Declaración del tercer gobierno de la monarquía. 
 Nuevo modo de gobernar  :   
 En las grandes decisiones nacionales han de participar todos mediante el diálogo, la negociación y el compromiso. 
 Pueblo.    12/07/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 59. 

DECLARACIÓN DEL TERCER GOBIERNO DE LA MONARQUÍA

Dos aspectos informativos dominaron la reunión del Consejo de Ministros de hoy:

la declaración del Gobierno y el nombramiento de altos cargos en la

Administración. La reunión del Gabinete, primera que celebra desde su formación,

se ha prolongado durante nueve horas y media. Se celebró en el palacio de la

Moncloa, bajo la presidencia de don Adolfo Suárez, y asistieron todos sus

miembros. Previamente, y presidida por don Enrique Fuentes Quintana, se había

reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de 34 altos cargos, entre los que

destacan los cinco secretarios de Estado. El texto de la declaración del

Gobierno es el siguiente:

EN LAS GRANDES DECISIONES NACIONALES HAN DE PARTICIPAR TODOS MEDIANTE EL

DIALOGO, LA NEGÓCIACION Y EL COMPROMISO

FUNDAMENTOS

Secretario de Estado de Universidades e Investigación: LUIS GONZÁLEZ SEARA

Secretario de Estado de Turismo: IGNACIO AGUIRRE BORRELL

Secretario de Estado para la Administración Publica: JOSÉ LUIS GRAULLERA MICO

Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica: JOSÉ RAMÓN

ALVAREZ

RENDUELES

Secretario de Estado de Cultura: GABRIEL CAÑADAS NOUVILLAS

SUBSECRETARIOS

• Economía: Don Manuel Jesús Lagares Calvo.

• Adjunto al vicepresidente tercero del Gobierno: Don Jaime Lamo de

Espinosa.

Hacienda: Don Dionisio Martínez Martínez.

Presupuesto * y Gasto Público: Don José Barea Tejeiro.

Interior: Don Eduardo Navarro Alvarez.

• Trabajo: Don Jerónimo Arozamena Sierra.

• Agricultura: Don José María Alvarez del Manzano y López del Hierro.

Comercio y Turismo: Don Carlos Bustelo y García del Real.

• Transportes y Comunicaciones: Don Ignacio Bayón Marine.

Ordenación Territorial y del Medio Ambiente; Don Eduardo Merigó González.

• Infraestructura y Vivienda: Don Jaime Fonrodona Sala.

• Secretario general permanente de Relaciones con las Cortes: Don Rafael

Arias-Salgado Montalvo.

DIRECTORES GENERALES

• De Tributos: Don José Víctor Sevilla Segura,

• De Inspección Tributaria: Don José Enrique García-Roméu Fleta.

• De Presupuestos: Don Ángel Marrón Gómez.

• Del Patrimonio del Estado: Don Arturo Romaní Biescas.

• Del Instituto Español de Emigración: Don Francisco de A. Condomines Pereña.

• De la Producción Agraria: Don Sebastián Llompar Moragues.

• De la Política Comercial: Don José María Jerez y de Rojas.

• De la Oficina de Coordinación en el Ministerio de la Presidencia:

Don Félix Diez Burgos.

SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS

• Del Ministerio de Hacienda: Don Antonio Santillana del Barrio.

Del Ministerio del Interior: Don Juan Alfonso Santamaría Pastor.

Del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: Don Alfonso Soriano y Benítez de

Lugo.

Del Ministerio de Industria y Energía: Don Eduardo Punset Casáls.

GOBERNADORES CIVILES

Gerona: Don José María Mesa Parra.

Cáceres: Don Luis García Tafalla,

OTROS ALTOS CARGOS

Embajador de España en Australia: Don Carlos Manuel Fernández-Shaw Baldasano.

Rector magnífico de la Universidad de Extremadura: Don Andrés Chordi Corvo.

Presidente del FORPPA: Don Luis García García

LA DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA

Celebradas las elecciones, generales en un clima de serenidad y responsabilidad

cívicas, y elegidos por el pueblo español los diputados y senadores que le

representarán «n las Cortes, se ha expresado clara y libremente la voluntad

popular y, por tanto, se ha normalizado el panorama político.

