El Concordato de 1953 y los acuerdos parciales/y 2. 
 Pío XII se negó a una primera apertura religiosa en España     
 
 El País.    22/12/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 19. 

EL PAÍS, viernes 22 de diciembre de 1978

INTERNACIONAL

El Concordato de 1953 y los acuerdos parciales / y 2

Franco quiso negociar, desde un principio, con el Vaticano la redacción de un

nuevo Concordato que dirimiera las relaciones entre el nuevo Estado español y la

Santa Sede. Para ello encarga las negociaciones a su equipo político y, tras lar

sos años de conversaciones, cartas, memorándums y graves altercados, se llega a

un acuerdo que es definitivamente firmado en 1953. Antonio Marquina, en este

segundo y último capítulo, hace historia de las conversaciones y apunta nuevos

datos hasta ahora inéditos.

Pío XII se negó a una primera apertura religiosa en España

Será a partir de enero de 1941 cuando la negociación se desbloquea al mostrarse

el ministro de Asuntos Exteriores menos intransigente, por la oposición de los

tradicionalistas, militares e importantes sectores eclesiásticos a la Falange y

al presidente de la Junta Política. El ministro tomó la negociación como cosa

personal, dejando en reserva al embajador ante la Santa Sede, sin duda también

por presiones del nuncio, pues la intransigencia y la mentalidad de profesor

universitario del señor Yanguas no era del agrado de la Secretaría de Estado.

Este paso supondría la atracción del ministro al campo táctico, donde llevaba

todas las de perder. El ministro, al estar solicitado por otros múltiples

problemas y dada la autoridad del nuncio, se dejó encandilar por la cesión de

Pío XII en cuanto a la fórmula para nombramiento de obispos —algo más de lo que

deseaba el ministro—, siendo goleado en los últimos artículos del acuerdo.

Los artículos 9, comprometiéndose el Gobierno español a observar las

disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851

entre tanto se llegase a la conclusión de un nuevo Concordato, y 10,

comprometiéndose a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que

pudiesen interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa

Sede, fueron dos añadidos del nuncio que encajó perfectamente el ministro. Estos

dos artículos tendrían una importancia decisiva.

En cuanto al tema básico de la negociación, el Gobierno consiguió que las

consultas previas para los nombramientos de obispos se hicieran directamente

entre el nuncio y el-Gobierno de modo conñdencial, con lo cual se eliminaban las

listas previas de la jerarquía española o del Vaticano, sobre las que el

Gobierno tenía que escoger obligatoriamente, pero el procedimiento de selección

era complicado —según parece obra personal de Pío XII— y daba garantías

suficientes a la Santa Sede sobre la idoneidad de los candidatos. Una vez

llegados a un acuerdo el nuncio y el Gobierno sobre una lista de al menos seis

personas idóneas, el Papa elegiría tres de los propuestos que comunicaría al

Gobierno por medio de la nunciatura para que el jefe del Estado, en el término

de treinta días, presentara oficialmente uno de los.tres. Si el Papa no pudiese

elegir entre la lista de tres, por no considerarla aceptable, podría por propia

iniciativa completar y formular una terna de candidatos, comunicándola por medio

de la nunciatura al Gobierno.

Si el Gobierno tuviera que oponer objeciones de carácter político general a

todos o a alguno de los nuevos nombres, lo manifestaría a la Santa Sede. Si el

Gobierno no respondiese una vez transcurridos treinta días después de la

comunicación de la nunciatura, se en-. tendía que no existían objeciones que

oponer y el jefe del Estado debía presentar sin más al Papa uno de los

candidatos incluidos en dicha terna. Si el Gobierno formulaba objeciones, las

negociaciones continuarían, aun transcurridos los treinta días.

Además, el Papa, aun admitiendo tres nombres de los enviados, siempre podía

sugerir nuevos nombres .que añadir a la terna, pudiendo el jefe del Estado

presentar indistintamente un nombre de los comprendidos en la terna o alguno de

los sugeridos complementariamente por el Papa. El Santo Padre; por tanto, podía

en cualquier momento parar nombramientos inoportunos; lo que no podía, y aquí

estaba lo grave era promover a sedes episcopales a sacerdotes, sin previas

consultas y previa aceptación del jefe del Estado. La Santa Sede, ´en caso de

conflicto, sólo podía recurrir a la dilación o a la ruptura, procediendo a

nombramientos por su cuenta, difícil esto último con un Papa tan posibilista

como Pío XII.

Calificación del acuerdo

Este modus vivendi, como le gustaba denominarlo al profesor Castiella, gran

conocedor de la política vaticana, ha merecido algunos calificativos tales como

acuerdo básico o acuerdo específico. En realidad el texto puede inducir a

errores de apreciación. El mejor calificativo sería el de acuerdo excepcional,

si se tiene en cuenta el-background histórico, las circunstancias excepcionales

que inducen a la firma y los fines precisos por una y otra parte: por parte del

Estado, nombramiento de obispos identificados con el nuevo Estado y no

regionalistas —evitar una nueva política tipo Tedeschini—, y por parte de la

Iglesia, proceder a nombramientos episcopales en las dieciocho sedes vacantes,

contener las influencias estatistas y ponerse a cubierto de un posible

predominio nazi en España.

