Las prisas de la reforma administrativa     
 
 El País.    28/06/1977.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

EL PAÍS, martes 28 de junio de 1977

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Las prisas de la reforma administrativa

CON EL motorista llamando a la puerta —como en los viejos tiempos—, los

ministros del segundo Gobierno de la Monarquía se han empeñado en decidir —

probablemente esta misma semana— las líneas de una reforma administrativa que

habrán de padecer sus sucesores, además del sector público, el privado, la

economía, los funcionarios y, en suma, toda la sociedad.

Huelga decir que la reforma es necesaria. Y lo es porque difícilmente podrá

encontrarse un modelo de Administración más alejado que el actual de lo que

constituye la realidad socioeconómica de 1977. A pesar de ello,-no se comprende

aún cómo este Gobierno, que ha dejado todo lo que no fuera estrictamente

político para después, decide ahora, en el estribo de su marcha, emprender una

reforma administrativa amplia y profunda.

Estábamos ya acostumbrados a las contradicciones del tránsito, pero hay que

decir que resulta profundamente extraño que un Gobierno que pone sus carpos a

disposición del presidente adopte decisiones de la trascendencia y

responsabilidad de la que comentamos. La fórmula del decreto-ley, gracias a la

cual puede acometerse la reforma eludiendo el debate parlamentario, tuvo su

justificación en una etapa anterior, en la que los procuradores en Cortes eran

espúreos representantes de los intereses de la dictadura, pero no del pueblo

español. Ahora, cuando el pueblo ya se ha pronunciado, cuando 598 ciudadanos han

recibido el encargo de representar a la colectividad, el único modo de reformar

nadares someterse a los criterios del Parlamento. Lo demás sólo expresa la

afición al ordeno y mando que su colaboración con el dictador contagió a

numerosos líderes del Centro. Este Gobierno ha mantenido unos criterios de

provisionalidad en la mayor parte de aquellos temas a los que ha dedicado su

atención, amparándose en que el veredicto de, las urnas estaba pendiente y no se

consideraba suficientemente representativo. Hace pocos días, sin ir más lejos,

el ministro de Hacienda afirmaba en la tribuna de la OCDE que las

características de transitoriedad del segundo Gabinete de don Juan Carlos habían

limitado sus posibilidades de actuación sobre la importante crisis económica que

gravita sobre España. ¿Cuál es entonces la situación? Porque no hace falta

profundizar excesivamente para comprender que la reforma de la Administración

condiciona notablemente cualquier plan de saneamiento económico; y no sólo

porque la austeridad que se esconde tras ese eufemismo debe comenzar por la

gestión del Ejecutivo y sus órganos.

Tras las elecciones, este Gobierno acertó en su decisión de dimitir.

Posiblemente el presidente Suárez también acertara al solicitar la permanencia

de los ministros en sus puestos hasta tanto no formara un Gabinete nuevo. Lo

absurdo es que no se hayan limitado a despachar asuntos de trámite, como

corresponde a tal situación. Pero lo más grave es que toda la reforma haya sido

elaborada como un producto de laboratorio, llevado a cabo por un reducido equipo

de funcionarios, tutelados por el subsecretario de la Presidencia. Parece que ni

siquiera algunos ministros conocen lo que se debatirá en Consejo, ya que, aunque

cada Departamento haya emitido un informe sobre el tema, sólo ha sido tenido en

cuenta a efectos informativos por los cerebros de la operación.

Todo ello tiene un aire de retorno a la tecnocraciapasada, de vuelta a los

tiempos en que la improvisación y el autoritarismo elaboraban sus retormas

administrativas al margen de la realidad nacional.

La reforma administrativa debe esperar y el Gobierno y su presidente aprender a

guardar en el baúl de la historia los reales decretos, por lúcidos que sean.

 

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