Autor: Martín Patino, José María. 
   La nueva presencia de la Iglesia en el palacio de las Cortes     
 
 El País.    27/12/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

PAiS, miércoles 27 de diciembre de 1978

OPINIÓN

La nueva presencia de la Iglesia en el palacio de las Cortes

JOSÉ MARÍA MARTIN PATINO

Pro vicario general del Arzobispado de Madrid Alcalá

El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal va a estar hoy presente en el

palacio de las Cortes. Los católicos de a pie pueden sentirse sorprendidos de

que en una democracia y con un Estado no confesional un obispo tenga algo que

hacer en la sesión solemne en que se va a ratificar por el Rey y por los

representantes del pueblo la Constitución. José María González Ruiz, que es

tenido por teólogo y progresista, escribía ayer, precisamente en estas páginas,

un articulo desconcertante. González Ruiz no ha superado aún el trauma de aquel

rey visigodo que se llamó Recaredo y que en el año 589, como es sabido de todos,

proclamó ante unas Cortes-Concilio la confesionalidad católica de algo que

pudiera ser el antecedente del Estado español. San Leandro cantó entonces la

alegría de la conversión de los arríanos y todos los prelados hispánicos se

unieron al gozo de ver restituida, no sólo la unidad de la Iglesia, sino de está

con todo el reino visigótico. Y no va mal esta referencia histórica que nos

ofrece el teólogo malagueño, para situar la presencia de un representante de la

jerarquía católica en la sesión solemne que va a tener lugar en el palacio de la

Carrera de San Jerónimo.

Aquello de entonces fue fundamentalmente un acontecimiento eclesial: el rey y

los obispos arríanos volvieron a la unidad de la fe. Lo que se firmó en Toledo

fue una profesión de fe. Lo que se firma hoy públicamente es una Constitución

secular, democrática, redactada por los representantes del pueblo, sometida ya a

la aprobación de todos los ciudadanos y que va a ser ratificada por el

representante máximo del Estado. Pero, ¿son sólo las instituciones del Estado y

cada uno de los ciudadanos los que tienen que ponería en práctica?

No pocas de las instituciones del Estado, como la misma Corona, el poder

judicial y el Ejército, no han participado en los debates constitucionales ni se

van a sentar hoy en el hemiciclo de las Cortes, porque no son propiamente

autores del texto que se proclama. Pero sí van a estar encargados de cumplirlo y

de hacerlo cumplir. Lógico es que se sumen con su presencia y su homenaje, si no

como actores, al menos como espectadores activos al hecho constituyente. Los

representantes diplomáticos de otros Estados han sido también invitados para

tomar conocimiento oficial del marco jurídico en el que se va a desenvolver la

convivencia de los españoles. El nacimiento de una nueva estructuración del

Estado español es también un acontecimiento internacional, y para que sean

testigos de ello se requiere la presencia de los embajadores.

¿Y cómo justificar la presencia de un representante de la Iglesia católica y la

de otros dos representantes de confesiones religiosas? Por lo pronto no va a

haber ningún obispo sentado en los escaños del hemiciclo. Ninguno ha tenido voz

ni voto en los debates legislativos, ni parece que va a tenerlo en lo sucesivo,

al menos como pastor religioso. Pasar de actor a mero espectador no es poco

cambio, si se tiene en cuenta que desde la primera Constitución española (1812)

hasta hace poco más de dos años, quitando los breves períodos republicanos, la

jerarquía católica ha venido tomando parte activa en la elaboración de las leyes

para todos los ciudadanos españoles. La sombra de Recaredo ya no cubre ningún

escaño del hemiciclo, ni se llama a los representantes de Dios para que

legitimen el nuevo ordenamiento jurídico. La nueva Constitución es tan

respetuosa con la increencia de los españoles y con la libertad religiosa de los

individuos y de las instituciones en las que esa libertad se hace real que no se

va a invocar el nombre de Dios para exigir su cumplimiento, como hacían nuestros

antepasados.

