Autor: Martín Patino, José María. 
   ¿Un Estado beligerante en lo religioso?     
 
 El País.    03/12/1978.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL PAÍS, domingo 3 de diciembre de 1978

OPINIÓN

¿Un Estado beligerante en lo religioso?

J.M. MARTIN PATINO

A medida que nos aproximamos a la fecha del referéndum constitucional, casi

paralela a la escalada terrorista, estalla otra batalla en el fondo de ciertas

conciencias católicas. No es la primera vez que, en nuestra historia moderna,

una ideología política de signo conservador pretende cubrirse con el manto de la

autoridad divina para cargar sobre la Iglesia el peso de una decisión histórica

con todos los riesgos que ella entraña. Durante los últimos cinco años, los

obispos españoles han venido publicando media docena de documentos doctrinales

en lo que se ofrecían criterios seguros para que los fieles comenzaran a

distinguir la fe de la ideología en temas tan delicados como el de la

confesionalidad del Estado, la estabilidad del matrimonio y el debate político

entre los partidos. Los hechos actuales demuestran que existen sectores del

catolicismo español impermeables a ese magisterio episcopal y que la conciencia

católica en España sigue siendo algo asi como la santabárbara del barco en el

que navegamos creyentes y no creyentes, dispuesta siempre a hacer saltar por los

aires cualquier arboladura política, si el rumbo del navio nacional no coincide

con las propias concepciones terrenas. Nuestras guerras civiles son fruto en

gran parte de esas explosiones nacional-católicas en las que la carga explosiva

religiosa se ha accionado generalmente con manifiesta imprevisión histórica. Y

esta parece ser de nuevo la gran tentación de algunos grupos políticos que

presionan a la jerarquía eclesiástica en la hora presente.

Parece oportuno recordar que hasta la fecha, cuantas veces los españoles han

querido darse una Constitución en la que necesariamente había que hacer un sitio

al hecho religioso y determinar la actitud del Estado frente a él, nunca fueron

capaces de imaginar otra relación que la beligerante. O a favor exclusivo o

privilegiando a la Iglesia católica según la tradicional fórmula confesional; o

en contra de ella, en la concreción de un Estado ateo o laicista. Para aprobar

el rigor de este dilema trágico bastaría recorrer los procesos constituyentes,

al menos, de las seis constituciones que han tenido alguna vigencia en España

durante los últimos 167 años. La proclamada el 19 de marzo de 1812, redactada

por la comisión que presidía el sacerdote extremeño Diego Muñoz Torrero, y en la

que de catorce miembros, seis eran eclesiásticos, decía: «La religión de la

nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana,- única

verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio

de cualquier otra» (artículo 12). Sin prometer la perpetuidad en la fe a todos

los españoles, Narváez les ofreció en 1845 una Constitución pactada que en su

articulo 11 se pronunciaba en términos parecidos de confesionalidad y protección

exclusiva del Estado a la Iglesia. En la de 1869 «la nación se obliga a mantener

el culto y los ministros de la religión católica», pero garantiza «el ejercicio

público o privado de cualquier otro culto». Esta misma actitud simplemente

tolerante hacia las otras religiones no católicas se mantiene en el articulo 11

del texto ca-novista de 1876. Según todas estas fórmulas, de una manera o de

otra, el Estado adopta una postura hostil hacia los ciudadanos no católicos p no

creyentes. Eran constituciones de los católicos y para los católicos, pero no de

todos los españoles.

Sin romper el dilema beligerante, la Constitución republicana de 1931, en su

famoso artículo 26, preveía leyes especiales para la «total extinción, en un

plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero», para disolver las órdenes

religiosas con voto «especial de obediencia a una autoridad distinta de la

legítima del Estado», prohibición a la Iglesia de ejercer la enseñanza,

etcétera. El fracaso de este laicismo en términos de convivencia ciudadana es

más que evidente. La misma confesionalidad del régimen franquista, que volvió a

la otra cara de la moneda, no llegó nunca a unas relaciones paciñcas entre la

Iglesia y el Estado, a pesar de tener como timbre de gloria la inspiración de

todas sus leyes (?) en la doctrina de la Iglesia católica. La confesionalidad

propuesta o incluso impuesta desde las instituciones públicas y la

anticonfesionalidad facilitada o forzada por esas mismas instituciones son las

dos caras de la misma moneda. Mejor dicho: el laicismo estatal no es más que la

corrupción de la confesionalidad política, la misma substancia, pero putrefacta.

Una y otra forma de entender la actitud del Estado con respecto al hecho

religioso coinciden en atribuirle una misión doctrinaria, beligerante en favor o

en contra, siempre contra una parte de la sociedad a la que tendría que servir.

¿Seremos capaces los españoles de romper ahora este endiablado dilema histórico?

