Imperio de la Ley: que nadie espere amnistia. 
 El Gobierno prepara un plan general contra el terrorismo  :   
 Próximo envío al Parlamento de un Estatuto de las Libertades Públicas. 
 ABC.    21/05/1980.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

IMPERIO DE LA LEY: QUE NADIE ESPERE AMNISTÍA

EL GOBIERNO PREPARA UN PLAN GENERAL CONTRA EL TERRORISMO

Próximo envío al Parlamento de un Estatuto de las Libertades Públicas

La preparación de un Plan Estratégico general contra el terrorismo por parte del

Gobierno, por un lado, y la remisión a las Cortes del Estatuto de las Libertades

Públicas fueron los dos proyectos concretos más importantes anunciados por el

presidente Suárez para conseguir el «imperio de la Ley», en sus dos vertientes:

el respeto absoluto de la normativa vigente y el respeto y la protección de las

libertades ciudadanas.

Suárez comenzó subrayando que entre las demandas populares destaca, claramente,

el clamor que pide orden y tranquilidad, orden y seguridad ciudadana.

La única manera de satisfacer esta demanda es imponer el imperio de la Ley. La

energía y la firmeza en el marco estricto de las leyes serán las coordenadas a

las que el Gobierno ajustará su acción para erradicar la plaga del terrorismo y

el fenómeno de la delincuencia.

Como expresa la comunicación del Gobierno —dijo el presidente—, el Impero de la

Ley se traduce, en primer término, en la primacía de la Constitución y en el

acatamiento y cumplimiento por parte de toda la sociedad y de todos los órganos

del Estado de las normas legales vigentes, cualquiera que sea la valoración que

nos merezcan.

Frente a las leyes democráticamente elaboradas no caben reservas ni reticencias.

Todas ellas deben ser cumplidas. Desde las que consagran nuestras libertades

públicas o privadas, hasta las leyes fiscales o las penales, o las que imponen a

las Administraciones públicas prestaciones en favor de determinados sectores

sociales. Y deben ser cumplidas también por todos, desde e! ciudadano de a pie

hasta las más altas magistraturas del Estado, pasando por toda suerte de fuerzas

y grupos políticos o sociales. Sólo en el respeto de la ley podrán consolidarse

nuestras incipientes instituciones democráticas.

El imperio de la Ley se traduce, igualmente, en la efectiva, protección y

garantía del ejercicio de las libertades públicas dentro de los límites que la

propia Constitución consagra.

Anuncio la próxima remisión a las Cortes Generales de una ley orgánica que

contenga el Estatuto de las libertades públicas previstas en la Constitución y

los procedimientos de amparo judicial para su plena efectividad. Esta ley

orgánica regulará, de acuerdo con la Constitución, los ámbitos de licitud e

ilicitud en el ejercicio de las libertades públicas.

Que nadie espere negociación ni amnistía para quienes están en armas contra la

autoridad legítima con desprecio de la vida humana.

Las medidas ya adoptadas en el terreno policial, de dotación personal, de medios

y armamentos, serán intensificadas en todo lo que sea preciso dentro del Plan

Estratégico General que el Gobierno está desarrollando. No se escatimará ningún

esfuerzo en esta acción.

Es preciso profundizar también en el tratamiento de las causas que originan las

conductas violentas, agresivas o criminales y proporcionar medios adecuados al

Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a la Administración Penitenciaria.

Se intensificarán acciones, entre otros, en los siguientes ámbitos.

• Incremento del número de los órganos jurisdiccionales.

• Inmediata efectividad de las previsiones de ampliación de

plantillas de personal judicial y al servicio de la Administración de

Justicia.

• A la aprobación de un programa de inversiones e instalaciones

penitenciarias, dirigido a garantizar en 1985 un total de veinticinco

mil plazas para alojar a la población penitenciaria.

Me parece más importante destacar —terminó diciendo el presidente— que sólo en

el respeto de la Ley pueden arraigar nuestras Instituciones democráticas y que

tal expresión, para que alcance plena virtualidad, requiere también que se

preserve el prestigio, la autoridad y relevancia constitucional de todos los

órganos del Estado y de sus servidores, especialmente de quienes integran los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

 

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