Debe estar terminado en dos años. 
 El Gobierno impulsará el proceso autonómico hasta su culminación     
 
 ABC.    17/09/1980.  Página: 6-8. Páginas: 3. Párrafos: 42. 

NACIONAL

MIÉRCOLES 17-9-80

Suárez pide el voto de confianza

Debe estar terminado en dos años

El Gobierno impulsara el proceso autonómico hasta so culminación

España debe transformarse en dos años en un auténtico Estado de autonomía, según

el propósito expuesto por Suárez en el apartado de su discurso dedicado a la

«construcción del Estado democrático y de las autonomías» Suárez ratificó los

principios básicos expresados en el debate del pasado mayo y subrayó la voluntad

del Gobierno de Impulsar el proceso autonómico hasta su culminación.

La transformación de un viejo Estado centralista y autoritario en un Estado

democrático —dijo Suárez— y de autonomías es, sin duda, como se ha dicho muchas

veces, el reto político más difícil que hemos de afrontar en el inmediato

futuro.

La transformación de la institución estatal tiene, por mandato de nuestra

Constitución, varias dimensiones. En primer término hemos de regular y proteger

el ejercicio de las libertades públicas. En segundo lugar, hemos de poner en

funcionamiento todos los órganos constitucionales en su nueva configuración. En

tercer lugar, hemos de impulsar el proceso autonómico en todas sus vertientes y,

.finalmente, hemos de realizar tina amplia reforma administrativa que confiera

virtualidad instrumental a la transformación de la estructura del Estado.

Me parece conveniente hacer unas breves referencias al ejercicio de las

libertades públicas que la Constitución consagra. Se ha llegado a afirmar que,

en España, se encuentran en retroceso. Para despejar cualquier duda quiero aquí

proclamar la voluntad del Gobierno de poner todos los medios a su alcance para

que el ejercicio de la libertad sea una realidad dotada de todas las garantías.

Se refirió luego a las leyes orgánicas y en especiar al proyectado Estatuto de

libertades públicas: «Ésta norma, reclamada reiteradamente por la Constitución,

servirá para expresar el contenido positivo de cada derecho y los límites que

configuran aquel contenido, según su propia naturaleza, con estricta observancia

a los principios constitucionales y a los pertinentes Tratados Internacionales

ratificados por España.

Especial atención se dedica a la regulación del amparo judicial. La garantía

judicial es parte esencial del propio Derecho. Sin garantía judicial inmediata,

el Derecho se movería en el ámbito de las intenciones o, peor aún, en el de las

declaraciones programáticas, carentes de efectividad Jurídica alguna.

REFORMA DEL PODER JUDICIAL

Nuestra Constitución entrega al Poder Judicial la tutela de los derechos de los

ciudadanos y es menester articular vías rápidas y eficaces para que los

españoles sepan y experimenten que sus jueces y magistrados constituyen la más

efectiva garantía para el ejercicio de las libertades. De ahí la necesidad de

conferir prioridad a la reforma de dos instituciones básicas del Estado: el

Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.

Nuestra Constitución ha querido —y seremos fieles a ese mandato— acentuar la

independencia de la Magistratura, sólo sujeta a la Ley. Remitido ya por el

Gobierno el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, es necesario ahora

impulsar su tramitación.

En todo caso querría añadir que, en la consecución del mismo objetivo, el

Gobierno se propone dotar a Juzgados y Tribunales de los medios materiales

necesarios para atender el servicio de la Justicia en una sociedad moderna.

Por otra parte, el Gobierno entiende que resulta también urgente perfilar

definitivamente el Ministerio Fiscal. Su Importancia en las circunstancias

actuales resulta fundamental por tener atribuida la investigación en el proceso

penal, la dirección de la actividad de la policía judicial y, en consecuencia,

por ser institución básica para la protección de la seguridad ciudadana. Pero si

esta vertiente del Ministerio público tiene una evidente trascendencia, no la

tiene menos aquella otra que hace del Ministerio Fiscal institución para todo el

Estado en defensa de la legalidad, del interés público y de los derechos y

libertades fundamentales.

Pero el proceso de construcción del Estado tiene en el momento presente aspectos

problemáticos que es preciso encarar. Me refiero al bloqueo parcial que hoy

experimenta el camino hacia la constitución de algunas comunidades autónomas.

Desde esta perspectiva querría decir que el Gobierno se ratifica en los

principios básicos de su política autonómica expuestos en el debate

parlamentario del pasado mes de mayo. En el marco, por tanto, de los principios

de igualdad y solidaridad, el Gobierno se propone adoptar cuantas medidas sean

precisas en el ámbito de la Constitución para reanudar un proceso que debe

conducir en los próximos dos años a la transformación de España en auténtico

Estado de autonomías.

Querría proclamar en todo caso, una vez más y para despejar cualquier duda, la

Indeclinable voluntad política del Gobierno de impulsar el proceso autonómico

hasta su culminación.

