Texto íntegro. 
 Estatuto Jurídico del Derecho de Asociaciones Políticas     
 
 Informaciones.    23/12/1974.  Página: 6-8. Páginas: 3. Párrafos: 152. 

ESTATUTO JURÍDICO DEL DERECHO DE ASOCIACIONES POLÍTICAS

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23 de diciembre de 1974

INFORMACIONES

MADRID, 23. (INFORMACIONES.) «No hay garantía más firme de futuro que la que está constituida

por la voluntad y el compromiso del mayor número posible de españoles», dice el preámbulo del decreto-

ley sobre Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, que aparece hoy en el «Boletín Oficial del

Estado», firmado, con fecha 21 de diciembre, por el Jefe del Estado, Francisco Franco, y por el presidente

del Gobierno, Carlos Arias. Se reconoce en el preámbulo que estamos en un «proceso constituyente

prolongado, que ha permitido y seguirá permitiendo la apertura a los nuevos planteamientos que la

sociedad requiera en cada momento».

Dada la trascendencia de este decreto-ley, ofrecemos a continuación íntegro su texto:

Ha sido esfuerzo permanente del Estado ofrecer a los españoles no sólo los bienes esenciales de la paz, el

orden y el progreso, sino también un ordenamiento fundamental y duradero, flexible y abierto al futuro,

que se basara expresamente en el principio de que el destino político de España tiene que ser forjado por

los españoles mediante una acción democrática auténtica y progresiva, y que los derechos de la persona

humana han de ser estimulados y defendidos en su ejercicio efectivo por todos los españoles.

A estos efectos, el pueblo español, a través de un proceso constituyente prolongado, que ha permitido y

seguirá permitiendo la apertura a los nuevos planteamientos que la sociedad requiera en cada momento,

ofreció la norma constitucional de siete Leyes Fundamentales, en las que aparecen claramente

proclamados y definidos los grandes ideales básicos de libertad, justicia y participación de todos los

ciudadanos en las funciones públicas.

Una forma original y moderna del poder político y de la representación popular, sobre la experiencia del

pasado y las soluciones de la democracia, planteó un primer orden de representación pública basado en

las entidades naturales y las demás con representación orgánica que reconozcan las leyes. El desarrollo

del orden constitucional pone de manifiesto la conveniencia de una acción complementaria de carácter

específicamente político que anime todo el orden representativo y a quienes se ven impulsados al servicio

político mediante sus opiniones y su mas activa participación; todo ello a través de un sistema de

asociaciones políticas que, de acuerdo con lo que previene la Ley Orgánica del Estado y otras

proclamaciones de derechos establecidos en las demás Leyes Fundamentales, referidos a la persona y a la

sociedad, contribuya a ensanchar y perfeccionar el deseo y el derecho de participación de los españoles en

su destino político, inscrito en los propósitos más sinceros del Estado.

Era necesaria la articulación de esta posibilidad asociativa en el marco de nuestras Leyes Fundamentales,

y en consecuencia se precisa localizar el ámbito para el desenvolvimiento legal del asociacionismo

político.

La viabilidad de las asociaciones políticas resulta positiva en el horizonte definido por la propia

normativa fundamental y su desenvolvimiento corresponde al Consejo Nacional, que es la institución

configurada en nuestro orden constitucional para el desarrollo superior del contraste de pareceres sobre la

acción política, de acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica del Estado. Todo ello

sin perjuicio de la proyección del movimiento asociativo en toda la vida política del país.

En unos momentos históricos en que la democracia resulta aquejada por la insuficiencia de la

representación, sostenida en exclusividad en el sistema de partidos, y mientras las fuerzas económicas y

sociales se convierten en instrumentos de presión que influyen en la acción política por canales y

procedimientos al margen de la representatividad y la participación política responsable, España, que

había concedido representación pública a las unidades básicas de integración de esas fuerzas económicas

y sociales, está en condiciones de ofrecer una manifestación asociativa política. Se amplia así

considerablemente la participación de los españoles en su destino político e histórico, en el marco de una

legalidad amplia y no excluyente. y que se propone estimular la participación política y realizar el control

del poder desde las opiniones y pareceres políticos y ofrecer nuevas vocaciones políticas al servicio de

España.

