En torno a las asociaciones. 
 Una exigencia institucional     
 
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En torno a las asociaciones

Una exigencia institucional

El tema de las asociaciones políticas es considerado generalmente como el más esencial e inmediato en

relación con el desarrollo político. Las asociaciones han de ser, sin duda, la señal de partida

imprescindible para una organización política de la sociedad, y de ahí tanto su necesidad como su

urgencia. Una y otra deberían conducir a una norma jurídica que llene de inmediato un vacío que

condiciona el porvenir político español. Sobre cuestión tan fundamental, INFORMACIONES publica hoy

el primero de una serie de comentarios editoriales que irán apareciendo en estas páginas sin periodicidad

fija.

Uno de los más positivos planteamientos del discurso que el presidente del Gobierno dictó ante las Cortes

el 12 de febrero pasado fue el siguiente: es preciso pasar de la adhesión a la participación. Nos atre-

veríamos a escribir que tal reto participativo resume el núcleo sustancial de la política del presidente

Arias Navarro.

Por una serie de razones bien históricas, bien de un contexto internacional hostil, bien de un período de

rodaje en las instituciones del Régimen, éste ha venido asentándose en las adhesiones, en los consensos

generales, en la aceptación tácita de un sistema político que aseguraba la paz interior y exterior y repartía

prosperidad, que en la presencia activa de la mayoría de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

Todo lo que podía justificar y aconsejar aquella política «de adhesión» ha quedado superado. Incluso el

marco social es radicalmente nuevo y distinto al que protagonizó el nacimiento y consolidación del

Régimen. Como dijo el presidente y se ha glosado ampliamente, ahora ya no es lícito seguir cargando

sobre las espaldas de una autoridad históricamente irrepetib1e todas las responsabilidades, todas las

iniciativas, todos los trabajos.

Es preciso que cada ciudadano asuma su parte alícuota de responsabilidad en las tareas públicas; que las

tareas públicas sean eso: «públicas». Y esta necesidad no es, en absoluto, caprichosa o coyuntural. Los

sistemas políticos no son inmutables; cambian y se acomodan para mejor servir los principios que los

inspiran y la población que por ellos se rige. Como acertadamente se ha escrito hasta la saciedad, no es el

mismo el Régimen que se correspondió con el predominio alemán durante la segunda guerra mundial, que

el del bloqueo, que el que promulgó la ley Orgánica del Estado

Pues bien, a partir de 1966 (promulgación de la L. O. del E.) y especialmente de 1969 (designación del

Príncipe de España como sucesor a título de Rey de la Jefatura del Estado), el Régimen entró en una

nueva fase. Se imponían los cambios tanto por la naturaleza de la sociedad española (que los exigía)

como por la necesidad de poner en funcionamiento lo que en la propia ley Orgánica quedaba establecido.

Todo aquel proceso de clarificación institucional llevaba ya implícito el tránsito de la adhesión a la

participación. Y de entre las piezas legales básicas a articular para que tal participación se hiciera posible,

la del asociacionismo político era la pieza crucial. Así lo entendió la clase dirigente cuando en 1969 el

Pleno del Consejo Nacional del Movimiento aprobaba por unanimidad un Estatuto de asociacionismo

político que el inmediato cambio de Gobierno dejó en estado nonnato.

El error cometido entonces —el replantear nuevamente el asociacionismo por encima de las necesidades

políticas y de la voluntad del Consejo— fue estimar que el tema era más de coyuntura o de gabinete que

exigencia institucional de alta política. Quedó así el asociacionismo político enredado entre las disputas

de la clase política, instrumentalizado, congelado y, finalmente, relegado.

A nuestro juicio, el acierto del presidente Arias consiste en afrontar el problema tomándolo desde su

principio y en su voluntad de no enredarse ni dejarse enredar en cuestiones semánticas o de vericuetos

jurídicos en el derecho de los españoles a asociarse libremente con fines lícitos tal como lo reconocen las

Leyes Fundamentales. Más de una vez hemos escrito en estas páginas que declinábamos la posibilidad de

participar dialécticamente en la construcción de la tela de Penélope de un asociacionismo tomado como

pretexto político menor para solventar querellas de poder.

 

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