Iglesia Posconciliar. 
 Las asociaciones sindicales deben ser representativas e independientes  :   
 Texto íntegro del documento episcopal sobre sindicalismo, cuyas líneas esenciales adelantamos ayer. 
 Ya.    25/07/1969.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 40. 

YA 25 de julio de 1968

LAS ASOCIACIONES SINDICALES DEBEN SER REPRESENTATIVAS E INDEPENDIENTES

La intervención de la autoridad no debe sustituir innecesariamente la libre

actividad de las asociaciones.

Ninguna asociación (de trabajadores, técnicos o empresarios) ha de quedar a

merced de las otras o en inferioridad de condiciones.

Se excluye la huelga política y revolucionaria.

Promuévasela activa participación de todos en la gestión de las empresas.

Texto íntegro del documento episcopal sobre sindicalismo, cuyas líneas

esenciales adelantamos ayer

la Conferencia Episcopal Española dio su refrendo, durante la VII Asamblea

plenaria, que acaba de celebrarse en Madrid, al siguiente documento episcopal

sobre el sindicalismo, elaborado por la Comisión Episcopal de Apostolado Social,

que fue sometido a las correcciones, de todos los obispos y fue votado en la

citada asamblea extraordinaria el pasado domingo.

Ofrecemos hoy el texto íntegro de este documento titulado "Principios cristianos

relativos al sinicalismo", cuyo contenido esencial resumimos ya para nuestros

lectores en nuestra edición de ayer.

Introducción

La profunda evolución de nuestra sociedad en los últimos lustros ha ido poniendo

cada vez más de relieve la necesidad de revisar la antigua legislación sindical.

En efecto, el dinamismo de aquella evolución determinó que, a lo largo del

tiempo, la misma realidad de la vida sindical rebasara en muchos aspectos el

marco legal existente y fuera necesario prever, mediante normas adecuadas de

rango inferior, las nuevas exigencias que la realidad iba planteando.

Un hecho, en todo caso, es hoy cierto: que el propio Estado español ha

abierto oficialmente cauce a la reforma de la estructura sindical con la

nueva ley Orgánica del Estado, aprobada en público referéndum. Por virtud

de dicha ley, de índole constitucional, quedó modificada otra anterior de igual

categoría: el Fuero del Trabajo, y concretamente el punto XIII, todo él

relativo al sindicalismo español. Estamos, pues, en vísperas de una nueva

legislación sobre sindicatos.

La luz del magisterio de la Iglesia

En estas circunstancias, la Conferencia Episcopal Española quiere aportar la luz

del magisterio de la Iglesia a la labor de estudio y "reflexión previa a la

reforma. Ya la Comisión Permanente de la Conferencia tuvo ocasión de tocar el

tema, exponiendo principios de la doctrina social católica aplicables a los

problemas de nuestro país, en su instrucción titulada "La Iglesia y el orden

temporal a la luz del Concilio Vaticano II", de fecha 29 de junio de 1966.

Si ahora el episcopado se pronuncia de nuevo es porque entiende que la

importancia del empeño requiere una más explícita atención a aquellos principios

que expresamente afectan al sindicalismo, de suerte que se completen y queden

bien de relieve ios que ya entonces se expusieron.

Pretendemos, por tanto, iluminar dos aspectos principales: las normas de validez

universal que, según el pensamiento cristiano, deben informar la ordenación

sindical y los altos criterios morales de una reforma de trascendencia

indudable.

Persona humana y sociedad

Es bien sabido qué el respeto a la dignidad de la persona humana es la base de

todo el orden social. La Iglesia sabe bien, por otra parte, que en el mundo de

hoy "crece la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su

superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e

inviolables" (G. S. 26). Cuando esos derechos y deberes se salvan—nos recuerda

la P. T. 55—, el bien común se considera realizado en nuestra época.

Por otra parte, de la natural sociabilidad de los hombres se derivan derechos

que deben regular su convivencia: "El derecho de reunión y de asociación, el de

dar a !as asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines

propuestos, el de actuar dentro de ellas libremente y con propia

responsabilidad y el de conducirlas a los resultados previstos" (P. T. 23).

