Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Lo derogable y lo inderogable del Decreto Ley Antiterrorista     
 
 ABC.    09/01/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

9 DE ENERO DE 1976. PAG. 3.

LO DEROGABLE Y LO INDEROGABLE DEL DECRETÓLEY ANTITERRORISMO

El decreto-ley aprobado el 22 de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo,

tan duramente criticado en estos últimos tiempos, parece Que va a ser derogado.

Pero ¿debe serlo? ¿En su totalidad? Examinemos algunas de sus características:

Primera.—Es en gran medida, una disposición de carácter temporal. El propio

preámbulo del decreto lo señalaba al decir qué «las líneas fundamentales del

presente decreto-ley tienden a armonizar la eficacia de la prevención y

enjuiciamiento de las actividades terroristas con la mínima perturbación de las

garantías que corresponden a los ciudadanos. A esa finalidad responde el

carácter temporal que se otorga a los artículos 13 y 14...». Es pues, lógico que

su duración sea limitada.

Segunda.—Pero no se puede olvidar que se trata de un decreto-ley que contiene

preceptos sustantivos que no deben ser derogados. Así, por ejemplo, establece

una muy necesaria tipificación de nuevos delitos de terrorismo, sobre todo, en

sus artículos 6 y 7. ¿Qué duda cabe que la simple construcción de «cárceles del

pueblo» debe considerarse delictiva? ¿Cómo ignorar que debe ser severamente

sancionado aquel que. sin estar autorizado para ello, tuviere en su poder

sustancias para la fabricación de explosivos o elementos incendiarios con fines

terroristas? ¿Cómo dejar impune al que transmite mensajes o suministra datos o

informaciones que pueden favorecer los designios de organizaciones terroristas?

Tercera.—Es un decreto en el que entremezclaban preceptos penales sustantivos,

con otros de carácter administrativo. Siempre es bueno desgajar estos últimos de

la norma.

Cuarta.—En cierto sentido, es una disposición que retrae del conocimiento de la

jurisdicción ordinaria, normalmente competente (Juzgado de Instrucción y

Audiencias provinciales), determinadas materias.

Desde siempre, y en ABC he venido sosteniendo que es necesario retornar al

principio atributivo de la competencia a los Tribunales ordinarios.

Quinta.—Las medidas procesales que se contienen en el decreto-ley no resuelven

el problema de la rapidez deseada del procedimiento penal y hasta parecen

innecesarias en cuanto limitan algunas facultades de la defensa. Si el

procedimiento debe ser rápido y el defensor debe cumplir diligentemente con su

deber y oficio de defensa, ello ha de ser tratado en otra norma.

Hay pues, en el famoso decreto, normas que deben conservarse, y otras que deben

desaparecer. Pedir que se adecué a la realidad actual parece lo indicado. Sin

que ello suponga, de ninguna manera, síntoma de debilidad por parte del

Gobierno, que no debe ceder ante demagógicas peticiones de amnistía sin antes

proceder a determinar, con absoluta claridad, qué es lo que debe ser mantenido y

lo aue debe ser derogado en esta delicadísima materia. — José María RUIZ

GALLARDON.

 

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