Autor: Espín, Manuel. 
 Religión y Política en la España actual (I). 
 Iglesia-Estado  :   
 Del fuego a las brasas. 
 Pueblo.    15/04/1977.  Páginas: 8. Párrafos: 62. 

Un informe de MANUEL ESPINO RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA ESPAÑA ACTUAL (I)

IGLESIA DE ESTADO

Confesionalidad del Estado, matrimonio y retribución del clero: asuntos a

debatir en el horizonte democrático

La evolución post-conciliar ha tenido en España tortísimas resonancias incluso

en el campo de lo político

DEL FUEGO A LAS BRASAS

Según datos referidos a años anteriores a 1960, el porcentaje de la población

española considerada como católica era del 99,3 por 100 del total. Las

transformaciones vividas por España a lo largo de las décadas

sesenta y setenta han producido unas variaciones en esas cifras. El porcentaje

de la Indiferencia religiosa ha aumentado, especialmente entre ciertos sectores,

clases o grupos de población; al mismo tiempo,

a partir de los últimos años sesenta, algunas confesiones no católicas han

podido desenvolverse con una

mayor facilidad de movimientos... Sin embargo, el peso del catolicismo —por lo

menos en su sentido sociológico— ha sido y sigue siendo capital en la vida

española. Por la proximidad entre la vida social, la vida eclesial y la vida

política, las relaciones entre la comunidad religiosa y la comunidad política

han conocido en nuestro país unas peculiaridades casi insólitas. La propia

evolución católica tras el Vaticano II ha tenido en España unas mayores

resonancias que en otros países, incluso en el plano de la vida política. La

nueva etapa política que España parece estar viviendo, camino de una

normalización

democrática, presupone una revisión de muchas cuestiones pendientes entre los

dos ámbitos, el político y el eclesiástico. Por otro lado, los nuevos fenómenos

del catolicismo español tienen una especial resonancia en el actual momento

social y político, y una gran importancia de cara a cualquier consulta política.

Según el "catecismo español" de 1939, el Estado debía intervenir en las cosas,

aun en las de orden religioso, "como auxiliar de la Iglesia"

El marco de relación de los dos sectores, el político y el religioso, es tan

amplio qué precisa de una matización en tres planos:

a) el ámbito estricto

de las relaciones entre la Iglesia y el Estado español, referidas a lo que han

sido, lo que son y lo que podrán ser;

b) el que trata el papel de los católicos como ciudadanos, y las distintas

ideologías, fuerzas y grupos sociales y políticos que se mueven en la actual

situación española,

c) por último, la referencia a las relaciones entre los miembros de otras

confesiones no católicas y la vida política .española actual. El presente

cuadernillo pretende un acercamiento a esta problemática desde una perspectiva

de síntesis plural, con la obligatoria brevedad de todo trabajo publicado en la

Prensa diaria.

1 Antecedentes:

ENTRE LOS CONCORDATOS Y LOS "DISCORDATOS"

LOS problemas en torno al papel de la Iglesia dentro de 1a sociedad política se

han venido planteando desde casi su fundación. El Dad al César lo que es del

César... se convierte después de Constantino en una virtual confusión de

poderes, en una lucha constante entré el poder político y el poder espiritual,

en la que se debate Europa durante muchos siglos. Estas relaciones entre la

Iglesia y el . Estado van desde la defensa más apasionada del poder espiritual

sobre el civil hasta la preponderancia del poder civil sobre el espiritual, en

el que la Iglesia se" convierte en un apéndice del Estado. Una fórmula

teocrática en la que se mezclan los dos poderes, tras una especie de

«matrimonio» entre ambos, se planteará en la Península tras el Tercer Concilio

da To-

ledo del año 589: el rey puede convocar concilios y nombrar obispos y otros

altos cargos de la Iglesia. Mucho mág tarde, en 1372, la reina Leonor y el

cardenal Beltrán de Comenges firman en Barcelona una estipulación sobre sus

jurisdicciones respectivas. El confusionismo existente entre ambas potestades,

que había generado serios conflictos en el continente europeo, había tenido un

primer epilogo con la firma del Concordato de Worms, que representaba el

reconocimiento del poder espiritual del Papa y el del temporal del emperador. En

1418, los representantes de Juan II de Castilla habían firmado un acuerdo sobre

el número de ´cardenales y otros asuntos pendientes con el Papa Martín V. Un

nuevo concordato lo firmaron en 1737 los representantes de Clemente XII y Felipe

V, mientras en 1753 Fernando VI, representado por el marqués de Ensenada, y

Benedicto XI habían firmado un pacto relativo al derecho de presentación de

obispos y arzobispos por parte de los reyes de España.

