Autor: Gil, Francisco Javier . 
 Insatisfacción por el elevado coste político de la moderadísima fórmula prevista. 
 El Gobierno estudia una más amplia despenalización del aborto     
 
 Diario 16.    01/02/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

Insatisfacción por el elevado coste político de la «moderadísima» fórmula

prevista.

El Gobierno estudia una más amplia despenalización del aborto.

Francisca Javier GIL.

Madrid — La despenalización del aborto está provocando cierta insatisfacción en

e! seno del Gobierno y de su propio partido, el PSOE, por la «moderadísima

fórmula» en que se viene planteando y el elevado coste político que ello

conlleva, según fuentes de toda solvencia.

La modificación del Código Penal en materia de aborto divide también a los

técnicos sobre el alcance de las reformas a introducir.

De cualquier forma, las múltiples y apasionadas reacciones que el anuncio de la

despenalización del aborto ha provocado en la sociedad española ha convertido al

mismo en «problema de Estado».

De ahí que sea el propio vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el que

personalmente lleve el problema en coordinación con los ministros de Justicia,

Fernando Ledesma; Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, y Educación, José Maria

Maravall.

Precisamente, a Guerra, Ledesma y Maravall se atribuía ayer en un diario

madrileño una reunión, el pasado día 15, con el presidente y secretario de la

Conferencia Episcopal Española, Gabino Díaz Merchán y Fernando Sebastián

Aguilar.

La Iglesia

Por su parte, la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española hizo

público a media tarde de ayer un desmentido rotundo al rotativo madrileño

negando la existencia de tal reunión, así como «los detalles que se aducían, las

intenciones o consecuencias que de ella se quieran extraer».

«Por lo que se refiere a la Conferencia Episcopal —concluye la nota— este

secretariado está en condiciones de afirmar que nunca ha sido, ni será,

intención de los órganos competentes de esta Conferencia el negociar, ni pactar,

con ningún Gobierno, ni partido político alguno, el libre y fiel ejercicio de su

ministerio pastoral.»

>>Y mucho menos los contenidos de sus pronunciamientos doctrinales, en los

cuales los obispos españoles están dispuestos a actuar siempre con entera

libertad apostólica, con la máxima fidelidad a la doctrina de la Iglesia y a las

graves responsabilidades de su ministerio pastoral, respecto de la comunidad

católica y de la entera sociedad española.»

Al decir de fuentes próximas al Gobierno, la reacción de algunos miembros del

Episcopado ha sido «muy dura». El Ejecutivo esperaba que los obispos asumieran e

hicieran comprender a los españoles que el Estado aconfesional, que tipifica la

Constitución española de 1978, está en su derecho de legislar en materia de

aborto, aun cuando remita a la conciencia de los creyentes el sometimiento a la

doctrina de la Iglesia.

Por su parte, Alfonso Guerra reunió en su despacho oficial de la Moncloa a los

ministros Ledesma y Maravall, a partir del mediodía de ayer, para centrarse en

el problema de la formulación jurídica de la despenalización del aborto.

A media tarde, en la sede del Ministerio de Justicia, los altos cargos del

Departamento se mantenían encerrados, en ausencia del ministro, y con orden de

que no se les pasaran llamadas, debatiendo los criterios a adoptar en el

proyecto a presentar al Consejo de Ministros.

En principio, la fórmula inicial fijada, y ya anunciada en el programa

electoral, venía a resucitar la establecida por los ponentes del borrador del

proyecto de nuevo Código Penal encargado por UCD, siendo ministro de Justicia

Landelino Lavilla, y que luego el propio Gobierno que presidía Adolfo Suárez

desestimó a la hora de su remisión a las Cortes.

Aquel viejo proyecto encargado a la Comisión General de Codificación en 1977 fue

elaborado por los ponentes Cándido Conde Pumpido, Fernando Díaz Palos, Gonzalo

Rodríguez Morullo y Enrique Gimbernat Ordeig.

La ponencia no se planteó despenalizar totalmente el abortó, aunque sí se

establecían como alternativas algunas excepciones, en las que el aborto no era

castigado: Ja indicación médica (riesgo para la salud o la vida de la madre),

indicación ética (en casos de violación) e indicación eugénica (en los casos de

malformaciones del feto).

Por su parte, el catedrático Gimbernat apoyó una moción particular, que figuró

anexa a la ponencia, en la que se pedía una despenalización más amplia.

Coste

Las tres excepciones contempladas por la ponencia, y que fueron desestimadas en

el texto definitivo del Gobierno de UCD, que fue remitido en su día a las

Cortes, han sido ahora propuestas por el PSOE, aunque sin incluir la propuesta

del socialista Gimbernat.

Sin embargo, en medios del PSOE y del propio Gobierno se cuestiona ahora si no

es excesivo el coste político, que está suponiendo para el partido, y para el

propio ejecutivo, introducir una despenalización tan «moderadísima».

Las mismas fuentes creen necesario ir más allá y afrontar con valentía una

reforma más amplia que la hasta ahora contemplada.

Y en ese terreno se contemplan los debates que en las últimas horas se vienen

registrando entre los penalistas y técnicos del Ministerio de Justicia y del

Departamento de Sanidad y Consumo.

Los planteamientos surgen en torno al control médico en primer lugar. Se

cuestionan si no resultará excesivo el necesitar la autorización de dos médicos.

También se interrogan sobre el antro hospitalario donde haya de precederse á la

intervención quirúrgica.

Desde el punto de vista jurídico, los problemas afrontados se circunscribían a

la ampliación o no de las tres excepciones clásicas previamente enunciadas.

Más supuestos

Y en ese sentido, se plantean por qué despenalizar el aborto en los supuestos de

violación y no en los de estupro o de incesto.

Igualmente, se cuestiona por qué mantener en el Código Penal reformado los

artículos 411 y 417, que contemplan una penalizacíón para el médico que

interviene en el aborto con un grado máximo de forma, que se le pueda condenar

de seis a doce años de privación de libertad, según el grado de consentimiento

de la mujer, y hasta con veinte años en el caso en que se produjera la muerte de

aquella.

 

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