La regulación del derecho de asociación política debe ser a la vez una llamada a todos los españoles que

quieran contribuir al desarrollo, perfeccionamiento y vitalidad de nuestras instituciones y nuestra vida

política y la constitución de un instrumento de integración y participación de nuestro pueblo en la

construcción del destino colectivo, que sólo puede lograrse con la aportación de las ideas y colaboracio-

nes de todos, con la asistencia y la presencia del pueblo, pues no hay garantía más firme de futuro que la

que está constituida por la voluntad y el compromiso del mayor número posible de españoles.

Aprobados por el Consejo Nacional en su reunión del día 16 de diciembre de 1974 los criterios políticos

que han de informar la norma que regule las asociaciones políticas, y dada la conveniencia de facilitar en

tiempo oportuno la concurrencia de las mismas a los procesos electorales, procede la urgente

promulgación del presente Estatuto jurídico del derecho de asociación política.

En su virtud, a propuesta del Consejo de ministros en su reunión del día 20 de diciembre de 1974, en uso

de la autorización que me confiere el artículo 13 de la ley constitutiva de las Cortes, texto refundido

aprobado por decreto 779/1967, de 20 de abril, y oida la Comisión a que se refiere el apartado 1 del

artículo 12 de la citada ley.

DISPONGO: TITULO PRIMERO

Del derecho de asociación política

Artículo primero. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Estado y demás Leyes

Fundamentales del Reino, y para desarrollar el derecho público subjetivo de asociarse, con fines lícitos,

para la acción política, todos los españoles mayores de dieciocho años, podrán hacerlo efectivo, li-

bremente, sin discriminación alguna. El derecho de asociación política se ejercerá en el ámbito de la

comunidad del Movimiento Nacional, abierto a todos los españoles, y conforme a los criterios contenidos

en el presente estatuto.

Art. 2.º Las asociaciones políticas son medios complementarios para la participación de los españoles en

las tareas políticas a través de las entidades naturales, a la vez que cauces de expresión de la opinión

pública. La actividad de las mismas y de sus órganos de gobierno se ajustará a los principios del

Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.

Las asociaciones confesionales y las sindicales y profesionales no podrán constituirse, en ningún caso,

como asociaciones políticas.

Art. 3.º El carácter orgánico de la representación política informa el orden institucional. Toda

organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será considerada ilegal.

Para estimular la participación popular, las asociaciones podrán concurrir en los procesos electorales,

excepción hecha de los correspondientes a las entidades sindicales y profesionales, en la forma y con los

requisitos establecidos por las Leyes.

Art. 4° Las asociaciones políticas, a través de su actuación, contribuirán, en el marco de la legalidad

fundamental, a:

— La formulación ordenada de medidas y programas que se orienten al servicio de la comunidad

nacional.

— El análisis crítico de los programas y las soluciones concretas de gobierno.

— La permanencia y el perfeccionamiento del Movimiento Nacional del ordenamiento jurídico y la

mayor eficacia de la acción de gobierno.

— La promoción de los españoles para las tareas públicas.

— La formación y expresión de la opinión pública, procurando que la pluralidad de

opiniones y el contraste de pareceres se encauce y desarrolle al servicio del bien común y del

reconocimiento de los derechos de la persona y su ejercicio.

Art. 5.º Las asociaciones políticas serán de ámbito nacional, pudiendo desarrollar sus actividades y

establecer su domicilio social en cualquier lugar del territorio nacional.

En ningún caso podrán admitir miembros que no tengan la nacionalidad española, ni, sin aprobación del

Consejo Nacional, formar parte de agrupaciones o entidades internacionales.

TITULO II

De la competencia en materia asociativa

Art. 6.º Las asociaciones políticas se instituyen en la comunidad del Movimiento y corresponde al

Consejo Nacional la competencia sobre el régimen jurídico de las mismas acordando su reconocimiento,

federación, suspensión y disolución, así como la constitución de sus secciones provinciales y locales, sin

perjuicio de las atribuciones que el presente estatuto confiere al Gobierno de la nación.

