Autor: Castro Zafra, Antonio. 
 España-Vaticano, un largo "match". 
 Recta final para el Concordato     
 
 Arriba.    07/05/1977.  Página: 24-25. Páginas: 2. Párrafos: 47. 

Arriba INFORME

España-Vaticano, un largo >match>

Recta final para el Concordato

Desde el comienzo de la década de los setenta, la firma de un nuevo Concordato

entre la Santa Sede y el Gobierno español ha sido presentada como ´Inminente* en

varias ocasiones. Incluso se llegó a anunciar que las negociaciones enfilaban la

recta final» y los brindis con champán entre López Rodó y Casaroli parecían

confirmarlo.

Evidentemente, no ha sucedido así.

Sin embargo, todos los signos indican que ahora si se enfila la recta final.

Ambas comisiones —vaticana y española— no tienen empacho en anunciar

públicamente que tienen a punto los elementos de trabajo para la negociación, y

que no se advierten escollos insalvables.

Más aún, las negociaciones ya han comenzado y en un plazo muy breve es muy

probable que se anuncie la firma de algunos acuerdos parciales.

El Acuerdo de 1941

Las relaciones entre el Gobierno español y -la Santa Sede naufragaron en 1931, y

ni siquiera cuando llega el turno de las derechas y cae derrotada la coalición

socialista-izquierdista, presida por Azaña, van a volver las cosas a la

normalidad: la Santa Sede no se fía y el cardenal secretario de Estado Pacelli —

que será Pío XII a la vuelta de pocos años— aconseja cautela al Papa Pío XI.

.

El nuevo Gobierno que nace con la victoria del 1 de abril de 1939, y que ha.

contado con el apoyo masivo de la jerarquía eclesiáctica española desde el

comienzo de la guerra civil, desea solucionar cuanto antes el tema de las

relaciones con la Santa Sede. Uno de los problemas más acuciantes es la lista de

diócesis sin obispo: 20.

Tampoco tiene prisa ahora Roma, y en lugar de Concordato propone una fórmula

provisional, la de acuerdo. Y esta es la categoría del documento que firman el 7

de junio de 1941 el nuncio apostólico, Caetano Cicogniani, y el titular de

Asuntos Exteriores, Serrano Suñer.

Era el comienzo de un camino hacia el Concordato, un largo camino —doce años— en

el que el país padecerá las consecuencias indirectas de la segunda guerra

mundial, retirada de embajadores incluida. Cuando los acuerdos entre España y

Estados Unidos están a punto. Pío XII —que lleva personalmente todo lo

relacionado con la diplomacia vaticana— considera que ha llegado la hora de

firmar el Concordato con nuestro país.

En realidad, el Gobierno español no tenía .especiales motivos de queja con el

«acuerdo» como para convertir la cuestión de la firma del Concordato en un

problema urgente. El tenia más importante, el nombramiento de los obispos, había

quedado prácticamente eq manos de Jefe de Estado, según estipulaban los cuatro

primeros artículos del convenio o acuerdo.

He aquí el procedimiento, en líneas generales: al producirse la vacante en el

episcopado, el nuncio se ponía en contacto con el Gobierno; de mutuo ´ acuerdo

se redactaban al menos dos ternas de candidatos que eran enviadas a Roma, Allí,

el Papa elegía una terna y enviaba esos tres nombres al Jefe del -Estado.

Finalmente, éste escogía un nombre de esos tres y lo enviaba a Roma: ese nombre

era proclamado obispo.

Generalmente sucedía así, y parece que durante los doce años de vigencia del

acuerdo no hubo problema alguno entre e] Vaticano y El,Pardo a la hora de

promocionar curas y canónigos para el episcopado. (El único ele. mentó

discordante en la luna de miel de la posguerra española, el cardenal Segura, por

su temperamento y radical monarquismo, era «cordialmente» detestado en el

Vaticano, desde que con su famosa carta desde él destierro, en 1931, espoleó al

Gobierno de Azaña contra la Iglesia —si es que hacían falta espuelas para las

andanadas que Azaña gustaba lanzar contra la Iglesia—, dejando en una

violentísima situación al nuncio Tedeschini, que no iba a perdonar la faena al

cardenal Segura: cuando veintitrés años más tarde, el cardenal Segura es

sustituido inesperadamente, muchos indicios señalan la mano de Tedeschini, que

cobra su venganza. (No era, sin embargo, ésta «una cuestión entre cardenales»:

el cardenal Segura acababa quemando siempre sus puentes detrás de él, de forma

que todo concluía en callejones sin salida, incluso para el Vaticano.)