Al propio tiempo y mediante su iniciativa legislativa el Gobierno regulará y

apoyará la autonomía de las Corporaciones Locales y atenderá a la financiación

de sus haciendas para que su autonomía sea efectiva.

Porque es también propósito del Gobierno reforzar las atribuciones de

Ayuntamientos y Diputaciones especialmente en todo ´lo que afecta a urbanismo y

equipamientos colectivos.»

Suárez pide el voto de confianza

Texto de la declaración política

El Gobierno, dispuesto a que Galicia alcance los máximos niveles autonómicos

En consecuencia de todo cuanto acabo de exponer, el Gobierno declara que

aquellos de sus propósitos más inmediatos sobre los que solicita la confianza de

la Cámara son los siguientes:

A) En lo que afecta a la construcción del Estado democrático y de las

autonomías.

Primero.—El Gobierno, con el fin de hacer realidad plena la unidad

Jurisdiccional, el autogobierno del Poder Judicial, la promoción de la Justicia

y la defensa de la legalidad, conferirá prioridad a los proyectos de ley

Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal y facilitará

los medios personales, auxiliares y materiales precisos dentro de los recursos

presupuestarios para lograr el eficaz funcionamiento de la Justicia, de la

organización policial y del Ministerio Público.

Segundo.—El Gobierno apoyará la tramitación del Estatuto de Libertades Públicas

para desarrollar su amparo judicial.

Tercero.—El Gobierno, en el presente período de sesiones, remitirá a las Cortes

el proyecto de ley del Consejo Económico y Social como plataforma institucional

de diálogo y deliberación de los principales agentes e interlocutores sociales.

Cuarto.—El Gobierno, a través de las Comisiones Mixtas de Transferencias,

Impulsará sin reservas la aplicación de los Estatutos de autonomía vigentes

mediante una política de traspaso de servicios rigurosa y sostenida, que se

extenderá, en lo que sea legal y materialmente posible, a los entes

preautonómicos.

Quinto.—El Gobierno reitera su voluntad de que el proceso de constitución de

comunidades autónomas se fundamentará en el «principio de igualdad», sin más

excepciones que las derivadas del fenómeno cultural diferencial, del hecho foral

de la insularidad: en el «principio de la generalidad del propio proceso» y en

el «principio de solidaridad Interterritorial», tratando de asegurar la economía

final de la nueva estructura del Estado y la eficiencia y funcionalidad, tanto

de la propia institución estatal como de las instituciones económicas.

Sexto.—El Gobierno impulsará la elaboración y tramitación de los Estatutos de

autonomía de los territorios que aún no disponen de ellos, de tal modo que

puedan estar en vigor en 1982-83.

Hasta el momento en que se celebren las elecciones para la constitución de las

Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, elegidas por sufragio

universal, dichas comunidades podrán ejercitar sus facultades legislativas

mediante la constitución de los órganos provisionales que prevean sus Estatutos.

Séptimo.—El Gobierno reitera, respecto a Galicia, su voluntad de que a través

del Estatuto se alcancen los máximos niveles autonómicos, análogos en toda su

extensión y contenido, a los de otras comunidades definidas en la disposición

transitoria segunda de la Constitución.

También, siendo sensible a posibles acuerdos políticos, asegura su propósito de

estimular cualquier tratamiento normativo o interpretativo que elimine cualquier

inseguridad Jurídica en la aplicación del Estatuto. Y que Impida el ejercicio

por la comunidad autónoma gallega de las competencias en forma desigual a lo

establecido en los Estatutos de las comunidades anteriormente referidas.

El Gobierno convocará el correspondiente referéndum.

Octavo.—En relación con Andalucía, es intención del Gobierno, si cuenta con la

aceptación de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Andalucía, recurrir al

artículo 144 de la Constitución para conseguir, a través de un procedimiento

especial, la adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y

competencias ya establecidas.

Noveno.—El Gobierno considera que la autonomía de las corporaciones locales es

pieza básica y sustancial de la nueva estructura del Estado,por lo que se

remitirá al Congreso un proyecto de ley regulador de las administraciones

públicas territoriales, que, respetando las competencias de las comunidades

autónomas: a) garantizará la autonomía que la Constitución reconoce a los

Ayuntamientos y Corporaciones provinciales, ferales e insulares; b) reforzará

sus atribuciones en lo que afecta particularmente a urbanismo y equipamientos

colectivos.

Décimo.—El Gobierno entiende que resulta positivo, en el marco de las

posibilidades financieras del país, continuar el proceso de saneamiento y

mejoras de las haciendas locales mediante el progresivo Incremento de sus

dotaciones, el perfeccionamiento de su propia fiscalidad y una adecuada

ordenación del crédito destinado a fines de interés local.

