Importantes precisiones teológico-jurídicas. 
 Hay quienes pretenden utilizar la condición eclesiástica como patente de corso para vivir al margen de la ley  :   
 "Se dicen y hacen demasiadas cosas, en lugar sagrado y por personas sagradas, que son totalmente ajenas al ministerio apostólico". 
 ABC.    21/06/1969.  Página: 33-34. Páginas: 2. Párrafos: 15. 

IMPORTANTES PRECISIONES TEOLOGICO-JURIDICAS

HAY QUIENES PRETENDEN UTILIZAR LA CONDICIÓN ECLESIÁSTICA COMO PATENTE DE CORSO

PARA VIVIR AL MARGEN DE LA LEY

«SE DICEN Y HACEN DEMASIADAS COSAS, EN LUGAR SAGRADO Y POR PERSONAS SAGRADAS,

QUE SON TOTALMENTE AJENAS AL MINISTERIO APOSTÓLICO»

«El Concordato actual debiera reformarse, estableciendo un nivel de ciudadanía y

de responsabilidad igual para todos los españoles»

Reproducimos íntegras las puntualizaciones teológico-jurídicas que nos remiten

fray Guillermo Fraile, O. P., profesor de la Facultad de Filosofía; fray

Maximiliano García Cordero, O P., profesor de la Facultad de Teología; fray

Arturo Alonso Lobo, O. P., profesor de la Facultad de Derecho Canónico, y fray

Victoriano Rodríguez, O. P., profesor de la Facultad de Teología, todos ellos de

la Universidad Pontificia de Salamanca:

Desde hace tres años se ha puesto de moda un singular "clericalismo" en España

en ciertos sectores ec1esiásticos, que aprovechan los generosos privilegios de

la legislación española vigente, particularmente determinadas cláusulas del

Concordato, para hacer valer sus puntos de vista políticos, utilizando edificios

eclesiásticos, que tienen un destino exclusivamente religioso. Esto, desde el

punto de vista ético y canónico, es intolerable, ya que se quiere utilizar la

condición eclesiástica como patente de corso para vivir al margen de la ley. Si

todos I o s ciudadanos tienen que respetar las leyes del país, mucho más los

clérigos, que por su consagración a Dios deben ser espejo de ejempla-ridad

cívica y de entrega al bien común, llevando la sal del Evangelio—

sobrenaturalización de los valores humanos en su dimensión más alta—a la

conciencia de la sociedad. El sacerdote no puede abdicar de su condición de

consagrado a Dios para implicarse en valores temporales muy discutibles, que

tienen que dilucidar los seglares.

Ante los hechos de implicaciones socio-políticas, detenciones y sanciones

gubernamentales de varios sacerdotes, principalmente en Bilbao, y de los

consiguientes • movimientos de opinión pública, estimamos oportuno puntualizar

varias cosas.

Al pronunciarnos jurídico-teológicamente sobre los hechos, sobre la reacción de

la autoridad gubernativa y del público en general frente a los mismos, no es que

pensemos que lo único que está en juego aquí es la existencia religiosa, puesto

que está más que nada la honestidad ciudadana y el orden público; ni pensamos

tampoco que sea obligación y competencia exclusiva nuestra, como profesionales

de la Teología y del Derecho Eclesiástico, dictaminar para las conciencias de

los demás. Reconocemos a todo ciudadano español, y singularmente a las

autoridades, en cuanto responsables principales del orden público y en cuanto

creyentes católicos, el derecho de juzgar y actuar mirando ambas vertientes del

asunto. Nuestro ver y entender es el siguiente:

ACTITUDES IMPROPIAS DE LA CONDICIÓN SACERDOTAL

I. No es tolerable que un sacerdote utilice su condición de tal para prestar

ayuda a individuos que viven fuera de ley y que tienen que responder de crímenes

y violaciones concretas ante la Justicia. Al obstaculizar el cumplimiento de la

Ley justa lesiona, infringe sus obligaciones.