Las revoluciones burguesas

plantearían una profunda revisión de las competencias entre los dos poderes como

exigencia de la demanda de diferentes libertades. La Iglesia anterior a la

revolución es una Iglesia con muchos elementos feudales, en la que un poder

absolutamente temporal se combina con el espiritual. Sin embargo, para España el

advenimiento del régimen constitucional no va a suponer la postergación de la

catolicidad del Estado ni la adopción de la libertad de cultos. En. la

Constitución de Cádiz de 1812 se mantienen las referencias religiosas—aunque se

supriman instituciones como la Inquisición—y la cuestión de la libertad

religiosa se plantea de una forma indirecta con motivo del debate sobre la

libertad de imprenta. Además, de modo solemne, la Constitución de Cádiz se

atreve a declarar tajantemente que la religión de la nación española es y será

perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera.

Como en otros países europeos, en España también se produce un enfrentamiento

entre el liberalismo v los infereses temporales de la Iglesia, ligados a los

sectores más inmovilistas de la sociedad, > con incautaciones de bienes de

comunidades religiosas (como la de los jesuítas en 1835) o la supresión de

comunidades religiosas y la desamortización de bienes eclesiásticos que pretende

poner en movimiento parte de ¡os inmensos bienes materiales que permanecen en

manos de la Iglesia católica. La Constitución de 1837 no recogía la

confesionalidad de la de Cádiz y se obligaba simplemente al reconocimiento de un

hecho y una obligación. (La nación se obliga a mantener el culto y los ministros

de la religión católica que profesan los españoles.l Sin embargo, la de 1845

insiste en que la religión de la nación española es la católica, apostólica y

romana. En 1851, «1 contencioso entre el Vaticano´ y la monarquía de Isabel II á

causa de la desamortización se termina con la firma d« un concordato entre la

reina y Pío IX, que reconocía al Gobierno español el privilegio de presentación

de obispos, mientras se admitía el hecho consumado de la desamortización a

cambio de que la Iglesia pudiera adquirir nuevos bienes la resolución de la

dotación del culto y del clero, el derecho a ejercer la censura da imprenta,

etc. En 1859 y 1887; distintos acuerdos entra la iglesia y el Estado español

complementaban estas relaciones de carácter público. La revolución del 68

provoca uní revisión de los conceptos según la ideología liberal predominante.

Fruto de ella es el enfrentamiento en las Cortes constituyentes entre los que

defienden la confesionalidad católica y los que propugnar la absoluta libertad

religiosa con el triunfo constitucióna del reconocimiento a la líbertad de

cultos. Tras la Restauración la constitución cano vista vuelve al principio de

1( confesionalidad (la religión católica, apostólica y remaní es la del Estado.

La nación » obliga a mantener el culto ; sus ministros), mientras que se toleran

las prácticas di otras religiones en privado.

El confusionismo existente entre los dos ambitos, el civil y el religioso,

constante motivo de fricciones a lo largo de la Historia de Europa

2 clericalismos y anticlericalismos

EL enfrentamiento entre la Iglesia católica y el liberalismo y las nuevas

Adoctrinas que emergen a lo I largo del siglo XIX es feroz. Papas como

Gregorio XVI en ´1832 llegan a execrar de las libertades de Prensa, de opinión o

de la religiosa, míentras que los ataques y anatemas al liberalismo,

progresismo, civilización moderna, modernismo, socialismo, etcétera, están a la

orden del día. Esto significa en el terreno socio-político un profundo choque

entre los grupos clericales y la clientela de las nuevas doctrinas (burguesía

urbana, sectores del mundo obrero, etcétera), que se mantendrá hasta bien

mediado el siglo XX, La rivalidad entre la Iglesia y los sectores liberales

tendrá en países de mayorías católica como España ana importancia

trascendental basta el punto de polarizar a .una amplia masa de ciudadanos

en dos campos: A bando del clericalismo y el >ando del anticlericalismp.

