El procesamineto del director de "Els Joglars"     
 
 El País.    22/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

EL PAÍS

DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA

Edita: Promotora de Informaciones, SA (PRISA)

Redacción, Administración y Talleres: Miguel Yuste. 40. Madrid 17

Teléfono. 7543800. Telex: 42187. Depósito legal. M 14951/76

Presidente del Consejo: José Ortega. Consejero-delegado: Jesús de Polanco

Adjunto a la Presidencia: Darío Valcárcel

Director JuanLuis Cebrián

Adjuntos a la Dirección,.Martin Prieto y Rafael Conte Redactores-jefes: Fernando Casares, Julio Alonso.

Julián García Candau y Augusto Delkader

Internacional Eduardo San Martín Política y Regiones: Soledad Alvarez Coto

Madrid: José María Baviano. Sociedad y Cultura: Ángel Sánchez Harguindey

Economía y Trabajo: Fernando González Urbaneja

Deportes: Juan José Fernández. Diagramación: Lorenzo Romero.

Fotografía: César Lucas Documentación: Beatriz Rodríguez Salmones

Asesor de diseño: Reinhard Gade

Director Gerente: Javier Baviano Director Comercial: José Manuel Sanchez Palomares

Adjunto a la Gerencia:José María Aranaz

Técnico: Joaquín Rodríguez. Administración Antonio Gallardo

Proceso de Datos: Francisco Alvarez

Servicios informativos NewYork Times, NeueZürcherZeitung Efe. United Press International.

Associated Press. Reuter, Agence France Presse,Europa Press, Cifra, Logos, Comtelsa, Sis y Alfil

Servicios gráficos, Cifra Gráfica, Europa Press. Upi-Cifra yAp-Europa

El procesamiento del director de "Els Joglars"

Los PACTOS de la Moncloa no se reducen a un conjunto de acuerdos para el saneamiento y reforma de la

economía. También incluyen un importante «acuerdo sobre él programa de actuación jurídica y política»

—que no firmó Alianza Popular—, en el que se esbozan las grandes líneas de la reforma legal del

ordenamiento jurídico español para adecuarlo a los valores y las prácticas de la sociedad democrática.

El espíritu de la actual legislación, cuya revisión se han comprometido a llevar a cabo los grupos

parlamentarios, ha sido, pues, enterrado por los pactos, pero su letra continúa teniendo plena vigencia. De

esta manera, durante el lapso de tiempo que transcurra entre la firma de los pactos y su efectiva

instrumentación por las Cortes, los tribunales de justicia y la Administración se verán obligados, ante

determinados hechos, a enfrentarse con un absurdo duerna: o bien infringen o no aplican la legislación

vigente, o bien no sirven al espíritu de la reforma legal prometida y en curso.

Seguramente este es el caso del procesamiento por la autoridad militar del director de un grupo teatral,

Els Joglars, acusado de injurias a las Fuerzas Armadas. En nuestra actual normativa penal y procesal este

delito compete a la jurisdicción militar. Pero es cuando menos dudoso que cuando se lleve a cabo la

reforma del Código de Justicia Militar, según las directrices de los pactos de la

Moncloa, hechos semejantes sean diligenciados y juzgados por órganos del propio Ejército.

El apartado VII del «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política», dedicado a la

modificación del Código de Justicia Militar, refleja el consenso de los signatarios del pacto sobre la

necesidad de resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal ordinario y el de Justicia Militar;

especializa a éste en los delitos específicamente militares, circunscribe la competencia jurisdiccional

castrense por razones de lugar y de persona, y fortalece las garantías procesales y de defensa en los

procedimientos de la jurisdicción militar.

Según ese programa de reforma, las injurias a la Fuerzas Armadas proferidas por un civil constituirán, en

el futuro, un delito no específicamente militar. No hay excepción de lugar y de persona; y la materia penal

en nada se distingue de otros delitos como por ejemplo las injurias dirigidas contra el Jefe del Estado. Por

justamente elevadas que sean las penas con que han de castigarse esas injurias serán los tribunales

ordinarios los encargados de aplicarlas.

La lentitud del procedimiento legislativo de la reforma decidida ya por el Gobierno está obligando, sin

embargo, a las Fuerzas Armadas á aplicar en casos semejantes su capacidad sancionadora y sus

mecanismos procesales, pensados para el universo disciplinado y jerarquizado de la organización militar,

cosa que explica la severidad de las penas y el carácter expeditivo dé los trámites judiciales. La huelga de

teatros ha que ha dado lugar el procesamiento del director de Éls Joglars no debe teñirse por eso

gratuitamente de colorido antimilitar, cuando el Ejército, una vez más, no hace sino aplicar la legislación

vigente. Pero sin duda la autoridad judicial del propio Ejército sabrá encontrar la solución adecuada para

que, sin menoscabo de la penalización del delito, si lo hubiere, no sean las leyes castrenses, sino las

comunes, las que se apliquen en este y ulteriores Casos semejantes.

 

< Volver