2, En todo este asunto, que no es primariamente religioso-dogmático, sino socio-

político, el examen y juicio de los hechos pertenece primariamente al poder

civil; sólo secundaria e indirectamente pertenece al poder eclesiástico. No es

verdad que sea competencia exclusiva de la Iglesia el juicio moral sobre

materias de orden político. Es materia común a la Teología, a la Etica y al

Derecho. La Iglesia, con sus teólogos y juristas tiene algo que decir en este

asunto desde el punto de vista de la revelación y del derecho natural; pero el

Estado, con sus filósofos y juristas, tiene mucho más que decir que la Iglesia,

desde el punto de vista ético-socio-político, por ser asunto principalmente

socio-político, ámbito en que el Estado es autoridad humanamente suprema. El

Concilio Vaticano II dice taxativamente: "La comunidad política y la Iglesia son

independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo,

aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social

del hombre. • Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de

todos cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas... Es de justicia

que pueda la Iglesia... dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes

al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o

la salvación de las almas, utilizando todos y sola agüellas medios que sean

conformes al Evangelio y al bien de todos" (Const. Past. "Gaudium et Spes",

número 76).

Tampoco es verdad que sea función exclusiva de la Iglesia determinar cuándo un

sacerdote excede los límites de su competencia en el ejercicio de su ministerio

sacerdotal y pastoral. La Jerarquía eclesiástica puede y debe juzgar estos

límites positivamente y desde dentro; el poder civil puede juzgar negativamente

y desde fuera las .extralimitaciones de sus funciones sacerdotales: puede saber

por quién y cuándo es perturbado injustamente el Orden público, obstaculizada la

Justicia, etcétera, sea bajo pretextos religiosos o sin ellos. Las autoridades

civiles católicas saben lo suficiente para discernir cuándo un clérigo se

extralimita notoriamente en sus funciones sacro-pastorales, sin necesidad de

consultar al señor obispo, la cosa es clara en los recientes acontecimientos.

LIMITES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

3. El derecho a. la libertad religiosa, declarado en el Cancilla Vaticana

II, por ser un derecho netamente de orden "social y civil", como se dice de

intento en el título de la declaración "Dignilatiss humanae", está

necesariamente limitado por el bien común del orden público, como

reiteradamente lo advierte el Concilio: "Su ejercicio no puede ser impedida con

tal de «rué se guarde el justo orden público" ("Dignitatis humanae", num. 2),

"Dado que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que

puedan darse so pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente a la

autoridad civil prestar esta protección" (Ibidem, número 1),

4, Ha stdo y es improcedente apelar en esta cansa a la tutela del secreto

profesional del ministerio sacerdotal. Hay mucha confusión en torno al llamado

secreto profesional no sacramental, a cuja inviolabilidad se apela. Es abusivo

llamar secreto profesional a. todo lo que haga, el sacerdote en secreto n

ocultamente, aunque sea con ocasión del ministerio sacerdotal o gubernativo.

Cuando el bien común de la sociedad (eclesiástica, o civil) está en juego, n»

obliga ese secreto profesional extrasa cramental, Un médico no puede cometer el

crimen, de aborto, aunque Haya quien se Jo pida ocultamente como ejercicio de su

profesión; un sacerdote no puede colaborar en otros delitos, aunque se acoda a

él por ser clérigo y fosar de ciertas inmunidades personóte» aue pueden hacerte

más inexpugnable ante la autoridad. La obligatoriedad del secreto sacerdotal

extrasacramental está en las mismas condiciones esenciales que tos demás

secretos profesionales confiados (e1 del médico, el del abocado, etc.), es

decir, que cesa ante las exigencias del bien común. Es sentir común de

moralistas y canonistas. Por ejemplo, Prummer, al tratar de las "causas justas

de la revelación del secreto", establece e] principio de cese de la

obligatoriedad del secreto por exigencia del bien público, y aduce el ejemplo

del médico que debe delatar al enfermo contagioso ("Manuale Theologiae Moralis",

II, núm. 179), Y Merkelbach, sosteniendo igualmente que la obligación del

secreto cesa por exigencias del bien público, por exigencias de caridad y de

justicia legal, razona: "La, obligación del secreto que ha sido introducida en

razón del bien público cesa- cuando el bien -público exige su revelación,

conforme al adagio "salus reipublicae suprema lex" Summa Theologiae Moralis",

II, núm. 855), Lega-Bartocetti, comentando el c. 1,755, párrafo 2, 1., sobre el

respeto al secreto profesional, dice: "No tiene potestad el Juez de obtener la

manifestación de dichos secretos al testigo sacerdote cuando su revelación

aprovecha, tan sólo al bien privado de otro ciudadano. No así, en cambio,, si el

bien público pide que estos secretos se revelen, a fin de que la cosa pública no

reciba daño. Se dice en este caso que el testigo queda desligado de la ley del

secreto». XV por consiguiente, el interrogado se halla obligado a responder a la

interrogación legítima" ("Commentarius in Judicia Ecclesiastica", II, p. 662).