Mientras el voto católico permanezca cautivo de una ideología política, los

cristianos se verán impotentes para remontar los problemas que plantea la

convivencia en una sociedad pluralista. El Estado para ellos será agnóstico y

ateo si no se pone in-condicionalmente al servicio de la Iglesia. El intento de

descubrir un Estado neutral respecto a las diversas confesiones religiosas, pero

comprometido con la libertad religiosa de todos los ciudadanos, es la empresa

que nos ocupa ahora y que ha llegado a reflejarse de modo al menos suficiente en

la presente Constitución. El documento del cardenal de Toledo, apoyado por otros

ocho obispos, no ha logrado superar los temores de nuestro trágico dilema

histórico. Parecen creer que si se debilita la confesionalidad, se cae

irremisiblemente en el laicismo.

Yo no creo que sea serio llamar «agnóstica» a esta Constitución. Los

ordenamientos jurídicos no son «anti» ni «pro» religiosos.

Son para los hombres, tanto para los agnósticos como para los creyentes.

Favorecen al hombre si le respetan y le garantizan el libre ejercicio de sus

creencias. En ese caso y a es injusto hablar de una Constitución agnóstica. El

artículo 16 reconoce de una manera pública los derechos del hecho religioso,

tanto en la esfera personal como en la institucional de las comunidades; incluso

establece relaciones de cooperación entre el Estado y las diversas confesiones.

La neutralidad confesional del Estado no es cerrada en sí misma o agnóstica,

sino abierta al hecho religioso, al que el Estado no contempla de una mañera

permisiva, ni aprioristica, sino encarnado en hombres concretos que creen en

Dios o no profesan ninguna creencia. El Estado es permisivo cuando es meramente

tolerante tanto con la creencia como con la increencia. Es, en cambio,

abiertamente neutral y no agnóstico respecto de la creencia y de la increencia,

cuando se declara garantizador de la dignidad humana y de uno de los derechos

fundamentales inherentes a la misma que es el de libertad religiosa.

Decir, como lo hace el documento referido, que «no vemos cómo se concilia esto

con "el deber moral de las sociedades para con la verdadera religión" reafirmado

por el Concilio Vaticano II en su declaración sobre la libertad religiosa»,

equivale a no distinguir el orden moral del hombre y de la sociedad y el de las

leyes coactivas. Se defienden los espacios de libertad en el plano de los

derechos civiles, pero por ello no se minimizan, por el contrarío, se refuerzan,

los deberes morales del hombre y de la sociedad respecto a Dios y a la religión

verdadera. Son claramente dos planos distintos o dos dimensiones distintas de la

misma actividad libre: En el plano de la sociedad civil o del Estado que no

puede impedirla ni ejercer sobre el hombre ningún tipo de coacción en su

conciencia y frente a Dios mismo que respeta precisa-

mente esa libertad del hombre, pero le urge sus deberes morales en el interior

de su conciencia. En una palabra, tener derecho a no ser coaccionado pata

cumplir con un deber moral, no debilita ese vínculo moral al contrario, lo hace

verdaderamente responsable. Y este planteamiento bifocal está claramente

expresado en la declaración conciliar sobre la libertad religiosa.

El miedo a la constitucionalización de una «sociedad permisiva» que pueda optar

por leyes opuestas a la «ley divina» no se conjura con una Constitución. Ahí

están los ejemplos de las naciones que para legalizar el aborto tuvieron que

cambiar la misma Constitución. En definitiva, ese no sería un defecto de la

Constitución, sino del concepto mismo de democracia. En el texto constitucional

cabe todo, tanto una ley divorcista como una ley antidovorcista. Y a la vista de

ley en concreto es cuando valdrá propiamente que expresarse por medio del voto

católico. Indudablemente que el artículo 32 constituye un desafio para los

católicos: pero no tanto para maniatar a los poderes públicos, sino para ayudar

a la sociedad y a esos poderes públicos a defender la estabilidad del matrimonio

y de la familia con la vivencia auténticamente cristiana. Muchos cristianos,

quizá la mayoría, podemos estar en desacuerdo con una ley divorcista, pero no

podemos estar en desacuerdo con el principio de la democracia, dispuestos

lógicamente a asumir sus consecuencias y riesgos. Pero ¿no resultará que los que

luchan contra la Constitución en el fondo están impugnando la misma democracia?

Evidentemente que no sentimos entusiasmo por esta Constitución, pero sentimos el

entusiasmo por la Constitución. Precisamente porque no es sólo nuestra, sino de

la inmensa mayoría de los españoles. Y la Iglesia cometería un gravísimo error

histórico si le dejara arrebatar por la inmensa mayoría de esos españoles que la

van a refrendar y que para hacerlo tuvieran que sentirse menos católicos.

 

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