A cambio de semejante «participación» estatal en el nombramiento de los obispos,

el Gobierno colmaba de privilegios y beneficios a la. Iglesia. .Como que no tuvo

inconveniente alguno en instaurar nada menos que los cuatro primeros artículos

del Concordato de 1851. ¡Un siglo atrás repescando libertades!

Los famosos cuatro artículos del Con-

cordato de 1851 —el último que se redacta durante el reinado de Isabel II— se

refkren a la confesionalidad católica del país, por supuesto «exclusiva»,

libertad de obispos para que velen por la pureza de la fe en la sociedad,

libertad para el cumplimiento de sus ministerios episcopales contando en todo

momento con el debido apoyo y respeto

de las autoridades civiles, «principalmente —especifica el artículo 3— cuando

(los obispos) hayan de oponerse a ta malignidad de los hombres que intenten

pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere

de impedirse la publicación, introducción o circulación de íibros malos y

nocivos».

II Una tregua feliz

Los doce años que van .desde la firma del convenio o acuerdo hasta la del

Concordato son años fecundos para la Iglesia católica que encuentra ´a mano

cuanto necesita: leyes que le reconocen nuevos privilegios {exención de

impuestos y de contribuciones territoriales) o ponen a su alcance los campos de

la enseñanza en todos sus grados, los sindicatos y las prisiones —para

nombramiento de capellanes y asesores—y cuanto desee la jerarquía, incluido el

original sistema de dotación de parroquias y coadjutorías: las nóminas del clero

serían preparadas por los habilitados de cada obispado, el Gobierno se limitaba

a abonar cantidades proporcionales a las «piezas eclesiásticas» que

contabilizaba cada diócesis estuviese cubierta la plaza —«pieza»— o no cubierta.

¡Problemas como el de la supresion de la Compañía de Jesús, o la anulación del

matrimonio civil, ya habían sido resueltos por el Gobierno durante la guerra.,

civil (1938) en sendas derogaciones.

Fue una tregua fecunda, amable y feliz: una auténtica luna de miel a la que

aguardaba todavía un abrazo: el de la firma del Concordato.

III El Concordato de 1953

El 27 de agosto de 1953 era firmado el Concordato entre el Gobierno español y la

Santa Sede, «un modelo», según la revista «Ecclesia», que consideraba la fecha

en cuestión «fecha histórica» en la historia de nuestra Patria. «Ojalá se cumpla

este Concordato de 1953 —concluía la revista—. Grandes bienes para la Iglesia,

para la nación española y para el Estado español se derivarán de su

cumplimiento.»

El Concordato de 1953 fue considerado «técnicamente como el más com, plejo de

toda la historia de los acuerdos de este género», según reconocía «Ecclesia» en

un número extraordinario dedicado a cantar los formidables beneficios del citado

Concordato.

Por lo demás, el Concordato no hacía sino legalizar una situación de facto, y no

introducía elementos nuevos. La parte clave, la del nombramiento de los obispos,

quedaba exactamente igual que había sido acordada el 7 de junio de 1941 en el

acuerdo o convenio, y así lo reconocía expresamente el articulo VII del reción

promulgado Concordato,

IV. El Concilio Vaticano II (1962-65)

El Concilio Vaticano II fosiliza vertiginosamente el Concordato «nías completo

de la historia». El decreto de la libertad religiosa —«la persona humana tiene

derecho a la libertad religiosa»— era una contradicción palmaria con el artículo

primero del Concordato, el de la confesionalidad, que considera al catolicismo

como «religión única» de España.

La Santa Sede reclamaba para sí el derecho a nombrar obispos como «propio y

exclusivo», al mismo tiempo que invitaba a las autoridades civiles «a renunciar

espontáneamente a los derechos o privilegios en este sentido».