EL MINISTERIO SAGRADO 5. Aceptamos y reclamamos la libertad e inmunidad que hoy

concede el Concordato »l clero e instituciones eclesiásticas pata el ejercicio

del "ministerio sagrado". Pero es abusivo llamar "sagrado" al ministerio y

actividades del sacerdote o de oíros entidades eclesiásticas por el hecho &e lo,

naturaleza sagrada, de la. persono, o del lugar sagrado donde se ejerce aquél.

Es triste constatar que hay se nacen y dicen por personas físicas o morales

eclesiásticas cosas totalmente ajenas al ministerio de la palabra de Dios y a

tas actividades verdaderamente cultuales (art. II, I, del Concordato). En el

art. 34 del Concordato se reconoce el derecha de la Acción Católica a

"desenvolver libremente su apostolado", sólo mientras "se mantenga, por lo que

se refiere a actividades de oteo género, en el ámbito de la legislación general

del Estado". Cosa semejante hay que decir respecto de las actividades de

cualesquiera otras personas esclesiásticas. Es triste reconocer mí* hou sí

titeen y hacen demasiadas casas

en lucrar serado v por personas sagradas trae son totalmente ajenas al

ministerio apostólico y cultual.

6. Se invoca mucho el privilegio del canon y del fuero para lograr una

inmunidad personal de los clérigos coando éstos han quebrantado las obligaciones

civiles o eclesiásticas. Existe una ley civil que prohibe a todos los ciudadanos

(y los clérigos españoles lo san con los derechos y obligaciones correlativas)

atentar contra el orden público, promover disensiones tumultuarias, actuar en

facciones políticas desintegradoras de la unión y concordia entre los

ciudadanos; la transgresión constituye delito, sea quien sea su autor. Además

existe otra ley eclesiástica para, los clérigos en la que se les prohibe que "en

manera alguna tomen parte en guerras civiles o en las perturbaciones del orden

publico" (c. 141, 1, del Código de Derecho Canónico); el clérigo que quebrante

esta ley se hace delincuente eclesiástico. ¿Puede, pues, el clérigo apoyarse en

ciertos privilegios teóricos para gozar de inmunidad en orden a delinquir? ¿So

cesa automáticamente esa inmunidad para el particular a quien resulta dicho

privilegio como causa u ocasión eficaz de sus transgresiones?

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA IGLESIA

7. Según la ley concordada el Estado reconoce y respeta la competencia,

privativa de los Tribunales de la Iglesia, en aquellos delitos que

exclusivamente violan una tesr eclesiástica" (Concordato, art. 16, 3), pero no

renuncia al derecho de perseguir y juzgar los delitos que violen, las leyes del

Estado; este derecho Ja reconoce ta Santa Sede a, las autoridades civiles en el

mismo artículo 16, núm. 4,

Bien es cierto aue la autoridad Judicial del Estado ,antes de proceder en. esos

casos, debe solicitar el consentimiento del ordinario del logar en que se

instruye el proceso. Y si éste, por graves motivos, se opusiera, deberá

comunicarlo por escrito a te autoridad competente, que sin dad» es el Estado.

Ante te negativa del obispo, el Estado debe pesar la gravedad de los motivos por

los vite el ordinario niega su consentimiento y decidir Jo que hay que Hacer

después de la negativa del obispo g a pesar de ella.

S. En el Concordato no se declaran inmunes de posible detención o arresto

preventivo a los clérigos. Tan sólo se necesita el dialogo previa entre la

autoridad judicial y el ordinario local cuando se trata de someter a los

clérigos a juicio criminal (no si se trata del contencioso). Pero ante el caso

de detención o arresto preventivo (durante setenta y dos horas) sólo se dispone

que en semejante caso "los clérigos y ´religiosos serán tratados con las

consideraciones debidas a su estado y a su grado jerárquico" (art. 16, 5).

9, Estimamos, finalmente, que si en algo pecan las autoridades civiles actuales

de España en sus relaciones con. la Iglesia es en su exceso de generosidad.

Creemos que el Concordato actual, por los abusos que de algunas de sus cláusulas

hacen no pocos clérigos, debiera reformarse, estableciendo un nivel de

ciudadanía y de responsabilidades igual para todos los españoles: todos iguales

ante la ley, con los mismas derechos y obligaciones, con .exclusión de cualquier

fuero especial cuando se trata de afrontar los Tribunales de justicia.

 

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