Ha concluído la XXXII Asamblea Episcopal. 
 Los obispos dicen No a una ley divorcista  :   
 Y respetan la justa autonomía de la autoridad civil, a la que corresponde legislar atendiendo a las exigencias del bien común.. 
 ABC.    25/11/1979.  Página: 1,19. Páginas: 2. Párrafos: 17. 

HA CONCLUIDO LA XXXII ASAMBLEA EPISCOPAL

LOS OBISPOS DICEN «NO» A UNALEY«DIVORCISTA»

Y respetan «la justa autonomía de la autoridad civil, a la que corresponde

legislar atendiendo a las exigencias del bien común»

MADRID. (De nueslra Redacción.) la XXXII Asamblea Plenaria del Episcopado

español, que se ha venido celebrando a lo largo de esta semana´ en la casa de

Ejercicios del Pinar de Chamartin, ha concluido sus trabajos. Y lo ha hecho

con la publicación del esperado documento —o «instrucción", ´como

prefieren llamarlo´ los obispos— sobre el divorcie. A las 12,30 de ayer, el

portavoz de ´a Conlerenda, monseñor Montero, en reunion con los informadores,

distribuyó el documento y dispuso -fe conferencia de Prensa habitual, con los

monseñores Roca —presidenta de la Comisión para la Doctrina de la Fe

(comisión encargada del documento)— y Rouco como invitados.

A lo largo de la conferencia informativa ha podido traslucirse el laborioso,

tenso y amplio trabajo que ha precedido al documento sobre el divorcio. Monseñor

Roca ha subrayado la «colaboración consciente» entre todos los sectores del

Episcopado para aunar sus opiniones y expresarlas unitariamente en el citado

documento. Y si no puede hablarse de «Consenso», como el mismo monseñor Roca ha

manifestado, no es aventurado afirmar que las «negociaciones» "entre

conservadores y aperturistas han estado presididas por una voluntad unificadorá.

Pero, ¿qué´ hay detrás de ese «espíritu de colaboración» entre iodos los

sectores episcopales? ¿Cuál es el documento que ha sido aprobado por la inmensa

mayoría (59 obispos votaron a favor, 2 en contra y 4 en blanco)? Se trata, sin

lugar a dudas, de un documento de «todos los obispos». Y cuando se subraya lo de

«todos» se quiere´decir que el temor a uno o más documentos paralelos al de la

Asamblea (no seria la primera vez que ocurriera) se ha desvanecido. No habrá

«otros» documentos. Pero, ¿al precio de qué? ¿Al precio de rebajar sensiblemente

el -proyecto que la Comisión para la Doctrina de la Fe presentará en un

comienzo? Con fuentes solventes en la mano habrá que decir que si, que los

sectores más conservadores han utilizado todas sus posibilidades, y ventajas

para reducir aquellos puntos más abiertos del proyecto inicial, que las líneas

más progresistas han descendido en sus criterios hasta lo irreconocible y que,

en definitiva, vale más un documento de todos sobre el divorcio que todos

divorciados por un documento.

UN DOCUMENTO A LA DEFENSIVA

¿Y cuál ha sido el resultado? A fuerza de ser sincero, aunque no agracia, habrá

que lamentarse de la «atmósfera» que encierra el documento. Es un texto «a la

defensiva», temeroso, redactado a golpes de advertencias, torpemente matizado en

aquellos párrafos más difíciles... ¿Dónde está aquella instrucción pedagógica,

sencilla y accesible a toda clase de públicos de la que se hablaba al comienzo

de la Asamblea?

Puede pensarse que son ganas de cargar las tintas, pero no parece que los

obispos hayan acertado a expresar convincentemente sus .criterios. La prueba de

ello puede apreciarse en el párrafo más importante —y que más horas de debate ha

ocupado— del documento. Es el párrafo quinto, y dice:

"Consideramos absolutamente inaceptable el llamado divorcio consensual

.«No podemos permitir que la regulación civil del divorcio sea un derecho de la

persona»

«Se debe aspirar a que la legislación sobre el matrimonio y la familia coincida

con las exigencias del orden moral (1). No ignoramos que en la sociedad actual

no todos los ciudadanos entienden el matrimonio desde nuestra perspectiva

cristiana. Respetamos la justa autonomía de la autoridad civil, a la que

corresponde legislar atendiendo a las exigencias del bien común compuesto por

diversos elementos (2). En orden a este bien común, la prudencia política del

legislador, dentro de un marco legal que tutele y promueva los bienes de la

comunidad familiar, ai ponderar las consecuencias negativas que pudieran

seguirse de una absoluta prohibición del divorcio civil, tengan también en

cuenta los graves daños morales arriba enumerados, que se derivarían de su

introducción en nuestra legislación.»

A la ya excesiva densidad del párrafo, con todo lujo de acotaciones y

matices,"se suman, además, dos notas: la primera (1), de una homilía de Juan

Pablo II en Irlanda («Ojalá los irlandeses mantengan siempre el matrimonio a

través de un compromiso personal y de una positiva acción social y tegal»), y la

segunda (2), de la constitución concillar «Gaudium et Spes».

Pero hay algo más que una excesiva densidad en el párrafo-transcrito. La cita de

Juan Pablo II no va a ser positivamente Interpretada; y esto lo saben

perfectamente los obispos. ¿Por qué, entonces, se incluyó cuando se podía

prescindir cómodamente de ella? Según fuentes de la misma Asamblea, los sectores

más conservadores apoyaron la inclusión en el documento de esta cita del Rapa,

y, al final, consintieron que fuera añadida como nota. Era una de sus

irrenunciables exigencias.