El Gobierno, legitimado por la voluntad del pueblo, manifestada, el 15 de junio,

es consciente de que a partir de esta fecha el modo de gobernar tiene que ser

sustancialmente distinto: la vida política española ha de estar basada en el

principio de que las grandes decisiones nacionales deben ser fruto de la

participación de todos los grupos y fuerzas sociales, mediante el diálogo, la

negociación y el compromiso.

El Gobierno sabe que la consolidación de te democracia requiera una tarea amplia

y profunda de revisión de gran parte del ordenamiento jurídico vigente, según

otra manera de entender la política, y que son necesarios, ademas, usos y

hábitos cívicos de clara inspiración democrática, que completen los principios y

normas estrictamente jurídicos.

El Gobierno, expresión de una de las fuerzas políticas presentes en las

elecciones, quiere hacer patente su respeto a todos los partidos, .políticos y

su deseo de colaboración con ellos, y ante las grandes ^cuestiones nacionales

pendientes, especialmente en lo que afecta al proceso de consolidación

democrática, confía en que sera posible, con el esfuerzo de todos; afrontar con

firmeza y eficacia dichos problemas y emprender el camino hacia un nuevo

horizonte de libertad, participación y bienestar.

El Gobierno estima que la exposición y definición de sus tareas inmediatas debe

realizarse simultáneamente en el ámbito de la política constitucional y en el

campo de la economía nacional. Considera, además, que es necesario dejar

sentadas las líneas orientadoras de BU política exterior.

• PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

En primer término, el Gobierno expresa su propósito de enviar a las Cortes, en

el plazo más breve posible, un proyecto de Constitución que será, elaborado con

la colaboración de destacados especialistas en Derecho político, oídos todos los

partidos presentes en las Cortes, y que recogerá las aspiraciones mayoritarias,

con el debido respeto y consideración para las opiniones de laa minorías, sin

que todo esto prejuzgue ni limite el correspondiente debate parlamentario y

votación decisiva por diputados y senadores.

En los aspectos declarativos del proyecto constitucional se prestará especial

atención a lo referente a los derechos individuales y colectivos de los

españoles, tanto los políticos como los sociales y económicos.

En la parta orgánica del texto constitucional se acogerá un sistema de garantías

eficaces de tales derechos, se fijarán las relaciones entre los distintos

poderes del Estado con la regulación del procedimiento y la pimtualización del

alcance de la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, y se establecerán

los principios y normas de la institucionalización de las regiones,

Es objetivo del Gobierno posibilitar la institucionalización de las regiones en

régimen de autonomía, porque es consciente de que la política debe ajustarse a

la realidad´ histórica, social, económica y cultural de los pueblos que

constituyen España, cuya unidad resultará fortalecida con el establecimiento de

las autonomías.

• INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS REGIONES

El Gobierno estima que la institucionalización de las regiones debe ajustarse a

lo siguiente:

— Reconocimiento constitucional de las regiones, determinación de las funciones

y materias que corresponden a las mismas

y fijación de las normas básicas que, con la debida flexibilidad, constituyan el

marco legal para la elaboración de los estatutos de autonomia.

— El reconocimiento regional debe quedar posibilitado a todas las regiones y,

sin perjuicio de lo que acuerden las Cortes, su institucionalización ha de

descansar tanto en los principios de autonomia como en el de solidaridad. El

Gobierno entiende que, durante el mínimo período de tiempo necesario para

determinar el marco legal de las regiones, las Mancomunidades de Diputaciones y

de Cabildos insulares, previstas en las normas vigentes, pueden constituir un

primer paso transitorio que permita avanzar en el camino de las autonomías

regionales.

• REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Paralelamente al proceso de institucionalización de las regiones, el Gobierno

afirma su propósito de llevar a cabo una inmediata y amplia descentralización y

democratización de la Administración española a todos los niveles.

De acuerdo con este principio, ha de abordarse la organización, competencia,

atribuciones, gestión y administración de las Corporaciones Locales. En este

sentido, entiende el Gobierno deben modificarse y completarse las bases del

estatuto de Régimen Local de´ acuerdo con los criterios que presiden la nueva

etapa política de la sociedad española.

Las normas relativas a la composición y representación de los órganos de

gobierno de la vida local se deberán modificar urgentemente con objeto de que

puedan aprobarse las disposiciones electorales que regulen las próximas

elecciones municipales, cuya convocatoria tendrá lugar dentro del presente año.

