Autor: Zulueta y Dato, Eduardo (Director general de Asuntos eclesiásticos). 
   La libertad religiosa     
 
 El País.    05/07/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

TRIBUNA LIBRE

La libertad religiosa

EDUARDO ZULUETA Y DATO Director general de Asuntos Eclesiásticos

Quisiera aprovechar la cordial hospitalidad que me brinda esta tribuna, para

exponer algunas reflexiones personales sobre el tema de la libertad religiosa.

El único interés que pueden ofrecer las mismas para el paciente lector, es el

exponer los conceptos que me animan en mi trabajo actual.

También conviene aclarar que si aquí se habla de una ley de Libertad Religiosa,

en realidad resultará irrelevante si la misma llega a plasmarse como tal o pasa

a formar un capítulo o título especifico de una amplia normativa general de

libertades públicas. Lo que se destaca aquí es la necesidad de una normativa

concreta que contemple las múltiples facetas del hecho religioso.

Muchos creen que la elaboración de una normativa o ley de Libertad Religiosa, se

hace pensando únicamente en la exigua minoría religiosa, no católica, que existe

en España y que, por tanto, esta ley solo a ella va dirigida. No puedo compartir

dicho planteamiento. Una ley de Libertad Religiosa va mucho más allá y

representa mucho más. Afecta no sólo a unos pocos, sino muy directamente a

todos.

1. En primer lugar, representa la exigencia de una verdadera democracia fundada

en la libertad. Si la ley de Libertad Religiosa es aprobada con timidez, con

reservas, con cortapisas, todas las demás leyes de libertades públicas,

adolecerán del mismo defecto y nacerán raquíticas y pobres porque carecerán del

verdadero espíritu que debe animarlas.

En efecto, no hay que olvidar que el principio inherente a todo régimen

democrático es el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin

discriminaciones personales o sociales. Para ello, el Poder debe limitarse a sí

mismo, trazando las fronteras de su competencia y reconociendo la existencia de

unos derechos individuales anteriores y superiores al Estado, que el Estado sólo

puede acatar, proteger y tutelar. Todo Poder, por muy despótico o totalitario

que pueda ser, siempre estará dispuesto a pactar con los grupos preponderantes

de presión existentes. Pero otra cosa es acatarlos derechos de las minorías que

adolecen de estos instrumentos de presión. Esta es la primera labor de toda

verdadera democracia.

2. En segundo lugar, afectará, muy directa y principalmente, a la Iglesia

católica, pues será precisamente esta ley la que habrá de garantizarle su

necesaria esfera de libertad, protegiéndola, en todo momento, del siempre

latente peligro de la intromisión del Poder civil.

En este contexto los concordatos representan acuerdos de cooperación y sólo en

aquellos países que carecen de libertades públicas, le queda a la Iglesia esta

vía concordatoria para tratar de obtener dicha esfera de libertad. Pero,

inmediatamente, la misma, se transformará en privilegio al no gozarla los demás

ciudadanos.

Por otro lado, asi como desde el punto de vista del Estado, como dijimos, esta

ley supondrá la prueba de nuestro auténtico talante democrático, desde el punto

de vista eclesial, representará, por el grado de entusiasmo o adhesión que

despierten sus principios, la prueba de un auténtico espíritu conciliar. Siempre

resultará aleccionador ver cómo pueden convivir la Iglesia católica y otras

minoritarias colaborando hacia el logro común del fortalecimiento dd hecho

religioso y de su independencia y libertad frente al Poder civil.

3. En tercer lugar, la ley afectará, también, a los que creen que no existe la

trascendencia o a los que son indiferentes respecto a ella. Ellos igualmente

deben tener aquí garantizada su esfera de libertad y protección frente a

cualquier tipo de imposición o de coacción. En realidad, la ley de Libertad

Religiosa es, entre otras cosas, . como un inmenso mapa donde quedan trazadas y

protegidas las libertades de todos, asegurando que las de los unos no puedan, en

ningún momento, atentar o disminuir las de los demás.

No es tarea fácil. La ley de Libertad Religiosa está hecha de estos equilibrios

y de muchos otros. Habrá de proteger y amparar el hecho religioso,

considerándolo como un factor positivo para el bien común, pero sin pretender

valorar su contenido o instrumentalizarlo.

Habrá que trazar una siempre difícil frontera, estableciendo dónde finaliza el

hecho religioso y dónde surge el hecho filosófico, cultural, humanístico, o de

otro tipo, sin que por ello la ley pretenda ser arbitro de dogmas, restablecer

supuestas herejías o entrometerse en las creencias de los ciudadanos.

Habrá de adecuarse con otro gran principio: el de separación Iglesia-Estado, sin

él cual no puede haber una sana y eficaz cooperación entre ambos, Pero este

principio no puede dar ocasión a que se inicie un distanciamiento, alejamiento u

olvido del hecho religioso, que siempre deberá merecer el máximo respeto y

consideración por parte del Estado, pero sin para ello crear privilegios frente

al que no pertenece a ninguna confesión.

No es casual que en la larga y siempre permanente lucha por la libertad, uno de

sus primeros brotes, una de sus primeras encarnaciones, haya sido, precisamente,

este de la libertad religiosa.

Si en un tema que ha sido siempre tan emocional, tan entrañable, tan hondo, se

produce la tolerancia y la comprensión, se podrá elaborar y aprobar una ley de

Libertad Religiosa amplia y eficaz, preparándose así un terreno fértil para que

germinen fuertes y lozanas otras leyes de libertades públicas generosas y

constructivas. Ya no será necesario para ello que surjan nuevos

anticlericalismos, nuevas persecuciones y nuevas cruzadas. Si comparamos los

debates habidos en nuestras constituyentes de octubre de 1931, alrededor del

famoso artículo 26 y sus consecuencias posteriores, con las que ha habido ahora

al discutirse el proyecto del artículo 15 de la Constitución, todas las

esperanzas están permitidas.

 

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