Este extremo, el del nombramiento de los obispos, desmantelaba de raíz la

eficacia de un Concordato desde una perspectiva de cierto control sobre la

promoción del episcopado.

Si a la neutralización del nombramiento de los obispos se añadía. la entrada al

pluralismo religioso, ¿qué quedaba en pie del Concordato que tuviese un especial

valor político? Pero contra lo que parecía obvio, la renuncia a la llamada del

Vaticano II sobre el nombramiento de obispos, el Gobierno no cedió, sino que

endurece su postura y pregunta: «Si cedo este privilegio, ¿a qué está dispuesta

a renunciar, en cambio, la Iglesia?» En justicia, no puede decirse que el

planteamiento fuese incorrecto, aunque su valoración iba a tomarla del entorno.

La cuestión del Concordato se plantea cuando la Iglesia española, o al menos un

amplio sector de ella, comienza a desligarse del Gobierno al que bendijo y

sacralizó en sus orígenes. Se convierte así en una nueva arma para la pelea y el

alejamiento entre ambas potestades.

Al año siguiente de concluir el Vaticano II, los obispos españoles renuncian al

privilegio de la bula, que suponía casi un centenar de millones de ingreso

(aunque la verdad es que el privilegio en cuestión era un anacronismo absoluto e

impopular, cada vez más en desuso). Y un par de años más tarde. Pablo VI envía

una carta personal al Jefe del Estado español, Francisco Franco, pidiéndole la

renuncia al privilegio en el nombramiento de los obispos: «La Santa ´Sede —dice

Pablo VI— se encuentra dispuesta a comprometerse a notificar previa y

reservadamente al Jefe del Estado o Gobierno el nombre del designado para el

cargo de obispo residencial, a fin de saber si no tiene que oponer objeciones

precisas de carácter político general.» -(Franco respondió con otra carta,

profundamente respetuosa, recordando al Papa el «do ut des» que aquí se

ventilaba.)

Sin embargo, del Vaticano II, aparte de la libertad religiosa y el nombramiento

de los obispos, va a surgir un nuevo factor que incidirá poderosísimamente en el

talante que adopte la Iglesia ante el Gobierno español: las conferencias

episcopales.

Conferencia episcopal

La Conferencia Episcopal Española no va a permanecer de brazos cruzados ante la

evidente necesidad de una revisión del Concordato. Aunque las gestiones se

realizan vía Nunciatura-Palacio de Santa Cruz, los obispos piden información y

la obtienen a través de la Conferencia. Al contrario que cuando las

negociaciones de 1953 —de las que sólo fueron informados previamente los

metropolitanos, por lo que los obispos se enteraron por la Prensa— ahora saben

por dónde van los tiros, y en ocasiones toman parte activa. (Durante la XIV

Asamblea plenaria del episcopado se interroga colectivamente a los obispos sobre

un anteproyecto concordatario. Es la primera vez en la historia que se adopta

esta medida, en línea con la revitalización episcopal propuesta durante el

Vaticano II.)

Sin embargo, el episcopado español es «interlocutor no-válido» para la

negociación. Esto crea cierto confusionismo, al pronunciarse públicamente

algunos prelados en sentido diferente sobre temas concordatarios. El peso de la

negociación caerá sobre la Nunciatura y Exteriores, lo que no impide que uno y

otro organismo pidan asesoramiento o consulten a ciertos sectores de la opinión

cualificada.

Podrían tetminar asilas viejas tensiones entre Iglesia y el Estado

Desde entonces, y hasta 1976, circulan varios anteproyectos concordataríos,

tantos como titulares pasan por el Palacio de Santa Cruz: evidentemente, cada

uno de los nuevos ministros que llega a esta cartera se encuentra frente al

punto muerto de las negociaciones faispanovaticanas, y se propone activar el

tema.

El bloqueo, sin embargo —pese a los abundantes anteproyectos— se debe única y

exclusivamente a una causa: el nombramiento de los obispos. Está claro que Roma

no cederá ahí, y hasta que no renuncie el Gobierno español a ese privilegio no

habrá nuevo acuerdo. Otras razones políticas han debido pesar también sobre esta

negociación, y no será de menos valor la (precaria salud del entonces Jefe del

Estado, Francisco Franco. Es proverbial la cautela y habilidad diplomática del

Vaticano.