A fin de que la participación en las tareas políticas sea auténtica y eficaz, el Consejo cuidará

especialmente de que la actividad de las asociaciones se oriente al cumplimiento de sus fines y programas

y que el vinculo asociativo no atente contra la libertad de la persona.

Art. 7.° Corresponde al Gobierno de la nación el ejercicio de la potestad disciplinaria, conforme a lo que

dispone el presente estatuto y, en todo caso, la suspensión de asociaciones y federaciones por razones de

orden público, por exigencias de la defensa nacional o por apreciar graves motivos de urgencia,

comunicando la decisión a la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Art 8º Corresponde al Pleno del Consejo Nacional:

a) Acordar el reconocimiento de las asociaciones políticas y sus federaciones.

b) Acordar la disolución de las asociaciones políticas y sus federaciones.

c) Resolver las reclamaciones y recursos derivados del régimen de las asociaciones políticas y sus

federaciones conforme a lo establecido por el presente estatuto.

d) Ejercer cuantas competencias le atribuye expresamente el presente estatuto.

Art. 9.º Corresponde a la Comisión Permanente:

a) Informar al Pleno del Consejo Nacional sobre las solicitudes, reclamaciones y recursos con

ocasión del reconocimiento o disolución de las asociaciones políticas y de sus federaciones.

b) Autorizar la actuación de las comisiones organizadoras y, en su caso, el funcionamiento provisional

de las asociaciones políticas y de las federaciones, de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto.

c) El examen y aprobación, en su caso, de los estatutos de las asociaciones y federaciones, sin

perjuicio de las facultades del Pleno.

d) Autorizar la constitución de las secciones provinciales y locales de las asociaciones políticas.

e) Resolver las reclamaciones o recursos que se eleven a la misma por las asociaciones o sus socios,

en el ejercicio de los derechos que a aquéllas o a éstos correspondan.

f) Acordar la suspensión de las asociaciones y sus federaciones o de cualquiera de sus secciones

provinciales o locales por plazo no superior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo

séptimo.

g) Examinar los gastos y cuentas de las asociaciones políticas y sus federaciones y acordar, en su caso, la

inspección de sus actividades.

h) Proponer al Pleno la adopción de cuantas medidas estime convenientes para garantizar que las

asociaciones políticas y sus federaciones, en ningún caso atentarán a la efectividad de los principios y

Leyes Fundamentales.

i) Proponer al Gobierno la adopción de las medidas disciplinarias que estime convenientes a la vista de la

actuación de las asociaciones políticas y sus federaciones.

j) Ejercer cuantas facultades se le asignan expresamente en este Estatuto y, en general, las que, en el

desarrollo de las mismas, correspondan al Consejo Nacional y no estén atribuidas a otro órgano del

Consejo.

Art. 10. Corresponde a la Secretaría del Consejo Nacional:

a) Recibir los escritos y la documentación que las asociaciones, las federaciones o sus promotores

dirijan al Consejo Nacional y notificar y hacer ejecutar los acuerdos de éste.

b) Expedir certificaciones.

c) Llevar el Registro Nacional de Asociaciones Políticas.

d) Facilitar la información que proceda sobre las asociaciones políticas y su régimen jurídico.

TITULO III

De la constitución de las asociaciones políticas

Art. 11. Los promotores de una asociación política deberán exponer al Consejo Nacional las razones por

las que se desea promover la asociación, con indicación de los fines específicos que pretenden en orden al

contraste de pareceres, a la formulación de medidas y programas y al análisis crítico de las soluciones

concretas de gobierno.

La denominación de la asociación no podría inducir a confusión con ninguna otra. No podrá usar nombres

contrarios al Movimiento Nacional ni a las Leyes Fundamentales del Reino, así como para su

identificación singular, utilizar denominaciones, emblemas o símbolos que son patrimonio común del

Movimiento.

