Autor: Giménez y Martínez de Carvajal, José. 
   Iglesia y proceso constitucional     
 
 Informaciones.    25/02/1978.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Iglesia y proceso constitucional

Por José GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL

(Catedrático de Derecho Eclesiástico)

TODAS las religiones tienen una dimensión social o comunitaria que las lleva a

constituirse en grupos organizados. No todas, ciertamente, alcanzan el mismo

grado de institucionalización. Algunas se basan en principios teológicos y

morales, más o menos vagos, cuyo alcance y aplicaciones prácticas quedan a la

interpretación personal y a la conciencia de cada uno de sus fieles. Predomina

en estas religiones el aspecto privado y subjetivo, aunque mantienen siempre

algunos símbolos y ritos, así como el mínimo de organización necesarios para

conservar su propia identidad.

Otras religiones, en cambio, como´ las cristianas —y dentro de ellas en

particular la católica— son necesariamente colectivas. Sólo pueden realizarse y

vivirse plenamente en comunidad. Dicen, por tanto, relación esencial a «na

Iglesia o comunidad estable organizada. En estos casos, sin Iglesia no hay

religión; sin libertad de la Iglesia no hay libertad religiosa.

El principio general de libertad religiosa está recogido en el anteproyecto de

Constitución española. En su aspecto negativo, (en el artículo 14," al proclamar

la no discriminación de los ciudadanos por motivos —entre otros— religiosos. En

su aspecto positivo, en el artículo 16,1: «Se garantiza la libertad religiosa y

de cultos de los individuos y de las comunidades, así como la de profesión

filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por

las leyes.»

Este artículo, así como otros que se ocupan de algunos aspectos concretos de la

libertad religiosa —por ejemplo, en materia de enseñanza—, son perfectibles con

sólo transcribir o incorporar los datos que, sobre el sujeto, contenido y

amplitud, limitaciones y garantías, ofrecen los pactos internacionales, tanto

sobre los derechos civiles y políticos, como sobre los derechos económicos,

sociales y culturales, suscritos recientemente por España.

Pero donde, a nuestro entender, se encuentra el fallo más notable del

anteproyecto constitucional en materia religiosa es en el desconocimiento de las

Iglesias o comunidades religiosas organizadas.

Los redactores, movidos sin duda por el noble afán de encontrar un terreno común

y aceptable por todos los grupos e ideologías, han elaborado un borrador de

Constitución tan acéptico y desencamado de la realidad sociológica española que

—como han dicho ilustres profesores y políticos— podría ser validó para

cualquier país del mundo.

Esa falta de concreción del anteproyecto puede tener aspectos positivos, siempre

que no se lleve a ciertos extremos, ´como ha sucedido en materia religiosa.

Entendemos que una Constitución —con toda su amplitud— debe hacerse para un país

determinado, con su historia, su cultura y sus realidades objetivas y

sociológicas. Y el hecho religioso español tiene un nombre concreto: la religión

y la Iglesia católicas, que no parece razonable silenciar. Como creernos que

tampoco debe ignorarse, en aras de la igualdad y no discriminación, la

existencia —todavía minoritaria, pero que sin duda se irán desarrollando al

amparo de una auténtica libertad religiosa— de otras Iglesias, confesiones o

grupos religiosos.

Estimamos, pues, que la neutralidad adoptada por el Estado es un factor positivo

y es de alabar que los redactores del anteproyecto hayan sabido mantenerse

alejados tanto de una confesionalidad superada como de una laicidad hostil y

sectaria.

Esa neutralidad no estaría, en cambio, reñida con un expreso reconocimiento de

las Iglesias. Y esto último falta en el anteproyecto.

Es cierto que en el citado articulo 16,1 «se garantiza la libertad religiosa y

de cultos de los individuos y de las comunidades», pero se hace en términos tan

genéricos que la palabra «comunidades» puede referirse a cualquier grupo o

asociación, incluso no específicamente religiosa, que podría desarrollar, entre

otras, una actividad dé culto o religión. No hay, pues, aquí —ni en todo el

articulado del anteproyecto— una expresa referencia a lo que todos conocemos con

la denominación inequívoca de Iglesia o confesión religiosa organizada.

En el número 3 del mismo articulo 16 se insinúa tímidamente ese" reconocimiento

de Jas realidades religiosas e incluso se abre el camino para establecer un

sistema de

pactos o acuerdos con las diversas confesiones.

«Los poderes públicos tendrán en; cuenta las creencias religiosas de la sociedad

española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación.»

La intención es, a nuestro entender, clara. Pero la redacción no es feliz.

Quedaría mucho mejor llamando a las cosas por su nombre. La expresión «tener en

cuenta las creencias religiosas» no dice nada. No incluye ningún juicio de

valor. En pura teoría se podrían «tener en cuenta» para reprimirlas o

dificultarlas. Evidentemente, no es esa la intención de los redactores, que, sin

duda, han querido dejar la puerta abierta para un posible fomento o ayuda.

Hubiera sido mejor —y tampoco comprometía a nada concreto— reconocer el valor

social y cultural de las confesiones religiosas >de una forma análoga a como se

hace en el artículo 6." del mismo anteproyecto hablando de los sindicatos,

organizaciones profesionales y asociaciones empresariales), así como la

.existencia y la libertad de las Iglesias para -organizarse y ejercer sus

actividades1 propias.

Tampoco es muy afortunada la expresión «mantendrán las consiguientes relaciones

de cooperación» Por una parte, falta el sujeto de dichas relaciones. Es evidente

que la «creencia», como tal, no puede ser sujeto de ninguna colaboración o

acuerdo. El único sujeto posible es el órgano que representa a la comunidad de

creyentes. En otras palabras, las relaciones de cooperación tendrán que hacerse

con la Iglesia o comunidad institucionalizada.

Estimamos, resumiendo, que el anteproyecto ofrece las bases para elaborar una

Constitución, en lo que, a materia religiosa se refiere, abierta a la evolución

y, al progreso, equilibrada y respetuosa con las diversas ideologías, lejos de

toda postura sectaria y, al mismo tiempo, en consonancia con la realidad

objetiva española.

Para ´obtener este fin creemos que bastaría con tres cosas: 1." Recoger- en el

texto´ constitucional las aportaciones de los documentos internacionales —

especialmente de. los;pactos internacionales sobre los, derechos civiles y

políticos,´ así como sobre los ; económicos, sociales y culturales—´ en materia

de libertad religiosa. 2.» Tener; en.cuenta la realidad histórica, cultural y.

social de España, ´reconociendo,, enconsecuencia, la´ presencia e incidencia

social de la Iglesia católica y de las otras confesiones religiosas.´ 3.a

Perfeccionar técnicamente el actual borrador;; usando una ,terminología precisa,

y .diciendo expresa y •claramente lo ¿que ahora ;parece querer afirmarse de

forma.velada y confusa.

 

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