Autor: Urbano, Pilar. 
   La abeja de Boyer     
 
 ABC.    21/08/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 2. 

LA ABEJA DE BOYER

21-F-28: Ruiz Mateos convoca una rueda de Prensa en la que se declara victima

«de la agresión más grande que se conoce en la historia económica española».

Rueda "de Prensa que el Gobierno toma como «provocación» y convierte en el

«detonante de gran magnitud» del golpe expropiatorio. Han pasado seis meses. El

asunto Rumasa ha sido ¡y lo que te rondaré! la noticia de mayor permanencia y

actualidad, «day to day», en los medios informativos. El más duro revulsivo en

la opinión publica. El hecho dé fuerza más arrogante y peligroso del Gobierno

socialista. Y el mayor chorro de pérdidas, deterioros y extorsiones económicas

que hemos conocido. Mirando sólo la división bancaria del «holding» incautado,

la pérdida de depósitos, desde que la gestión está en manos estatales, alcanza

la tremenda cifra de 73.220 millones. Considérese aparte el caudal de empresas

que han visto drásticamente disminuidas, cuando no congeladas y paralizadas,

equis mil operaciones de producción, de contratación, de compra y venta, de

créditos....

La auditoría que realiza Arthur Andersen todavía no ha terminado su dictamen. El

Gobierno no ha podido dar cifras, ni cuantificar con solidez el verdadero valor

del «holding» antes del 23-F-bis, y aun menos en su depaperado estado actual.

Como con acierto dijo el diputado catalán Miguel Roca, «de la expropiación-

sanción, de la dictadura, hemos pasado a la expropiación-intuición, a expropiar

sin datos y... por si acaso». Ruiz Mateos estima el valor patrimonial del

«holding» expoliado en medio billón de pesetas. Y exige, para su justiprecio,

que se considere «desde la situación de rentabilidad en que estaba el 23-F...»

En cambio, el ministro Boyer habló de un «agujero», un «menos» 250.000 millones.

«Agujero» que aún nadie sabe si hay que calzar en los Bancos de Rumasa o en sus

empresas. Y que se «colocará», sin duda, en aquello que se desee poner a la

venta. Eso está claro. La diferencia en litigio es, pues, de 750.000 millones de

pesetas. Y en estas empieza a filtrarse un rumor. ¡Agárrense, que es de dos mil

voltios!: «Al menos dos magistrados del Tribunal Constitucional (¿?) estiman que

el decreto de expropiación es inconstitucional; vulnera el precepto 33 de la ley

de leyes.» Rumor, si. Pero posible, y de alcance incuantificable. Sobre el

tapete del alto Tribunal está no sólo el ser o no ser del «superholding» y la

astronómica factura económica de indemnizaciones que —(siempre en hipótesis)—

reclamarían las cinco Ruiz Mateos, sino algo tan eminente, preciado e

inalienable como es el derecho de propiedad, que la Constitución consagra y

protege. Y está el coste político de tal pifiazo gubernamental («fullería» lo

llamó Herrero de Miñón) si la sentencia revocase el decreto. En éste no, pero en

cualquier país «democrático occidental», que dicen, tal veredicto del TC

derrocaría, fulminante, al Gobierno. Pues bien, señores, con todo, aún sería

mucho más escalofriante que la expropiación «por si acaso» y por decreto

resultara legal.

Pilar URBANO

 

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