La Comisión Permanente del Consejo Nacional, en el plazo de quince días, contados a partir del acto a

que se refiere el párrafo primero, autorizará, en su caso, a los promotores para constituirse en comisión

organizadora. Si la resolución fuese negativa, los promotores, en tal carácter, podrán recurrir con arreglo a

lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art. 12. Las comisiones organizadoras, que serán competentes para tramitar la solicitud de constitución de

las asociaciones políticas, proceder a la designación provisional de sus órganos de gobierno o interponer

las reclamaciones que con motivo de tales actuaciones puedan seguirse y se formalizarán mediante acta

notarial en la que conste el propósito de un número determinado de personas

(Pasa a la pág. siguiente.)

ESTATUTO DE ASOCIACIONES POLITICAS

INFORMACIONES

23 de diciembre de 1974

PROCESO CONSTITUYENTE PROLONGADO

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN SU DESTINO POLÍTICO E HISTÓRICO

ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y REALIZAR EL CONTROL DEL PODER DESDE

LAS OPINIONES Y PARECERES POLÍTICOS

NO HAY GARANTÍA MAS FIRME QUE LA QUE ESTA CONSTITUIDA POR LA VOLUNTAD Y

EL COMPROMISO DEL MAYOR NUMERO POSIBLE DE ESPAÑOLES

EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA SE EJERCERÁ EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD

DEL MOVIMIENTO

AL CONSEJO NACIONAL CORRESPONDE SU RECONOCIMIENTO, FEDERACIÓN,

SUSPENSIÓN Y DISOLUCIÓN

(Viene de la pág. anterior.)

naturales, no inferior a veinticinco ni superior a cincuenta, de asociarse voluntariamente para la acción

política.

Para formar parte de una comisión organizadora se requerirá:

a) Ser español y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

b) No pertenecer a otra comisión organizadora ni ser miembro de una asociación política.

Cualquier cambio en la composición de la comisión organizadora o en la capacidad de sus miembros

deberá comunicarse, en el plazo de quince días, a la Comisión Permanente del Consejo Nacional.

Cuando dichos cambios afecten a más de un tercio de los miembros de la comisión organizadora, se

producirá la disolución automática de la misma, dando lugar a la caducidad del expediente con archivo de

las actuaciones.

Art. 13. La comisión organizadora, en el plazo de treinta días después de su constitución, deberá aportar

los siguientes documentos:

a) Acta de constitución de la comisión organizadora, en la que deberán constar los nombres,

apellidos, edad, nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio de cada uno de los miembros, así como

su declaración expresa de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del

Reino.

b) Estatutos por los que habrá de regirse la asociación.

c) Memoria comprensiva de las razones por las que se desea constituir la asociación, de los fines

específicos de la misma y de cualquier observación que a juicio de la comisión organizadora sea

pertinente.

d) Declaración solemne y expresa de que la asociación se somete íntegramente a lo dispuesto en el

presente Estatuto, de que el vínculo asociativo no menoscabaría en ningún caso contra la libertad del

asociado y de que la actividad de la asociación no excederá de sus específicos fines estatutarios.

e) Certificado de antecedentes penales de cada uno de los miembros de la comisión.

La no presentación por la comisión organizadora de los documentos citados, en el plazo previsto,

producirá su disolución automática.

Art. 14. En el plazo de treinta días, contados desde la presentación de los documentos a que hace

referencia el artículo anterior, la Comisión Permanente del Consejo Nacional deberá autorizar o denegar

el funcionamiento provisional de la asociación política, comunicando el acuerdo a la comisión

organizadora en el plazo de treinta días. Si el acuerdo de la Comisión Permanente fuera denegatorio, la

comisión organizadora, en el plazo de quince días contados a partir de la notificación, podrá interponer

recurso ante el Pleno del Consejo Nacional.

El acuerdo del Pleno deberá adoptarse en el plazo de treinta días, y si fuese negativo, una vez trasladado a

la comisión organizadora, producirá su disolución automática.