Anatemas furibundos, prohibiciones, amenazas, quemas te conventos,

expulsiones de religiosos, etcétera, son caras la una misma moneda, a pear de

las apariencias, de una tolerancia en dos frentes, a Iglesia de la

Restauración a una estructura eclesial con ma honda, presencia en la

sociedad española, cuyos bra-los se ´ extienden por múltipres actividades que

van del cülto a la enseñanza, Precisamente las tentativas de una educación

liberal, como la de a burguesía urbana que representa la Institución Libre e

Enseñanza, suponen una alternativa a una pretensión monopolizadora por parte

de & Iglesia católica. Las relaciones entre los poderes eclesiales y los

sectores más favorecidos de la sociedad no venefician precisamente a la

difusión de la religión católica entre ciertas clases de la sociedad. La

Iglesia que se

mantendrá durante largos años parece más bien una estructura que trata de

conservarse, y de conservar sus privilegios, que una institución que trata de

cumplir un ideal evangélico. Esta conexión entre el catolicismo triunfante y los

poderes mes conservadores la resume Unamuno en la frase: «Para el pueblo español

ser católico se reduce a ser bautizado, casarse por la Iglesia y ser enterrado

religiosamente. Este pueblo no profesa ya su religión católica. La aristocracia,

la burguesía católica, la gente de Acción Católica, practican no en virtud de

sentimientos religiosos, sino de resentimientos políticos... Para ellos la

religión no es para consolar al pueblo, sino lo que se llama un freno para

contener a las masas, un método para conservar el orden de sus negocios».

Lamentables estallidos de violencia contra instituciones eclesiásticas como los

que se produjeron durante la Semana Trágica de Barcelona, de 1909 o las que

tendrían lugar en mayo de 1931 representan una réplica de fanatismo e

intolerancia por parte de unos grupos anticlericales frente a otra injusticia e

intolerancia de los sectores clericales. Por su situación concreta, temporal e

interesada en la vida socio-política española la Iglesia y el propio tema

religioso están en el centro de todas las polémicas, de. todas las disputas y de

todos los conflictos.

Las limitaciones para el desenvolvimiento de las asociaciones religiosas durante

alguna época del reinado de Alfonso XII s« soslayan poco a poco, hasta las

excelentes relaciones con el Vaticano que sugiere el viaje de los Reyes a Roma y

la audiencia con Pío XI, que tiene lugar en los tiempos de la Dictadura d« Primo

de Rivera. •

La guerra civil supone el alineamiento de las instituciones católicas con el

Régimen de Franco, salvo en los casos de algunos sectores vascos y catalanes.

Frente a la incomprensible por ambas partes situación entablada entre, la

Iglesia y el Estado en algunos períodos de la República, que conducirían a un

desgarrador enfrentamiento, las relaciones entre la Iglesia católica y el nuevo

Régimen son más que excelentes. En 1936 Pío XI, en una audiencia a peregrinos

españoles, califica de «persecución religiosa» a la situación que había

imperado, y el obispo de Salamanca, monseñor Pía y Deniel, califica a. la guerra

civil de «Cruzada», Una pastoral colectiva de 1937, .al parecer redactada -por

el cardenal Goma, sintetizaba la postura de apoyo total al Régimen opuesto al de

la República, a lo que se añadiría el aliento y la simpatía del nuevo Papa Pío

XII por el Régimen de Franco.

3 El "Nacional- Catolicismo"

LA Iglesia cató1ica, que emerge en 1939, es un sector victorioso al lado de los

ganadores de la guerra. La presencia de la Iglesia en el periodo que se abriría

a continuación le otorgaría un papel más que influyente, con una presencia

activísima que va de la vida política— los altos representantes de la Iglesia se

sitúan en los más elevados órganos de] Estado—a la vida social (influencia

capital en la educación, costumbres, y un larguísimo etcétera). Recientemente

declaraba ´el historiador Gabriel Jackson: «La Iglesia fue la auténtica

vencedora de la guerra civil», como una expresión de -la preponderancia de la

Iglesia en este período. Las estrechísimas relaciones entre los órganos

eclesiales y el Estado llegan a representar en los años 40 a una especie de

fusión de intereses y de ideales: lo religioso y lo nacional se confunden

íntimamente hasta definir lo que se ha llamado el «nacional catolicismo». El

«catecismo español» de 1939, de utilización en las escuelas, declara

tajantemente ,que «en España no hay división de poderes», por lo que «no

subsistirán nunca los partidos políticos, porque son creaciones artificiales del

régimen parlamentario para dividir, inutilizar y explotar a la nación»; el

Estado «debe intervenir en las cosas aun en el orden religioso, como auxiliar de

la Iglesia». Igualmente «El Estado debe sujetarse a la Iglesia como el cuerpo al

alma y lo temporal a lo eterno.»

