Autor: Gil-Robles, José María. 
   Política de contradicción     
 
 ABC.    10/07/1979.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

POLÍTICA DE CONTRADICCIÓN

LA etapa de descanso veraniego, que se acaba de iniciar, va a dejarse sentir en todas las actividades

políticas, salvo tal vez en el ámbito parlamentario. en el que la discusión de los Estatutos y la aprobación

de determinadas leyes orgánicas van a exigir un periodo de mayor trabajo no exento de tensiones. En

cambio, la tarea del Monarca, tan sobrecargada en los últimos meses, sobre todo en cuanto a actuaciones

exteriores, va a verse sensiblemente aliviada, al menos por ahora.

Creo que esta perspectiva permite —casi me atrevería a decir que exige— un examen comparativo de lo

que la Constitución ha querido y de lo que la realidad ha impuesto.

No es la primera vez que me ocupo de algo tan importante como es el papel que la ley fundamental ha

atribuido a la suprema Magistratura del Estado. He sostenido en más de una ocasión, con la palabra y con

la pluma, que la Constitución acertó al sentar el principio de que el Rey —que reina y no gobierna, según

el archiconocido apotegma del parlamentarismo doctrinario— es el moderador y el arbitro de la política.

En cambio creo que erró gravemente al despojarle casi por entero de las facultades que le podrían

permitir, en caso necesario, cumplir con la amplitud necesaria esa trascendental misión.

Bien está cerrar el paso a cualquier posibilidad de enfrentar al Monarca con la voluntad de la nación

representada por un Parlamento libremente elegido. En ese escollo naufragaron muchas Monarquías, y en

España tenemos ejemplos sobradamente elocuentes.

Pero todos los extremos son viciosos. La Constitución, que quiso evitar a la realeza instaurada toda

veleidad de poder personal, cayó en el extremo opuesto de reducirla teóricamente a la condición de una

simple Magistratura honoraria.

Con la imposibilidad práctica de disolver las Cortes para corregir cualquier posible desfase entre una

opinión pública que hubiera evolucionado y un Gobierno decidido a mantenerse en el Poder a toda costa:

sin la facultad de un veto devolutivo que permitiera obligar a las Cámaras a una nueva reconsideración de

un proyecto de ley; institucionalizada la posibilidad de una dictadura partidista, que obliga a poner en

manos de una mayoría posiblemente artificial el nombramiento del jefe del Gobierno, y negada incluso la

facultad de consultar al pueblo por vía de referéndum para salvar una situación de crisis. la Constitución

ha creado un moderador que no puede moderar y un arbitro al que no le es posible arbitrar. El Rey de la

Constitución del consenso tiene menos facultades que las que tenía el jefe del Estado de la II República.

Y sin embargo, ello constituye la gran contradicción de nuestra actual política, jamás un jefe de Estado

constitucional ha sido utilizado con tanta frecuencia por un Gobierno para actuaciones de interés nacional

como lo ha sido y lo sigue siendo el Rey Don Juan Carlos I.

Gustoso reconozco que ello ha permitido al Monarca prestar al país servicios valiosísimos: abrir a España

puertas que sin él le continuarían cerradas; reforzar en gran medida su propio prestigio, tan preciso para la

estabilización de nuestra vida pública: y dibujar de fronteras afuera una imagen democrática del sistema

de transición Que muchos en el interior ponen en duda. Son éstos unos resultados altamente positivos que

con seguridad no se habrían obtenido sin el generoso concurso del Rey.

Pero todo anverso tiene su reverso. y es preciso no olvidar esta doble vertiente a la hora de desarrollar una

política tan delicada como la que tiene por base la actuación del Rey. y decidir si es más conveniente

dosificarla con cuidado o aplicarla poco menos que sin tasa. Reflexión que es preciso también hacerse a la

hora de comparar lo mucho que se ha obtenido con lo muchísimo que se ha arriesgado.

Porque es evidente que una figura está tanto más expuesta al desgaste, cuanto más elevada sea la

institución que encarna. El saldo de una actuación regia fuera de las fronteras de la patria no se mide por

los resultados inmediatos, siempre formalmente positivos y muchas veces brillantes, sino por los logros a

largo plazo, que no siempre coinciden con los del momento.

Hay casos en que la presencia del Rey en determinados países y actuando sobre factores emocionales que

tal vez sólo él puede recoger y potenciar es siempre aconsejable. El Gobierno, al proponerla e impulsarla,

presta un gran servicio a España y al Rey, sin previsibles consecuencias negativas.

Existen, sin embargo, otros casos en que la utilización de la persona del Monarca para corregir los errores

o para colmar los vacíos de una política exterior mal encauzada expone a la más alta magistratura de la

nación a un desgaste peligroso difícilmente compensable con unos resultados muchas veces precarios. No

es lo mismo que si Rey estreche con su visita a un país de la América española los lazos espirituales Y

económicos que con él nos vincula, que cargarle con la responsabilidad de una negociación que debió

asumir el propio Gobierno a través de una acción diplomática claramente concebida y firmemente

ejecutada. No tiene igual justificación, por ejemplo, acceder a los deseos del Rey para visitar un país

como México, separado artificiosamente de nosotros por la proyección de la guerra civil durante cuarenta

años, que enviar a Don Juan Carlos a Rabat para compensar los desaciertos que otros tuvieron en Argel.

Es un ejemplo, pero no el único que podria citarse.

El Rey puede y debe servir una política nacional de grandes alientos. No le es lícito a ningún Gobierno

poner el prestigio de la realeza y el espíritu de sacrificio del Rey al servicio de intereses de tipo más

particularistas, por muy elevados que intencionalmente sean.

El capital moral que el Rey representa en la vida de un país no puede malgastarse en empresas políticas

exteriores que no sean de absoluta necesidad o de indiscutible conveniencia. La reserva que la Monarquía

supone para el país, y máxime en los delicados momentos presentes, no puede dilapidarse. Entre otros

motivos, porque es posible que pueda emplearse con más fecundos resultados en el interior, sobre todo en

determinadas circunstancias criticas.

Mucho, muchísimo más interesante para España que la presencia del Monarca en un foro internacional

hubiera sido que una buena política de autonomía regionalista, que por desgracia nos ha faltado, hubiera

hecho posible que Don Juan Carlos reanudara las gloriosas tradiciones pacificadoras de sus antepasados

bajo el árbol de Guernica.

Las contradicciones en política son muy frecuentes y no siempre sería justo condenarlas. Las exigencias

de una realidad siempre cambiante no permiten casi nunca seguir una trayectoria de inflexible rigidez.

Pero hay casos en que las contradicciones son peligrosas, sobre todo si con ellas pueden desdibujarse los

contomos de instituciones esenciales para .a estabilidad de un país.

Hasta ahora el prestigio personal del Rey ha superado los malos planteamientos y se na traducido en un

saldo positivo para España.

Pero me parece que vamos camino de abusar. No desgastemos al Rey, pues el peso moral de la

Institución, muy superior a las mermadas facultades que ja Constitución le otorga, puede sernos necesario

en un momento dado en el ámbito de la política interior para que actúe con plena autoridad como

moderador y con facultades indiscutibles como arbitro.

José María GIL ROBLES

 

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