El bien común, razón de ser de los poderes públicos

En un tiempo en que las relaciones sociales se multiplican y dan lugar a

numerosos organismos, cuerpos o asociaciones, juzga necesario la encíclica

"Mater et Magistra" que "éstos sean en realidad autónomos y tiendan a sus fines

específicos, con relaciones de leal colaboración mutua y de subordinación a las,

exigencias del bien común" (M. M. 65)

Será, pues, necesario que todo grupo social tenga en cuenta "las necesidades y

la legítimas aspiraciones de los demás grupos" (G. S. 26), persiguiendo sus

propios intereses en armonía con las exigencias del bien común y aportando a é)

su contribución específica, en forma de bienes y servicios (P. T. 52). Pero es

igualmente necesario subrayar que "la persecución del bien común constituye la

razón de ser misma de los poderes públicos, los cuales están obligados a

actuarlo reconociendo y respetando sus elementos esenciales y según los

postulados de- las respectivas situaciones históricas" ((P. T. 53).

El sindicato

Ahora bien, uno de los campos en que principalmente han de ejercitar los hombres

el derecho de la asociación es el económico social, en el que de un modo u otro

aportan su trabajo.

Be ahí que "entre los derechos fundamentales de la persona humana debe

contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones que

representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta

ordenación de la vida económica, así comí) también el derecho a participar

libremente en las actividades de esas asociaciones sin riesgo de represalias"

(G. S. 68). Ya el Papa León XIII estableció "como ley general y constante la de

que de tai manera han de organizarse y gobernarse las asociaciones obreras

que constituyan los instrumentos más adecuados y, sobro todo, eficaces para

el fin que se proponen" (R. N,. 39). Y lo mismo debe decirse do las

asociaciones en que se congregan todos cuantos intervienen en la producción,

distribución y consumo de bienes.

Representar y defender intereses de los trabajadores

Cuál sea aquel fin lo dicen expresamente también los documentos del magisterio

social de la Iglesia.

Consiste—según León XIII—en que "cada uno de los miembros asociados reciba de

ellas (de las propias asociaciones) el mayor incremento posible de los bienes

dol cuerpo, del alma y el patrimonio familiar" (R. N., 39). Refiriéndose

concretamente a las asociaciones de obreros, Pío XII afirma que es fin suyo

esencial representar y defender los intereses de los trabajadores (Confróntese

Discurso a las A. C. L. I., 11-3-1945), y que su función y fin propios sori "la

tutela de los intereses del obrero asalariado en el seno .de la sociedad actual,

transformada cada vez más en anónima y colectivista" (Radiomensaje de Navidad,

1952, núm. 20).

Asociaciones sindicales y organización profesional

Subraya, de otro lado, la doctrina, social de la Iglesia la diferencia que

existe entre las asociaciones, ya sean de obreros, de empresarios, de técnicos o

de empleados, y las organizaciones profesionales, cualquiera que sea el nombre

con que unas y otras se designen. Ni se confunden ni se excluyen, sino que se

complementan. Las primeras, en efecto, exigen "una organización profesional en

la que integrarse. La organización profesional, a su vez, no alcanza plenamente

su objetivo sino cuando se apoya en asociaciones libremente constituidas, donde

las diferentes clases sociales se han agrupado, siguiendo sus afinidades y sus

intereses propios" (carta a la Semana Social del Canadá 25-9-1960).

En este aspecto, "uno de los puntos fundamentales es el principio de la libertad

sindical" (ibídem). El mismo documento expone claramente ciertos aspectos

fundamentales de esa libertad. "Con toda razón—dice—," se contrapone a la

voluntad arbitraria del Estado." Supone, además, por parte de los miembros de

las asociaciones sindicales, "el derecho de escoger libremente aquella

reglamentación que consideren más a propósito para sus fines". Y ha de tener en

cuenta "las características de cada nación, los ensayos hechos y la experiencia

adquirida" (ibídem). Pero, en todo caso, advierte que aquella libertad se vería

amenazada "si las organizad ones profesionales—de las que anteriormente se

habló— se convirtieran en engranaje administrativo o político del Estado o si,

dotadas de privilegios abusivos, gozasen de un monopolio único" (ibídem).