Comunicada a la comisión organizadora la aprobación de la solicitud presentada, procederá

estatutariamente a la constitución provisional de la asociación y de sus órganos de gobierno, designando a

los titulares de los mismos, en cuyo momento la comisión quedará disuelta.

Art. 15. Constituida provisionalmente la asociación política, conforme a lo dispuesto en el artículo ante-

rior, los órganos de gobierno de la misma procederán a realizar los actos conducentes a la admisión de los

asociados, confeccionando una lista y libro-registro de los socios.

Art. 16. El reconocimiento de una asociación política procederá por acuerdo del Pleno del Consejo

Nacional, conforme al artículo octavo, cuando aquélla haya obtenido la aprobación de sus Estatutos y

acredite un número de asociados, que no podrá ser inferior a 25.000, distribuidos, al menos, en 15

provincias españolas, a cuyo efecto serán computables Ceuta y Melilla, con arreglo a la siguiente escala:

a) Provincias cuyo censo de población de derecho sea inferior a 500.000 habitantes: Un número de

asociados que no podrá ser inferior al 2 por 1.000 de dicho censo.

b) Provincias cuyo censo de población oscile entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes: Un

número de asociados que no podrá ser inferior al 1,5 por 1.000 de dicho censo.

c) Provincias cuyo censo de población sea superior a un millón de habitantes: Un número de

asociados que no podrá ser inferior al 1 por 1.000 de dicho censo.

A estos efectos, en el plazo de seis meses, que la comisión permanente podrá prorrogar por otros tres, la

asociación provisionalmente autorizada ha de acreditar ante la misma los extremos a que hace referencia

el párrafo anterior, mediante actas notariales de las que se deduzca que en los registros y libro-registro de

la asociación consta el número de asociados pertinentes, registrados con su nombre y apellidos, número

del documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, domicilio y, en su caso, cargo que desempeña

en la asociación.

Acreditados, dentro del plazo señalado, los requisitos establecidos, la comisión permanente, en los treinta

días siguientes, deberá remitir, con su informe al Pleno del Consejo, el expediente que contenga la

documentación referida para que, en el plazo improrrogable de treinta días, éste se pronuncie sobre el

reconocimiento de la asociación. El acuerdo del Pleno se adoptará por mayoría absoluta de los consejeros

presentes y deberá ser comunicado en el plazo de treinta días a la asociación provisionalmente

constituida. Si el acuerdo fuera negativo producirá su disolución automática.

El acuerdo de reconocimiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», inscribiéndose de oficio

la asociación política en el Registro Nacional de Asociaciones Políticas, que existirá en la Secretaría del

Consejo Nacional, viéndose sus Estatutos y expediéndose certificado de su constitución definitiva.

Art. 17. Toda la asociación política debidamente inscrita en el Registro que se cree al efecto adquiere

personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, quedando obligada a realizar, en el plazo de

treinta días, a partir de su constitución, nueva elección de sus órganos de gobierno, ajustándose a lo

dispuesto en los Estatutos.

TITULO IV

Del régimen y funcionamiento de las Asociaciones políticas

Art. 18. Los Estatutos de las Asociaciones políticas deberán contener, necesariamente, los siguientes

extremos:

a) Denominación de la Asociación política.

b) Fines de la misma y directrices de su actuación.

c) Domicilio y locales, que necesariamente habrán de radicar en territorio español.

d) Causas y procedimiento para la pérdida de la condición de asociado.

e) Derechos y deberes de los asociados.

f) Estructura de la Asociación y sistema de designación y funcionamiento de sus órganos.

g) Régimen patrimonial de la Asociación, con especificación de los medios económicos y fuentes de

financiación.

h) Causas de disolución voluntaria y destino de su patrimonio, en este supuesto.

i) Procedimiento para la reforma de los Estatutos, que seguirá los mismos trámites de su aprobación.

j) Régimen documental de la Asociación, que, como mínimo, comprenderá el Registro de Asociados, el

Libro de Actas y los de Contabilidad.

