Autor: Sánchez-Gijón, Antonio. 
 Los cien días del Gobierno. 
 La política militar socialista     
 
 ABC.    11/03/1983.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

ABC INFORME

Los párrafos introductorios al breve programa electoral del PSOE para la defensa

nacional y la política militar son una respetuosa confirmación de las

disposiciones de la Constitución en esta materia. En el desarrollo de su

programa, el PSOE promete abordar «una política militar y de defensa de reformas

paulatinas», con tres objetivos básicos: «Primero, lograr una defensa nacional

cada día más autónoma y más independiente; segundo, conseguir unas Fuerzas

Armadas con un alto grado de capacidad disuasoria, más reducidas, pero más

eficaces, mejor dotadas y más operativas; tercero, conseguir implicar al

conjunto del pueblo en la idea, de la defensa nacional.» Para lograr estos

objetivos el Gobierno se propone aumentar el grado de autoabastecimiento de las

Fuerzas Armadas, transformar la actual organización territorial en un sentido

más operativo, poner en marcha un plan de modernización de las Fuerzas Armadas —

potenciando una defensa independiente y moderna hasta los límites de la

capacidad económica de España potenciar la plena profesionalización de los

militares, reformar ciertos aspectos de la enseñanza militar, reestructurar los

Cuerpos y escalas profesionales de los Ejércitos, fijar periódicamente las

plantillas de acuerdo con el modelo defensivo adoptado, etcétera.

Dos decisiones llaman la atención y merecen un comentario. La primera es la de

potenciar la plena profesionalización de los militares, y la segunda es la de

fijar las plantillas de acuerdo con el modelo defensivo adoptado. En efecto, en

declaraciones a la Prensa, Felipe González ha. dejado entender que España marcha

hacia un Ejército profesional: «Sin duda, sería partidario de un Ejército

profesionalizado.

Y por eso me refiero a la reducción de efectivos, a la disminución del servicio

militar obligatorio. El incremento de efectivos voluntarios es tremendamente

efectivo, es verdad, pero no sólo tiene puntos positivos, también los tiene

negativos... Concretando en lo del Ejército profesional: cuesta mucho dinero.

Nosotros lo hemos planteado en el programa electoral como una tendencia, pero

una cosa es plantear una tendencia, que se puede realizar históricamente, y otra

cosa decir que con la crisis económica que tenemos podemos pasar a tener de la

noche a la mañana un Ejército estrictamente profesional.» Don Felipe González se

equivocaba: en el programa electoral del partido no se contiene ninguna

referencia a un Ejército profesional, esto es, voluntario, sino meramente la

tendencia á la plena profesionalización de los militares», esto es, a la

profesionalización creciente dé los que ya son profesionales, oficiales y

suboficiales...

En cuanto al «modelo defensivo adoptado» o por adoptar, nada se dice.en el

programa electoral cuál ha de ser, ni de qué factores depende su adopción. El

Gobierno se reserva aún amplísimas facultades discrecionales en materias de

primera importancia, no sometidas a la aprobación electoral. En todo caso, el

presidente del Gobierno ha prometido usar de los poderes de nombramiento o de

reforma del esquema de defensa, de modo que ésta pueda ser interiorizada por las

Fuerzas Armadas, «lo cual no significa ninguna renuncia de poder, sino

simplemente que tiene que haber un planteamiento de sinceridad, de seriedad y de

rigor que sea capaz de ser asumido por el propio colectivo al que afecta».

Pero ¿cuál es el sincero, serio y riguroso tratamiento que el Gobierno

socialista está aplicando a los problemas militares de España? Debe tenerse en

cuenta que, aparte de la brevísima referencia del programa electoral del PSOE a

las Fuerzas Armadas, no existe ningún documento sustancial conocido elaborado

por el partido.

El Gobierno, lejos de introducir cambios peculiarmente suyos, parece estar

convencido de las ventajas de la continuidad, a la espera de que de su interior

surjan las ideas que permitan relacionar los problemas de la política militar

con los descubrimientos aún por venir en materia del modelo defensivo que se

propone alcanzar.

El Gobierno socialista ha asumido como propios los planes conducentes de forma

genérica a la modernización de las Fuerzas Armadas españolas, elaborados por los

Gobiernos de UCD. La mayoría, si no la totalidad de esos planes, se hallaban en

los cajones de la mesa del ministro de Defensa cuando se produjo el relevo

enttre el ministro de UCD y el socialista Narciso Serra.

Asi, la política naval se seguirá basando en la consecución del grupo de

combate, en torno al nuevo portaeronaves, elevando probablemente el número de

nuevas fragatas que lo componen, de tres a cinco.

