Autor: Díaz González, Enrique. 
   Hacia un Estado residual     
 
 Diario 16.    16/12/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

«ENRIQUE DIAZ GONZALEZ»´

Hacia un Estado residual

E1 chalaneo, frecuentemente apoyado en el chantaje político, preside una de las cuestiones vitales de este

país: las transferencias a los entes autónomos. Una carrera irracional, en la que unos piden todo y otros

niegan hasta lo evidente, sin que nadie calcule los riesgos ni estructure un modelo de comportamiento.»

Desde hace casi dos años, el Gobierno y los representantes de los entes territoriales intentan dar vida a eso

que se ha venido en llamar «Estado de las autonomías». Un concepto vago y difícil, que se pretende llenar

de forma desordenada y precaria, con ausencia de objetivos finales, en un intento de desarrollar «como

sea» un texto constitucional excesivamente oscurantista en materia de transferencias.

Han pasado cerca de veinticuatro meses y los logros no permiten calificar la gestión de brillante; ni

siquiera ha sido operativa. Hoy, cuando estemos en el preámbulo de la que debería ser una política de

transferencias, capaz de otorgar los medios y fórmulas que permitan a las comunidades autónomas y entes

preautonómicos desarrollar sus facultades y responsabilidades constitucionales, son ya demasiados los

conflictos surgidos.

Y la amenaza se cierne sobre el Tribunal Constitucional, que puede quedar colapsado, dirimiendo

querellas y enfrentamientos entre el poder central y los órganos de Gobierno de los entes territoriales.

Control del poder

Las apetencias políticas se centran invariablemente en el control del poder. Y éste se suele traducir —de

forma muy clara en presupuestos, funcionarios y competencias sobre las que gobernar o legislar. Así las

cosas, las transferencias se han tomado poco menos que como el núcleo experimental para la consecución

del poder, tomando como base la pobre aportación constitucional que se plasma en los artículos 148 y

149, referentes a la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado.

Con este soporte, unos y otros se enzarzan en una disputa; unos por conseguir la mayor dosis de

competencias posible y hasta imposible mientras la «parte contraria» hace todo por impedir que esas

transferencias permitan la concentración de un poder «excesivo» en los entes territoriales.

Nos encontramos ante una situación de difícil sali da. Los primeros escarceos y hasta choques frontales

ya se han producido, pre cisamente en Cataluña. Pri mero, con el decreto sobre control de las Cajas de

Ahorros, que el Gobierno de Madrid ha decidido remitir al Tribunal Constitucional. Segundo, en el

asunto de las Cámaras Agrarias, cuya desaparición fue votada mayoritariamente por el Parlamento

catalán, sin que ésta fuera una materia de la competencia de la comunidad autónoma.

Pero éstos no son más que dos ejemplos, perfectamente ilustrativos, del caos que el país puede afrontar en

un futuro más o menos inmediato, cuando los respectivos gobiernos y parlamentos territoriales se decidan

a actuar, sin que exista entre ellos un mínimo nexo de unión.

Espiral de violaciones

Independientemente de la más que probable inviabilidad de lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de

nuestra Constitución otros Estados han fracasado ya en ello de forma contundente, como muestra el

Derecho Comparado—, la realidad actual amenaza convertir las transferencias en una continua espiral de

violaciones constitucionales, fruto y consecuencia de la falta de un modelo racional y coherente, que fuera

sobre todo aplicable a la generalidad de los pueblos y autonomías del Estado.

A la vista del desarrollo de las transferencias ya consumadas, formuladas sin objetivos finales, con

escasos criterios unitarios, con un creciente grado de desconfianza mutua, sin coordinación por parte

gubernamental y, en definitiva, sin un marco predeterminado, hay que preguntarse si no nos encaminamos

hacía un Estado residual, con una capacidad de gobierno tan desdibujada que concluya por ser nula.

Es necesario conocer de forma urgente qué se desea; cuál debe ser el esquema de Gobierno central, una

vez que el proceso de transferencias a los entes territoriales haya culminado. Hoy, ese dibujo no existe.

Los dirigentes autonómicos parecen tener claro el perfil de conseguir «todo y como sea». El Gobierno

central, por su parte, carece de criterio fijo y «negocia» en función de la presión política o —más

frecuentemente— las características personales de su interlocutor.

En este contexto, el peligro de que, al final, cuando las transferencias hayan concluido, no exista un poder

central capaz de aglutinar, ordenar, estructurar y mantener el elevado grado de intervencionismo de

nuestra actual Administración Central, es una rea lidad que se aproxima a pasos agigantados.

El Gobierno central carece de criterio fijo y ´negocia" en función de la presión política o las características

personales de su interlocutor.»

Y si el caos puede generalizarse, a nivel de actividad económica las repercusiones pueden ser hasta

dramáticas. Cualquier política económica requiere una unidad de criterios a nivel de Estado, pero esa

necesidad es imperiosa cuando la situación es —como la actual de grave crisis y la supervivencia pasa por

la adopción de serias, profun das y difíciles reformas estructurales.

Podemos, pese a todo estar todavía a tiempo de buscar soluciones que sirvan para replantear la actual

tendencia.

La Constitución señala, en su artículo 150.3, que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los

principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunida des autónomas, «aun

en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general». Es,

junto a una reconsideración global de las competencias a transferir, el último cartucho que resta para

enderezar el maltrecho rumbo autonómico del país.

La construcción de un nuevo Estado no es tarea simple, ni fácil, pero se convierte en algo imposible

cuando no existe un modelo, faltan las directrices y todo se pretende resolver improvisando, con

abundantes dosis de irracionalidad y demagogia. Así, el nuevo Estado deja de ser un fin y pasa a

convertirse en un simple residuo; testimonio final de un demencial reparto de todo lo disponible.

 

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