El Gobierno, al propio tiempo que anuncia su compromiso de convocar y celebrar

dichas elecciones, expresa la necesidad de que no se produzca vacío alguno en la

normal y legal actividad de las actuales Corporaciones Locales, lo que

redundaría en perjuicio de los intereses cuya gestión y administración les

corresponde y que, en modo alguno, pueden ser desatendidos o abandonados.

En definitiva, el Gobierno afirma su intención de que el proceso de

democratización de la vida local, al igual que el seguido para la reforma

política, se realice de inmediato, sin traumas y desde la legalidad.

• POLÍTICA EXTERIOR

En política exterior, el Gobierno se propone continuar el proceso de

normalización de sus relaciones con todos los países del mundo, en el respeto

pleno de las normas de] Derecho Internacional y de los Principios de las

Naciones Unidas, y se esforzará en favorecer la paz y la seguridad mediante la

distensión y el desarme, la defensa de los derechos humanos y la definición de

un orden económico internacional justo y equitativo.

El Gobierno estrechará las relaciones con todos los países del continente

europeo en

el espíritu del acta final de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en

Europa; en el marco de los países occidentales, intensificará sus relaciones con

ellos y presentará próximamente la solicitud de iniciación de negociaciones para

la adhesión a las comunidades e instituciones europeas.

Mantendrá relaciones de estrecha cooperación con Portugal en todos los campos,

buscando una nueva expresión de la amistad peninsular.

Revalorizará con realismo Jas ideas y los hechos que unen a España con todos los

pueblos de Iberoamérica, potenciando la voluntad de cooperación e integración,

que se manifiesta como consecuencia de las múltiples afinidades comunes.

Desarrollará con los Estados Unidos, sobre la base de la necesaria equidad del

vínculo mutuo, las actuales relaciones de amistad y cooperación y la

contribución al sistema defensivo occidental.

El Gobierno contempla favorablemente la apertura de un debate por los

representantes d e 1 pueblo legítimamente elegidos con vistas a examinar la

posible inserción de España en el Tratado del Atlántico Norte.

En el área mediterránea, manifiesta su voluntad de favoracer la seguridad y el

entendimiento entre los ribereños, contribuyendo a la creación de un sistema da

cooperación regional y a la eliminación de las tensiones que existen en la zona.

El Gobierno reitera la política de amistad con la nación árabe cuyas justas

causas comparte.

CONSEJO DE MINISTROS

En relación con Gibraltar, el Gobierno insistirá en la reanudación de

negociaciones con Gran Bretaña de acuerdo con las resoluciones y consensos de

las Naciones Unidas, con el fin de restaurar la integridad territorial de

España, atendiendo a los legítimos intereses en juego y facilitando la

articulación entre la Plaza y la comarca circundante a medida que lo permita el

progreso de las negociaciones.

El Gobierno seguirá negociando con la Santa Sede la revisión del Concordato -

vigente en conformidad con el acruerdo suscrito el 28 de julio de 1976 en un

espíritu de mutua colaboración e independencia reciprocas

La independencia de España y el mantenimiento de su plena integridad territorial

constituirá siempre el principio básico de toda acción del Gobierno.

POLÍTICA ECONÓMICA

Una vez normalizada la vida politica en sus aspectos más fundamentales, al

permitir la concurrencia legal de las fuerzas políticas representativas de los

distintos sectores de la vida nacional, es imprescindible acometer la

normalización de nuestra situación económica.

E3 Gobierno considera que todo programa de política económica ha de partir, en

estos momentos, de la constatación de que los problemas que pesan sobre nuestra

economía son graves y complejos. La sociedad española debe ser plenamente

consciente de esta situación. La economía mundial ha registrado, desde el año

1973, cambios profundos, y los hechos prueban que sólo los países que se adaptan

a estas nuevas circunstancias podrán aspirar a una mejora de su bienestar en el

futuro. Tales cambios que han afectado de un modo especialmente adverso a

nuestro país, agravados por defectos de la estructura productiva heredada del

pasado, se han producido en unos momentos en que se abría para España un proceso

de cambio político profundo; las dificultades de este proceso, al absorber la

atención del país, han demorado la adaptación necesaria de la economía española

a las nuevas circunstancias.

