Autor: Azaola, José Miguel de. 
   Moderación o defraudación     
 
 El País.    20/01/1979.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, sábado 20 de enero de 1979

OPINIÓN

Moderación o defraudación

La decisión del presidente Suárez de disolver las Cámaras y convocar unas

elecciones legislativas

llamadas a celebrarse un mes antes que las municipales, que. de todos modos,

habrían de tener lugar

dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la Constitución,

es muy amplia y muy

profundamente criticable desde el punto de vista del interés público, es decir,

del interés de la sociedad

española en su conjunto. Hasta ahora, ha sido principalmente criticada desde los

puntos de vista de los

partidos ´políticos. Pero estas criticas de la decisión gubernamental: hay que

examinarlas (o sea, criticarlas

a su vez) desde el punto de vista del interés general.

Un pie forzado: las municipales

Que España no está, en estos momentos, para elecciones -y menos aún, para

elecciones tan repetidas-- es

algo que salta a la vista. La demagogia, el oportunismo partidista, el apasiona-

miento sectario y la penosa

sensación de. incertidumbre, que toda campaña electoral entraña, no crean un

clima propicio para resolver los graves y apremiantes problemas que el país

tiene planteados. Pero, en virtud de una decisión

anterior, tomada hace ya bastantes meses, las elecciones municipales tendrán que

celebrarse antes de

mayo próximo. Esas elecciones serán, probablemente, poco favorables al partido

gobernante, o le serán

—en todo caso— menos favorables que las legislativas. ¿Cómo, ante su inminencia

inevitable, habría

sido posible mantener el clima de tregua política que requiere la práctica de

una política enérgica para

encarar con un mínimo de éxito asuntos tan graves como son el terrorismo en el

País Vasco, el paro en

todas partes (y singularmente en Andalucía), la negociación de los regímenes

autonómicos y un largo

etcétera cargado de grandes y trascendentales responsabilidades? Es cierto que

las elecciones

municipales pudieron —y debieron— haber tenido lugar hace tiempo; pero la cosa

no tiene ya remedio.

Si, de todos modos, había que convocarlas para marzo o para abril; y si se

presume razonablemente que

el Gobierno ha de salir debilitado de ellas, mejor es hacer ahora las elecciones

legislativas que correr el

riesgo de que un Gobierno quebrantado por los resultados de las municipales se

vea obligado a dimitir y

sea preciso convocar nuevas elecciones a Cortes en mayo o junio, con lo cual el

periodo de incertidumbre

y demás inconvenientes que trae consigo la campaña electoral duraría en vez de

tres meses, como ahora,

cinco o seis.

¿Cómo habría podido evitarse todo eso?

La única fórmula (pues, bien miradas las cosas, no hay otra) habría sido la

formación de un Gobierno de

amplia coalición, o concentración, o como quiera-llamársele, compuesto de

personalidades de la UCD,

del PSOE, de alguna minoría de menos entidad y de independientes, presidido

quizá por uno de éstos y

que, a poder ser, contase con un apoyo (aunque fuera pasivo; pero, en lodo caso,

negociado) de los comunistas y de Alianza Popular, con un programa amplio y

ambicioso, para atender las grandes

prioridades de la política española, y con un compromiso firme de durar, por lo

menos, año y medio o

dos años, sea cual sea el resultado de las elecciones municipales. Este Gobierno

quizá hubiese lardado

en formarse, pues las negociaciones conducentes a su constitución habrían

durado, sin duda, varias

semanas; pero, revestido de la autoridad que su amplísima base le habría

conferido, habría podido

emprender una labor de gran aliento, a plazo medio, para poner en la práctica y

de hecho las bases de esta

nueva España democrática, que la Constitución se ha limitado a dejar sentadas en

teoría y derecho: lo

que. evidentemente, era indispensable, pero no es de ningún modo suficiente.

La responsabilidad de los partidos

¿Quién no ha querido esa solución? ¿Suárez y la UCD? ¿González y el PSOE?

¿Ninguno de los dos

líderes y ninguno de sus partidos? Lo probable es que no lo sepamos mañana, ni

pasado; puro es seguro

que lo sabremos algún día. Y entonces se verá sobre quién o sobre quiénes ha de

cargarse la

responsabilidad de que esa fórmula no haya sido puesta en práctica.

En cualquier caso, Alianza Popular (que. por boca de su jefe, está reclamando

«lecciones a todos los

niveles —legislativo, municipal, provincial— para los meses siguientes a la

entrada en vigor de la

Constitución) no tendrá autoridad para echar a nadie en cara el no haber

aplicado una receta que habría

ido en contra de sus propios planes, no ya ocultos, sino abierta e

insistentemente ex-puestos.

Por lo que se refiere a los nacionalismos vasco y catalán, cabe presumir que no

habrían mirado con muy

buenos ojos la constitución de un frente común por los dos grandes partidos que

ellos llaman

«estatalistas o «sucursalistas» y que preferirían aprovechar la división de

éstos en la negociación de

los estatutos, a tener que enfrentarse con un bloque sólido y ampliamente

mayoritario; pero también es

posible que pretieran esto último a las dilaciones que las justas electorales

van a imponer en materia de

autonomías.

Los únicos, de quienes es seguro que tienen derecho a protestar, son los

comunistas, todos cuyos

portavoces reclaman desde hace tiempo esa solución. Y hay dos razones de mucho

peso para hacerles

caso. La primera es que, por ahora, el Partido Comunista no tiene posibilidad de

entrar en el Gobierno, de

modo que no lo mueven esas ambiciones a corto plazo que obnubilan en cambio, o

que malean, a los

grandes partidos. La segunda, es que sus hombres saben de sobra que, si la

democracia fracasa en

España,

van a ser sus costillas, por no decir sus cabezas, las primeras destinatarias de

los golpes; por eso, el

interés que primordialmente los mueve es la consolidación de la democracia en

toda la paz y en toda la

prosperidad que bienal- mente puedan lograrse. Hay muchos motivos para dudar de

la rectitud de las

intenciones comunistas a la larga; pero, a corto plazo, y aún a plazo medio, sus

intereses coinciden con

los del país.

Esperemos ahora los resulta-dos del primero de marzo. Y veamos si. entonces, no

es el cuerpo electoral

el que. no dando a ningún partido mayoría absoluta en el Congreso, impone la

solución que acaba de ser

rechazada; solución que, si esto ocurre, solamente habrá quedado aplazada.

Se habrán perdido, en tal caso, tres meses preciosos. Nos queda el consuelo de

pensar que, a cambio de

ello, se habrá obtenido la seguridad de que es el pueblo con su voluntad, y no

los políticos con sus

tejemanejes, quien señala el camino. Pero, para que así sea, hará falta que los

partidos (y muy

especialmente el PSOE y la UCD) muestren, durante la campaña electoral, la

moderación más exquisita

en su enfrentamiento con sus adversarios. Por-que, si resulta que unos partidos

que se atacan ahora con

furia, se reconcilian y pactan dentro de tres meses, será muy difícil impedir

que sus electores se sientan

terriblemente defraudados y pierdan, si no toda. gran parte de la confianza que

todavía tengan puesta en el

régimen democrático.

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

 

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