En torno a las asociaciones. 
 Una cuestión urgente     
 
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EN TORNO A LAS ASOCIACIONES

UNA CUESTIÓN URGENTE

ACERCA de la necesidad de articular un Estatuto del Derecho de Asociación no es preciso argumentar en

demasía (ver editorial del día 16). No porque no existan argumentos —ampliamente desarrollados

muchos de ellos en nuestras páginas a lo largo de los últimos nueve años—, sino porque ya apenas existe

respecto al tema un segmento de opinión dubitativo o susceptible de ser influenciado a favor o en contra.

Creemos que las posiciones son ya sólidas, en uno u otro sentido, y difícil será convencer a quien no

admite el asociacionismo político, como difícil resultará sacar de su empeño a quien en la regulación del

derecho a asociarse ve una de las mejores garantías de evolución convivencial para el país.

Quisiéramos hoy no tanto insistir en la justificación de la necesidad del asociacionismo como en la

urgencia de que el Estatuto en cuestión sea promulgado. No es momento de ocultar nuestros temores (que

estimamos de alguna forma representativos) de que toda la buena voluntad del Gobierno respecto al tema

pueda de alguna manera ser dificultada (igualmente con buena voluntad) por quienes con poderes para

hacerlo tienen a1 asociacionismo por incompatible con el régimen y con las aspiraciones de la mayoría de

la sociedad.

Posibilidades de obstrucción a tal Estatuto no les faltan a quienes no quieren asociaciones. No por el

número o representatividad de los detractores de este empeño, sino por su excelente ubicación en lo que

puede llamarse «clase dirigente» o «clase política». Por el respeto —que no la aquiescencia ciega— que

dichos sectores merecen dentro del sistema, por la calidad de los hilos que acaso pudieran pulsar, por los

alarmismos que pudieran suscitar entre los medrosos, no es inteligente en estos momentos desestimar o

despreciar la fuerza potencial de quienes van a oponerse al compromiso gubernamental de dar al pueblo

lo que las Leyes Fundamentales reconocen al pueblo.

Podría acaso aducírsenos que tales temores no están en consonancia con la reducida representatividad y

sostén popular que achacamos a los sectores contrarios al asociacionismo, pero debe constatarse en

nuestro auxilio la indefensión y desorganización —justamente por la falta de asociaciones— de esa

mayoría silenciosa y —¿por qué no?— de unas fuerzas de centro y derecha o izquierda «civilizadas» sin

los medios ni la voluntad de luchar como lo hacen los ultramontanos del sistema, que no dudan en entrar

en colisión con los mismos Gobiernos de ese sistema.

El consejo del ex Presidente portugués, general Antonio de Spínola, no por sabido ha de echarse en saco

roto. «Organizaos a tiempo», ha venido a decir a los españoles no catastrofistas tras su salida del Poder.

Se nos antoja irreal que precisamente quienes con más ahínco persiguen la continuidad del sistema sean

quienes no admiten la flexibilidad del mismo, que es la que puede hacerle perdurar. Boicotear ahora los

proyectos asociacionistas —el político y el sindical— sólo hace el juego a quienes buscan el «cambio

social» (es decir, la «debacle» del Estado) por la mera esclerotización del régimen. Y parece que algo es

obvio e inconstatable: hay que proceder a la evolución política para consolidar el traspaso de poder de una

figura de autoridad carismática a otra de autoridad institucional.

El hijo del general Fanjul advertía sabiamente hace pocos días del peligro que supone que el Príncipe

tenga que proceder a descargar toda su autoridad el día de mañana para articular la llamada «apertura».

Ciertamente es este un trabajo del que debe excusársele con toda rapidez. Es en vida del actual Jefe del

Estado cuando ha de articularse tal operación indispensable, facilitándose el tránsito sucesorio sin hi-

potecas para el futuro Rey. No es sólo, por otra parte, don Juan Manuel Fanjul quien así piensa. Una

pléyade de españoles nada «catastrofistas» trabajan ya sobre la esperanza del asociacionismo: porque

antes tienen por ley la evolución pacífica del país que la satisfacción de intereses egoístas.

En el proyecto asociacionista pueden converger muchas voluntades valiosas y se nos antoja que el

proyecto es tácitamente la clave de la futura estabilidad nacional. Circunstancias excepcionales y de

interés nacional inandan hoy por hoy. El poder ejecutivo en este caso regulación del derecho que tienen

los españoles a asociarse— no debe tener remilgos para dar al país lo que al país le reconoce una

Ley Fundamental (el Fuero de los Españoles). A la postre, todo Gobierno, a más de sus derechos y obliga-

ciones, tiene sus compromisos con la historia y la sociedad. Dentro, por tanto, de sus atribuciones legales

este Gobierno puede tener no solo la posibilidad, sino acaso la obligación, de articular el asociacionismo

político por vía ejecutiva.

Se trataría, obviamente, de una posibilidad «in extremis», justificada por razones de urgencia e interés na-

cional que no lesionaran el principio de preponderancia del poder legislativo sobre el ejecutivo. Pasar las

cribas legislativas, los informes y dictámenes, incluso la prueba de fuego de las obstrucciones

parlamentarias, sería lo deseable. Pero por eso el tema de las asociaciones discurre por ese camino desde

hace años, con el resultado que más bien parece una vía lenta para un tema sobre el cual existe consenso

nacional y justificación de urgencia.

 

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