Dice Ecclesia. 
 La Iglesia no puede renunciar a denunciar las injusticias     
 
 Informaciones.    08/01/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Información religiosa

DICE «ECCLESIA»:

«La Iglesia no pueden renunciar a denunciar las injusticias»

MADRID, S. (INFORMACIONES.)—La, Iglesia no puede renunciar a ejercer su

ministerio profético, a enseñar tu doctrina social y a denunciar las violaciones

de la justicia: Al hacerlo, aun sobre materias temporales y políticas, su acción

no puede ser calificada de intromisión política.» Esto dice en un editorial la

revista «Ecclesia», órgano oficial de la Acción Católica Española y portavoz

oficioso del Episcopado español, del que depende directamente.

El comentario editorial dice así:

«Voces autorizadas, tanto de la Iglesia como del Estado, han expresado un

sincero deseo de revisar el Concordato de 1953, que, según criterio unánime, ha

quedado desfasado y es fuente de roces y malentendidos que es urgente evitar

para bien de todos. No en vano pasa el tiempo sobre los textos legales qué es

necesario poner al día.

No ha sido el oportunismo ni ningún género de intenciones inconfesables, como a

veces Be da a entender, lo que ha motivado la revisión de nuestro Concordato. El

Concilio Vaticano II ha replanteado el ser y quehacer de la Iglesia en nuestros

tiempos, y cu doctrina ha abierto perspectivas nuevas que obligan a concebir de

una manera distinta las relaciones entre la Iglesia y la sociedad temporal.

La constitución conciliar «Ganduim et spes», que en su capítulo IV estudia la

vida en la comunidad política, afirma que la Iglesia «no pone su esperanza en

privilegios dados por el poder civil». Tomar pie de esta afirmación, como han

hecho ciertos comentarios, para llamar privilegios a los que en realidad son

derechos, e insinuar un tira y afloja entre Iglesia y Estado, como si la

intervención del poder civil en el nombramiento de los obispos fuera un derecho

a cambio de la dotación económica que éste entrega a la Iglesia, es algo que

está en contra de la verdad histórica y que desdice de la dignidad y limpieza de

intenciones de las altas partes contratantes. Cuando tales afirmaciones se

lanzan a la ligera, es evidente que con ellas no se sirve ni a Dios ni al César.

Aludir, no sin exageración, a la crisis eclesial, a la secularización de

sacerdotes, a intromisiones clericales en la esfera de lo temporal, como motivos

de desconfianza para pactar con la Iglesia, es tan inoportuno e injusto como si

ésta alegara la existencia de conflictos laborales, algaradas universitarias o

los espectáculos y publicaciones inmorales como un obstáculo para firmar

acuerdos con cualquier Estado. Al fin y al cabo, la concordia Iglesia-Estado no

ha de formalizarse con ningún grupo, contestatario o no, sino entre las

autoridades civiles y la más alta Jerarquía del pueblo de Dios.

Es cierto que la Iglesia no puede renunciar a ejercer su ministerio profético, a

enseñar su doctrina social y a denunciar las violaciones de la justicia. Al

hacerlo, aun sobre materias temporales y políticas, su acción no puede ser

calificada de intromisión política, cuando es en realidad el ejercicio de un

magisterio moral que le compete por voluntad de Jesucristo y que ella debe

cumplir aun a riesgo de Incomprensiones y sufrimientos.»

8 de enero de 1972

 

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