Los Estatutos de las Asociaciones políticas contendrán la declaración expresa de que la actividad de la

Asociación no excederá de sus específicos fines estatutarios ni contravendrá los Principios del

Movimiento y las Leyes Fundamentales del Reino.

Art. 19. Los Estatutos de las Asociaciones políticas deberán reconocer en todo caso a los asociados los

siguientes derechos: contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la Asociación; exigir que la

actividad de la misma se ajuste al cumplimiento de aquéllos y a los Principios del Movimiento y demás

Leyes Fundamentales del Reino; separarse libremente de la Asociación; informarse de sus actividades y

examinar su documentación, de acuerdo con los Estatutos; expresar sus opiniones libremente en el seno

de la Asociación y ser elector y elegible para los órganos de gobierno de la Asociación. En ningún caso

los deberes impuestos estatutariamente podrán suponer coacción de ninguna clase o establecer

discriminación entre los asociados por razones económicas o de cualquier otro carácter.

Art. 20. Las Asociaciones políticas estarán regidas por los órganos que determinen sus Estatutos. En toda

Asociación, sin embargo, existirá una Junta directiva, formada por un número de asociados no inferior a

cinco ni superior a quince, al frente de la cual habrá un presidente, y de la que formarán parte un

secretario y un tesorero.

Los titulares de los órganos de gobierno de la Asociación serán responsables de la actuación de la misma

y están obligados a facilitar la información que para el mejor ejercicio de sus funciones les soliciten el

Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento, en la esfera de sus respectivas competencias.

Art. 21. Las Asociaciones políticas serán responsables de los actos colectivos de sus asociados. Su

actividad política se basará exclusivamente en sus fines estatutarios.

Las Asociaciones políticas podrán constituir, con autorización de la Comisión Permanente del Consejo

Nacional, Secciones Provinciales y Locales. Para constituir una Sección Provincial la Asociación deberá

contar en la provincia correspondiente con un numero mínimo de asociados, conforme a la escala del

párrafo primero del artículo 16.

Cuando se trate de Secciones Locales, la Asociación deberá contar en la localidad correspondiente con un

número de asociados que no podrá ser inferior a doscientos, salvo acuerdo de la Comisión Permanente del

Consejo Nacional, a petición razonada de la Asociación correspondiente.

Las Asociaciones no podrán concurrir a los procesos electorales si no cuentan en la circunscripción en

que éstas se celebren con la Sección Provincial o Local correspondiente.

Art. 22. Las Asociaciones políticas gozarán de autonomía patrimonial y podrán realizar los actos

patrimoniales que requiera el cumplimiento de sus fines.

El Movimiento, a través del Consejo Nacional, contribuirá a la financiación de las Asociaciones políticas,

de acuerdo con el principio de trato proporcional.

A estos efectos, el Estado pondrá a disposición del Movimiento Nacional los recursos económicos

necesarios.

Art. 23. Una vez inscrita una Asociación, podrá utilizar el local que designe como domicilio social y, en

su caso, los de sus secciones provinciales y locales.

Las reuniones o asambleas que la Asociación o cualquiera de sus secciones celebren fuera de sus locales

sociales, se atendrán a las normas generales que regulan el derecho de reunión.

TITULO V

De las Federaciones

Art. 24. Las Asociaciones podrán, de mutuo acuerdo, constituir Federaciones, que se regirán por sus

propios Estatutos. y a las cuales será de aplicación, en lo que proceda, lo establecido para las

Asociaciones en el presente Estatuto.

Los presidentes de las Asociaciones que pretendan constituir una Federación habrán de hacer constar su

propósito en acta notarial, en la que se acreditará que cada una de las Asociaciones promotoras ha tomado

el acuerdo oportuno en asamblea general y por mayoría de votos, quedando así constituida la Comisión

promotora de la Federación.