En 1941, Serrano Suñer y el cardenal Cicognani firman un acuerdo en el que se

reconoce .al Jefe del Estado el privilegio de presentación para la provisión de

obispos, en uno de cuyos puntos. se adelantaba lo que habría de ser un

Concordato completo. En 1946 dos nuevos acuerdos tuvieron lugar entre la Iglesia

y el Estado, sobre la provisión de beneficios consistoriales y sobre los

seminarios y universidades eclesiásticas. En 1950 se firman otros relativos a la

jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, además de

la.exención de clérigos y religiosos de la obligación del servicio militar. Las

relaciones entre los dos ámbitos son estrechísimas: el Estado tiene asegurado el

apoyo de la Iglesia, ésta se ve protegida por el Régimen. El juramento ante el

Jefe del Estado por parte de los obispos representaba un reconocimiento de esa

«fidelidad al Estado» y de respeto al Jefe del Estado y del Gobierno»: «Juro y

prometo (...) no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que

pueda perjudicar al Estado español y al orden público y haré observar a mi clero

igual conducta.» La peculiaridad del catolicismo español de ios años 40 ´alcanza

a todos los aspectos de la sociedad.

la firma de un Concordato entre España y la Santa Sede, activado por la

presencia del embajador español don Joaquín Ruiz Giménez. Tres años antes, en

1945, con la promulgación del Fuero de los Españoles se había vuelto a reconocer

la catolicidad del Estado («La profesión y práctica de la religión católica, que

es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por

sus creencias religiosas en el ejercicio privado del culto. No se permitirán

otras ceremonias ni manifestaciones externas que la de la -religión católica»)

La firma del Concordato en agosto de 1953 significa para el Régimen español,

junto con los pactos con Estados Unidos.

Son los tiempos de un catolicismo triunfante, que invade todos´ los órdenes de

la vida, las costumbres y los actos externos de culto, que son solemnes y

multitudinarios, y en los que las autoridades eclesiásticas se sitúan junto a

las civiles sin solución de continuidad. Algunas competencias del propio Estado

son encomendadas directa o indirectamente a órganos o personas eclesiales —como

las asesorías religiosas en la mayoría de los organismos o la influencia en las

censuras de publicaciones, espectáculos, etcétera—. Por otra parte, se resaltan

las más que estrechas relaciones entre la Iglesia y el Estado español frente a

«los enemigos tradicionales: el liberalismo, la masonería y el comunismo...» A

partir de 1948 se estudia

el fin de un aislamiento exterior.

El Concordato está dividido en 36 artículos . relativos a puntos como la

confesionalidad del Estado, reconocimiento de la personalidad jurídico-económica

de la Iglesia, ayuda del Estado a las instituciones religiosas y a sus miembros,

reconocimiento de efectos civiles al matrimonio católico, mantenimiento del

privilegio de presentación de obispos por el Jefe del Estado, respeto del

privilegio del fuero clesiástico. etcétera. El Concordato es un pacto solemne

entre el Estado español y el Vaticano, que supone un reconocimiento y un aval

jurídico´ para el Régimen español. Las excelentes relaciones entre la Iglesia y

el Estado se mantienen, salvo roces en algún caso concreto, hasta los últimos

años 50.

