Se advirtieron, pues, contradicciones graves para la política económica en la

peculiar y sincopada fórmula de exponer el programa del nuevo Gobierno. De nada

sirve incrementar la inversión incentivándola fiscalmente si, fiscalmente

también, se bloquea con la progresividad impositiva la acumulación del ahorro

que se necesita para ello. La inversión que resulta posible desde tal

planteamiento es bastante más la inversión pública que la inversión privada. Y

quede aparte la consideración de que con formulaciones de tal porte dentro de la

actual crisis de la economía española, el incremento de la presión fiscal no se

traducirá en un crecimiento paralelo de las recaudaciones, sino en una segura

caída de las mismas por el empobrecimiento económico derivado de la progresiva

presión de la fiscalidad. Las contradicciones fueron al cabo salvadas desde la

coherencia específica de la lógica socialista, que si nada tiene que ver con la

lógica liberal, tampoco se compadece excesivamente, como la experiencia francesa

ha demostrado, con la lógica inamovible de la realidad económica.

El tercer gran tema "de los surgidos en el debate de ayer fue suscitado primero

por el señor Roca y luego por el señor Fraga: una mayoría absoluta, no genera un

poder absoluto, del mismo modo que la razón jurídica no depende de la razón

política. Es un problema central, que hubiera servido de eje a un gran debate.

También en este punto volvió a oírse la repetida garantía del secretario general

del PSOE, en tanto que el. partido vencedor se ratifica como «partido de las

libertades». Por eso quizá, también, hubo una precisión necesaria de don Manuel

Fraga a la razón de ser de la alternancia en el poder. El sistema democrático se

funda en la posibilidad de sustituir al Gobierno, pero esa posibilidad depende

de la pervivencia efectiva de las libertades reales. Una democracia formal, sin

libertad real de información, de opinión, de iniciativa económica y de

pluralidad cultural, llevará indefectiblemente a la perpetuación de los

vencedores en el poder.

Mención aparte merece la hecha por el candidato a la presidencia del Consejo, en

el humorado y distendido tono de sus intervenciones de ayer, sobre la

ejemplaridad con que en los Estados Unidos se persiguen y castigan ciertos

delitos fiscales cometidos en la evasión de impuestos. La cita hubiera sido

enteramente oportuna de haberse completado con las justas referencias al rigor

con que son aplicados y controlados los recursos públicos en la democracia

americana. Los problemas en que se debate en estos momentos la Hacienda

municipal madrileña, al que dedicamos comentario aparte, justifica nuestra

apreciación. La insuficiencia de las seguridades aportadas por don Felipe

González para lo que concierne a la libertad, de expresión, se hace más visible

en el tema de la libertad industrial de información.

Preocupa, en efecto, que el derecho de la sociedad española a disponer de

canales privados de televisión, formalmente sancionado por el Tribunal

Constitucional, no haya sido asumido como corresponde en los propósitos

legislativos del nuevo Gobierno socialista contra lo dicho por el nuevo titular

de la Presidencia del Consejo de Ministros, la sentencia del alto Tribunal es

entera y rigurosamente vinculante para el poder ejecutivo.

Y cuando frente a la meridiana claridad del mandato judicial el Gobierno del

señor González define sus propósitos en la forma que lo ha hecho, se abre de

inmediato un período de grave inquietud para la libertad informativa en España.

Retraer un derecho de la sociedad al albur de las discrecionalidades

administrativas es algo que ni casa ni se aviene con el Estado de Derecho.

Veladuras e indeterminaciones de este porte como respuesta alternativa a

facultades sociales consolidadas por el Derecho, no enriquecen las bases y los

soportes para esa solidaridad nacional demandada por don Felipe González.

Estas son las primeras consideraciones de una nueva etapa política que habrá de

merecer nuestro atento seguimiento editorial.

 

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