La fuerza aérea verá cumplido su deseo de dotarse de una fuerza de combate de 84

aviones F-18 A, a pesar de los gestos retóricos iniciales, que parecían

favorecer un avión europeo (el Tornado) para satisfacer ciertas corrientes

partidarias, que ven indudables virtudes en romper con los modelos americanos y

en «comprar europeo»

El Ejército sufrirá los cambios más radicales por ser el servicio el que gravita

la mayor parte del esfuerzo defensivo español, tanto en términos económicos como

humanos. Pero, una vez más, los planes estaban preparados, aunque corresponda a

los socialistas el mérito de prescindir de ciertos respetos corporativos. Así,

las reformas del Ejército apuntan hacia un mejoramiento de su operatividad

mediante un aumento de la potencia de fuego y una reducción considerable de los

efectivos humanos, sobre todo de los reclutas (reducción global de 90.000

hombres, para alcanzar un Ejército de 190.000), unido a una reducción de la

oficialidad, lo cual se conseguirá haciendo más estrictos los criterios para el

ascenso, lo que, a su vez, se conseguirá mediante el concurso de méritos y la

libre designación de los altos oficiales por parte de las autoridades políticas.

La reducción de los efectivos del Ejército se deberá, sobre todo, al

acortamiento del período de servicio militar, que será reducido a doce meses

(actualmente quince), al tiempo que se incrementará el número de voluntarios

atraídos por incentivos profesionales y económicos, los cuales servirán por un

período mínimo de cuatro años.

Valor simbólico, además del orgánico, tiene la reducción de las Capitanías

Generales, de nueve a seis. Los capitanes generales han constituido

tradicionalmente la «oligarquía» del Ejército, y en la larga historia de los

pronunciamientos militares españoles fueron los protagonistas naturales. La

reforma emprendida tiende a hacer de los capitanes generales los mandos

operativos de las respectivas Regiones, matizando el papel político-social y

administrativo que históricamente han desempeñado.

No hay duda de que la reducción del período de servicio militar es una reforma

que no hará, de por sí, mucho daño al grado de preparación militar del español,

pues el servicio más largo generalmente carecía de oportunidades de preparación

avanzada y moderna para la guerra. Pero no puede ignorarse el efecto psicológico

y social de una medida de este alcance, que quita énfasis a la idea del servicio

militar como servicio nacional y como período de preparación para la convivencia

entre los hombres, las clases y las regiones españolas.

Otra característica de la reforma del servicio militar es la de su prestación en

la región de que es natural el recluta. Este principio no es entusiásticamente

compartido por el mando militar, que ve en él una debilitación del rol de las

Fuerzas Armadas como crisol de la nacionalidad, así como una lesión a las

necesidades de la organización territorial de las unidades. Hasta cierto punto,

este principio es el resultado de la presión política de algunas comunidades

autónomas, especialmente las del País Vasco y Cataluña.

La obtención de ese principio muy bien puede ir seguida por un avance de las

reivindicaciones de los nacionajistas vascos, en el sentido de negar el servicio

militar a la nación española, como comienzan a propiciar abiertamente portavoces

del partido del Gobierno vasco. Se entraría así en un desafío abierto a la

unidad de la nación española, simbolizada en las Fuerzas Armadas, y que sería,

sin duda, fuertemente resistida por éstas. La universalidad del principio del

servicio militar, como testigo de la integridad del Estado de las autonomías, va

a constituir, sin duda, en el futuro una de las piedras de toque para la

evolución dé las relaciones entre el poder político y las Fuerzas Armadas, y, en

consecuencia, en la conciliación de éstas con la democracia. El Partido

Socialista, que, sin duda, no ha tenido oportunidad de prepararse para afrontar

este problema, por ser extremadamente nuevo, no podrá eludir la consulta y el

consenso con otras fuerzas políticas, al objeto de formular una política militar

que se corresponda con la nueva estructura del Estado español; estructura que

está muy lejos de hallarse por encima del debate y del cuestionamiento por

sectores que quieren traspasar el marco constitucional.

Llegados a este punto es conveniente recapitular el alcance y significado de lo

dicho en el terreno de la política militar del Gobierno socialista:

1. Es una política heredada en aspectos esenciales de anteriores Gobiernos o

recibida de las propias Fuerzas Armadas.

2. No prefigura el tipo de política de defensa que el Gobierno socialista se

propone llevar a cabo.

3. Por el contrario, es una política militar promovida originalmente con

vistas al ingreso de España en la Alianza Atlántica, y que en la mente de sus

diseñadores originales debía llevarse a cabo bajo el impulso modernizador de la

Alianza.

Pero el Gobierno socialista ha puesto en cuestión el modelo defensivo basado en

la Alianza. Esto nos debería llevar al análisis de la política internacional del

partido y del Gobierno socialista.

LA POLÍTICA MILITAR SOCIALISTA

Por Antonio SANCHEZ-GIJON

 

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