4 Un matrimonio´ mal avenido

TRAS la muerte del Papa Pío XII, cuyas simpatías por el- sistema españo1 • eran

más que manifiestas, la convocatoria del Concilio Vaticano II provocaría una

alteración en estas relaciones. A finales de los años 40 tentativas de

desacuerdo se habían producido en algunos sectores obreros católicos y la

jerarquía, y con ´ aquéllos y alguna,- autoridad civil. Instituciones como la

HOAC mantendrán una postura de separación respecto a la situación. En primer

lugar estas posturas de disconformidad se plantearían en sectores del

catolicismo de base y de los sacerdotes vascos y catalanes. De Juan XXIII, cuyos

textos despertarían en el país algún comentario «suigéneris», a Pablo VI se

produce una situación cada vez más tirante. Un telegrama" del entonces arzobispo

de Milán a Franco, pidiendo la conmutación de una pena de muerte, produce

algunas fricciones. La convocatoria, celebración y algunos acuerdos relativos al

Concilio Vaticano tuvieron uña profunda repercusión entre las relaciones

Iglesia-Estado en los años anteriores, teniendo en cuenta esgecialmente el

compromiso por parte del Estado español «de acatamiento e inspiración de su

legislación en el cristianismo». A lo largo de los años 60 emerge en la sociedad

española un nuevo tipo de catolicismo que representa un profundo replanteamiento

de múltiples cuestiones, entre las cuales se encuentran las socio-políticas. Lo

que habría de dar lugar en los años siguientes a una multiplicidad de tendencias

en la Iglesia española y en lo socio-religioso que indirectamente responderían a

posiciones políticas más o menos concretas. Las tentativas de separación entre

la Iglesia y el Estado surgen dentro de este contexto, lo que implica ante todo

la supresión de aquellos preceptos más discordantes con la actual realidad

posconciliar, como es la renuncia a´l derecho de presentación de tos obispos,

solicitado al entonces Jefe del Estado español en 1966. A partir de los últimos

años 60 el deterioro de una situación concreta es más que evidente: la

«contestación» dentro de la Iglesia alcanza al poder civil. Las detenciones de

curas, los encierros, las manifestaciones de sacerdotes, las tomas de postura de

los católicos, los «affaires» en torno a las homilías y otras cuestiones son

episodios de este deterioro. En 1971 la asamblea conjunta obispos - sacerdotes

replantea varios temas pendientes entre la comunidad religiosa y la política. La

ley de Libertad Religiosa, propiciada a instancias de los acuerdos conciliares,

había supuesto un intento de apertura respecto a una auténtica igualdad de los

ciudadanos —fuera ´ cual sea su religión— respecto a la vida pública. El apoyo y

la simpatía de algunos sectores de la Iglesia hacia posiciones entonces

marginadas en la vida política española favoreció una nueva polarización de los

sectores eclesiales en distintas tendencias v formas de entender el cristianismo

y la sociedad. En 1972 el nombramiento de monseñor Tárancón como presidente de

la Conferencia Episcopal favorece tos intentos de separación —aunque cordial—

entre los dos ámbitos La crisis planteada en los últimos 60 y los primeros ´O

tendrá un momento de gravedad con el llamado «caso Añoveros». cuva situación

estuvo a punto cte provocar una quiebra en esas relaciones.

Los intentos de renovación del Concordato o de la llegada a unos acuerdos

parciales se hacen más evidentes en los primeros años 70. En 1973 y 1974 tienen

lugar contactos a alto nivel entre el Vaticano y el Estado. En enero de 1973 el

ministro López Bravo se entrevistaba con el Papa, a la que seguirían tas

sucesivas visitas entre monseñor Casaroli y tos ministros de ´Asuntos Exteriores

del Gobierno español. La situación, por otra parte, ha planteado una profunda

polémica respecto a la utilidad de un concordato solemne (anacrónica fórmula en

desuso) o la firma de unos acuerdos parciales en espera de un replanteamiento

profundo de las relaciones. Las dificultades para la firma de un nuevo acuerdo

han-dividido a los propios miembros de la jerarquía española (cuya diferencia de

mentalidad respecto a la generación de los prelados de la posguerra es evidente

en un amplio sector), especialmente en un momento político en el que amplios

sectores del catolicismo pretendian un despegue de una situación política

concreta a la que la Iglesia había estado ligada por toda clase de privilegios.

Por fin, una salida respecto a la situación planteada en los últimos periodos

del franquismo es la alcanzada ´en 1976 por los nuevos acuerdos entre la Santa

Sede y el Estado español, firmados por el cardenal Villot y el ministro Oreja, y

que han supuesto que el nombramiento de arzobispos y obispos sea una cuestión

exclusiva de la Santa Sede, «quien antes de su nombramiento lo notificara al

Gobierno español, por si existen objeciones de índole política general, cuya

valoración corresponderá al Vaticano», y la renuncia de este último al llamado

«privilegio del fuero eclesiástico», lo que implica que las causas sobre bienes

o derechos en las que sean demandados clérigos o religiosas se tramiten ante los

tribunales del Estado, previa notificación al prelado del lugar- en oue se

instruye el proceso». En realidad los acuerdos de agosto pasado suponen abordar

dos cuestiones planteadas con suma urgencia, aunque no tratan en profundidad una

re- , visión de las relaciones entre los ámbitos, político y eclesiástico, cuya

situación deberá abordarse probablemente con ocasión de unas Cortes

constituyentes, para fijar el marco definitivo de estas relaciones en un

contexto de total independencia y de reconocimiento y puesta en práctica de

todas las libertades.