Esta excepcionalidad cobra más relieve al estudiar las gravísimas cuestiones de

interpretación que indujo y el regateo vaticano que resulta sorprendente y que

contribuye a explicar, una vez conocido, la continua susceptibilidad diplomática

española con respecto al Vaticano.

Este acuerdo fue un grave descalabro diplomático en aspectos fundamentales para

el Estado español y de consecuencias importantes, entre ellas el que lo

excepcional se convirtió en normal durante doce años hasta la firma del

Concordato "de 1953.

La ruptura psicológica Franco-Pío XII

Uno de los primeros objetivos vaticanos tras la firma del modus vivendi fue la

vuelta a su sede del cardenal Vidal y Barraquer. El nuncio Gaetano Cicognani

hizo unas gestiones, pero fueron infructuosas.

El papa Pío XII, entonces, tomó el asunto como cosa personal, produciéndose un

carteo con Franco de dos cartas por cada lado, fracasando igualmente en la

empresa. Será con la operación Torch de los aliados en el norte de África cuando

el Papa tenga conocimiento, por los servicios de información de Canaris

destacados en el Vaticano, de los planes alemanes de invasión de España. El

nuncio Cicognani, que venía informando a la perfección de lo que ocurría en

España y de anteriores amagos de invasión —para el embajador británico, Cicogna.

´ era de las personas mejor inforn las de España— marchó a Roma , al

entrevistarse con el Papa surgió la pregunta sobre la situación española. El

nuncio habló de la mejoría religiosa que se notaba en España en casi todos los

ambientes. Nunca lo hubiese dicho. Pío XII en tono grave-le espetó que estaba

bien informado de lo que se preparaba para España, una nazificación, y que se

quedase en Roma una semana y preparase un informe detallado. A partir de este

momento,,después del incidente del cardenal Vidal, el apoyo de Cicognani para la

consecución del acuerdo con la Santa Sede —el gran valedor junto con el

prepósito general de la Compañía de Jesús—, las maniobras del Gobierno español

tratando de hacer «obispos falangistas» o a personas excesivamente identificadas

con el nuevo Estado —los repetidos siete—, Pío XII pensó que el nuncio estaba

vendido —el nuncio dijo al Papa que Franco impediría los planes alemanes— y se

buscó otras fuentes de información. Los informes de Cicognani a la máxima altura

que ya llegaron fue a monseñor Tardini, prosecretario de Asuntos Eclesiásticos

Extraordinarios, como pudo comprobar, amargamente la esposa del general Franco

en su audiencia con Pío XII con motivo del Año Santo de 1950.

¿Una vía de acuerdos parciales?

Ello no obsta para que Pío XII fuese quien, personalmente, apoyase la firma de

un nuevo Convenio con el nuevo Estado en el momento en que se fraguaba la

condena del régimen de Franco en las Naciones Unidas, a pesar de la oposición de

la curia y del propio monseñor Tardini. El Convenio para la provisión de

beneficios no consistoriales, en su artículo diez, volvía a repetir: «El

Gobierno español renueva, a este propósito, el empeño de observar las

disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851

y de no legislar sobre materias mixtas o que, de algún modo, puedan interesar a

la Iglesia sin previo acuerdo con la Santa Sede», «permanecerá en vigor hasta

que sus normas sean incorporadas al nuevo Concordato». El 8 de diciembre de este

mismo año 1946 se firmaba un nuevo Convenio sobre seminarios y universidades de

estudios eclesiásticos. La Santa Sede daba luz verde a convenios en vía muerta

desde los años de la segunda guerra mundial por beneficiosos´que fuesen. El 7 de

abril de 1947, mediante un «motu pro-prio», se restablecía el Tribunal de la

Rota de la Nunciatura Apostólica. Pero el Vaticano apoyaba mientras tanto al

padre Herrera y su proyecto de apertura y de inteligencia entre el Rey y Franco.

Monseñor Montini diría por entonces: «Herrera salvará á España.» Si a esto se

añade el viaje de Gil-Robles, a pesar de sus poco concluyentes entrevistas en el

Vaticano, la visita y buena acogida a don Juan en Roma, en 1948, y la escasa

actividad negociadora, en Madrid se pensaba que la estima, del régimen en la

Santa Sede iba en disminución.

La embajada de Ruiz-Giménez

Con el fin de abrir brecha en la morosidad concordataria vaticana fue nombrado

embajador Joaquín Ruiz-Giménez, quien, increíblemente, consiguió tener de su

parte desde el principio, gracias a unas concesiones de lo más curiosas, al

temido cardenal Tedeschini.