Pero ni se trata de resucitar la figura de Recaredo, confesionalizando parcelas

de poder, ni de desconocer ni infravalorar la dimensión pública de la Iglesia y

de las otras confesiones. La Iglesia no tiene por qué mendigar nada, ni «entrar

de puntillas» vergonzosamente, ya que en el marco jurídico-político de la

Constitución se le reconoce el lugar propio que el Concilio Vaticano II postuló

dentro de un Estado democrático. También ella, como institución, y no sólo los

ciudadanos católicos, tiene que cumplir la Constitución. La novedad de la

presencia de un representante de la jerarquía católica, a mi juicio, lleva

consigo la afirmación de dependencia y sujeción de la Iglesia y de su actuación

respecto al marco coactivo impuesto por el Estado. Al mismo tiempo, la comunidad

católica, ai tomar conciencia del ámbito de sus derechos reconocidos y de las

garantías que se le ofrecen para su acción eclesial organizada o institucional,

ve asegurada de algún modo su propia libertad. Desconocer ese hecho de

dependencia y de autonomía equivaldría a negar la relación de servicio que para

bien de todos debe existir entre el Estado y la Iglesia, y que será tanto más

eficaz «cuanto más sana y mejor sea la cooperación» entre ambas instituciones,

como se pide en la Gau-dium eíspes, en el número 76.

Conviene que quede muy claro que esa relación no es de subordinación, pero

tampoco de con-frontamiento de poderes. El Estado no se subordina al poder

eclesiástico (= teocracia), ni siquiera la iglesia va a utilizar el poder

estatal en función de sus propios intereses a cambio de una legitimación

trascendente.Tampoco la Iglesia se va a someter al Estado en la línea de la

restricción de sus derechos, lo que equivaldría a una situación más o menos

clara de persecución. La reacción pendular del anticlericalismo atávico no

tiene, no puede tener, ningún punto de apoyo en esta Constitución. El Estado

neutral, tanto respecto a la creencia o la increencia como en relación con las

distintas confesiones, no es un ser abstracto, cerrado en sí mismo, sino

comprometido con" la libertad civil de los ciudadanos en materia religiosa y con

las instituciones en las que esa libertad se hace sustantiva y real. Y esto es

lo que se establece en la Constitución cuando se dice que los poderes públicos

mantendrán «relaciones de cooperación».

La relación de enfrentamiento de poderes se hace inevitable, cuando la Iglesia

es vista como un poder paralelo al Estado, con el que hay que pactar, dado su

peso sociológico, para evitar posibles conflictos futuros o para superar esa

especie de esquizofrenia colectiva que se provoca con la apelación a la

conciencia religiosa o cuando han desaparecido los cauces obvios de la

cooperación y el buen entendimiento. No cualquier relación de la jerarquía

católica con los poderes públicos confesionaliza al Estado. Pensar que no vamos

a ser capaces de cumplir el artículo 16 de la Constitución, por dejamos llevar

de rutinas anteriores, equivale a condenarnos al endiablado dilema histórico del

clericalismo y el anticlericalismo.

- El drama de muchos progresistas españoles es que empiezan a manifestar una

cierta incapacidad de innovación. Llevan bajo el brazo unas fórmulas

estereotipadas que se convierten en sus únicos puntos de referencia. Y cuando se

paran no lo hacen para reflexionar, ni para hacer nuevos planteamientos, sino

para tratar de aplicar las mismas sentencias y las mismas críticas que ellos

mismos lanzaron hace años en circunstancias diametralmente distintas. Los

eclesiásticos no tienen por qué desempeñar el ofició de comadronas en el

nacimiento del nuevo Estado, pero tampoco tienen que permanecer mudos ante el

mismo, precisamente porque la presencia pública de la Iglesia en nuestra

sociedad y dentro del marco constitucional es tan necesaria y tan evangélica

como la misma acción dispersa de cada uno de los cristianos.

Y yo creo que para enterrar a Recaredo no es necesario llegar a una

clandestinidad pactada, por otra parte mucho más peligrosa. Por el contrario,

aquel rey visigótico podría resucitar más fácilmente si el Estado ignorara

deliberadamente las fuerzas reales de la sociedad y sucumbiera a la tentación

permanente de derivar de la necesidad de los servicios públicos el totalitarismo

propio de los mesianismos políticos. Y para tomar buena nota públicamente del

acatamiento a la Constitución y de los contenidos que entraña para la Iglesia,

no hace falta consultar a cada uno de los miembros de la Iglesia,

: basta simplemente haber asumido la responsabilidad y elcarisma de hacer

visible en este mundo a su Cabeza, que es Nuestro Señor

-Jesucristo.

 

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