Autor: Miret Magdalena, Enrique. 
   La renuncia a la presentación de obispos     
 
 El País.    17/07/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

La renuncia a la presentación de obispos

E. MIRET MAGDALENA

El marqués de Mondéjar, en nombre del Rey, ha llevado un mensaje personal al

Papa Pablo VI. Y lo entregó en audiencia especial concedida al jefe de la Casa

de Su Majestad.

-Todo ello haría presentir que el mensaje era importante y quizá decisivo. Pero

su contenido hasta anteanoche no se supo. Yo mismo estuve horas antes con un

obispo amigo, buen conocedor de los asuntos eclesiásticos, y no sabía nada.

Señal del secreto con que se ha llevado el asunto.

Sin embargo, todos sospechábamos que no podía ser cosa baladí. Como realmente no

lo ha sido al leer la prensa del viernes: el Rey renuncia a utilizar el

privilegio de presentación de obispos.

Era esta una de las cuestiones más espinosas en las largas y difíciles

conversaciones mantenidas ante el Estado español y la Santa Sede, para renovar

el Concordato que, firmado en 1953, a los veinte años se habrá vuelto totalmente

anacrónico.

En 1941 el Papa Pío XII accedió—a pesar de sus reticencias con el franquismo— a

una decisiva intervención del jefe del Estado en el nombramiento de obispos, que

ha marcado muy negativamente el signo de nuestro episcopado durante los cuarenta

años de posguerra civil.

Primero formaban una lista de nombres el ministro de Asuntos Exteriores y el

Nuncio de Su Santidad. Si no se llegaba a un acuerdo no había lista previa ni

prosperaba —por tanto— el nombramiento de nuevo obispo. Y suponiendo que

prosperase, se enviaba a Roma para un último retoque que no modificaba

sustancialmente el acuerdo primero. Así, el Papa enviaba a Franco la terna

definitiva, de la cual elegía éste a uno de los propuestos para obispos. Y

elegido por Franco, Pablo VI le nombraba obispo residencial.

Este procedimiento abocó a la situación —triste situación— que todos hemos

conocido: una jerarquía eclesiástica muy nacional-católica primero, y muy

complaciente después con el régimen franquista. Pero nunca una Iglesia

independiente. Y cuando se quiso dar un paso adelante, nos quedamos con

numerosas vacantes de obispos sin cubrir, como ocurre ahora.

El país, en su avance hacia el claro deseo de una situación democrática, se ha

sentido muy incómodo con esta postura de hace años de dominio del clero

nacional-católico por un lado y de dominio civil en cuestiones religiosas por

otro. La prueba está en que el Concordato firma´do en 1953 era una camisa de

fuerza puesta a la legítima independencia de las cosas temporales, proclamada

por el Concilio Vaticano II, y ala autonomía de lo religioso que no puede

aceptar mediatizaciones coactivas de ningún poder terreno. Todavía el 2.°

principio del Movimiento Nacional lleva la marca de esta situación equívoca y —

desde luego, inconciliable, en mi opinión— con el Concilio: supone —y suponía

sobre todo hasta hace poco— una implicación de las leyes a la Iglesia en la

legislación civil, con todos los problemas discriminatorios de los ciudadanos

que no aceptan a la Iglesia. Idea propia de épocas de cristiandad, pero no de

nuestra época de secularización proclamada por el Vaticano II. Y el nombramiento

de obispos, con intervención decisiva del jefe del Estado, correspondía también

a aquellas situaciones de épocas pasadas en que lo civil y lo eclesiástico se

confundían lamentablemente en amalgama incomprensible para una mente moderna.

Por eso hay que alabar el gesto del Monarca español de renunciar al uso de tan

anacrónico privilegio. Lo que hace falta es que ahora el Gobierno estructure

jurídicamente en forma eficaz tal decisión, como le ha pedido don Juan Carlos a

aquél; y no nos encontremos tiempo y tiempo con un propósito excelente que no

tiene un cauce de efectividad suficientemente adecuado. Por eso, creo yo, que no

puede contarse con los organismos legislativos que pueden entorpecer o frenar

tan amplia y acertada decisión, sino simplemente actuar el Gobierno directamente

y en la forma más coherente con esta decisión superior.

Este primer paso tan importante, que supone un gesto acertado en las nuevas

relaciones entre la Iglesia y el Estado, debe ser el punto de partida para una

nueva época de modernización en la línea de una total independencia entre una y

otro. La Iglesia debe acoplarse a la legislación general del país, sin pretender

unos privilegios; y el Estado no debe tampoco pretender por su lado situaciones

que conduzcan a una dependencia enojosa de la Iglesia y de lo religioso en

general.

Que hoy sean todavía necesarios algunos acuerdos parciales de temas inciertos,

como se hace en algunos países, puede ser un. comienzo de superación de los

estrechos lazos mantenidos hasta ahora entre Iglesia y Estado, que han sido

perjudiciales para la digna independencia de ambos. Pero el ideal sería que la

Iglesia gozase cuanto antes de una libertad total en su campo, y al Estado le

ocurriera lo mismo en el suyo. Y que este último estructurase en forma

satisfactoria los derechos humanos básicos, y con esta estructuración —sin más

acuerdos— le bastase a la Iglesia Católica (y a toda Iglesia o movimiento

religioso) para cumplir su espiritual misión. Esa es la pretensión que tenemos

para un futuro (que queremos esté lo más cercano posible) muchos españoles.

 

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