La Comisión promotora, que será competente para tramitar la solicitud de constitución de la Federación,

deberá remitir a la Comisión permanente del Consejo Nacional copia autorizada del acta notarial y

solicitud de reconocimiento de la Federación, en la que deberá hacer constar:

a) Razones por las que se desea constituir la Federación.

b) Estatutos por los que habrá de regirse la Federación.

c) Órganos de gobierno que han de regirla, que deberán ser, al menos, una asamblea coordinadora,

constituida por cinco miembros de cada Asociación federada, elegidos en asamblea general; una Junta

directiva, formada por tantos miembros como Asociaciones compongan la Federación y elegidos por los

miembros de la asamblea coordinadora pertenecientes a la propia Asociación; un presidente, elegido por

la asamblea coordinadora, y una secretaría, que habrá de contar, como censores, con un representante de

cada Asociación federada.

El acuerdo de reconocimiento de una Federación corresponde al Pleno del Consejo Nacional.

Art. 25. Si en una provincia o localidad existiesen dos o más secciones provinciales o locales de las

Asociaciones federadas, sólo podrán concurrir a los procesos electorales, conjunta y so1idariamente,

formando a tal efecto una sección única.

Art. 26. El régimen de las Federaciones se ajustará a lo establecido para las Asociaciones, y aquellas de

éstas que no tomen las medidas tendentes a evitar la producción de actos o acuerdos ilegales por parte de

las Federaciones o no los condenen expresamente, podrán incurrir en responsabilidad apreciada por el

Gobierno o por el órgano competente del Consejo Nacional.

TITULO VI

Del régimen disciplinario de las Asociaciones políticas

Art. 27. Las Asociaciones políticas se extinguirán por las causas previstas en sus normas estatutarias y en

el presente Estatuto.

Se producirá en todo caso la extinción:

a) Por la pérdida de un número de asociados que

(Pasa a la pág. siguiente.)

Estatuto de Asociaciones Políticas

(Viene de la pág. anterior.)

implique que el total de socios es inferior al señalado en el artículo 16, o no guarda la distribución

provincial o la proporcionalidad señalada en la misma.

b) Por disolución declarada en virtud de acuerdo del Pleno del Consejo Nacional, con arreglo a las

normas contenidas en el presente Estatuto.

La extinción dará lugar a la cancelación en el Registro de Asociaciones Políticas de los asientos referentes

a la Asociación extinguida.

Sólo podrá cancelarse la inscripción de una Asociación política cuando haya incurrido en alguna de las

causas de extinción previstas en este artículo.

Art. 28. La infracción de los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del

Reino y de las normas que regulan el régimen jurídico de las Asociaciones políticas dará origen a la

responsabilidad que proceda, mediante resolución motivada.

Son constitutivos de infracción muy grave:

a) Los actos asociativos y las actividades contrarios a las Leyes Fundamentales del Reino y los que

de modo manifiesto impugnen el orden institucional vigente o traten de modificarlo por medios

distintos a los previstos en las Leyes Fundamentales.

b) Los susceptibles de poner en riesgo la seguridad del Estado o de comprometer los intereses

fundamentales de la nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el sistema

institucional.

c) La provocación de alteraciones graves del orden público.

Son constitutivos de infracción grave:

a) La producción de alteraciones graves del orden público por imprudencia manifiesta.

b) Los actos patrimoniales o financieros que excedan de lo requerido para el cumplimiento de los fines

asociativos específicos, las irregularidades graves deducidas de los libros obligatorios de las Asociaciones

o la adopción de medidas coactivas que atenten contra la libertad de la persona.

c) Las actividades asociativas que impliquen graves atentados a la moral pública.

d) Cualquier otra infracción de las Leyes que revele intención manifiesta de causar una perturbación

grave y actual.

Se considerará como infracción leve cualquier transgresión de disposiciones constitucionales y legales no

incluidas en los apartados anteriores.

Art. 29. Por razón de las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán imponerse las siguientes

sanciones:

a) En las infracciones leves: Multa de 10.000 a 500.000 pesetas.

b) En las infracciones graves: Multa de 500.000 a cinco millones de pesetas.

En caso de reiteración en la comisión de infracciones graves de la misma índole en el transcurso de un

mismo año, podrá imponerse la suspensión de la Asociación por tiempo definido y no superior a seis

meses.

c) En las infracciones muy graves: Disolución de la Asociación o, en su caso, apreciadas las

circunstancias concurrentes, suspensión por seis meses.