LOS PUNTOS POLEMICOS

LOS PRIVILEGIOS Y LA DEMOCRACIA DEL ESTADO A LA IGLESIA

La posición de la Iglesia a lo largo de muchas épocas se ha basado en el

mantenimiento de una situación

de privilegio respecto a la comunidad en la que se desenvolvía. La actual

situación de la Iglesia y del Estado español plantea la llegada a una auténtica

separación de ambas competencias, dentro

de un reconocimiento y una vigencia real de todas las libertadas (entre ellas la

de culto y la religiosa)

que permitan el desenvolvimiento de las confesiones religiosas. La posición de

estas relaciones habrá

que contemplarla con relación a la situación predemocrática de nuestro país, y a

la imperante en los países de nuestro contexto. Temas como el de la

confesionalidad o aconfesionalidad del Estado español

serán revisados con toda probabilidad en unas Cortes democráticas. Actualmente

el montante de las relaciones entre los dos poderes mantiene la siguiente

situación de privilegios y concesiones, entre las que destacan las de carácter

honorífico y simbólico y otras de profundas consecuencias en la sociedad

española actual.

DE LA IGLESIA AL ESTADO

• Mantenimiento del Tribunal de

la Rota, en el que hay dos auditores espadóles.

• La canonjía en Santa María la Mayor, basílica romana.

• Los honores de pro tocanonfgo dispensados al Jefe del Estado en esta

basílica.

• Las preces por el Jefe del Estado, el Ejército y el pueblo.

• Que los procesos de beatificacion y canonización se liaban en castellano.

• La confesionalidad de] Estado.

• El Estado español inspirará su legislación en la fe católica.

^ Necesidad de profesión del catolicismo en la Jefatura del Estado y otros

cargos.

+ Permanencia de prelados en las instituciones políticas aún vigentes.

^ Protección penal a la Iglesia contra ataques en Prensa, etc.

• Reconocimiento de algunas festividades religiosas a efectos laborales.

• Exención de obligatoriedad de aceptación de cargos públicos no

compatibles con el estado religioso.

+ Honores mili tarea en ciertos casos.

^ Exención del servicio militar.

+ Reconocimiento y protección aJ oso del traje eclesiástico.

^ Ortodoxia católica en la enseñanza.

• Mantenimiento de centros docentes por parte de la Iglesia, con o sin

subvenciones del Estado.

• Convalidación y reconocimiento civil de títulos académicos

eclesiástícos.

• Efectos civiles del matrimonio canónico y obligatoriedad para los

católicos.

• Aceptación de la ´disolución de] matrimonio a efectos civiles cuando la

Iglesia así lo ha reconocido.

*> Asistencia religiosa a las Fuer» ras Armadas, hospitales, sanatorios,

cárceles, etc.

^ Régimen especial para las publicaciones de la Iglesia exentas da censura y de

tributaciones.

• Retribución del clero.

^ Subvenciones para el culto y reconstrucción de templos.

• Apoyo del • Estado al desenvolvimiento de las actividades

eclesiásticas.

^ Donación de 8.000 pesetas a.la basílica de Santa María la Mayor da Roma.

^ Retribución a cargo del Estado del personal de la Santa Rota da Madrid.

CUESTIONES

CLAVES

LOS puntos más debatidos de estos privilegios que el Estado concede a la Iglesia

católica son los siguientes:

1. EL MANTENIMIENTO DE LA CONFESIONALIDAD

Es escasísimo el número de las constituciones modernas que reconocen este

principio, que supone la admisión por parte del Estado de una determinada

creencia. Este caso se da exclusivamente en países con mayoría abrumadora de una

confesión religiosa. Pero la actual situación de reconocimiento de las

libertades de creencias y religiosas implica un deterioro del principio de la

confesionalidad. Se ha dicho que un ciudadano puede ser católico, protestante o

ateo, pero que un ente jurídico de Derecho público como es el Estado no puede

terciar "en una situación y afirmar o reconocer a una religión como verdadera o

auténtica simplemente por no ser ése el papel ni la misión del Estado.

