Contra la corrupción     
 
 Arriba.    30/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

LA democracia no es sólo un sistema de libertad, sino también una exigencia de

comportamiento en ios negocios públicos. Si en un país jurídicamente ordenado todo género de

corrupción es recusable, tanto más en los organismos de la Administración y en cuantos, con

independencia de su específico «status», manejan fondos del contribuyente. Como en fecha

reciente señalaba el Ministro de Hacienda, al presentar los presupuestos generales del Estado

para 1978, el rigor fiscal ha de reposar en la transparencia del gasto público. En este sentido, el

paso que nuestro país se dispone a dar, al estudiar en debate parlamentario los pre. supuestos

del Estado por primera vez en cuatro décadas, significa tanto un final como un principio.

Es el principio de la rectitud administrativa; es el final de la corrupción con todo cuanto ello

significa. El dinero del contribuyente debe guardarse en arcas de cristal y recorrer sus circuitos

de gasto bajo la más intensa luz.

En días recientes han circulado, con respecto a organismos públicos concretos, noticias

verdaderamente escandalosas. Se dice de sueldos fabulosos e injustificados, de empresas

formadas y nutridas al socaire de cargos funcionaríal o de libre designación, de utilizaciones

indebidas de bienes públicos. El efecto desmoralizador que, sobre una opinión pública

especialmente receptiva tienen estas denuncias no justifica, ría nunca, desde luego, su

ocultamiento. Pero, con independencia del análisis de hechos acaecidos, lo que proce. de —

con tanta mayor urgencia en cuanto la crisis económica del país necesita, para ta adopción de

las duras medidas que son inevitables, fundamentar la autoridad en el ejemplo— es trazar, sin

más demoras, una línea divisoria definitiva. No son cosas que puedan arreglarse

paulatinamente, sino que deben ser radicalmente erradicadas ahora mismo, en el presente de

nuestra Administración.

Es necesario que el protagonismo de esta acción moralizadora se asuma, de inmediato, por el

Parlamento, bien a través de algunas de las comisiones existentes o mediante la creación de

una comisión «ad hoc», capacitada para investigar en detalle la aplicación de cada línea

presupuestaria y recabar todos los informes que sean precisos con plena autoridad.

Nadie puede sentirse ofendido por este tipo de investigaciones, que forman parte de los usos

lógicos de cualquier democracia estable. Con dinero del contribuyente no se pueden hacer

negocios confusos, ni pagar trabajos que no se efectúen, ni pactar salarios desmesuradas o

por encima de las medias normales del país. Ahora bien, el sentido común aconseja, si

queremos ser eficaces, que la primordial atención Se preste al análisis del presente y a la

configuración del futuro. Para si resto son tos tribunales quienes tienen la palabra. Está en

juego la fe del pueblo español en el propio sistema libre. La democracia es una concepción

ético de la vida política y no puede seguir funcionando con esquemas viciados ni amparar

procedimientos corruptos.

 

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