Texto del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español     
 
 Informaciones.    29/07/1976.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

TEXTO DEL ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL

La Santa Sede y el Gobierno español, a la vista del profundo proceso de

transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años,

aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las

confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado.

Considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios

fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad

política y la Iglesia, tanto la mutua Independencia de ambas Partes, en su

propio campo, cuanto una sana colaboración entre ellas; afirmó la libertad

religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en

el ordenamiento jurídico de la sociedad; y enseñó que la libertad de la Iglesia

es principio, fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes

Públicos y todo el orden civil.

Dado que el Estado español recosió en sus leyes el derecho de libertad

religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (ley de 1 de julio de

1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al

hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica.

Juzga necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias de ínteres

común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del

Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación.

Se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas

diversas materias con el fin de llegar, cnanto antes, a la conclusión de

Acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del

vigente Concordato.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el libre nombramiento de obispos y la

igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia

tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del

vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como primer paso de

dicha revisión, el siguiente:

ACUERDO ARTICULO I.

1. El nombramiento de arzobispos y obispos es de la exclusiva competencia de la

Santa Sede.

2. Antes de proceder al nombramiento de arzobispos y obispos residenciales y

de coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del

designado al Gobierno español, por si respecto a él existiesen posibles

objeciones concretas de índole política general, cuya valoración corresponderá

a la prudente consideración de la Santa Sede.

Se entenderá Que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el

término de quince días.

Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas Partes.

3. La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta

de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre 1» Nunciatura Apostólica

y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sometida a la aprobación de la Santa

Sede. El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su

nombramiento por el Romano Pontífice.

4. Quedan derogados el articulo VII y el párrafo segundo del artículo VIII

del vigente Concordato, asi como el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el

Gobierno español el 7 de junio de 1941.

ARTICULO II

1. Queda derogado el artículo XVI del vigente Concordato.

2. Si un clérigo o religioso es demandado criminalmente, la competente

autoridad lo notificará a su respectivo Ordinario. Sí el demandado fuera obispo

o persona a él equiparada en el Derecho Canónico, la notificación se liará a la

Santa Sede.

3. En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los

jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que

hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio.

4. El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los

Tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una ley

eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Contra las Sentencias de estos

Tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles.

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por

igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de

ratificación.»

 

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