Esa declaración solemne de catolicidad, y, en su caso, la de legislar

inspirándose en la fe católica, plantea actualmente unos dilemas de difícil

dilucidación, teniendo en cuenta que la fe católica puede ser una, pero que su

modo de aplicación e interpretación es muy variable y absolutamente heterogéneo,

admitiendo la pluralidad de tendencias a veces contrapuestas que coexisten en el

catolicismo actual.

Por otro lado, esa declaración de confesionalidad supone un privilegio por parte

de un sector de población —los católicos— más o menos amplio, pero que,

evidentemente no son todos los españoles, entre los que _ es fácil que se

encuentren católicos, protestantes, judíos, ateos o, simplemente, indiferentes.

La posible renuncia a esta catolicidad no implica ninguna animad versión frente

a la comunidad católica, sino el estricto cumplimiento de la igualdad de todos

los ciudadanos y de sus libertades.

Una revisión constitucional del principio habría, no obstante, de implicar unos

acuerdos con la Iglesia sobre determinados puntos concretos de colaboración

desde una absoluta independencia entre los dos ámbitos, por el simple

reconocimiento por parte del Estado del hecho sociológico de que en España un

gran número de ciudadanos profesan la religión católica, sin que nes impuestas

para la celebración de los matrimonios simplemente civiles. ´Pero aun asi, en el

matrimonio civil no se ha admitido la posibilidad del divorcio de los

contrayentes. La legislación matrimonial española es infinitamente másx rígida

que la de casi todos los países europeos. Como salida momentánea a este problema

se ha señalado la oportunidad de un matrimonio civil con todos sus efectos, y,

en su caso, con posibi1idad de divorcio

suponga este reconocimiento de un dato ningún tipo de privilegio para nadie, y

del mismo modo que otros acuerdos podrían ser abordados con otras confesiones.

2. :EL PROBLEMA DEL MATRIMONIO ECLESIÁSTICO

Hasta el momento el matrimonio eclesiástico ha tenido en los últimos cuarenta

años el reconocimiento de efectos civiles. El matrimonio eclesiástico ha sido el

elegido prácticamente por todos los contrayentes, frente a las limitacion

(incluso para los que contrajeron matrimonio canónico forzados por las

circunstancias), y un matrimonio eclesiástico voluntario para todos aquellos que

se sienten y viven como cristianos, sin necesidad de la actual .situación

restrictiva´ respecto- al matrimonio civil.

3. EL TEMA DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL CLERO

En tanto se ha reiterado la voluntad de separación entre los dos ámbitos, civil

y eclesiástico, lo cierto es que el clero percibe un sueldo del Estado,

justificado como reparación por las desamortizaciones llevadas a cabo el pasado

siglo. Esta situación implica para los sacerdotes una cierta consideración de

semifuncio nariado y sugiere distintas cuestiones:

• Una incapacidad de los católicos españoles para sostener, por su cuenta y

riesgo, los gastos del culto y clero, como no sea con la presencia del

aparato estatal coactivo, obligatorio y generalizado del impuesto.

• El que la subvención implique un tratamiento desigual con respecto a los

ciudadanos. Mientras que su recaudación se lleva a cabo por medio de los

impuestos a los que están sometidos todos los ciudadanos, se asignan al

culto y a los ministros de una religión, la católica, del que quedan excluidas

otras confesiones no católicas, cuyos miembros ´y seguidores son. tan

españoles como los católicos, aunque sean muchos menos. Per otro lado, los

ciudadanos indiferentes, o que no profesan ninguna religión, también contribuyen

obligatoriamente al pago da los sueldos a los sacerdotes da una religión.

• Un planteamiento poco artevido por parte de la Iglesia española de su

propia financiación a través de sus propios bienes, o de su

autofinanciación, con la ayuda d» los propios creyentes católicos, en los que,

al parecer, se tiene escasa confianza, o.er la financiación, con ayuda de

otros conceptos, como pueda ser el trabajo de los sacerdotes.

RELIGIÓN V POLÍTICA (2) EL CATÓLICO COMO CIUDADANO Y LA POLÍTICA

 

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