En caso de reiteración, deberá decretarse su disolución.

La competencia para imponer las sanciones previstas en este Estatuto corresponde:

a) Al Consejo de ministros, las de multa y las de suspensión, por razones de orden público, por exigencias

de la defensa nacional, o por apreciar graves motivos de urgencia, por tiempo no superior a seis meses. El

Consejo de ministros comunicara el acuerdo de suspensión a la Comisión permanente del Consejo

Nacional.

b) A la Comisión permanente del Consejo Nacional, la de suspensión de las Asociaciones y sus

Federaciones por tiempo no superior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.

c) Al Pleno del Consejo, la disolución de las Asociaciones o sus Federaciones, previo dictamen de la

Comisión permanente y mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de, al menos, los dos tercios de

los consejeros presentes. El acuerdo de disolución de una Asociación o Federación deberá ser

comunicado a la misma en el plazo improrrogable de treinta días y producirá su extinción.

En los supuestos de disolución, el patrimonio de la Asociación política o la Federación se integrará, a

beneficio de inventario, en el del Movimiento, a los efectos señalados en el artículo 23.

El Consejo Naciona1 del Movimiento, por virtud de sus funciones constitucionales, está facultado para

promover la incoación de expedientes a las Asociaciones políticas y sus Federaciones, por las

infracciones tipificadas en el artículo anterior y proponer al Gobierno las sanciones que procedan.

El Gobierno de la nación, en el ejercicio de sus atribuciones, está facultado para promover ante el Consejo

Nacional los procedimientos de suspensión y disolución de las Asociaciones políticas y sus Federaciones

por las infracciones tipificadas en el artículo anterior.

TITULO VII

De los recursos en general

Art. 30. El Pleno del Consejo Nacional conocerá de los recursos contra las resoluciones del Gobierno en

materia de Asociaciones políticas y contra los acuerdos de la Comisión permanente.

Los acuerdos del Pleno del Consejo Nacional relativos al reconocimiento o disolución de las

Asociaciones políticas y sus Federaciones, serán recurribles ante la Jefatura Nacional del Movimiento,

que resolverá, previo dictamen de una Comisión especial, integrada por un ministro designado por el

Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de Estado, el presidente del

Instituto de Estudios Políticos y dos consejeros nacionales, elegidos por el Pleno, y presidida, a estos

efectos, por el presidente del Consejo del Reino.

La legitimación para la interposición de los recursos la ostentará cualquiera de los miembros de las

Comisiones organizadoras o de los órganos directivos de las Asociaciones o Federaciones, aunque sobre

éstas haya recaído acuerdo de disolución.

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acuerdo impugnado, pero la

presidencia del Consejo Nacional podrá suspenderlo de oficio o a instancia de parte en el caso de que

dicha ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.ª El presente Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política no será de aplicación a las

organizaciones del Movimiento y a sus Asociaciones de fines específicos, que continuarán sometidas a la

esfera de su normativa interna o del carácter estatutario, de conformidad con el decreto-ley 4/1970, de 3

de abril, y disposiciones concordantes.

2.ª El Gobierno, a propuesta del Pleno del Consejo Nacional, podrá revisar por decreto, con carácter

general, las condiciones que se exigen a las Asociaciones políticas para la concurrencia electoral.

DISPOSICIONES FINALES

1.ª El Gobierno, a propuesta del Consejo Nacional, dictará las normas reglamentarias, en su caso, precisas

para el desarrollo del presente Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política.

2.ª Se autoriza al Gobierno para modificar por decreto disposiciones con fuerza de Ley, en cuanto sea

necesario para regular la comparecencia de las Asociaciones políticas en la presentación de candidatos a

los diversos procesos electorales.

3.ª Del presente decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes Españolas.

Así lo dispongo por el presente decreto-ley, dado en Madrid a 21 de diciembre de 1974. — FRANCISCO

FRANCO. El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

 

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