Por otro lado, «la justa autonomía de la autoridad civil» qué reconocen los

obispos, queda a m p I i a y exhaustivamente acotada, hasta casi su

difuminación. En el párrafo sexto del documento puede leerse: «La Iglesia, al

Iluminar la conciencia de los católicos sobre la repercusión inevitable y

negativa de una ley de divorcio en el orden ético y,religioso, pide a cuantos

puedan Influir en´la modificación de nuestro derecho de familia, especialmente a

tos legisladores, que mediten muy seriamente «us determinaciones.»

IDEA MEDULAR DE LA INSTRUCCIÓN

¿Quiere decir todo esto que los obispos se oponen tajantemente a que el divorcio

pueda ser contemplado por los legisladores que se confiesan católicos y que son

la mayoría en las actuales Cámaras parlamentarlas? Claramente no. A lo que

realmente se oponen los obispos es al «divorcismo», a una

posible ley que fomente o eleve a derecho al divorcio. Y ésta es la ¡dea medular

que atraviesa todo eJ documento. Por eso, comienza con un capítulo dedicado a

recordar el carácter indisoluble del matrimonio «como expresión normativa de la

exigencia de fidelidad que brota-del auténtico amor conyugal, de la alianza

personal de los esposos, del bien de tos hijos´ y de la dimensión social de la

Institución matrimonial que rebasa los intereses privados de´ los cónyuges. Por

ello —reafirman con intención los obispos—, el vínculo conyugal del matrimonio

queda sustraído a la voluntad privada de los cónyuges y es In-trínsicamente

indisoluble».

En base a esta dimensión social del matrimonio, los obispos condenan el llamado

«divorcio consensual».

Y lo condenan total, y absolutamente, haya o no una ley de divorcio:

«Consideramos que es absolutamente Inaceptable el llamado divorcio consensual.

Una ley que Introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vinculo

quedase a disposición de los cónyuges sería rechazable moralmente y no podría

ser aceptada por ningún católico n¡ gobernante no gobernado...»

ADVERTENCIAS SOBRE UNA POSIBLE LEY

A esta severa advertencia sobre una hipo-téntica ley que Jo permitiera, los

obispos señalan otras de menor gravedad, pero todas ellas emanadas de la

indisolubilidad del vínculo y encaminadas,- por consiguiente, a proteger la

´estabilidad matrimonial. Estas advertencias son: a) «La estabilidad inherente

al vínculo matrimonial es un valor sumamente importante para la vida afectiva de

los esposos,´ para el bien de los hijos, para ta firmeza de la familia y, al

mismo tiempo, un elemento integrante fundamental para el bien común de Ja

sociedad. El divorcio pone en peligro estos bienes; es de suyo un. mal para la

sociedad.»

b) «No podemos admitir que la regulación civil del divorcio sea un derecho do la

persona humana. No se trata de reconocer un derecho, sino, a lo más, de

ofrecer´un supuesto remedio a un mal social. Nadie debería dudar un supuesto

remedio a un .mal social. Nadie debería dudar de que (a ruptura de los

matrimonios es un grave mal social. Y aquí se encuentra —advierten los obispos—

el primer gran equívoco de cualquier ley divorcisla: induce a pensar que el

matrimonio es disoluble... Este peligro difícilmente se podrá evitar, sean los

que sean loa términos en que se mueva una ley de divorcio.

c) La experiencia enseña que este tipo da legislación es prácticamente

irreversible y mueve a los propios legisladores a deslizarse por el plano

inclinado de la progresiva multiplicación de las causas que declaran legalmente

roto el compromiso matrimonial... Por eso, cabe preguntarse sinceramente si su

admisión como posibilidad legal, en determinados casos, constituye realmente un

remedio tal que se intenta atajar o es más bien una puerta abierta a la

generalización del mal.»

En el apartado e)—el d) es el referente al «divorcio consensúa!—, los obispos

acentúan sus advertencias ante una eventual y próxima ley de divorcio cuando

dicen que «las peculiares circunstancias históricas que determinan Jo que ha

sido y es la familia española, que se conforma según modelos jurídicos,

culturales y éticos ¡inspirados en la fe cristiana, ponen un acento de mayor

gravedad a la hora de afirmar la responsabilidad de los católicos ante la

posible introducción en España de un divorcio civil...». Y más adelante, el

documento episcopal vuelve a recordar a los católicos sus obligaciones como

creyentes: «Sepan los católicos que el hipotético divorcio civil no disolvería

su vínculo matrimonial y que la doctrina de la Iglesia permanece Inmutable, Sean

conscientes de que aquí se les ofretre una ocasión de demostrar la fidelidad a

Jesucristo, así como a dar un testimonio ejemplar a todos nuestros hermanos y

una contribución importante al bien común de la sociedad.» «En esta hora tan

decisiva —concluye el documento— para el futuro de la institución matrimonial en

nuestro país, exhortamos a las autoridades civiles a emprender una audaz,

valiente y acertada política en.orden a una protección eficaz de Ja familia,

célula primaria de la sociedad.»

En definitiva, quieren decir los obispos, no a una ley divorcista —fomentadora

de divorcio— y si a la libertad del legislador con todas las consideraciones que

debe tener presente —y muy presente— a la hora d« redactar una ley de tal

trascendencia. Es de lamentar que para llegar a esta conclusión, los obispos —

asustados, sin duda, por el divorcismo que impregna a amplios y superficiales

elementos de nuestra sociedad— hayan enrevesado y complicado el camino de ta

expresión. De no haber caído en tales defectos, la Iglesia se habría ahorrado

una buena parte de enemistades. Todo sea por la unidad en el seno de* la misma

Iglesia.

 

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