Etica y política en el mensaje del presidente     
 
 ABC.    23/01/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Etica y política en el mensaje del presidente

En el fondo del discurso pronunciado anteayer por el presidente del Gobierno

conviven, a nuestro juicio, aciertos evidentes y errores preocupantes. El

primero de esos aciertos debe hallarse, creemos, en la claridad de la respuesta

de don Felipe González a una pregunta sobre el terrorismo: podremos vencer

definitivamente a los terroristas si existe un clima de solidaridad, ciudadana;

se puede avanzar aún más después de los recientes y concretos progresos; no se

puede negociar nada que quede fuera de la Constitución; en ningún caso se

negociará la unidad de España. Este es, en nuestro criterio, el lenguaje que

conviene utilizar en una etapa política caracterizada tantas veces por la

indefinición y la ambigüedad.

El segundo acierto del mensaje presidencial debe hallarse en la distinción

marcada entre las creencias personales del señor González, que se expresa como

un pacifista, y la convicción del jefe del Gobierno al reiterar su decisión de

no dejar a España indefensa ante la amenaza exterior. También aquí predomina el

lenguaje de los intereses del Estado sobre las siempre discutibles ideas

propias, los particularismos o la política menor.

El tercer logro del presidente en su alocución de ayer se encuentra, a nuestro

juicio, en la reiterada demanda de solidaridad a todos los ciudadanos,

indispensable para salir de la crisis. En este punto, pensamos, la actitud

personal del presidente pesa tanto como su propia palabra. Cuando don Felipe

González no habla de asuntos concretos de gobierno, sino de problemas humanos,

de criterios generales, su mensaje cobra un tono de convicción, de contrastada

veracidad. Esto es lo que nos conforta y nos preocupa a la vez, porque el señor

González no ejerce una autoridad moral, no está al frente de un movimiento

humanitario o religioso, sino que ha sido colocado por los votos al frente de un

Gobierno que tiene un deber de decisión: no se trata de adoctrinar a los

contribuyentes, sino de llevar a cabo un proyecto concreto dentro de unos plazos

precisos con unos recursos determinados. Y éste es el punto crítico en el que,

desde el reconocimiento de lo anterior, hemos de cumplir nuestro deber de

análisis y dejar constancia de nuestra preocupación.

Es muy arriesgado, y ésta es una proclividad que quizá reconsidere el

presidente, el constante recurso a la ética. Un partido que se funda en la

moralidad de su programa está descalificando, de modo implícito pero automático,

a sus rivales. Es un recurso cargado, al mismo tiempo, de candidez y

peligrosidad. No hemos oído jamás al señor Mitterrand, el canciller Schmidt o a

la señora Thatcher fundar una sola de sus decisiones sobre la moral. Los

estadistas hablan siempre de necesidades y soluciones, pero no apelan a la ética

porque saben que eso es entrar en el terreno del equívoco. Sólo un hombre

publicó de nuestro tiempo, el presidente Cárter, insistió, con tonos de pastor

metodista, en asegurar a los americanos y al mundo que estas o aquellas de sus

decisiones arrancaban de un imperativo moral. Esa confusión permanente de la

ética —que se refiere al mundo del deber ser— con el plano de la política, que

opera sobre lo que es, y sobre lo que realmente se puede hacer, alarmó a los

electores. El presidente Cárter no fue derrotado, sino que resultó literalmente

barrido por un electorado que no pagaba sus impuestos para que el presidente les

leyera versículos de la Biblia.

Esta confusión de preferencias, de valores y de hechos desembocan en problemas

de enfoque, inquietantes cuando se trata del nivel más alto del Gobierno de una

nación. Tomemos un ejemplo. El presidente ha afirmado ante las cámaras

televisivas que existe una situación de grave irregularidad de la contabilidad

del Estado. «La deuda heredada por el Gobierno —ha dicho— la hemos descubierto

trabajando.» Y ha añadido: «Hay casi 300.000 millones de pesetas que nunca han

pasado por los Presupuestos del Estado ni por la contabilidad nacional desde el

ejercicio 1967-68 hasta 1977 y tampoco han sufrido la inspección de ningún

Tribunal de Cuentas.» Esta afirmación parece muy grave, porque, de ser cierta,

colocaría en situación de público descrédito al Estado español no sólo en el

interior, sino de cara al mundo y a los organismos financieros internacionales.

Si el presidente se refiere a los anticipos acumulados por distintos

Departamentos ministeriales, debe precisar en qué condiciones figuran esas

partidas en la contabilidad del Estado, pero no puede tratar una cuestión de tal

alcance con semejante desenvoltura. En términos generales se puede afirmar que

esa cifra gigantesca está compuesta por cantidades anticipadas de acuerdo con la

ley y legalmente gastadas con registro del Tribunal de Cuentas.

Una cosa es que quede por decir el modo de regularización a aplicar en futuros

presupuestos y otra distinta que esa astronómica cifra se haya gastado «sin

pasar por la contabilidad nacional» —como dijo el presidente—, porque entonces

nos encontraríamos ante un gigantesco fraude.

Hay por eso, a nuestro juicio, en este mensaje, como en toda actividad del

presidente, una mezcla todavía confusa de intenciones y de datos, de

aspiraciones vagas y de inexactitudes inusuales en una democracia industrial.

Está bien afirmar la unidad de España, combatir la actividad terrorista, evitar

la quiebra económica, reiterar los imperativos de la defensa del Estado; pero si

no se opta por un plan detallado en el tratamiento del terror,"por unas opciones

netas frente á la crisis económica o por una alianza militar para nuestra

defensa, estamos donde estábamos. Sobre todo cuando en el Gobierno conviven dos

líneas enfrentadas, dos políticas, dos concepciones ideológicas y dos lecturas

de una misma acción gubernamental, todavía hoy sin definir.

 

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