El Gobierno asume plenamente esta situación y entiende que, recorrido con éxito

el difícil camino conducente al restablecimiento de las libertades y la

democracia, ha llegado la hora de afrontar los problemas económicos con decisión

y en profundidad. El Gobierno se propone el objetivo de situar la economía

española en una enda de crecimiento estable y duradero; y está convencido de

que, para lograrlo, se necesita un proceso de ajuste costoso y continuado que

permita vencer los dos desequilibrios básicos, la inflación y el déficit

exterior, sin cuya corrección es absolutamente imposible despejar el futuro

económico. El Gobierno abordará los problemas planteados mediante un programa

enérgico, capaz de sanear la´ economía en un plazo de dos años, y confía en

obtener la colaboración responsable de todos los grupos sociales y partidos

políticos en esta tarea de cuyo éxito dependen, no sólo el futuro de nuestro

bienestar material, sino también la estabilidad y el asentamiento d« las

instituciones democráticas recién conquistadas.

£1 establecimiento de un tipo de cambio realista de !a peseta ha sido una

primera medida inevitable. La disparidad entre el acelerado ritmo de la

inflación española y las decrecientes alzas de precios que registran la mayor

parte de los países industriales, el desequilibrio insostenible de la balanza de

pagos y la consiguiente situación de la peseta en los mercados internacionales,

creaban unas condiciones tales qua toda demora en la decisión sólo hubiera

conducido a imponer mayores costes y sacrificios al pueblo español.

El Gobierno manifiesta que será necesario, en todo caso, un sacrificio colectivo

para que la economía española pueda superar sus dificultades actuales; y se

compromete a lograr que esos sacrificios se "distribuyan respondiendo a

criterios estrictos de generalidad, justicia y transparencia.

POLÍTICA ECONÓMICA

primera medida inevitable

UN TIPO DE CAMBIO REALISTA PARA LA PESETA

• LINEAS DE ACCIÓN

De acuerdo con estos principios, el Gobierno se propone que todos los grupos

socíales participen en el inevitable ajuste de acuerdo con su capacidad y se

propone lograrlo por la vía más adecuada para mejorar la distribución de la

renta y la riqueza: la fiscalidad. El Gobierno anuncia su propósito de romper

con una tradición fiscal nacional carente de sentido social y de emprender

inmediatamente unas lineas de acción basadas en los siguientes criterios:

• Primero.—Los aumentos transitorios de recaudación, necesarios para hacer

frente a aumentos del gasto, tales como los derivados de una creación de puestos

de trabajo o de una mejora del subsidio de desempleo, se obtendrán,

fundamentalmente, a través de impuestos directos o que graven las capacidades

contributivas mayores y no, como era habitual en el pasado, por la vía de´ ta

imposición indirecta.

Segundo.—La reforma fiscal tiene carácter prioritario y urgente entre las

reformas que tiene pendientes la sociedad española y debe iniciarse sin demora y

con energía.

A este respecto, el Gobierno anuncia la decisión de enviar a ¡as Cortes, tan

pronto como éstas se constituyan, unos proyectos normativos, que contendrán las

siguientes medidas:

1.* El establecimiento inmediato de una imposición extraordinaria sobre el

patrimonio, que no afecte a los patrimonios modestos, y un gravamen

complementario sobre las rentas más altas.

2.´ La eliminación del fraude tributario, permitiendo la investigación de las

cuentas corrientes bancarias con fines exclusivamente fiscales, la tipificación

como delito de las infracciones fiscales de más grave trascendencia social y la

supresión de los procedimientos de fraude, basados en sociedades interpuestas.

3." Para regularizar las situaciones tributarias correspondientes al ejercicio

de 1976 se concederá, tanto a las personas físicas como a las sociedades, una

moratoria fiscal con las correspondientes declaraciones complementarias.

Finalizado el plazo de moratoria, estas declaraciones estarán sometidas al nuevo

régimen de represión del fraude.

Paralelamente, el Gobierno anuncia su propósito de iniciar inmediatamente un

reforzamiento da ía Administración fiscal, ampliando, en cuantía sustancial, los

efectivos de la inspección y dotándoles d« mayores posibilidades, para que

ejerzan su función con eficacia.

Además, el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes, lo antes posible y no

más tarde del 30 de septiembre de este año, dos proyectos de ley. uno sobre la,

reforma de la imposición sobre la renta y otro relativo a la imposición sobre el

patrimonio y sucesiones; y antes del 30 de noviembre de este año, un proyecto de

ley sobre la reforma de la imposición indirecta. Esta legislación permitirá

completar la reforma y establecer una estructura fiscal justa y moderna.