Undécimo.—El Gobierno, sin perjuicio de las medidas legislativas que

corresponden a esta Cámara, se propone redistribuir las competencias entre los

órganos centrales y los periféricos de la Administración del Estado, y, en este

orden de cosas, acelerar el proceso de desconcentración a favor de éstos

últimos, cuya estructura y organización serán objeto de reordenación y

fortalecimiento bajo el prisma de la mayor eficacia, proximidad y celeridad de

las decisiones administrativas, especialmente en el ámbito del gasto público

productivo.

Duodécimo.—El Gobierno procederá a una amplia reforma administrativa por razones

da funcionalidad y eficacia en la gestión de los servicios públicos a cargo de

la Administración del Estado y, fundamentalmente; por la remodelación de las

competencias que implica el desarrollo de las comunidades autónomas. Dentro de

ella, el Gobierno dedicará especial atención a la política de la función pública

desde la perspectiva de la exigencia, responsabilidad y productividad que la

misma requiere. Se propone, asimismo, revisar las situaciones de compatibilidad

hasta ahora autorizadas y llevar a cabo una reordenación de los efectivos

personales.

OFERTA AUTONÓMICA DEL GOBIERNO

• Política de transferencias, rigurosa y sostenida.

• Igualdad y solidaridad, como principios del proceso autonómico.

• Estatutos para todos los territorios antes de 1983.

• Máximos niveles autonómicos para el estatuto gallego.

• Estatuto para Andalucía por el artículo 144.

• Ley de Administraciones Públicas territoriales.

• Saneamiento y mejora de las Haciendas locales.

Al mismo tiempo hará los ajustes en la legislación tributaria que la experiencia

y la coyuntura exigen, en lo que se refiere a la actualización de los valores

patrimoniales, a la regularizaron de tos balances, a la acomodación de las

escalas impositivas en función de la evolución de los precios, y a la protección

a la familia y al ahorro.

Quinto.—Junto a este esfuerzo inversor directo, el Gobierno va a apoyar la

reanimación de la inversión privada, sobre todo en dos campos: la ejecución

puntual del Plan Energético Nacional, evitando que obstáculos administrativos,

financieros o de otro tipo lo entorpezcan (lo mismo en sus aspectos

convencionales que nucleares) y la edificación de viviendas, mediante el

establecimiento, entre otras medidas, de un sistema de financiación que permita

un rápido aumento de la actividad en el sector de la construcción. Por otra

parte, y con el mismo objetivo, el Gobierno ayudará al desarrollo de regadíos

privados y al establecimiento de industrias agroalimentarias.

Sexto.—Es, además, urgente promover la adaptación de las estructuras

industriales a los cambios de la sociedad y de la economía. Por ello, el

Gobierno está firmemente decidido a emprender en determinados sectores la tarea

de reconversión industrial.

Séptimo.—La creación de ahorro y su asignación correcta a las nuevas inversiones

se favorecerá por un nuevo impulso a la reforma del sistema financiero,

continuando la liberalización de los tipos de interés, manteniendo la evolución

prevista de los coeficientes obligatorios y orientando una parte creciente de

los recursos del sistema hacia el crédito a medio y largo plazo, con tipos de

interés y condiciones ubres. Se mantendrá la línea actual de la política

monetaria que asegura, sin abandonar el objetivo de la lucha contra la

inflación, un crecimiento real del crédito al sector privado.

Octavo.—Siempre con el fomento de la inversión a la vista se hará un nuevo

esfuerzo para aligerar las intervenciones y las trabas administrativas y

burocráticas.

Noveno.—En colaboración con las Comunidades Autónomas se prepararán planes de

actuación territorial, que, entre otras obligaciones, atenderá especialmente a

la mejora de infraestructuras y servicios en el medio rural.

Décimo.—Uno de los hechos capaces de animar la inversión privada es el

progresivo establecimiento de un sistema de relaciones laborales más próximo al

de los países entre los que vivimos y que nos permita acercarnos a su nivel

medio de productividad. El Gobierno se propone completar el desarrollo

reglamentario del Estatuto de los Trabajadores para conseguir su aplicación

efectiva, especialmente en lo que se refiere a contratos a tiempo parcial y por

tiempo determinado. El Gobierno valora muy positivamente el avance que ha

supuesto el Acuerdo Marco Interconfederal y, en el respeto a la libertad de la

negociación colectiva, señalará los criterios de moderación que deben inspirar

el aumento de los salarios monetarios sobre la base de la inflación prevista, y

deduciendo los aumentos del coste de la energía importada y de la imposición

indirecta adicional.

Undécimo.—La moderación salarial es necesaria no sólo por razones internas, sino

también para mantener nuestra capacidad de competencia en los mercados

exteriores. La exportación será, con la inversión, objetivo preferente de la

política económica. Sólo con exportaciones crecientes se podrá pagar la factura

del petróleo sin recurrir a un proteccionismo que seria, además, incompatible

con el horizonte próximo de integración a las Comunidades Europeas, hacía el que

debe orientarse el conjunto de las actuaciones del Gobierno.

 

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