Renuncia

De forma que, cuando el verano pasado era anunciada públicamente la renuncia del

Jefe del Estado español al privilegio de nombramiento de obispos, la noticia fue

acogida jubilosamente: no había ya razón alguna para que no prosperase una

fórmula de revisión concordataria.

Sobre este panorama incide positiva y fecundamente el reciente viaje del Jefe

del Estado español al Vaticano, para entrevistarse con el Papa. Los obstáculos

para la negociación ya habían desaparecido, aunque es de suponer que el tema

concordato fuese objeto de conversación durante la visita del Rey al Vaticano.

V. El nuevo Concordato

Los diálogos oficiales ya han comenzado, y se espera que en breve puedan ser

anunciados algunos acuerdos.

La primera cuestión, Concordato, si o no, ha sido pospuesta. Al parecer, la

Asamblea episcopal española no es partidaria de repetir la fórmula, de redactar

otro Concordato, mientras que • 1 Vaticano no oculta su preferecia por este

instrumento. Al no haber unanimidad, se ha decidido po ahora diferir el tema,

discutir los artículos mientras que se logra acuerdo. (La posición de los

obispos españoles es claramente teológica: no aparece entre los contratantes uno

de los elementos decisivos, la Iglesia local, como negociador. A parte de que la

Santa Sede se asemeja, al negociar un Concordato, a una potencia —humana— que

parta con otro Estado un documento.)

Y la primera piedra de toque: la confesionalidad. Este asunto está parcialmente

resuelto con la ley de libertad religiosa introducida por el Gobierno en España,

a raíz del Vaticano II. Pero se trata ahora de conjugar una fórmula que

sustituya a la confesionalidad exclusiva, con otra que encaje, además, con

nuestras Leyes Fundamentales, que subrayan esa confesionalidad.

El nombramiento de los obispos, carece ya de tensiones. La Santa Sede aplica en

el caso español una fórmula usuaria en todo el mundo, la llamada

prenotificaclón. La Santa Sede da un nombre al Gobierno para que antes de un mes

exponga reparos, si los tiene, a] nombramiento episcopal de esa persona. La

Santa Sede queda libre de aceptar o no los reparos de la autoridad civil, si es

que los hay. Sólo en dos casos será vinculante el reparo, en el nombramiento del

vicario general castrense, y —este, al parecer, por acuerdo verbal— en el obispo

de Seo de Urgel, por su cargo anejo de copríncipe de Andorra.

De otra parte, la fórmula matrimonio-católico-único desaparecerá, en su aspecto

exclusivo, para dar entrada al matrimonio civil. Aunque este matrimonio puede

celebrarse, teóricamente ahora, la verdad es que se exigen unos datos que lo

hacen en la practica inviable; por ejemplo, los católicos tienen que hacer un

auto de renuncia de su fe. Quien quiera podrá casarse por matrimonio civil, sin

más complicaciones. El matrimonio católico tendrá, al parecer, efectos civiles,

sin que sea preciso repetir la ceremonia ante el juez.

VI. Una tarea larga

Hay. sin embargo, abundantes puntos de complejidad notable, como llevamos dicho.

Así, el tema educacional, que ya ha ´mostrado siquiera sea de pasada y

brevemente una de sus aristas a propósito del debate sobre colegios privados y

públicos, el pasado año. Tampoco es fácil buscar solución al tema económico que

incluye, además de la ayuda al clero el {problema de las exenciones tributarias.

..

Al parecer, prospera entre los obispos el deseo de acogerse a la legislación del

país sin más excepciones ni privilegios. De ser cierta esta actitud habría que

incluirla como otro dato más que confirma la ruta de renovación evangélica

enfilada por nuestro episcopado.

Las conversaciones van a fijar con más exactitud los límites de competencias

Iglesia-Estado, y al tiempo que aclararán los puntos confusos de 1953,

liquidarán privilegios anacrónicos para ambas Instituciones, adoptando la nueva

fórmula al espíritu del Concilio Vaticano II.

Antonio CASTRO

Sábado 7 mayo 1977

 

< Volver