Pero como el sacrificio para combatir la inflación tiene que ser colectivo, con

un quehacer solidario de todos los españoles, el Gobierno considera necesario

que los salarios moderen sus tasas actuales de crecimiento en un proceso

programado, suave y que garantice en todo caso el poder de compra de los

trabajadores modestos. Razones de justicia asi lo exigen, y el Gobierno espera

conseguir Ja colaboración de las representaciones sindicales en esta tarea de

reordenar la presente situación de retribuciones por el trabajo, según criterios

de solidaridad y de acuerdo con los principios de justicia.

E! Gobierno se propone, por otra parte, prestar especial atención al problema

del paro: primero, perfeccionando las prestaciones del subsidio de desempleo;

segundo. impulsando un programa de ga^to público, especialmente obras y

servicios sociales de carácter local en las regiones y zonas más duramente

afectadas por el paro ó donde concurran características especiales por razón de

su depresión económica o insularidad y lejanía; tercero, concediendo incentivos

fiscales a las empresas que amplíen sus plantillas en términos netos; y cuarto,

asumiendo progresivamente a partir del actual ejercicio económico y en la medida

que la situación presupuestaria lo permita, una mayor participación del Estado

en los costes de la Seguridad Social que, soportados hoy por trabajadores y

empresas, contribuyen a las alzas de costes y desalientan, de hecho, la creación

de puestos de trabajo.

El Gobierno se propone que la economía española responda a !os . retos que tiene

planteados mediante un aumento de su flexibilidad y eficiencia conseguido en un

sistema de libertad, económica y de mercado. A este respecto, se propone

alcanzar una delimitación nítida entre los sectores público y privado; reforzar

la iniciativa privada, y eliminar las trabas, intervenciones y proteccionismos

injustificados que generan ineflciencias y fomentan los privilegios. En esta

misma linea, el. Gobierno se.propone iniciar inmediatamente .un proceso de

ftexibilización del sistema financiero basado en la liberación de tipos de

interés y en la reducción da los circuitos privilegiados de financiación. El

Gobierno declara que es un objetivo esencial de su política ayudar a la pequeña

y mediana empresa a resolver sus problemas en las actuales circunstancias. Las

actuaciones de la política económica en este campo se canalizarán a través del

insututo creado a este efecto, y en esta nueva línea el Gobierno anuncia la

dedicación exclusiva de una nueva institución crediticia, orientada a atender a

sus problemas de financiación.

POLÍTICA MONETARIA

La politica monetaria hará también flexibles sus instrumentos de control, y

buscará con precisión el logro de unos objetivos de crecimiento monetario que,

para reducir la inflación, deberán ser menores que los actualmente perseguidos.

El Gobierno renunciará, sin embargo, a todo proceso rápido de desaceleración

monetaria, y se propondrá unos objetivos moderados a largo plazo, que sólo

revisará a la baja en el caso de que se registren aceleraciones del proceso

inflacionista.

El Gobierno ha preferido emplear el lenguaje crudo de la realidad a! evaluar los

problemas económicos españoles. Porque sólo el conocimiento real de los

problemas por parte del pueblo español puede llevar a su auténtica solución.

Pero el Gobierno también está convencido de que, pese a las graves dificultades

que la situación económica plantea, éstas se superarán si se cuenta con la

colaboración solidaria de todos los ciudadanos, y que sobre la base de esa

voluntad colectiva y perseverante España podrá recorrer un camino hacia un

futuro de bienestar, de justicia y de libertad.

Las lógicas limitaciones de una declaración de Gobierno impide incluir en la

presente referencia a un conjunto de temas,, cuya ausencia no significa que

estén fuera de las preocupaciones del Gobierno. El Gobierno queda solidariamente

comprometido ante la nación a cumplir su tarea esencial: gobernar; á trabajar

intensamente por el progreso social en todos sus órdenes, de acuerdo con los

criterios básicos del programa electoral de Unión de Centro Democrático ´y en

colaboración con todos los otros partidos, cuya aportación para el bien de

España el Gobierno reconoce y agradece.

El Gobierno quiere expresar su adhesión y lealtad a S. M el Rey y promete su más

decidido empeño para responder con hechos al honor que la Corona y el pueblo le

han concedido, al encomendarle la tarea de dirigir la,política al servicio de

todos los españoles.

 

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