Autor: Vega García, Pedro de. 
   Victorias pírricas de la oposición     
 
 Diario 16.     Páginas: 1. Párrafos: 15. 

Victorias pírricas de la oposición

Pedro de Vega (*)

La disposición transitoria octava del Proyecto de Constitución, aprobada por la Comisión mixta

Congreso-Senado, ha resuelto definitivamente el problema de la posición constitucional del presidente del

Gobierno, una vez que la Constitución sea refrendada por el pueblo. Ahora ya está claro que, tras la

promulgación de la Constitución, se abre un periodo de treinta días en el que al presidente del Gobierno

sólo le cabe una doble opción: o convocar elecciones generales o presentar la dimisión. Las dudas

jurídicas sobre la obligatoriedad o no de la dimisión presidencial quedan de este modo disipadas, para dar

paso a un nuevo orden de interrogantes y vacilaciones. ¿Por cuál de los dos términos de la alternativa se

inclinará el presidente Suárez? ¿Cuál va a ser el calendario politico nacional de los próximos meses?

Botón de muestra

Nada tiene de particular que los líderes de la oposición hayan considerado como un triunfo politico

importante la nueva redacción de la disposición transitoria octava. Su lógica no puede ser más aplastante:

o el presidente se somete al voto de investidura, con lo que tendrá que enfrentarse con el Parlamento, o el

presidente convoca elecciones, con lo que tendrá que asumir la confrontación popular. En cualquiera de

los casos la conducta del presidente queda rigurosamente fijada por la ley y conforme a ella tendrá

inexorablemente que operar.

Ocurre, sin embargo, que esta disposición transitoria octava ni supone un logro tan importante como a

primera vista pudiera parecer, ni es tan clarificadora de la lógica democrática como algunos pretenden, ni

resulta tan beneficiosa para los intereses, a medio plazo, de la oposición como ésta pudiera llegar a

pensar. Por el contrario, hasta cierto punto constituye un botón de muestra ejemplar de las lacras, defectos

y limitaciones de nuestro proceso constituyente, más que de sus virtudes y aspectos positivos. Bien

merece por ello un pequeño comentario.

Fin del poder constituyente

Por lo pronto, es una expresión más del olvido constante de que la democracia es, ante todo, legalidad.

Que la Comisión mixta Congreso-Senado asuma funciones que no le corresponden, por positivos que

sean los resultados obtenidos, no deja de encerrar sus riesgos y sus peligros. Será mérito indiscutible de

nuestros constituyentes el sacar adelante un proceso lleno de dificultades y problemas. Pero dar

razonables pretextos para votar "no" en el referéndum, o no votar, a quienes no estarían de acuerdo con

ninguna Constitución, por la sencilla razón de que no son demócratas, es simplemente un error.

Por otro lado, ¿qué conquista para la democracia parlamentaria supone el que se asegure que el mandato

de las actuales Cortes no pueda extenderse más allá del 15 de junio de 1981? Entra en la lógica de todos

los poderes constituyentes que su misión concluya una vez redactada la Constitución. Hubiera sido lo

correcto que en nuestro texto constitucional se fijara el final del pronto poder constituyente. Y ello por

dos razones fundamentales: en primer lugar, porque así se romperían de una vez las ambigüedades de una

ruptura presentada como reforma y de una reforma actuada como ruptura. La aprobación de la

Constitución marcaría de esta suerte la renovación total de los poderes del Estado.

Más allá del partidismo

Y, en segundo lugar, porque sólo así se satisfarían las necesidades mínimas que la lógica del régimen

parlamentario impone. No se comprende que se defienda la tesis de que el presidente debe dimitir o

convocar elecciones, esto es, no se comprende que se convierta al presidente en una figura transitoria y

decorativa durante un mes, y que al mismo tiempo se ponga en su mano y bajo su custodia nada menos

que al Poder constituyente. Así las cosas, resulta que el Poder constituyente, que teóricamente está sobre

todos los poderes, por no fijar en la Constitución la fecha exacta de su desaparición, queda a merced del

presidente del Gobierno, quien, para colmo, ocupa su cargo también en precario. La lógica constitucional

impone a veces un radicalismo que va más allá del radicalismo partidista. Y entra en la lógica

constitucional que el Poder constituyente fije con exactitud la duración de su mandato.

Asegurar como se ha hecho en el apartado 1 de la disposición transitoria 8.ª , que en ningún caso el

mandato de las actuales Cortes debe extenderse más allá del 15 de junio de 1981, es asegurar lo obvio.

Pensar que las Cortes podrían prorrogarse más allá de esa fecha no pasaría de ser churriguerismo

constitucional. Es como si entre los derechos fundamentales se hubiera establecido que "todos los

ciudadanos tienen derecho a respirar y libertad mingitoria".

Constitucionalizar a Suárez

Con todo, es en relación a las más inmediatas consecuencias políticas donde la disposición transitoria 8.ª

se hace más problemática. Conforme a su redacción primitiva era evidente que el presidente del Gobierno

podía dimitir, o simplemente someterse al voto de confianza, para ser un presidente perfectamente

constitucional. Ahora ya sabemos que su obligación es dimitir o convocar elecciones. Lo que significa,

por paradójico que parezca, que sabemos muy poco del futuro calendario político nacional. ¿Han pensado

los redactores de la disposición transitoria 8.ª que Suárez puede dimitir y, a la vez, convocar elecciones

generales antes de las municipales? ¿Se han dado cuenta de que si se decidiera por convocar elecciones

generales quedan por imperativo constitucional propuestas las municipales?

Ciertamente antes de la redacción de la actual disposición transitoria 8.ª la situación constitucional del

presidente era ambigua. Ahora ya no lo es. Lo que sucede, no obstante, es que antes cada opción política

del presidente entrañaba un riesgo y un costo a explotar por la oposición. Ahora el presidente puede

dimitir, o convocar elecciones generales antes de las municipales, o hacer ambas cosas al mismo tiempo,

según le aconsejen las circunstancias y sus propios intereses. Y todo ello en nombre de la ley y del

respeto al espíritu democrático. Perdida la batalla de la disolución automática de las Cámaras, los

paliativos no pasan de ser paliativos. Lo que la disposición transitoria 8.ª ha hecho es constitucionalizar la

iniciativa política de Suárez.

¿Triunfo de la oposición?

No deja de ser curioso que una disposición que coloca a Suárez en posición tan privilegiada sea asumida

como un triunfo por la oposición. Cuando nadie puede asegurar con certeza cómo va a ser el calendarlo

político nacional, resulta muy difícil sostener que la victoria lograda por la oposición con la redacción de

la disposición transitoria 8.ª pase de ser una victoria pírrica. Se ha aclarado la posición constitucional del

presidente del Gobierno, pero a base de conceder una maniobrabilidad mucho mayor a Suárez como

presidente de UCD. La convocatoria o no de elecciones generales, el que éstas puedan ser antes o después

de las municipales, constituyen supuestos que dependen ya sin riesgos y sin costos políticos de ningún

tipo de la exclusiva voluntad de Suaréz. De esta suerte, como en los años heroicos, los grandes temas

nacionales siguen siendo temas propicios a la conjetura, la cábala y el rumor. Aunque de todos modos,

esto también es verdad, no estamos en los viejos tiempos y no resultará difícil averiguar lo que Suárez

vaya a hacer. Pero ésta es otra cuestión que exige tratamiento aparte.

(*) Catedrático da Derecho Político de la Universidad de Salamanca.

 

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