El nuevo embajador intentó llevar a cabo, de modo peculiar, otros dos nuevos

convenios sobre demarcación de diócesis y sobre el servicio militar del clero y

jurisdicción castrense. También se propuso conseguir acuerdos en temas como el

estatuto del clero, el régimen jurídico sobre las propiedades de la Iglesia,

creación de nuevas archidiócesis y desarrollo del artículo seis del Fuero de los

Españoles en lo que a tolerancia de otras religiones distintas de la católica

fuese necesario. De inmediato hizo su aparición el Modus Vivendi de 1941 y los

artículos nueve y diez. La Santa Sede, en una situación tan favorable, no tenía

prisa por negociar, más, si ello podía dar lugar a críticas o malentendidos

internacionales. En concreto, en el tema de la tolerancia la aperturista

propuesta española chocó con la Secretaría de Estado y con el papa Pío XII,

quien manifestaría en octubre, de 1949 que lamentaba la actitud de ciertos

católicos que se sumaban a las campañas de los protestantes contra el régimen

español, pero que la unidad católica española no debía romperse. Si el Gobierno

por la situación y circunstancias internacionales y la necesidad de apoyos

económicos con países de mayoría protestante como Estados Unidos —el plan

Marshall— quería modificar la legislación en lo referente a la tolerancia con

otras religiones, la Santa Sede accedería a la revisión del acuerdo de 1941,

sobre la base de modificar los artículos referentes al nombramiento de obispos,

en los que tenía una destacada participación el jefe del Estado.

Esta inteligente jugada no fue aceptada por el general Franco por motivos

obvios.

Tampoco el intento de conseguir un texto unitario y homogéneo con. todos los

acuerdos hasta entonces firmados con motivo del año santo de 1950 tuvo una

respuesta adecuada. ´El Concordato no pasó de un manoseado proyecto de nueve

capítulos. Sí se consiguió la firma del convenio sobre jurisdicción castrense y

asistencia religiosa a las fuerzas armadas, el 5 de agosto de 1950.

El Concordato de 1953

Será con el embajador Fernando María Castiella cuando la negociación se

desbloquee —«comen-

zamos desde cero», diría el nuevo embajador—. Lo primero que consiguió, con el

visto bueno de Franco, fue la supresión del artículo diez del Modus Vivendi de

1941 sobre las materias mixtas, y que, aunque pa´rezca de difícil comprensión,

figuraba en el artículo primero del proyecto anteriormente citado. Con ello pudo

abrirse la difícil negociación que culminaría con la firma del Concordato el 27

de agosto de 1953. Fernando María Castiella, según confidencia personal",

comprendió perfectamente que para negociar con el Vaticano no se pueden ceder

alegremente las bazas, ya que se encontró con una capacidad de maniobra muy

limitada. El Concordato resultante, «completo», dejó mucho que desear. La Santa

Sede no tocó para nada la participación -destacada del jefe del Estado en el

nombramiento de obispos, a cambio se hicieron numerosas concesiones. Bien se le

puede considerar como un intento de conservar las antiguas esencias cuando en el

mundo se actuaba y concordaba de forma diferente. El problema de la tolerancia

religiosa perduró en toda su integridad, a pesar de los buenos deseos de la

diplomacia española.

El nuevo nuncio, monseñor An-toníutti, venido a España en diciembre de 1953,

afirma en sus Memorias que el Concordato «reflejaba una mentalidad y un modo de

hacer las cosas que iban a ser superadas a corto plazo». En efecto, el 9 de

octubre de 1958 moría Pío XII, sucediéndole como papa Juan XXIII. El 25 de enero

de 1959 el Papa anunciaba su intención de convocar un concilio en el que se

aprobaría la declaración sobre libertad religiosa, tema que tantas amarguras e

incompresiones costó al ministro Castiella (1) y el decreto sobre el oficio

pastoral de los obispos, en donde se solicitaba de los Estados que todavía lo

tuviesen, la renuncia al privilegio de presentación de obispos. El Concordato de

1953 había sido tocado de lleno en su línea de flotación. De ello era consciente

el general Franco al responder a la carta de Pablo VI, de 29 de abril de 1968,

quien pedía asombrosamente la-renuncia al privilegio de presentación «antes de

una posible revisión del Concordato». Franco señaló que el derecho de

presentación «fue modificado en su esencia por el convenio de 1941, al

transformarse en un verdadero sistema de negociación». Franco admitía, en

principio, una revisión global que, teniendo en cuenta los precedentes, era lo

justo. Pero, de hecho, nunca renunció-a este privilegio tan duramente conseguido

y conservado a costa de grandes sacrificios para todos los españoles.

En realidad, la renuncia defacto del rey Juan Carlos al privilegio de

presentación a cambio del privilegio del fuero por el convenio del 28 de julio

de 1976 era a todas luces desproporcionada; pero algo había que hacer para

revisar el Concordato de 1953, cuya razón de ser era el mantener para el general

Franco el privilegio de presentación de obispos y, con ello, impedir la

«perjudicial política vaticana en España». El acuerdo de 1941 sería también

derogado por el convenio de 28 de julio.

(1) Véase nuestro artículo en Historia 16, de marzo 1978, con algunas graves

erratas que fueron subsanadas en el número del mes de mayo. Este es un tema

clave para entender la lucha entre la «tercera fuerza» o los tecnócratas —

integrismo franquista— y liberales franquistas, que culmina en el caso Matesa,

teniendo como telón de fondo una bastante probable caída de Gibral-

 

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