Representatividad e independencia

En una sociedad donde el proceso asociativo de cuantos intervienen en la vida

económica se haya desarrollado sin violencias ni interrupciones bruscas,

corresponde al Estado, por su función de gestor del bien común; el derecho y e]

deber de estimular la evolución de las asociaciones puramente sindicales hacia

una integración de orden profesional, procurando respetar eu carácter

espontáneo, aunque velando por su debida ordenación al bien dé toda la

colectividad.

Puede, sin embargo, darse el caso de que el poder público, por circunstancias

excepcionales, se haya visto o se vea obligado a intervenir más directamente e

incluso a restringir, por razones da bien común, el ejercicio de los derechos

de, los ciudadanos.

La doctrina social de la Iglesia contempla Incluso la posibilidad de que, por

imperiosas exigencias del mismo bien común, en un momento dado tenga que ser el

propio Estado quien instaure directamente la estructura sindical de una nación.

Pero advierte igualmente aquella doctrina que, en tales circunstancias, pide.el

derecho natural que las asociaciones sindicales sean verdaderamente

representativas y cumplan con entera Independencía su auténtica función dentro

de la subordinación debida a los intereses generales.

La reforma en nuestro país

Teniendo bien en cuenta los principios expuestos y mirando al bien común de

todos, estima la Conferencia Episcopal que en el tránsito de la situación actual

a la futura ha de conjugarse la debida prudencia con la decisión.

Considera además que en la nueva ordenación legislativa se han de tener, en

cuenta los altos criterios morales siguientes:

A) La estructura sindical, en su conjunto, ha de gozar de autonomía, sin

perjuicio de su necesaria subordinación al .bien común, del que el Poder

público es responsable supremo.

B) Tanto las asociaciones sindicales como la organización profesional en que

aquellas se Integran y coordinan sean verdaderamente representativas en todos

sus grados.

C) Recae sobre la autoridad el deber de evitar que su intervencion

sustituya innecesariamente la libre actividad ejercida a través de dichas

asociaciones.

D) No permita que ninguna de ellas—las de trabajadores, técnicos o empresarios—

queden a merced de las otras o en inferioridad de condiciones.

E) Para los casos de posibles conflictos provéanse los medios eficaces para

solucionarlos de modo justo, equitativo y pacífico, que promuevan el diálogo

conciliatorio, la negociación, el arbitraje, etc., y aseguren toda la defensa

de sus derechos legítimos.

F) Sólo cuando fallaren todos los medios "la huelga puede seguir siendo medio

necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las

aspiraciones justas de los trabajadores" (G. S. 68), bien entendido que se

excluye la huelga política y revolucionaria.

Participación en toda la vida económico-social

Recordemos también, porque afecta directamente a la vida sindical, que la

empresa constituye la célula básica de todo el orden económico-social, desde

donde deben arrancar las estructuras sindicales. Lo cual exige que se las

configure como auténticas comunidades humanas, de suerte qne se promueva la

activa participación de todos en la gestión de las empresas, según formas a

determinar, teniendo en cuenta las diferencias de funciones y salvar guardando

la necesaria unidad de dirección.

Pero no basta participar en la vida de la empresa. Porque muchas veces las

condiciones generales del orden económico-social de las que depende el porvenir

de los trabajadores y de sus hijos se deciden en niveles más altos. Foméntese,

pues, su participación activa en paridad de condiciones con cuantos intervienen

en la vida económico-social, en aquellos organismos superiores donde se toman

las grandes decisiones político-económico-sociales mediante uña verdadera

representación.

Conclusión

La Conferencia Episcopal Española, al recordar una vez más los principios y

aplicarlos a nuestro país, como ya lo hizo la Comisión permanente en su

instrucción de 29 de junio de 1966, quiere contribuir, desde la esfera de su

propia competencia, al bien común de la nación, en cuanto éste se ordena al fin

último del hombre y de la sociedad misma, de tal manera que todos los cristianos

puedan respónder, cada vez mejor, a las obligaciones temporales que se

désprenden de la fe que profesan.

 

< Volver